Exigen familiares de desaparecidos en Mexicali búsqueda especializada de restos humanos; Denuncian trabajo deficiente de la PGJE

*”Después de lidiar con nuestro dolor, tenemos que ser investigadoras… las madres de los desaparecidos no tenemos Alzheimer, sabemos que hay más de 3 mil desaparecidos en el Estado”, sostiene familiar de víctima.

Jorge Heras / Lindero Norte
Mexicali.- Como cada día, los familiares de las víctimas de desaparición forzada exigen justicia pronta y expedita para saber cual fue el paradero de sus hijos, hermanos y padres que fueron privados de su libertad en Mexicali, en la mayoría de los casos desde hace más de un lustro; sin embargo cada 30 de agosto, las mujeres y hombres víctimas del sistema de justicia conmemoran el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, a través de un acto simbólico de protesta y memoria en el Centro Cívico de la capital de Baja California.

La mañana de este miércoles, madres y hermanos de los desaparecidos realizaron un acto de protesta en la  plaza de los Tres Poderes por la forma en que la Procuraduría de Justicia del Estado atiende los casos de desaparición forzada y la nula respuesta del gobernador, Francisco Vega de Lamadrid al pliego petitorio que solicitaron a finales del 2014.

En la explanada central donde convergen los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como el Palacio Municipal de Mexicali, llevaron un sacerdote para bendecir una escultura denominada “Monumento a la Impunidad”, la cual está hecha en base a dos tambos que simbolizan la manera en que los narcotraficantes disuelven en ácido los cuerpos de sus víctimas, en los cuales bordaron con tela los nombres de sus familiares desaparecidos y la fecha en que los vieron por última vez.

Irma Leyva -madre de Diego Hernández Leyva, ex agente de la Policía Ministerial desparecido en enero del 2007- y Alma Díaz -madre de Erick Francisco Díaz, un agente de la PGR privado de su libertad en junio de 1995, dijeron a Lindero Norte que la PGJE y el mandatario estatal se han rehusado a comprar las herramientas y aparatos necesarios para la búsqueda de restos humanos de la entidad.

Criticaron que la fiscalía de manera “precaria y obsoleta” realiza los trabajos de localización de osamentas, pues solamente se hace valer de agentes caninos y de una varilla para encontrar los cuerpos de los desaparecidos.

“Nosotros tenemos que buscar una osamenta, para ver si probablemente meten una varilla para que después un perro huela si hay restos humanos; pero con esa acción la autoridad nos pretende ver la cara porque el perro policía no va oler osamentas después de 10 años, él va a oler carne podrida, y esa osamenta en el caso del hijo de Alma que tiene 20 años (desaparecido) y en el mío que tiene 10 años, no va a desprender olor”, expuso Leyva.

Exigió de nueva cuenta al gobierno estatal que compre un Geo Radar para localización de restos humanos, pero que también, asegura, puede ser utilizado para ubicar tuberías en mal estado y hasta para descubrir túneles transfronterizos, toda vez que este aparato a través de ondas electromagnéticas tiene un alcance de 10 metros debajo de la superficie para ubicar objetos.

La activista comentó que tienen conocimiento que este radar fue comprado por los gobiernos de Jalisco y Nuevo León a un costo no superior del millón de pesos.

Por su parte, Alma Díaz cuestionó las investigaciones que realiza la Procuraduría de Justicia Estatal y las cifras de desaparecidos que tiene la autoridad, pues consideró que están alejadas de la realidad ya que desde hace varios años las víctimas de este delito superaron las 3 mil en todo el Estado, mientras que la procuradora, Perla del Socorro Ibarra solo reconoce 400 desde hace una década, 90 de ellas tan solo en lo que va de este año.

“Sin importar que piensa o deje de hacer la autoridad, nosotras andamos en la búsqueda de nuestros hijos, porque aunque no hemos superado nuestro dolor, tenemos que ser investigadoras y andar presionando al gobierno para que realice su trabajo… Sí han ido con nosotras los de la Procuraduría, pero con un palo, una pala y los perros (policía) en el carro, nada más”, señaló.

La presidenta de la Asociación Esperanza contra la Desaparición Forzada de Personas indicó que el año pasado realizaron cinco búsquedas de este tipo en una zona cerca del aeropuerto y en dos ejidos del Valle de Mexicali.

“Los ciudadanos, en especial los familiares de los desaparecidos no tenemos Alzheimer, sabemos lo que está sucediendo en el Estado y tenemos contabilizados a nuestros hijos que nos arrebataron, mientras que el gobierno pareciera que están en el limbo cobrando por un trabajo que no realizan, solo simulan”, puntualizó.

Por último, Díaz manifestó que para la agrupación de la sociedad civil que encabeza, una de las limitantes del gobierno estatal para no esclarecer los casos de desaparición forzada en la entidad es la participación de las corporaciones policiacas en este delito.

Ambas activistas también exigieron que se revise la cadena de custodia de la evidencia recabada en las escenas del crimen, ya que aseguraron que la falta de coordinación entre las dependencias de gobierno que participan durante todo el proceso de investigación afecta de manera importante en cada caso.

Hicieron un llamado al gobierno federal y a la administración pública estatal para que al igual como se trabajó en el predio de La Gallera en Tijuana, en la capital del Estado también vengan especialistas de la PGR y se utilicen aparatos con las características necesarias para localizar los restos de personas desaparecidas.

En noviembre del 2014, asociaciones de familiares de desaparecidos solicitaron al gobernador del Estado la creación de una subprocuraduría de personas desaparecidas, la creación de un grupo especial de Ministerios Públicos encargados en atender los casos recientes de desaparición con protocolos de búsqueda de emergencia de los desaparecidos; una mesa semanal de trabajo entre familiares de desaparecidos y agentes del Ministerio Público; la depuración y clarificación de las bases de datos sobre personas desaparecidas en Baja
California y su divulgación pública; la promulgación pronta de una Ley Estatal de Víctimas y la adjudicación del presupuesto necesario para su puesta en marcha; la presentación de un informe técnico sobre los procedimientos de inhumación de SEMEFO y la compra de un Geo Radar para la búsqueda de restos humanos y la contratación del personal especializado en su funcionamiento.

 

 

 

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