Proponen diputados perseguir de oficio el delito de Violencia Intrafamiliar; Panistas retiran iniciativa

Jorge Heras
Mexicali, 12 de julio.- Diputados aprobaron en comisiones una serie de modificaciones al Código Penal y Civil para que el delito de violencia intrafamiliar se persiga de oficio y sin utilizar vías conciliatorias.

En la última sesión de la Comisión de Justicia del Congreso Estatal, celebrada en Tijuana, se acordó por unanimidad subir al pleno la iniciativa de reforma al artículo 242 del Código Penal de Baja California, “a fin de atacar verdaderamente las situaciones de violencia que se desarrolla en las familias de la entidad”.

El proyecto de dictamen se elaboró con dos propuestas: la que presentó la diputada panista Rosa Isela Peralta Casilla el 10 de julio del 2014 y la que entregó el 9 de octubre del mismo año la entonces legisladora priista –ahora alcaldesa electa de Tecate-, Nereida Fuentes González; además se incluyó una adenda en enero de este año.

En las modificaciones que se pretende aprobar, las representantes populares piden armonizar los tipos de actos violentos con los que establece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia, para que se cambie el término de violencia moral a violencia psicológica, entendiendo esta última como “toda acción u omisión reiterada, ejecutada por cualquier medio distinto al contacto físico, que con el propósito de perturbar, degradar o controlar la conducta de una persona le afecte psíquica o emocionalmente”.

También requieren instaurar como obligatoriedad al Ministerio Público, la solicitud de medidas precautorias como el embargo de sueldos y salarios al agresor, para asegurar los alimentos y manutención de la víctima durante el proceso penal, así como también establecer como una medida preventiva el someterse a tratamiento psicológico o psiquiátrico especializado y deberá de pagar este tipo de tratamiento a la víctima hasta su recuperación total

En lo referente a que la violencia intrafamiliar pueda ser denunciada por testigos de la agresión y no solamente se investigue bajo la querella de la víctima, los diputados puntualizaron que este tipo de delitos no permite el perdón, pues el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 187 señala que no procederán los acuerdos reparatorios en los casos en que se trate de delitos de violencia familiar.

En la explicación de motivos, los diputados señalaron que solamente el 8% de los procesos iniciados por el delito de violencia intrafamiliar llega a su fin, toda vez que son desistidos por la víctima otorgando el perdón o se llega a un acuerdo económico entre las partes.

Las denuncias de violencia intrafamiliar en 2012 alcanzaron las cinco mil 220; en 2013 las seis mil 115; y en 2014 a más de cuatro mil 500. De estas cifras, en el 2012 se otorgó el perdón en mil 65 procesos; en 2013 en mil 208; y en 2014 en casi mil.

En la misma sesión de la Comisión, presidida por el legislador de Movimiento Ciudadano, Juan Manuel Molina García, se aprobó reformar el artículo 932 del Código Civil para que en los juicios del orden familiar, los psicólogos y trabajadores sociales del DIF no generen costo a las partes cuando el juez así lo ordene.

Pese a que las reformas al Código Penal para que el delito de violencia intrafamiliar se persiga de oficio, fueron presentados por la fracción de Acción Nacional, los diputados panistas que integran el órgano legislativo de Justicia, retiraron la propuesta planteada por la diputada Rosa Isela Peralta; sin embargo se mantuvo la de la legisladora Nereida Fuentes.

La representación del Gobierno del Estado en la Comisión se pronunció en contra por considerar que los casos se enjuiciarían sin que muchas de los presuntos victimarios hayan realizado la agresión.

Por otro lado, las organizaciones en pro de la vida y la familia que continuamente se han opuesto a los matrimonio entre personas del mismo sexo, manifestaron su rechazo a estas modificaciones al Código Penal.

Las penalidades por violencia intrafamiliar en el estado es de seis meses a cuatro años de prisión y multa económica de mil 716 pesos a22 mil pesos.

Molina García indicó que buscará poner a discusión del pleno la iniciativa referida, en la sesión del próximo jueves.