Estrena Teatíteres “Una Sierra llamada La Rumorosa” en Mexicali 


Antonio Heras

Mexicali.- El grupo de Teatíteres estrenó la obra “Una Sierra llamada La Rumorosa” donde se vertebran historias, personajes y leyendas de esta zona montañosa de Baja California, limitrofe con Estados Unidos.

Tres actores en escena (Beatriz Mancilla, Andrés Garcia y Alfredo Wong), titeres, una roca central y pinturas rupestres hurgan la memoria colectiva sobre mitos, realidades y leyendas de La Rumorosa.

Dirigida y producida por Mancilla, en esta obra escrita también por la actriz se utilizan titeres bocones, de varilla, de guante e híbridos para dar vida teatral a indios kumiai, fantasmas y animales.

En las dos funciones realizadas en el Teatro el público escolar coreó canciones, acompasó con palmas el ritmo de danzas de pueblos nativos, aplaudió  y al final subió al escenario a bailar con los titeres.

Son muchos años de inversión en la técnica de titeres, comenta Beatriz Mancilla en entrevista a Lindero Norte donde pondera la participacion que tuvieron a principios de novoembre el festival internacional de titeres de Ciego de Avila , Cuba, con la obra “Fisgonia”.

Ellos (los cubanos) hacen todo con prácticamente nada, expresó la actriz y escritora mexicalense, la participación me hizo cambiar la visión del teatro de títeres y regresé con la idea firme de retomar varios proyectos, entre ellos la busqueda y consecucion de una sede para Teatíteres.

Anuncia SEDENA relevo militar en noroeste de México (BC, BCS y Son)

Antonio Heras/Lindero Norte 

Mexicali.- La Secretaria de la Defensa Nacional realizó el relevo de la comandancia de la II Región Militar al designar al general Gabriel García Rincón.

Durante la administración presidencial de Enrique Peña Nieto se ha hecho cargo de las labores militares en Tijuana, Guerrero y Quintana Roo.

García Rincón estuvo solo siete meses en la comandancia de la 34 Zona Militar de Quintana Roo donde rindió protesta en abril de 2017 y antes se desempeñó como coordinador federal de la seguridad en Guerrero durante 14 meses.

En el periodo de noviembre de 2013 a enero de 2016 estuvo al frente de la II Zona Militar con sede en Tijuana.

La toma de posesión y protesta de bandera se realizará durante la tarde de este viernes 1 de diciembre en las instalaciones militares de Mexicali, desde donde comandará las acciones militares de las tres entidades del noroeste de Mexico: Baja California, Baja California Sur y Sonora.

Dos de las entidades de la II Region Militar son limitrofes con Estados Unidos, aunque en las tres se registra el trasiego de droga.

El General de Brigada Diplomado del Estado Mayor Presidencial, García Rincón es originario de Puebla.

Inhabilitan a 4 funcionarios por fraude en Beca Progreso, entre ellos a quien investigó y denunció el caso

 

*Contraloría solo consideró daño patrimonial a la Hacienda Pública por 938 mil pesos repartidos en 58 cheques, sin considerar 70 cheques más por más de 1 millón.

Jorge Heras / Lindero Norte
Mexicali.- Cuatro funcionarios del Fideicomiso de Insumos y Mantenimiento para el Mejoramiento del Entorno Educativo (Beca Progreso) fueron inhabilitados y obligados a pagar una sanción económica por resultar responsables de la mala administración de recursos de este apoyo para infraestructura escolar que dejó un daño patrimonial de casi 1 millón de pesos a la Hacienda Pública del Estado.

La auditoría que realizó la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental desde hace dos años detectó “irregularidades administrativas acreditadas al obtener un beneficio adicional a las contraprestaciones que por ley les correspondían e incumplimiento de la normatividad”.

Bajo el número de expediente 147/Q/15, la Dirección Jurídica de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la dependencia estatal consideró que los empleados de la Secretaría de Educación y Bienestar Social (SEBS), Lucía Margarita Villarreal Camarena, Jesús De la Rosa Anaya, Alexander García Luna y Román Ernesto Padilla Rivera violentaron el artículo 46 de la  Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos, lo que causó daño a los recursos públicos estatales que vulnera el interés público y social en el rubro educativo.

La investigación que inició en septiembre del 2015 y concluyó apenas este lunes 27 de noviembre, arrojó como resultado dos resolutivos que concluyen en la inhabilitación y sanción económica por el desvío de recursos por 938 mil 372 pesos distribuidos en 58 cheques que fueron elaborados a nombre de las personas encargadas de igual número de escuelas de todo el Estado, pero que fueron endosados de manera ilegal a los tres funcionarios hombres inhabilitados.

Sin embargo, la Contraloría no consideró en la investigación 70 cheques con un valor de 1 millón 061 mil pesos, que también fueron endosados entre 2013 y 2014 por los mismos servidores públicos imputados, y que fueron presentados en la denuncia interpuesta ante la Procuraduría de Justicia del Estado (PGJE) bajo el expediente 020-2015-41596 y en el Oficio 0642 entregado a la Dirección de Control y Valuación Gubernamental del Estado.

En la primera denuncia se notificó a ambas instancias estatales sobre las irregularidades en 59 cheques por 938 mil 927, después se ratificó la denuncia con 41 cheques más por 642 mil 536 pesos; pero quedaron pendientes de auditar 29 cheques endosados por 457 mil 462 pesos.

El inicio

El caso del desvió de recursos de la Beca Progreso fue dado a conocer públicamente en la comparecencia del entonces Secretario de Educación y Bienestar Social, Mario Herrera Zárate, como parte de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno de Francisco Vega de Lamadrid.

En ese momento se reveló que minutos después de que la Coordinadora del apoyo educativo para infraestructura escolar, Lucía Villarreal, denunció ante la PGJE y la Contraloría los actos de corrupción dentro del programa de ISEP, fue retirada de su oficina en contra de su voluntad sin avisarle alguna razón, y después fue reinstalada tres semanas después pero sin lugar programa para laborar.

Los cheques endosados oscilan en cantidades que van desde 3 mil 500 pesos hasta de 43 mil, y fueron cobrados del 17 de mayo del 2013 a octubre del 2014.

La auditoría que publicó la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental utilizando como base principal la investigación y documentos que presentó Villarreal Camarena, le fijan a la denunciante una sanción económica mayor que a los demás involucrados por ser responsable del programa.

En un acto sui generis, la Contraloría aseveró que la Coordinadora de la Beca Progreso no  prohibió los daños causados a la Hacienda Pública Estatal por “las irregularidades en la administración y manejo de recursos económicos del gasto público, toda vez que siendo la responsable del manejo y administración de la cuenta bancaria del programa, intervino en las 27 cartas de instrucción para que la fiduciaria liberara recursos por un monto de 938 mil pesos, los cuales fueron transferidos a la subcuenta de la Bolsa General y de ahí a la cuenta del Gobierno de Baja California por la institución bancaria”, puntualizó.

Denunció, pero no fue suficiente

El documento subido a la página de la Contraloría indica que Lucía Villarreal Camarena incumplió con su obligación de proponer y solicitar el inicio de procedimiento en contra de quien fuera responsable, “a pesar de que con fecha 24 de septiembre del 2015 presentó un escrito ante la Contraloría en que devienen probables irregularidades administrativas cometidas por los mismos tres funcionarios ahora inhabilitados.

“Para estimar que se dio cumplimiento a su obligación de denunciar debió presentar las respectivas denuncias inmediatamente después de haberse realizado las erogaciones indebidas a cargo de Beca Progreso, y no hasta el 2015, denuncia que por cierto no señala el pago improcedente a dichos beneficiarios si no que solo se constriñe a informar los beneficios obtenidos respecto 58 cheques”, puntualizó.

La auditoría establece que la Coordinadora del Programa no solicitó el inicio del procedimiento oportunamente; no constató documentalmente la recepción de los recursos por sus beneficiados (representantes de las escuelas), ni validó los reportes parciales y finales de cada uno de los beneficiarios, así como no realizó las visitas a las escuelas para verificar la aplicación del recursos, “lo que denota la falta de acciones de control, porque de haberlas realizado hubiera advertido en forma oportuna el seguimiento del programa y la afectación a la cuenta bancaria de la Beca”.

Además de los 5 años que fue inhabilitada, Villarreal Camarena debe pagar una sanción económica de 1 millón 876 mil 744 pesos.

Los tres personajes que planearon y operaron el fraude

En la nómina de la Secretaría de Educación, los tres inhabilitados fungían como Analistas del Fideicomiso de la Beca Progreso; pero en la práctica eran los encargados de emitir, revisar, entregar y resolver irregularidades en los cheques que se entregaban a las diferentes escuelas de los cinco municipios.

La mayor sanción recae en Ramón Padilla, quien llevaba laborando por 12 años en la Secretaría de Educación, para pagar 1 millón 485 mil pesos por cambiar el beneficiario y poner a su nombre 48 cheques, para después cobrar 742 mil 821 pesos.

Le sigue Jesús de la Rosa Anaya con un daño patrimonial de 136 mil pesos por el endosar 7 cheques sin tener derecho a ello, por lo que debe pagar 272 mil 074 pesos, equivalentes a 111 salarios mínimos, cuya medida es de 80 pesos. Tenía 9 años de antigüedad al momento de la inhabilitación.

Por último, Alexander García debe pagar una multa de 119 mil pesos por desviar recursos de 3 cheques que asciende a un monto total de 59 mil 514 pesos.

Con dos años laborando en el área, el ex funcionario de SEBS fue sancionado, al igual que sus ex compañeros, a no poder trabajar en áreas de gubernamentales del Estado por 5 años.

La sanción económica se fija por concepto de retribución “al doble del daño obtenido” por las irregularidades acreditadas.

Los tres trabajadores no comparecieron ni entregaron documentación en su defensa durante la auditoría realizada por Contraloría, incluso el 12 octubre de 2017 no acudieron a manifestar lo que a su derecho conviniera ni, nuevamente, ofrecieron probanza a su favor, por lo que se le tuvo por perdido su derecho.

Solamente presentaron por escrito la imposibilidad de comparecer por motivos médicos exhibiendo un certificado médico que no fue su suficiente para justificar su inasistencia, pues dicho certificado adolecía del nombre del médico que lo expidió, cédula y padecimiento diagnosticado.

En el caso de Lucía Villarreal fue la única que se presentó pero sus argumentos de defensa fueron considerados por la Contraloría como insuficientes para desvirtuar su responsabilidad ya que le replicaron que incumplió con el principio de legalidad porque era su obligación conocer, cumplir, y hacer cumplir las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que regulen el ejercicio de sus funciones.

La ex Coordinadora de la Beca Progreso manifestó que debería de absolverse del procedimiento porque no le podían imputar responsabilidad de terceros, pues en todo caso, quienes causaron los daños a la Hacienda y simularon actos para obtener beneficios personales fueron los denunciados por ella misma.

La dependencia estatal le respondió que las erogaciones que causaron daño patrimonial no se encuentran justificadas en virtud de no existir documento alguno que determine la obligación de realizar esos pagos, “valiéndose (Lucía Villarreal) como medida de ejecución de una conducta de acción al intervenir en la liberación del recurso económico mediante las cartas de instrucción a la Fiduciaria.

Dinero destinado a Beca Progreso

El Fideicomiso del Programa de Insumos y Mantenimiento para el Mejoramiento del Entorno Educativo (Beca Progreso) fue creado el 26 de diciembre del 2008 con la publicación de la reglas de operación.

Desde que fueron detectadas las irregularidades y desvío de recursos en 2013 a la fecha se han destinado 1 billón 344 mil millones de pesos: en 2013 se asignaron 334 millones; en 2014, 331 millones; en 2015, 344 millones; en 2016, 335 millones; y para este año tuvo presupuesto de 0 pesos.

El Programa Beca Progreso entró en un proceso de extinción a partir del presente año, por lo que actualmente no cuenta con un Programa Operativo Anual ni Presupuesto Autorizado.

Acuerdan pena menor a la mínima para imputado de asesinar brutalmente a su madre; se opone familia 


Jorge Heras / Lindero Norte
Mexicali.- La Fiscalía y el joven imputado por el homicidio agravado por razón de parentesco acordaron resolver el caso ocurrido en marzo de este año mediante un mecanismo acelerado, por lo que la Juez de Garantía aceptó dar un fallo condenatorio por medio de un procedimiento abreviado.

La mañana de este miércoles se celebró en la sala 7 del Sistema Penal Acusatorio en Mexicali, la Audiencia Intermedia de la Causa Penal 1031/2017, para determinar si el caso de la muerte violenta de Claudia Verónica Guillén Alcalá, presuntamente en manos de su hijo, se resolvía en un Juicio Oral.

De acuerdo al expediente de la PGJE número 02-2017-11338, el pasado 13 de marzo del presente año, Fernando “N” (hijo de la víctima) golpeó brutalmente en repetidas ocasiones a Claudia Verónica en la cabeza y tórax con un bat de metal, y también la lesionó con un cuchillo de cocina y navaja, quitándole la vida de manera instantánea en una de las recamaras en la casa en donde ambos vivían, marcada con el número 163 de la calle Algodón en la colonia Granjas Santa Cecilia.

Una de las hermanas de la víctima, quien realizaba labores del hogar en la casa en donde vivían madre e hijo, fue quien descubrió la escena del crimen luego de que acudiera por la mañana.

Días antes de cometido el crimen, la hoy fallecida le confesó a su hermana que su hijo consumía drogas, lo que había generado se incrementaran las discusiones entre ambos.

Las 21 lesiones, principalmente en cabeza, cara y cuello, conmocionaron a la familia, por lo cual las hermanas de Claudia Verónica y tías del victimaron exigieron justicia en cada una de las audiencias, hasta que en la segunda semana de noviembre, la Fiscalía y el abogado defensor del presunto agresor integraron a la mamá de Claudia Verónica Guillén como “ofendida primaria” relegando como ofendida principal a su otra hija, Leticia Isabel Guillén (la única persona del juicio que permitió que su apellido e imagen fueran publicados)

En los 8 meses que han durado las audiencias no se había presentado la también abuela del imputado, María Consuelo, quien desde el 15 de noviembre terminó siendo la pieza clave para que el Ministerio Público y el abogado defensor llegaran a un acuerdo, con el que la Fiscalía pidió una pena de 17 años, que es menor a la mínima contemplada en el artículo 127 del Código Penal de Baja California que considera de 20 a 50 años de prisión a quien prive de la vida a cualquier ascendiente o descendente consanguíneo en línea directa.

Además la PGJE le impuso una multa de 805 mil pesos, (4 mil de ellos por gastos funerarios) como parte de la reparación de daños que deberá de pagar a la ofendida.

Ante la juez, familiares y representantes legales, el imputado renunció al Juicio Oral, reconoció la conducta que tuvo al momento de asesinar a su madre y aceptó la sentencia menor a la mínima considerada por la Fiscalía.

Aunque durante la Audiencia Intermedia, la Jueza determinó que existen las pruebas y antecedentes necesarios que aprueban la culpabilidad de Fernando, será hasta el próximo viernes que se anuncie el fallo condenatorio.

La tía del homicida confeso se pronunció en contra del acuerdo entre la Fiscalía y su sobrino, ya que consideró que debería de pagar la sentencia máxima por la forma brutal en que ultimó a Claudia Verónica Guillén.



La síndico de Tijuana solicitó juicio político contra el ex alcalde priista Jorge Astiazarán

Antonio Heras

Mexicali.- La síndico municipal de Tijuana, Marcela Guzmán, presentó una solicitud de juicio político en el Congreso de Baja California en contra del ex alcalde priista Jorge Astiazarán, por la venta ilegal de un terreno propiedad del ayuntamiento destinado para fines deportivos o de seguridad pública.

 En compañía del coordinador jurídico, Leonardo Martínez, la funcionaria dio a conocer que se afectó el patrimonio del municipio, además que la donación de ese predio realizada por el gobierno estatal tenía reserva de dominio  por lo que no se podía disponer para otros fines, incluida la venta a un particular.

El recurso jurídico se presentó durante el mediodía de este miércoles en el Poder Legislativo y fue ratificado ante el presidente de la Mesa Directiva, diputado Benjamín Gómez, también de origen priista.

Vinculado con Jorge Hank, de quien es su médico de cabecera, Astiazarán Orcí fue alcalde de Tijuana durante el periodo 2013-2016.

Deja accidente carretero cuatro muertos y cuatro heridos en Mexicali

Antonio Heras
Mexicali.- Un accidente carretero en la ciudad de Mexicali dejó un saldo de cuatro muertos y cuatro heridos, informaron fuentes policíacas.
El incidente se produjo cuando se impactaron dos vehículos, uno de los cuales se incendió en el libramiento que conduce del ejido Cuernavaca, al oriente de Mexicali, hacia la zona de La Rosita en la autopista a Tijuana.
Los hechos se reportaton durante la tarde de este martes, alrededor de las 16:30 horas, de acuerdo a datos de la Dirección de Seguridad Publica Municipal.
Las personas lesionadas fueron trasladadas al Hospital General de Mexicali, mientras que de los cadáveres de las victimas se hizo cargo el personal del Servicio Médico Forense.
Foto: Ranulfo Cabrera 

Endurecer penas por posesión de armas: Gastélum

Antonio Heras
Tijuana.- En la frontera entre México y Estados Unidos el trasiego de armas es una realidad lo que impacta en la violencia y la comisión de delitos, según información de la Secretaría de Seguridad Publica de Baja California.
Ante esta situación, el alcalde de Tijuana urgió al Congreso de la Unión a reformar el Codigo de Procedimientos Penales para limitar los beneficios de liberación bajo fianza de varios delitos, principalmente el de posesión de armas de fuego.
Tras ponderar la coordinacion con el ejercito y las corporaciones estatales, sostuvo que hay detenciones de hombres armados pero obtienen su libertad con el pago de una fianza al no ser considerada la posesión como delito grave. Incluso la policia preventiva carece de facultades para un arresto de una persona armada a bordo de un vehículo a menos que cometa una infracción de tránsito.
Juan Manuel Gast{elum reconoció la violencia en esta ciudad fronteriza donde se han registrado más de mil 500 homicidios dolosos durante este año, de lls cuales ocho de cada diez están vinculados al trasiego al narcomenudeo, al explicar que Tijuana dejó de ser una zona de paso del narcotráfico para convertirse en una ciudad de consumo de droga.