Absuelven de cargos a “Panchito”; No enterar cuotas es delito pero el ex alcalde está excluido, resuelve juez

Jorge Heras / Lindero Norte
Mexicali.- Casi 8 meses después de que fue vinculado a proceso el alcalde y tesorero del XX Ayuntamiento de Mexicali (2010-2013), Francisco Pérez Tejada Padilla y José Fernando Martín del Campo, fueron exonerados del cargo que se les imputaba por no enterar a Issstecali las cuotas y prestamos de los trabajadores sindicalizados del gobierno municipal, por lo que concluyó el caso a favor de los ex funcionarios priistas después de tres años de iniciado el proceso judicial.

La sala seis del Sistema Adversarial y Oral en Mexicali no estaba llena de prensa, de burócratas ni de público en general que siguió el caso desde que la ex dirigente estatal de la burocracia, Victoria Bentley Duarte y el finado Sindico Procurador, Humberto Zúñiga, presentaron la denuncia penal en contra de Pérez Tejada en 2014 por peculado, colisión de autoridades y abuso de autoridad, siendo solamente este último delito por el cual se inició el juicio.

Por un lado estaba la representante de los quejosos, Victoria Bentley Duarte y la fiscalía, por el otro el ex presidente municipal y sus abogados. Ambos fijaban la mirada a la juez, Ana María Elías González, quien hizo una reseña de todos los procesos que vivió el caso.

Sin embargo, Pérez Tejada dejaba ver una sonrisa en su rostro, conocedor de que la sentencia del Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito le era favorable para cerrar su expediente con la absolución de los cargos.

Mientras que la diputada local se mostraba contenida de coraje, incrédula por la decisión de la justicia federal y estatal. Aún así se abstuvo de emitir alguna declaración ante la Jueza.

 La resolución

 Con la ejecutoria de amparo 690/2016 bajo el brazo, los imputados no mediaron una palabra con la Jueza, pues todo estaba dicho en la decisión tomada por los magistrados del Tribunal Colegiado, en representantes legales de los ex funcionarios priistas respaldaron sus argumentos con el artículo 23 del Código Penal de Baja California, que contempla las causas excluyentes del delito.

Pérez Tejada y Martín del Campo aceptaron que incumplieron con entregar las cuotas que quincenalmente descontaban de los salarios de los 3 mil 200 trabajadores sindicalizados para el seguro social de Issstecali, es decir para asegurar su pensión y jubilación.

Sin embargo adujeron que no tenían los recursos suficientes para solventar los gastos propios de la administración pública, como son salarios, equipamiento, mantenimiento y brindar los servicios básicos de limpia, recolección de basura y alumbrado público.

Reiteraron que no desviaron recursos hacia cuentas personales, simplemente emplearon las cuotas patronales para otro destino que no era el que correspondía por ley.

La Jueza Ana María Elías consideró apoyó la interpretación al Código Penal que hicieron los magistrados que concedieron el amparo a Pérez Tejada, al señalar que la retención de las cuotas de los trabajadores tiene una causa justificada, por lo cual la hipótesis de exclusión del delito tiene cabida en este caso.

“El Alcalde y Tesorero tienen la facultad y obligación para decidir cuáles son los gastos prioritarios que la administración pública demanda, son las personas que deciden la forma de administrar los recursos del Ayuntamiento y tienen la obligación del ejercer el gasto público y tener las finanzas sanas”, puntualizó.

Recordó que tres peritos fiscales que se presentaron durante la audiencia de vinculación a proceso concluyeron que había déficit presupuestal en la administración pública de Mexicali porque eran mayores los ingresos que los egresos y que no existía “un manual que indicara que gastos resultan prioritarios”.

Elías González sostuvo que existe una justificación en no pagar las cuotas en virtud de que no había dinero ya que tan solo en 2014 se contó con un presupuesto de 2 mil 567 millones de pesos y se erogaron 2 mil 800 millones de pesos; Sin embargo dijo que uno de los peritos también se concluyó que hubo mal manejo presupuestal por parte del presidente municipal y tesorero.
Al final, la Jueza reculó de su ultima resolución en noviembre del 2016 al determinar que si retuvieron u omitieron el pago de las cuotas patronales no es vinculante a proceso porque se actualizaron pruebas ante el Poder Judicial de la Federación, por lo cual resolvió que los imputados actuaron “en cumplimiento del deber jurídico”.

“Aún cuando se retrasó el pago, resulta ser una conducta típica (tipificada como delito) pero no resultó una acción antijurídica”, expresó la Jueza del Poder Judicial al exonerar del cargo de abuso de autoridad a Francisco Pérez Tejada Padilla.

“Esto se acabó”, exclamó el empresario priista mexicalense mientras abandonaba la sala del Nuevo Sistema de Justicia Penal. Su abogados ya ni siquiera cargaban expedientes ni pruebas, pues desde una semana antes había sido declarado en libertad sin ningún procedimiento judicial en su contra.

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