Columna Sin Escalas: Más allá del CRIT

Elvira Luna Pineda
Creo que nadie en su sano juicio podría tener argumentos válidos para opinar en contra de aquellas políticas públicas o esfuerzos que tanto en el ámbito de la sociedad civil como en el gubernamental, puedan gestarse para fortalecer el acceso a oportunidades en planos de igualdad e inclusión de las personas con discapacidad.
Ese definitivamente no es el punto.  En los últimos meses, el tema de la instalación del CRIT a través de la Fundación Teletón ha captado la atención de gran parte de la población bajacaliforniana, ya sea para opinar a favor de esta acción, o para exponer planteamientos divergentes sobre la utilización de recursos públicos millonarios que se trasladan para su uso y administración a un ente privado como lo es esta Fundación.
Pareciera en forma repentina que la inclusión y ejercicio pleno de derechos de las personas con discapacidad, fuese exclusivamente tema de dinero y del CRIT, cuando el tema es mucho más amplio. Es por todos sabido que en días recientes la ONU dirigió a México diversas recomendaciones de su Comité de expertos, en el cual expone su preocupación por el manejo de buena parte de los recursos para la rehabilitación de las personas con discapacidad bajo la administración de un ente privado como Teletón y señala  además que el Teletón promueve estereotipos de las personas con discapacidad como sujetos de caridad.
Sin embargo, el informe de la ONU no se ciñe sólo al tema de recursos y al CRIT, sino que hace un profundo análisis de los esfuerzos que en materia de discapacidad ha realizado México, los grandes pendientes y las serias preocupaciones por la desigualdad y marginación que esto ocasiona para las personas con discapacidad. La ONU, es muy clara en este documento que integra 67 puntos, los cuales se refieren tanto al balance y evaluación de lo hecho, como de lo que aún está pendiente por hacer,  sólo dos de estos 67 puntos se refieren al Teletón y al CRIT.
¿Por qué hago esta precisión? Es muy sencillo, el tema de los derechos de las personas con discapacidad va mucho más allá del CRIT, sin embargo es fácil, muy fácil para los gobiernos encuadrar sus “grandes esfuerzos” sólo en este tema, por lo cual si el gobierno de Kiko Vega realmente tiene interés, preocupación y compromiso para cumplir con su responsabilidad y obligación en materia de derechos de las personas con discapacidad, deberá de ocuparse como mínimo, de algunas de las acciones recomendadas por la ONU y que consisten en lo siguiente:
a) Redoblar esfuerzos en el ámbito de la armonización legislativa.
b) Ampliar la participación de las organizaciones de la sociedad civil en la implementación y seguimiento de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.
c) Establecer líneas presupuestarias específicas para cumplir sus objetivos en materia de igualdad, así como acciones específicas para combatir casos de discriminación, basadas en la discapacidad, la edad, el género, la pertenencia a pueblos indígenas y la ruralidad, entre otros factores de exclusión.
d) Desarrollar  estrategias de difusión, toma de conciencia y diálogo a fin de que se expidan leyes y reglamentos municipales prohibiendo la discriminación basada en la discapacidad.
e) Asignar recursos para que la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación sea traducida a todas las lenguas indígenas en formatos accesibles incluidos el braille, la lengua de señas, la lectura fácil y los formatos electrónicos.
f) Realizar campañas contra la discriminación de personas con discapacidad dirigidas a la profesión legal, incluyendo los funcionarios del poder judicial y los abogados.
g) Adoptar medidas para asegurar que los planes de accesibilidad incluyan los edificios existentes y no solamente las nuevas edificaciones.
h) Diseñar e implementar un Plan de Accesibilidad aplicable al entorno físico, al transporte, a la información y a las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público.
i) Velar por que las entidades privadas tengan debidamente en cuenta todos los aspectos relacionados con la accesibilidad de las personas con discapacidad y que sean objeto de sanciones en caso de incumplimiento.
j) Adoptar las medidas necesarias tendientes a garantizar el debido proceso legal de las personas con discapacidad en el marco de un procedimiento penal, ya sea en calidad de inculpadas; víctimas o testigos, así como desarrollar criterios específicos para brindarles ajustes razonables en dichos procedimientos.
k) Impulsar mecanismos de capacitación para operadores judiciales y penitenciarios en concordancia con el paradigma legal de la Convención. l) Implementar las medidas previstas en la legislación y en sus políticas para prevenir, proteger y reparar a las mujeres y niñas con discapacidad víctimas de violencia.
m)  Recopilar periódicamente datos y estadísticas sobre la situación de las mujeres y niñas con discapacidad ante la violencia, la explotación y el abuso, incluido el feminicidio.
n) Revisar y armonizar el Código Civil para garantizar los derechos de todas las personas con discapacidad a casarse y a ejercer la custodia, la tutela y la guarda de sus hijos e hijas.
o) Establecer programas para proporcionar apoyo adecuado a las madres con discapacidad psicosocial para ayudarlas en sus responsabilidades para con sus hijos e hijas.
p) Sustituir las medidas de institucionalización de todos los niños con discapacidad abandonados, por medidas de acogimiento familiar, asegurando que estas familias reciban el apoyo necesario para su atención y cuidado.
q) Desarrollar programas de toma de conciencia sobre las personas con discapacidad como titulares de derechos.
r) Fortalecer programas de educación inclusiva y de acceso al empleo.
Estas recomendaciones son sólo algunas de las que integran las observaciones del informe del Comité de expertos de la ONU, y como puede verse claramente, el tema de la rehabilitación si bien es sumamente importante y facilita el acceso para el ejercicio de otros derechos, no es el único tema, por lo que hay mucho pero mucho que hacer si realmente existe el compromiso por los derechos de las personas con discapacidad, por su inclusión social en planos igualitarios de acceso a las oportunidades, como sujetos de derechos y no como sujetos de caridad; en lugar de sólo pensar en la máquina registradora y la danza de los millones.
Una política pública seria, tangible, con enfoque de derechos humanos, con indicadores de medición, que facilite la evaluación y la rendición de cuentas, es lo que el gobierno del estado debe estar haciendo; en lugar de estar preocupado por la coperacha, la recaudación de donde se pueda, la venta de lo que sea, para reunir cantidades millonarias.
Para la reflexión la frase célebre de Indira Gandhi, “Hay que vigilar a los ministros que no pueden hacer nada sin dinero y a aquellos que quieren hacerlo todo sólo con dinero”. Nos leemos la semana entrante…
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La autora de esta columna es Abogada y Vicepresidenta Nacional de la Academia de Género de la CONCAAM