Columna Capitanes: Chocolate Caliente II

Santiago Gutiérrez                                                                                                  Columna Publicada en Diario Reforma  
A una empresa le dieron la oportunidad de ignorar mandatos presidenciales e importar coches usados y hacer negocio prácticamente como quieran sus dueños, pero al parecer finalmente ya le apagaron el «changarro».
¿Se acuerda de Estructura Automotriz? Es de Baja California. Favorecida por tribunales federales de esa entidad, la empresa quedó exenta de los requisitos para introducir carcachas, perdón, autos usados, fijados por el Ejecutivo en un decreto de diciembre de 2008.Al respecto, hace tiempo le informamos del golpe que significó para el Gobierno una resolución de un tribunal. ¿De cuál? No de cualquiera: del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito.
Esta resolución «infló» el alcance original del amparo que ese mismo tribunal concedió a Estructura.
Con ella, los dueños de la empresa quedaron autorizados para importar prácticamente todos los autos usados que quisieran, sujetándose sólo a las reglas del Tratado de Libre Comercio con Norteamérica.
Desde el Gobierno alegaron que eso no es posible, porque el decreto de 2008 fue derogado por otros de 2010 y 2011, contra los cuales no se concedió el amparo. El asunto fue llevado hasta la Suprema Corte de Justicia.
Aquí, el resultado que no fue halagador para los magistrados del citado tribunal colegiado, ni para la empresa:
El 26 de septiembre, la Primera Sala de la Corte estableció que este tribunal «indebidamente» ignoró las consideraciones de su propia sentencia.
Desconoció los efectos del amparo que otorgó a Estructura, para fijar otros que «exceden» el alcance de ¡su propio fallo!
La decisión de la Corte finalmente deja a los dueños de la empresa en la misma situación que cualquier importadora de automóviles usados. A este Supermán ya le dieron su criptonita, pues.
EL HÉROE
No frene. Mire qué cosa. La decisión reivindicó a una persona que ahora luce como héroe: es el juez tercero de distrito en Mexicali, José André Nalda.
Él, una y otra vez, resistió las presiones del tribunal colegiado -su superior jerárquico- para ordenar a las aduanas que dieran libre paso a las importaciones de Estructura.
En su momento, respecto al caso anterior, el Gobierno presentó una queja administrativa ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) contra los magistrados Irineo Lizárraga, Benjamín Castro e Isabel Reyes Muñiz. Ellos integran el ahora cuestionado Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito.
Nos dicen que a la fecha, todo quedó sólo en la queja.
¿Y sabe a quién sí suspendió el CJF para investigarlo por irregularidades? Al juez Nalda, quien estuvo fuera de actividad casi todo el mes de junio, para luego reincorporarse a sus funciones. ¡Chulada!
DIPUTADOS ‘ANÁLOGOS’
A ver si usted puede encontrarla. Para entrar en el tema, tóquese la zona del bolsillo. ¿Siente ahí un celular o smartphone?
Va otra pregunta para ir calentando. Cuando le duele algo, ¿checa usted los síntomas en internet? Es más… ¿Usa usted internet todos los días?
Entonces… ¿por qué los diputados la escondieron, o de plano olvidaron el tema de la agenda digital?
Pensemos más allá de obviedades en torno a lo útil que es internet: la tecnología hace factible hoy dar seguimiento a la salud de las personas en todo momento y conectar a Juan Antonio, el paciente convaleciente en una población alejada de la Sierra Madre, con el cardiólogo Manrique, de Guadalajara.
Pese a estar sumergidos en esta era de la información, no encontramos una Comisión Especial de Acceso Digital en la Cámara de Diputados. Suena complicado, pero no significa más que juntar a un grupo de legisladores -al cabo tenemos muchos- a que estén pensando en leyes que faciliten el acceso a la era digital a todos, pero todos, los mexicanos.
Están que truenan Manuel Tamez, Santiago Gutiérrez y Juan Alberto González.
Presiden la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI), la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI) y la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de la Información (AMITI), respectivamente.
¿Por qué el enojo? Porque los diputados ya designaron las 55 comisiones ordinarias, pero entre ellas no encuentran la que que funja como promotora de la Agenda Digital Nacional.
Sin esta comisión, deben andar como vendedor de «cambaceo», tocando dos o tres puertas, para juntar voluntades en las comisiones de Economía, Telecomunicaciones y Ciencia y Tecnología, para mover temas que deberían estar entre las prioridades de cualquier gobierno.
¿Cuáles? Justamente la inclusión digital; el gobierno digital, que abarca salud y educación; amén claro, de esa «pequeñez» que es la seguridad, para la que pueden ayudar mucho las herramientas digitales.
capitanes@reforma.com