En BC, 11 ciudadanos buscan diputación y senaduría por la vía independiente

 

*Sólo manifestaron su intención de contener sin siglas partidistas tres mujeres, una de ellas está pendiente
Jorge Heras / Lindero Norte

Mexicali.- Un total de 11 ciudadanos de Baja California buscarán las firmas requeridas para contender por una curul en el Congreso de la Unión por la vía independiente, de las cuales tres son mujeres.

El Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer que siete personas manifestaron su intención de buscar una diputación federal y cuatro un escaño en el Senado sin el respaldo de un partido político.

El registro para independientes que buscan participar en el Proceso Electoral Federal 2017-2018 venció el pasado viernes 10 de octubre para diputaciones y el domingo 15 para senadurías.

En el caso de los aspirantes a una curul en San Lázaro se registraron Marisol Pérez Prado por el Distrito III; Moisés Ramírez Izquierdo y Patricia Ramírez Salinas por el Distrito IV; Felipe Ruanova Zarate por el Distrito V; Edgar Dario Benites Ruiz y Sergio Manuel Vega Covantes por el Distrito VII; y Víctor Manuel Escobar Sánchez por el Distrito VIII.

Por una senaduría manifestaron su intención Ernesto García González, Juan Diego Beristáin Ávila, Alfonso Padilla López y una mujer que tuvo inconsistencias en la documentación presentada, la cual tendrá que corregir antes del jueves.

 

Los que buscan ser Senadores Independientes deberán recabar en por lo menos cuatro distritos electorales más de 52 mil firmas en total, que representan el 2 por ciento del Listado Nominal de Baja California.

Por su parte, los aspirantes a Diputados Federales requieren también del 2 por ciento en por lo menos el 50 por ciento de las secciones del Listado Nominal del Distrito Electoral que buscan contender.

En ambos casos tendrán que obtener las firmas en dos meses.

Desperdicio de agua y su transportación, principales problemas en BC

Antonio Heras/Lindero Norte

Aunque Baja California recibirá en 2018 más de mil 850 millones de metros cúbicos de agua del Río Colorado -única fuente de agua en esta entidad del noroeste mexicano que proviene de Estados Unidos y forma parte del Tratado de Aguas Internacionales de 1944-, la sobrexplotación y desperdicio del vital líquido, tanto para consumo humano como agrícola, se ha convertido en un reto por resolver, señaló el investigador de El Colegio de la Frontera Norte, Alfonso Andrés Cortez.

Aunque es de su ámbito de competencia, la extracción de agua en la zona agrícola, indicó, no está vigilada por la Comisión Nacional del Agua porque carece de personal y equipo especializado.

En un reporte interno, la Conagua consigna que la pérdida en la distribución del vital líquido en los canales de riego de Mexicali asciende a unos 20 millones de metros cúbicos por añoDicho volumen representa un tercio del consumo anual de las zonas urbanas de Tijuana y Mexicali.

En los canales del Valle de Mexicali es común ver como las pipas cargan agua de manera directa e ilegal, sin vigilancia por parte de la Conagua. Los canaleros abren las compuertas de manera discrecional a los agricultores para regar sus parcelas, mientras que -según refieren otros usuarios- en los censos de la Secretaría de Agricultura se precisa que existe un desfase en las entregas de agua y superficies agrícola ya que no corresponden las hectáreas sembradas con los derechos de usuarios del líquido que coordina Conagua.

En el Diario Oficial de la Federación (DOF) se indica que la extracción asciende a 974 millones de metros cúbicos anuales, pero en la práctica sólo se explotan 602 millones de metros cúbicos del vital líquido.

El Comité Estatal de Planeación advirtió que debido al acueducto y sistemas de distribución agricola solo llega al usuario final la mitad de cada litro de agua que proviene del Río Colorado, cuya cuota anual se fijó en mil 850 millones de metros cúbicos desde 2012 y mantendrá vigencia hasta diciembre de 2018, de acuerdo al acta 319 de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA).

En la frontera entre México y Estados Unidos hay tres cuencas hídricas: la del Río Tijuana y la del Río Colorado en el noroeste y la del Río Grande o Río Bravo.

El Tratado sobre Aguas Internacionales entre México y Estados Unidos, protocolizado el 3 de febrero de 1944, Estados Unidos asigna agua a México del Río Colorado para beneficiar 2 millones de hectáreas de riego en Baja California y parte alta de Sonora. A cambio México entrega agua a Estados Unidos del Río Bravo que, según el Centro para el Progreso de América (CAP) de Washington, dependen 35 millones de estadunidenses.

Uno de los acuerdos con el Buró de Reclamaciones de Estados Unidos es que la sección mexicana de la CILA vigile en forma permanente la situación de los almacenamientos en la cuenca del Río Colorado que registraron un descenso sostenido a partir de 2000, en las principales presas, aunque las lluvias de principios de 2017 mitigaron esa baja en forma temporal.

Zona Costa y la desalinización del agua

Ante los problemas para abastecer de agua al 70 por ciento de la población de Baja California -en Mexicali reside el resto-, en julio de 2007 se determinó construir una línea paralela al Acueducto Río Colorado-Tijuana.

El entonces gobernador Eugenio Elorduy otorgó un contrato a una empresa privada para construir la obra, con un compromiso de pago de mil 340 millones de pesos. El acuerdo se hizo con la figura de Asociación Pública-Privada (APPs), y el monto quedó como deuda pública. Así, se aseguró la dotación del líquido a Tijuana, Ensenada, Tecate y Playas de Rosarito.

En el Foro Ciudadano sobre el Agua, efectuado en junio pasado, se destacó que por lo caro que representa el traslado del vital líquido por los 135 kilómetros del acueducto Río Colorado-Tijuana (trayecto en que existen mil 200 metros de elevación de La Rumorosa), es necesario desalar el agua del Océano Pacífico, a fin de atender las necesidades apremiantes en la Costa de la península.

El actual gobierno del panista Francisco Vega aprobó proyectos hídricos en la Costa, sobre todo dos plantas desalinizadoras en Rosarito y Ensenada, a través de APPs, avaladas también por el Congreso local mediante decreto 57, pero la confirmación está pendiente de modificarse. Existe el rechazo de las fracciones de los partidos Encuentro Social, PT, PRI y Morena en la Cámara de Diputados, así como de grupos civiles, porque los proyectos habrán de generar mayor deuda pública.

En la desalinizadora de Playas de Rosarito, el gobierno estatal compromete recursos del orden de los nueve mil millones de pesos a pagar en 37 años, con aportaciones del erario de 20 millones de pesos mensuales. La desalinizadora de Ensenada representa un contrato a 30 años con una inversión de 568 millones de pesos.

Para la investigadora Gabriela Muñoz de El Colef la desalinización será imprescindible en un punto medio porque Baja California está divido en Mexicali y la zona costa, donde se asienta el 77 por ciento de la población de la entidad pero el agua proviene del rio Colorado,  “lo principal es apostar en la conservación, uso eficiente y diversificación de fuentes” de abastecimiento de agua.

La investigadora ponderó las estratwgoas dd abastecimiento de Diego, California, que consisten en el reuso de agua, abastecimiento del Río Colorado, pozos, agua captada de lluvia, entre otros.