Acribillan a Castro Crespo, presidente de Barra de Abogados de BC 


Antonio Heras

Mexicali.- El presidente del Colegio de la Barra de Abogados en el Ejercicio Libre de Derecho, José Castro Crespo, fue ejecutado por un sicario en las inmediaciones de su rancho en el ejido Islas Agrarias B de la zona agrícola de la capital de Baja California.

El ataque armado se registró durante la tarde de este sábado, alrededor de las 15 horas, en un predio de su propiedad ubicado al oriente de la zona urbana, detrás del campo de beisbol. Su muerte se registró en una ambulancia cuando se encontraba en el trayecto a un centro hospitalario.

Castro Crespo fue candidato por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) a diputado para el Congreso de Baja California por el distrito 5 en las elecciones intermedias del 2016.

El abogado litigaba asuntos de delitos federales y del fuero común; en los ultimos tiempos se encontraba al frente de un caso de secuestro donde se involucraba a agentes policiacos, de acuerdo a sus declaraciones.

Este año, Castro Crespo fue elegido por segundo periodo consecutivo como presidente de la Barra de Abogados que se ha significado por sus duras críticas a la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal.

En

Admiten a indígenas amparo por instalación de desaladoras de BC

Antonio Heras

Mexicali.-El Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparos y Juicios Federales en Tijuana admitió el amparo solicitado por indigenas originarios y residentes de Baja California contra la instalación de plantas desaladoras de agua de mar promovidas por el gobernador Francisco Vega de Lamadrid y aprobadas por el Congreso local.

Estas plantas a edificarse en el municipio de Playas de Rosarito y en el poblado de San Quintín, al sur del puerto de Ensenada, las construirían las empresas Aguas de Rosarito y Desaladora Kenton, integradas exprofeso por compañías extranjeras y nacionales, a partir de contratos firmados bajo la figura de asociaciones público privadas.

De acuerdo al expediente 1970/2017 del Poder Judicial de la Federación, la audiencia incidental se realizará durante la mañana del 26 de enero de 2018 en las instalaciones judiciales de esa ciudad fronteriza, ubicadas en Zona Río.

La solicitud de amparo, presentada por indígenas mixtecos, mazahuas, otomís y kumiais residentes en Tijuana, Rosarito, Tecate y Ensenada, señala que no se realizó  una consulta para aprobar estos proyectos, un derecho indígena irrenunciable, que dejarían comprometidos como mínimo, más de 80 mil millones de pesos a pagar por el gobierno y los usuarios de agua, durante 37 años.

La Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indigenas de la Secretaría de Gobernación anunció que se mantendrá expectante al desarrollo del recurso promovido por los representantes de los pueblos nativos y residentes, toda vez que realizan la asesoría y acompañamiento jurídico del amparo federal.

El comisionado Jaime Martinez Veloz sostuvo que la consulta previa e informada es básica para estos proyectos, de lo contrario se viola lo dispuesto en el articulo 1 de la Constitución General de México.

En tanto, trascendió que activistas y organizaciones civies de Mexicali presentarán recursos similares para evitar la construcción de las plantas desaladoras bajo el argumento que representa la privatización del derecho fundamental del agua, además del endeudamiento público de la entidad. Este jueves, el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparos y Juicios Federales en Mexicali admitió una petición de protección de la justicia federal realizada por varias organizaciones para frenar el contrato de la construcción del centro de mando policial (C5i), con un costo de 800 millones de pesos.

Los grupos parlamentarios opositores en el Congreso de Baja California anunciaron que, antes del 3 de enero de 2018, interpondrán una acción de inconstitucionalidad por la aprobación del PAN y PRD de cinco proyectos de APPs, incluidas las dos desaladoras de agua de mar.

Más de 480 mdp representa consumo anual de cigarros en cárceles de BC; Prohíben su venta en 2018

Antonio Heras

Mexicali.- Con la prohibición de la venta de cigarros en los establecimientos comerciales de los penales se pretende la certificación de los Centros de Reinserción Social de Baja California como espacios libres de humo de tabaco.

Este fin de semana será el último que se expendan cigarrillos para los internos en las Unidades de Abastecimiento de los penales  de Mexicali, Tijuana y Ensenada, cuyo consumo alcanza los 480 millones de pesos anuales.

Esta prohibición entrará en vigor a partir del primer lunes de 2018, de acuerdo al anuncio del subsecretario del Sistema Penitenciario del Estado, David Limón Grijalva, quien señaló que esta medida forma parte de las estrategias para garantizar una población de personas privadas de la libertad en óptimas condiciones de salud y un tratamiento eficaz en contra de las adicciones.

Dijo que desde los traslados de internos de Ceresos de otras entidades del país al Complejo Penitenciario del Hongo se empezó a aplicar la reducción en la venta de cigarros hasta convertirse, junto con el Centro de Tratamiento para Adolescentes de Mexicali, en un “Espacio 100% Libre de Humo de Tabaco” certififado por la Secretaría de Salud.

“Detectamos que a partir de la primera implementación el pasado mes de julio no hubo quejas, ni amparos, ni inconformidades, lo cual nos ayuda en la capacidad de destinar el recurso a otros rubros ya que el consumo de cigarro genera un costo mensual de aproximadamente 40 millones de pesos”, explicó Limón Grijalva.

Adelantó que se pondrá más variedad de productos clasificados en una alimentación más sana, de mayor calidad, lo que propiciará que los internos “se mantengan distraídos y, sobre todo, con un mejor ánimo lo que les ayudará en su tratamiento de reinserción.

Otra de las prioridades para el sistema penitenciario, agregó, es la salud de la población interna y al estar libres de humo de tabaco se evita la aparición de enfermedades ocasionadas por el consumo de cigarro.

Limón Grijalva aseguró que esta prohibición les ayuda en el combate a las adicciones por la nicotina, un estimulante que contienen los cigarros, “entonces hay personas con las que estamos trabajando que son adictos a la marihuana entonces dejaron de consumir al ingresar pero adquieren una nueva adicción.

Emite CNDH recomendación a alcalde Tijuana y comisionado de Migración por detención y deportación arbitaria de una mujer

Antonio Heras

Mexicali.- Por violaciones a los derechos humanos a la nacionalidad de una mujer, a su libertad y seguridad, asi como a la privacidad y protección de sus datos personales, la Comision Nacional de Derechos Humanos emitió la Recomendación 68/2017 al comisionado del Instituto Nacional de Migración, Ardelio Vargas, y al alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastélum.

La mujer que cuenta con nacionalidad mexicana y estadunidense fue detenida de manera arbitraria por policías de Tijuana que la presentaron a medios de comunicación por un supuesto delito cometido en Estados Unidos y la turnaron al juzgado municipal.

Durante su detención, las autoridades municipales permitieron se le fotografiara, proporcionaron detalles de su detención y se le señaló como responsable de la comisión de un ilícito, lo cual fue publicado en diversos medios de comunicación, por lo que la víctima sufrió afectación de su fama pública, violándose sus derechos a la privacidad y a la protección de sus datos personales.

Mas tarde la trasladaron a las oficinas del INM donde fue deportada en menis de 12 horas sin cubrir el protocolo de extradición, le hicieron firmar documentos sin permitirle leerlos donde señala que es estadounidense, que fue detenida por causar molestias en la vía pública y deseaba regresar a su país “lo más pronto posible” y la entregaron en la garita Tijuana-San Diego para permanecer en un centro de detención durante 60 días.

Además la CNDH anunció que se presentarán denuncias ante la PGR y la PGJE y quejas ante el Órgano Interno de Control del INM y la Sindicatura Municipal en contra de oficiales federales y agentes municipales.

A Vargas Fosado le pidió también reparar el daño ocasionado a la agraviada de acuerdo a la Ley General de Víctimas, mientras que a Gastélum Buenrostro se le pidió gestionar la eliminación de publicaciones en medios electrónicos de comunicación que proporcionen datos personales de la afectada.

A ambos funcionarios se les pidió capacitar a su personal sobre derechos humanos e integrar a sus expedientes de los servidores públicos involucrados.

Decomisan cargamento de totoaba en Aeropuerto de Tijuana 


Antonio Heras

Mexicali.- Un cargamento de filete de totoaba, especie en peligro de extinción, fue decomisado por agentes federales en el Aeropuerto Internacional de Tijuana, dio a conocer la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

El cargamento, cuyo destino era el municipio fronterizo de Tecate, se detectó en la zona de recepción de mercancías de una empresa de servicios de paquetería en el puerto aéreo.

En dos hieleras se encontraron 52 filetes de totoaba empaquetados al vacío, cuya captura y comercialización está prohibida, toda vez que cuenta con la protección de la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010.

Esta especie que llega a medir hasta dos metros es endémica de la Reserva de la Biósfera del Alto Golfo de California.

Durante este año, la Universidad Autónoma de Baja California liberó en Puertecitos, al sur de San Felipe, a 20 mil crías de totoaba macdonaldi, dentro de un programa de la Unidad de Biotecnología en Piscicultura de la Facultad de Ciencias Marinas.

Muere de un balazo en clínica de Palaco

Antonio Heras/ Lindero Norte

Mexicali.- Un hombre fue asesinado en Mexicali por un disparo de arma de fuego durante la tarde de este miércoles 27 de diciembre, confirmaron fuentes policiacas.

La víctima murió en una clínica particular de la calle Cuarta en la colonia González Ortega, al oriente de la capital de Baja California.

De manera preliminar se dio a conocer que el hombre fue agredido con una pistola alrededor de las 19 horas y falleció cuando era atendido en el nosocomio.

Solicitan activistas amparo para cancelar C5i y más endeudamiento público

Antonio Heras

Mexicali.- La organización Mexicali Resiste presentó ante el Poder Judicial de la Federación un amparo contra la aprobación en el Congreso de Baja California del Centro de Control, Comando, Comunicaciones e Inteligencia (C5I) consistente en cámaras de vigilancia y monitoreo, arcos de seguridad, botones de pánico y herramientas digitales para análisis de información.

Esta organizacion de activistas solicitó el amparo y protección de la justicia federal, a través del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en Mexicali, por considerar que repercute en un endeudamiento público de 800 millones de pesos pagaderos durante 10 años.

Mexicali Resiste pasó de las protestas y manifestaciones públicas a la lucha jurídica en la defensa de derechos humanos, como en el caso del agua, y del incremento de la deuda pública de la entidad que en la actualidad es de 21 mil millones de pesos.

Por la presión social, luego de las megamarchas en la capital de Baja California por el aumento federal de la gasolina y la privatización del agua, en marzo de este año se abrogó la Ley del Agua, además de lograr la eliminación del pago de canje de placas vehiculares de circulación y del fuero constitucional a representantes populares locales.

Este recurso jurídico presentado hace cinco días, el 22 de diciembre, pretende dar marcha atrás a la aprobación del Dictamen 94 que se aprobó en el pleno del Congreso local por el que se autoriza al Gobierno de Baja California un gasto de 800 millones de pesos para la adquisición de equipo y herramientas de tecnología destinados a “fortalecer el trabajo de la Secretaría de Seguridad Pública ante los índices de violencia que se registran en Baja California”.

La resolución legislativa permite la contratación multianual de una empresa que realice el “Sistema Integral de Infraestructura e Interconexión Tecnológica para la Seguridad Pública de Baja California”, proyecto que se pagará en un periodo de hasta 10 años, a partir de mensualidades de 6 millones 600 mil pesos mensuales con la posibilidad de suscribir una carta de crédito o fijar las garantías para responder a su cumplimiento.

En la petición de amparo de la justicia federal se advierte también que este proyecto estaba considerado para realizarse a través de la figura de Asociación Público Privada bajo el nombre de “Sistema Integral de Enlace y Monitoreo para el Estado de Baja California”, aprobado en el Congreso y publicado en el Periódico Oficial el 30 de diciembre de 2016, junto con otras seis obras de infraestructura mediante APPs. Incluso el contrato asentado en el acuerdo APP-EXORD8-2016-01 establece que la conservación y mantenimiento se realizará durante 22 años, en los cuales el gobierno de Baja California se compromete a pagar mensualmente 17 millones 667 mil 590 pesos: 13 millones 700 mil pesos por tarifa fija de operación y mantenimiento y 3 millones 900 mil por tarifa de inversión. En otras palabras, durante cuatro sexenios se pagarían 4 mil 664 millones 243 mil pesos.

Al aprobarse el decreto 94, en diciembre de 2017, bajo la modalidad de licitación de obra pública por 800 millones de pesos, los congresistas dejaron vigente el contrato firmado con antelación con la empresa Seguritech por poco más de 4 mil 664 millones de pesos.

Una de las cláusulas señala que la rescisión del contrato implica el pago de gastos e inversión por estudios efectuados en esta obra.

Los recurrentes a la protección del Poder Judicial de la Federación señalaron que el Gobierno de Baja California está en posibilidad de hacer esta obra de infraestructura, ya sea a través de APPs o de contrato de obra, pues ambas están vigentes y coinciden en el endeudamiento público.

La respuesta judicial se emitirá durante la tarde de este jueves por lo que abogados y una comisión de Mexicali Resiste acudirán al Juzgado Sexto de Distrito.

Esta misma semana se presentarán cuatro recursos más de organizaciones sociales y partidos politicos para revertir la aprobación del Dictamen 95 de la mayoria panista con el PRD que autorizó la contratación de seis obras de APPs, entre ellas dos desaladoras, con una carga financiera de 82 mil millones de pesos.

La primera solicitud de amparo federal la presentó el 21 de diciembre un grupo de representantes indígenas originarios y residentes en Baja California al considerar que se violó el artículo 1 constitucional por omitir la “consulta previa, libre e informada” que constituye un derecho irrenunciable de los pueblos indigenas, en estos proyectos que realizarán las compañías Aguas de Rosarito, Desaladora Kenton, Operadora de Pluviales de Mexicali, Relogar, Inver Infraestructuras e Ingeniería de Bombas.

El Juzgado Cuarto de Distrito de Amparos y Juicios Federales en Tijuana admitió esta petición de amparo contra el decreto 168 publicado por el gobierno estatal.