Columna Lindero Norte: Nepotismo, caso Norzagaray

Antonio Heras
El caso de Ángel Norzagaray Norzagaray es una muestra de la protección del gobierno de Guadalupe Osuna Millán en la comisión de irregularidades e ilegalidades pero sobre todo de impunidad.
El asunto es muy sencillo, cuando era director del Instituto de Cultura de Baja California (ICBC), en el gobierno de Osuna, contrató a un familiar pasando por alto la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Baja California.
En cualquier parte de esta entidad, al igual que en el país, esto se llama nepotismo.
Sin importar esta condición considerada como ilegal, simplemente le lavaron la cara y lo protegieron en la Dirección de Control Gubernamental, además de lanzar un mensaje de que en este gobierno estatal todo se puede hacer, incluido lo legal.
FISCALIZACIÓN
El asunto 324/10/MXL corresponde a una auditoría realizada al Instituto de Cultura de Baja California donde se establece una conducta irregular e ilegal de parte de su director General Norzagaray Norzagaray.
Etiquetado con el número 184 de sanciones administrativas, se refiere a un contrato celebrado con una persona con quien tiene interés familiar y que no obtuvo la autorización del área de Auditoria Gubernamental de la Dirección de Control.
El ilícito se cometió en el ejercicio presupuestal 2010 pero la resolución jurídica se extendió el 13 de julio de 2012 donde se le aplica un procedimiento administrativo por firmar un contrato en el que tenía interés familiar.
A pesar de la comisión de nepotismo, la Contraloría lo sancionó con una amonestación pública, la cual se desconoce la forma en que se llevó a cabo y con qué autoridad administrativa, además de otras conductas similares.
LEYES Y CONDUCTAS ILEGALES
El artículo 48 de la Ley de Responsabilidades, en su fracción XVI, advierte sobre la prohibición de otorgar contratos con personas o empresas con que el servidor público tenga interés familiar.
Determina que las prohibiciones son el “intervenir en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas en la atención, tramitación o resolución de asuntos, celebrar o autorizar pedidos o contratos relacionados con adquisiciones, arrendamientos enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicio de cualquier naturaleza, la contratación de obra pública y servicios relacionados con la misma, en los que se tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos de los que puede resultar algún beneficio para el servidor público, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que
tengan relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público a las personas antes referidas formen o hayan formado parte”.
En otras palabras no puede realizar contratos de esta índole, aunque existe una excepción a la regla, siempre y cuando se realice antes de establecer alguna relación formal entre gobierno y particular o empresa. Se prevé que la entidad pública, a través del servidor, podría hacerla con autorización previa y específica de la Contraloría o, según sea el caso, de los Síndicos Procuradores o de los Órgano Internos de Control, siempre y cuando “sea procedente a propuesta razonada del titular de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal o Municipal conforme a las disposiciones legales aplicables”.
Aunque Norzagaray tuvo la oportunidad de razonar la contratación de su congénere para evitar un ilícito simplemente no lo hizo, de acuerdo al reporte que se encuentra en la Contraloría, instancia que está obligada a publicar en el portal de Transparencia del Gobierno de Baja California.
Sabido es que cuando la ley se trunca en beneficio de grupos de poder, simplemente deja al ciudadano con la boca abierta.
En medio de la impunidad, aún hay voces que se alzan para denunciar actos que se consideran anómalos.
En la sociedad hay descontento porque se hacen trajes a la medida de servidores públicos que han cometido ilegalidades o irregularidades administrativas, como advierte en un señalamiento ciudadano realizado a Lindero Norte.
La información fu entregada con vinculo cibernético y la forma de accesar, además de un recado: “dicen que usted sí se atreve a escribir de este grupo. Otros no, pues pierden publicidad institucional”.
Hay quien afirma que esta conducta también se refleja en la Benemérita Universidad Autónoma de Baja California, sobre todo en la inmaculada Facultad de Artes.
¿Quién podría imaginar que el rector Felipe Cuamea acepte esta situación ilegal entre su equipo de colaboradores?
¿Hay quien piensa que el exrector Alejandro Mungaray permitió situaciones similares para manchar su gestión?
En el caso del gobierno estatal, la fuente señala que este asunto se trató directamente con el titular del Ejecutivo, quien dio la orden de “sancionarlo, pero nadamás tantito”.
El caso es que con esta sanción administrativa se logró exonerar al servidor público de una conducta ilícita pues una resolución de la Contraloría solo puede combatirse en un tribunal administrativo y tiene un tiempo perenne.
A otra cosa, mariposa.
Antes, el contralor Edgardo Contreras está obligado a dar una explicación de la laxitud de la sanción administrativa de este caso.
Desde la óptica de especialistas en derecho administrativo se debió fijar una sanción severa e, incluso, dar vista a la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Mi tata para mi nana…
DESPIDO
Hace un mes, el exdirector del ICBC y actual Director de Servicios Escolares de la BUABC acudió a las instalaciones de El Mexicano para advertir sobre una demanda contra el periódico y el escribano por difamación contra un “honorable servidor público” universitario.
A pesar de explicarle que la denuncia era improcedente porque se trataba de información periodística donde se asentaba la opinión del colaborador, entonces arremetió para solicitar su despido en un agravio contra las libertades de expresión y de información.
Norzagaray se refería al caso de denuncia de afectadas y recogida en esta columna periodística por hostigamiento y acoso sexual del maestro Luis Gerardo Hirales Pérez, publicada el 26 de noviembre de 2010.
Ante una campaña de descrédito de las huestes universitarias que aún buscan revancha contra el reportero incómodo, Lindero Norte solicitó a la Procuraduría de Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California que diera fe de los elementos que sirvieron de base para el trabajo periodístico.
Es un invento, es un asunto personal o se trata de una crítica para descarrillar el proceso de relevo rectoral en la UABC, sentenciaron sin siquiera entender a las víctimas y proteger a los de su calaña.
No es extraño que los políticos consideren que se trata de asuntos personales, de cofradías o de enemigos políticos cuando los toca el halo de un texto periodístico. La autocrítica queda enterrada entre las fobias y filias de estos personajes.
Así las cosas, nos encontraremos en la entrega sabatina de esta columna, en los comentarios de Imagen Informativa, en los textos del periódico La Jornada o del portal http://www.linderonorte.wordpress.com
Por cierto, la siguiente semana les presentaremos un caso de trata de personas de una joven mujer que fue secuestrada en el centro del país para ser forzada a prostituirse en Tijuana-Nueva York-Tijuana.