Columna Cicuta: Agresiones a periodistas

Jaime Flores Martínez
Capón
Desconcertados por el sorpresivo ordenamiento presidencial, los reporteros pueden ahora presionar para que la PGR –ahora si– investigue y castigue los agravios y agresiones contra periodistas de todo el país.
Y es que –tradicionalmente– la PGR «se lava las manos» al subrayar que tal o cual caso «no es de su competencia». La apatía oficial permite que los agresores se mantengan impunes. ¿Entonces para que demonios están las leyes?
El viernes pasado el periodista mexicalense Antonio Heras Sánchez rindió protesta como titular de la Fundación por la Libertad de Expresión (Fundalex) del capítulo Baja California. Este periodista recibió una salvaje golpiza a manos (y pies) de un personaje aparentemente vinculado con la Procuraduría de Justicia de Bajá California.
A 14 meses de la agresión que dejó a Heras como «Santo Cristo», la autoridad simplemente se mantiene con los hombros levantados. Mientras la Procuraduría Estatal ordenó archivar el caso al concluir que se trató de una simple «riña», la PGR fue mas allá al declararse incapaz. En México se sabe que la PGR tiene muchísima capacidad, al menos para cometer atropellos.
Concluida la ceremonia que testifico el gobernador José Guadalupe Osuna Millán, el procurador Rommel Moreno declaró a los periodistas que en ésta entidad no existen casos de agresiones a periodistas. !Hágame favor! Seguramente se olvidó del caso de Heras, donde las evidencias ubican al responsable como una persona cercana a sus afectos.
En agosto del 2008 la periodista Lourdes Maldonado fue públicamente amenazada por el dirigente transportista Óscar Morales Marrón porque la comunicadora se atrevió a desmentirlo en un programa radiofónico. Morales golpeó la mesa y le advirtió que «se la pagaría» porque a el «nadie» lo llama mentiroso.
La reportera Maldonado presentó su denuncia por amenazas, se encargó de llevar testigos y hasta compareció Óscar Morales. El asunto es que el dirigente de los taxis amarillos era para la PGR una palomita más blanca que la túnica del Papa Francisco.
El presidente Enrique Peña Nieto publicó el pasado viernes en el Diario Oficial de la Federación una serie de modificaciones a la ley para responsabilizar a la PGR de la investigación y castigo a personas que agravien o agredan a periodistas.
Así pues el artículo 10 señala que “los casos delitos del fuero común cometidos contra un periodista, persona o instalación que afecten, limiten, menoscaben el derecho a la información por las libertad de expresión o imprenta, el Ministerio Público de la Federación podrá ejercer la facultad de atracción para conocerlos y perseguirlos. Los jueces federales tendrán, asimismo, competencia para juzgarlos”.
Esa facultad se ejercerá en los casos de delitos “en los que se presuma su intención dolosa”, señala la modificación. En pocas palabras, la PGR se convierte en la instancia que atenderá cualquier asunto que atenté contra los periodistas, así se trate de algún delito que corresponda al fuero común.
A propósito de agravios a la libertad de expresión, algún personaje especializado en el estudio de los derechos humanos de los periodistas, estableció contacto con Cicuta para señalarle que la campaña de hostigamiento desatada por el director del Hospital Fray Junípero Serra, doctor Juan Ricardo Flores Soto, contra el hijo del escribiente, podrá encuadrar en un delito contra la libertad de expresión.
En este mismo espacio Cicuta ha referido que su vástago fue orillado a solicitar una licencia de seis meses sin goce de sueldo, porque ya no aguantaba las presiones del director Flores Soto. Este hombre está furioso porque el columnista le ha hecho señalamientos directos.
Apenas la semana pasada el autor de esta columna califico a Flores Soto como cobarde, pues solamente un cobarde se atreve a desquitar su frustración contra el hijo de algún critico. El defensor de los derechos humanos, sugiere a Cicuta presentar una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues con su actuación reprochable, el doctor Flores Soto atenta contra la libertad de expresión.
Cicuta exige a este funcionario que deje de maltratar al joven que desde hace cinco años trabaja como camillero en esa institución médica. Cualquier ciudadano coincide en que solamente un cobarde se desquita con el hijo de su crítico.
Ahora con las modificaciones a la ley, el periodista está en posibilidades de presentar su queja ante la Procuraduría General de la República, para que se investigue a este sujeto. El propio Gobernador del Estado José Guadalupe Osuna Millán se pronunció porque no se judicialice el caso de los periodistas que se atreven a investigar y a denunciar actos de corrupción.
El doctor Juan Ricardo Flores Soto es un cobarde, aunque esto es derivado que también es un corrupto.
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