Bajo resguardo de policías, diputados discutirán dictámenes de APPs y C5i en sesión extraordinaria

Antonio Heras y Jorge Heras

Lindero Norte.- La Junta de Coordinación Política del Congreso de Baja California enlistó en la orden del día la discusión para la aprobación de las modificaciones al decreto 57 sobre la procedencia de recursos para la autorización de plantas desalinizadoras de Playas de Rosarito y de San Quintín a través de la figura de Asociaciones Públicas Privadas (APPs)

El principal proyecto de los seis que contienen este decreto contiene la aprobación de recursos por más de 9 mil millones de pesos para la construcción de la planta desaladora de Playas de Rosarito dirigido al consumo humano de Tijuana y Playas de Rosarito en Baja California y al mercado de San Diego en California.

Los proyectos de APPs cuentan con el rechazo de la sociedad civil organizada por considerar que representan un endeudamiento público y están dirigidas a privatizar el servicio de agua para consumo doméstico. El movimiento Mexicali Resiste, Baja California Resiste y Mexicali Conciente se han opuesto a estos proyectos, una vez que la presión social trajo consigo la abrogación de la Ley del Agua para Baja California, propuesta por el gobernador Francisco Vega.

El dictamen 95 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso local representa la modificación a los artículos 2, 6 y 23 del Decreto número 57, publicado el 30 de diciembre de 2016 en el Periódico Oficial del Estado, el cual fue aprobado por la mayoría panista del Congreso con los votos de la fracción parlamentaria del PRI, de la diputada del PRD y del legislador del MC.

Además de los 13 votos del grupo parlamentario panista, la aprobación de los cambios a este decreto, provocadas por modificaciones en la legislación federal de Asociación Público Privadas, requieren de cuatro sufragios más, de los cuales obtendrían dos de sus aliados (PRD y MC) y de los cinco diputados que conforman la bancada del PRI, aunque sus integrantes advirtieron que votarían en contra.

Los legisladores del PES, PBC, PT y Morena anunciaron su rechazo a este decreto por lo que se estima una confrontación en la sesión legislativa, por lo que se solicitó la presencia policiaca de agentes municipales y ministeriales para resguardar las instalaciones ante las protestas de grupos civiles.

El consorcio al que se le otorgó el contrato de la planta desaladora de Playas de Rosarito está integrado por NCS Agua, subsidiaria mexicana de las compañías Consolidated Waterm de Islas Caimán, Degremont de Francia y Nuwater de Singapur.

Para la sesión a desarrollarse en el Salón de Sesiones Benito Juárez García, también se enlistó la iniciativa de Decreto para implementar el Sistema Integral de Infraestructura e Interconexión Tecnológica para la Seguridad Pública del Estado, para dotará de inteligencia al C4, para ello se establece un contrato de 690 millones de pesos más IVA y comisiones para llegar a la suma total de más de 800 millones de pesos pagaderos en una década para el equipamiento del C5i, en el cual de acuerdo a declaraciones del gobernador, Francisco Vega de Lamadrid, se utilizará más del 70 por ciento de ese recurso para la instalación y uso de kilómetros de fibra óptica para entrelazar las cámaras y dispositivos de seguridad


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