PRI y PBC también anuncian acto de inconstitucionalidad contra aprobación de Dictamen 95


Lindero Norte
Mexicali.- Las dirigencias de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y la del Estatal de Baja California (PBC) rechazaron la aprobación del Dictamen que contemplan los contratos bajo la figura de Asociación Público Privadas (APPs) de dos desalinizadoras.

El PRI Baja California en coordinación con la bancada del partido en el Congreso local anunció que irá por la nulidad y la inconstitucionalidad de la sesión extraordinaria y el proceso legislativo del pasado viernes.

El presidente del Comité Directivo Estatal, David Ruvalcaba Flores indicó que al validar estas dos obras hídricas “se endeuda de manera estratosférica durante décadas al Estado”

Sí tuvo que la mayoría panista, instruida por el gobierno del Estado, violó la Ley Orgánica al convocar de manera errónea a unos cuantos legisladores a la Sesión Extraordinaria, pero además al no incluir en dicho documento, el orden del día.

Señaló que es muy grave dicha situación, pero “aún más trágico y grotesco es que se haya empeñado el futuro de Baja California durante décadas”, pues la ciudadanía deberá pagar por 35 años la planta desaladora de Playas de Rosarito, entre otras obras.

En ese sentido, apuntó que la reserva aprobada y propuesta por la Comisión de Hacienda, abre la puerta a que otros proyectos de asociación público privada, sirvan para endeudar a los bajacalifornianos.

Por su parte, el Partido de Baja California (PBC) aseveró que casi toda la bancada del PAN mayoriteo un endeudamiento de más de 80 mil millones de pesos, a costa del bolsillo de las familias bajacalifornianas, el cual se realizó mediante una sesión “totalmente irresponsable, arbitraria y con falta de transparencia en el Congreso”.

El presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de Baja California expuso que los residentes de los cinco municipios no deben seguir soportando que se atente contra la dignidad de los bajacalifornianos y el buen funcionamiento de las instituciones “con procesos irregulares, amañados y opacos”.

“Necesitamos representantes populares que atiendan a la ciudadanía, que garanticen el respeto a sus derechos y necesidades, pero acciones como la aprobación “fast track” de este dictamen de este dictamen, pone en evidencia los intereses de las fuerzas políticas que lo aprobaron”, manifestó.

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