Durante gobiernos de Calderón y Peña Nieto se cometieron crímenes de lesa humanidad: Open Society Justice Iniciative

image1-3Antonio Heras

Mexicali.-En la última década, durante la administración de Felipe Calderón y de  Enrique Peña Nieto, se cometieron actos de tortura y crímenes atroces de lesa humanidad en México por agentes del Estado, señaló Ina Zoon, representante de la Open Society Justice Iniciative durante la presentación del informe “Atrocidades Innegables, confrontando crímenes de lesa humanidad en México”.

Dio a conocer que agentes privados también cometieron crímenes de esta naturaleza pero ello solo fue posible “por la colusión con las autoridades, la infiltración del crimen organizado en estructuras del Estado y la protección que ofrece al crimen y a los funcionarios”.

En el marco del derecho internacional, este estudio examina la magnitud, la naturaleza generalizada de asesinatos, tortura y desaparición forzada de personas, a partir del enfoque de persecución e investigación de los máximos responsables, “no de los que aprietan el gatillo o secuestran sino a los que dan las órdenes”.

Frente a una decena de familiares de víctimas de desapareció es forzadas en esta frontera, la representante del OSJI advirtió que “no se trata sólo de encontrar al ser querido y la verdad de lo que pasó, sino de una verdad y justicia más grande que va a los autores máximos de estos crímenes”.

El organismo trabaja a nivel mundial con asociaciones que quieren rendición de cuentas de la justicia penal en sus países, en donde afirmó que han encontrado y compartido la sensibilidad y conocimiento que reflejan el dolor y deseos de los afectados.

“Los crímenes en México se han tratado desde las perspectivas del derecho penal o de los derechos humanos nacionales, pero ante esta macrocriminalidad ya no son suficientes porque va más allá de determinar a los autores material e intelectual o la responsabilidad del estado que es difusa y terminan por no ir a juicio”, expuso.

A diferencia, explicó, si se analizan con base en el derecho internacional se hace un análisis de contexto y los casos se ven como una cadena que demuestra un padrón de la actuación del estado, del crimen organizado o de ambos; México tiene obligación de investigar conforme de Estatuto de Roma que considera a los crímenes de lesa humanidad aquellos actos cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil.

“Existe una base razonable para determinar que que en la administración de Felipe Caldeton y en lo que va de Peña Nieto en México se cometieron crímenes de les humanidad por agentes del Estado y por agentes privados”, comentó al tiempo de advertir que un caso concreto que analizaron es a los Zetas.

Zetas e impunidad

Conforme a la legislación penal internacional los actores no estatales también pueden cometer crímenes de lesa humanidad, por ejemplo las acciones del cartel de los Zetas coinciden con esa definición legal, aunque otros carteles también han cometido crímenes de esta naturaleza.

Los Zetas satisfacen los requisitos para la definición de una organización por su estructura jerárquica su control sobre territorios y capacidad de llevar a cabo ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil. De 2008 a 2011 fueron los responsables de las muertes, de actos de tortura y desaparición de cientos de civiles para controlar las actividades criminales en sus territorios, buscan aterrorizar a la población en las zonas que desean controlar; esto es lo que distingue a sus ataques de la violencia aleatoria relacionada con el tráfico de drogas, señala el estudio.

A pesar de la evidencia del uso excesivo de la fuerza letal por integrantes de corporaciones policiales estatales y federales, es poco común el enjuiciamiento por el delito de homicidio en tribunales militares y civiles. Datos de la Secretaría de la Defensa Nacional señalan que entre 2007 y 2013 solo se llevaron a cabo 29 averiguaciones militares con respecto a asesinatos cometidos por miembros de las fuerzas armadas, pero ninguna resultó en condena.

Tampoco ha habido una adecuada rendición de cuentas en las desapariciones forzadas de personas perpetradas por la policía, el ejército y otros funcionarios gubernamentales, las cuales ha documentado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En un informe de Human Rigths Watch de 2015 se documentaron 149 casos, en donde más de 20 implicaban a la Marina y 13 a la Policía Federal y aunque existen “muchos casos de desapariciones forzadas cometidas por no fue sino hasta agosto de 2015 cuando se condenó al primer soldado por este crimen”.

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