Solicitan indígenas de BC amparo federal por aprobación inconstitucional de desaladoras

Antonio Heras 

Mexicali.- Índígenas originarios y residentes de Baja California solicitaron el amparo y la protección de la justicia federal en contra del Decreto 168 del Congreso del Estado que autoriza a compañías privadas la construcción de plantas desaladoras al advertir que violenta lo dispuesto en el artículo 1 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales y las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En este acto legislativo y administrativo se omitió “la consulta previa, libre e informada a las que están obligadas las autoridades y que constituyen un derecho irrenunciable de los pueblos indígenas de México y, en este caso, de quienes residen en territorio bajacaliforniano”.

A propuesta del gobierno local, la Cámara de Diputados aprobó la realización de mega proyectos, desaladoras de agua de mar y obras de infraestructura, a través de la figuras de Asociaciones Público Privadas, que según los peticionarios afectarán la vida de los bajacalifornianos.

Con la asesoria jurídica de la Comisión para el Diálogo de los Pueblos Indígenas de México de la Secretaría de Gobernación (Segob) el amparo se presentó ante el Juzgado Cuarto de Distrito en materias de Amparo y Juicios Federales en Tijuana del Poder Judicial de la Feferación con el registro 7815/2017.

Los representantes de las comunidades mixteca, kumiai, mazahua, purépecha y otomí en esta frontera presentaron este viernes 22 de diciembre de 2017 el juicio de amparo directo contra el Decreto 168 por el que se autoriza la contraración de las empresas Aguas de Rosarito, Desaladora Kenton, Operadora de Pluviales de Mexicali, Relogar, Inver Infraestructuras e Ingeniería de Bombas.

Las desaladoras que construirían Aguas de Rosarito y Desaladora Kenton tendría una carga financiera de 82 mil millones de pesos a pagar por los usuarios del agua en Tijuana, Playas de Rosarito, Tecate y Ensenada durante 35 años y en caso de algún adeudo se comprometió el pago de 149 millones de pesos mensuales a la recaudación del ISPT.

Esta decisión también afecta el contenido del convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indigenas y Tribales de Paises Independientes, señalaron el mixteco Fulgencio Cruz Pablo, la mazahua Luisa Ignacia Ramírez Segundo y el otomí José Alejo Fernández.

Con el voto de 12 panistas y una perredista, el 1 de diciembre se aprobó este decreto en una sesión extraordinaria del Congreso del Estado que fue convocada horas antes para evitar la presencia de organizaciones civiles opositoras al endeudamiento del erario, entre ellas Mexicali Resiste.

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