*Contraloría solo consideró daño patrimonial a la Hacienda Pública por 938 mil pesos repartidos en 58 cheques, sin considerar 70 cheques más por más de 1 millón.

Jorge Heras / Lindero Norte
Mexicali.- Cuatro funcionarios del Fideicomiso de Insumos y Mantenimiento para el Mejoramiento del Entorno Educativo (Beca Progreso) fueron inhabilitados y obligados a pagar una sanción económica por resultar responsables de la mala administración de recursos de este apoyo para infraestructura escolar que dejó un daño patrimonial de casi 1 millón de pesos a la Hacienda Pública del Estado.

La auditoría que realizó la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental desde hace dos años detectó “irregularidades administrativas acreditadas al obtener un beneficio adicional a las contraprestaciones que por ley les correspondían e incumplimiento de la normatividad”.

Bajo el número de expediente 147/Q/15, la Dirección Jurídica de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la dependencia estatal consideró que los empleados de la Secretaría de Educación y Bienestar Social (SEBS), Lucía Margarita Villarreal Camarena, Jesús De la Rosa Anaya, Alexander García Luna y Román Ernesto Padilla Rivera violentaron el artículo 46 de la  Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos, lo que causó daño a los recursos públicos estatales que vulnera el interés público y social en el rubro educativo.

La investigación que inició en septiembre del 2015 y concluyó apenas este lunes 27 de noviembre, arrojó como resultado dos resolutivos que concluyen en la inhabilitación y sanción económica por el desvío de recursos por 938 mil 372 pesos distribuidos en 58 cheques que fueron elaborados a nombre de las personas encargadas de igual número de escuelas de todo el Estado, pero que fueron endosados de manera ilegal a los tres funcionarios hombres inhabilitados.

Sin embargo, la Contraloría no consideró en la investigación 70 cheques con un valor de 1 millón 061 mil pesos, que también fueron endosados entre 2013 y 2014 por los mismos servidores públicos imputados, y que fueron presentados en la denuncia interpuesta ante la Procuraduría de Justicia del Estado (PGJE) bajo el expediente 020-2015-41596 y en el Oficio 0642 entregado a la Dirección de Control y Valuación Gubernamental del Estado.

En la primera denuncia se notificó a ambas instancias estatales sobre las irregularidades en 59 cheques por 938 mil 927, después se ratificó la denuncia con 41 cheques más por 642 mil 536 pesos; pero quedaron pendientes de auditar 29 cheques endosados por 457 mil 462 pesos.

El inicio

El caso del desvió de recursos de la Beca Progreso fue dado a conocer públicamente en la comparecencia del entonces Secretario de Educación y Bienestar Social, Mario Herrera Zárate, como parte de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno de Francisco Vega de Lamadrid.

En ese momento se reveló que minutos después de que la Coordinadora del apoyo educativo para infraestructura escolar, Lucía Villarreal, denunció ante la PGJE y la Contraloría los actos de corrupción dentro del programa de ISEP, fue retirada de su oficina en contra de su voluntad sin avisarle alguna razón, y después fue reinstalada tres semanas después pero sin lugar programa para laborar.

Los cheques endosados oscilan en cantidades que van desde 3 mil 500 pesos hasta de 43 mil, y fueron cobrados del 17 de mayo del 2013 a octubre del 2014.

La auditoría que publicó la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental utilizando como base principal la investigación y documentos que presentó Villarreal Camarena, le fijan a la denunciante una sanción económica mayor que a los demás involucrados por ser responsable del programa.

En un acto sui generis, la Contraloría aseveró que la Coordinadora de la Beca Progreso no  prohibió los daños causados a la Hacienda Pública Estatal por “las irregularidades en la administración y manejo de recursos económicos del gasto público, toda vez que siendo la responsable del manejo y administración de la cuenta bancaria del programa, intervino en las 27 cartas de instrucción para que la fiduciaria liberara recursos por un monto de 938 mil pesos, los cuales fueron transferidos a la subcuenta de la Bolsa General y de ahí a la cuenta del Gobierno de Baja California por la institución bancaria”, puntualizó.

Denunció, pero no fue suficiente

El documento subido a la página de la Contraloría indica que Lucía Villarreal Camarena incumplió con su obligación de proponer y solicitar el inicio de procedimiento en contra de quien fuera responsable, “a pesar de que con fecha 24 de septiembre del 2015 presentó un escrito ante la Contraloría en que devienen probables irregularidades administrativas cometidas por los mismos tres funcionarios ahora inhabilitados.

“Para estimar que se dio cumplimiento a su obligación de denunciar debió presentar las respectivas denuncias inmediatamente después de haberse realizado las erogaciones indebidas a cargo de Beca Progreso, y no hasta el 2015, denuncia que por cierto no señala el pago improcedente a dichos beneficiarios si no que solo se constriñe a informar los beneficios obtenidos respecto 58 cheques”, puntualizó.

La auditoría establece que la Coordinadora del Programa no solicitó el inicio del procedimiento oportunamente; no constató documentalmente la recepción de los recursos por sus beneficiados (representantes de las escuelas), ni validó los reportes parciales y finales de cada uno de los beneficiarios, así como no realizó las visitas a las escuelas para verificar la aplicación del recursos, “lo que denota la falta de acciones de control, porque de haberlas realizado hubiera advertido en forma oportuna el seguimiento del programa y la afectación a la cuenta bancaria de la Beca”.

Además de los 5 años que fue inhabilitada, Villarreal Camarena debe pagar una sanción económica de 1 millón 876 mil 744 pesos.

Los tres personajes que planearon y operaron el fraude

En la nómina de la Secretaría de Educación, los tres inhabilitados fungían como Analistas del Fideicomiso de la Beca Progreso; pero en la práctica eran los encargados de emitir, revisar, entregar y resolver irregularidades en los cheques que se entregaban a las diferentes escuelas de los cinco municipios.

La mayor sanción recae en Ramón Padilla, quien llevaba laborando por 12 años en la Secretaría de Educación, para pagar 1 millón 485 mil pesos por cambiar el beneficiario y poner a su nombre 48 cheques, para después cobrar 742 mil 821 pesos.

Le sigue Jesús de la Rosa Anaya con un daño patrimonial de 136 mil pesos por el endosar 7 cheques sin tener derecho a ello, por lo que debe pagar 272 mil 074 pesos, equivalentes a 111 salarios mínimos, cuya medida es de 80 pesos. Tenía 9 años de antigüedad al momento de la inhabilitación.

Por último, Alexander García debe pagar una multa de 119 mil pesos por desviar recursos de 3 cheques que asciende a un monto total de 59 mil 514 pesos.

Con dos años laborando en el área, el ex funcionario de SEBS fue sancionado, al igual que sus ex compañeros, a no poder trabajar en áreas de gubernamentales del Estado por 5 años.

La sanción económica se fija por concepto de retribución “al doble del daño obtenido” por las irregularidades acreditadas.

Los tres trabajadores no comparecieron ni entregaron documentación en su defensa durante la auditoría realizada por Contraloría, incluso el 12 octubre de 2017 no acudieron a manifestar lo que a su derecho conviniera ni, nuevamente, ofrecieron probanza a su favor, por lo que se le tuvo por perdido su derecho.

Solamente presentaron por escrito la imposibilidad de comparecer por motivos médicos exhibiendo un certificado médico que no fue su suficiente para justificar su inasistencia, pues dicho certificado adolecía del nombre del médico que lo expidió, cédula y padecimiento diagnosticado.

En el caso de Lucía Villarreal fue la única que se presentó pero sus argumentos de defensa fueron considerados por la Contraloría como insuficientes para desvirtuar su responsabilidad ya que le replicaron que incumplió con el principio de legalidad porque era su obligación conocer, cumplir, y hacer cumplir las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que regulen el ejercicio de sus funciones.

La ex Coordinadora de la Beca Progreso manifestó que debería de absolverse del procedimiento porque no le podían imputar responsabilidad de terceros, pues en todo caso, quienes causaron los daños a la Hacienda y simularon actos para obtener beneficios personales fueron los denunciados por ella misma.

La dependencia estatal le respondió que las erogaciones que causaron daño patrimonial no se encuentran justificadas en virtud de no existir documento alguno que determine la obligación de realizar esos pagos, “valiéndose (Lucía Villarreal) como medida de ejecución de una conducta de acción al intervenir en la liberación del recurso económico mediante las cartas de instrucción a la Fiduciaria.

Dinero destinado a Beca Progreso

El Fideicomiso del Programa de Insumos y Mantenimiento para el Mejoramiento del Entorno Educativo (Beca Progreso) fue creado el 26 de diciembre del 2008 con la publicación de la reglas de operación.

Desde que fueron detectadas las irregularidades y desvío de recursos en 2013 a la fecha se han destinado 1 billón 344 mil millones de pesos: en 2013 se asignaron 334 millones; en 2014, 331 millones; en 2015, 344 millones; en 2016, 335 millones; y para este año tuvo presupuesto de 0 pesos.

El Programa Beca Progreso entró en un proceso de extinción a partir del presente año, por lo que actualmente no cuenta con un Programa Operativo Anual ni Presupuesto Autorizado.