Solicitan activistas amparo para cancelar C5i y más endeudamiento público

Antonio Heras

Mexicali.- La organización Mexicali Resiste presentó ante el Poder Judicial de la Federación un amparo contra la aprobación en el Congreso de Baja California del Centro de Control, Comando, Comunicaciones e Inteligencia (C5I) consistente en cámaras de vigilancia y monitoreo, arcos de seguridad, botones de pánico y herramientas digitales para análisis de información.

Esta organizacion de activistas solicitó el amparo y protección de la justicia federal, a través del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en Mexicali, por considerar que repercute en un endeudamiento público de 800 millones de pesos pagaderos durante 10 años.

Mexicali Resiste pasó de las protestas y manifestaciones públicas a la lucha jurídica en la defensa de derechos humanos, como en el caso del agua, y del incremento de la deuda pública de la entidad que en la actualidad es de 21 mil millones de pesos.

Por la presión social, luego de las megamarchas en la capital de Baja California por el aumento federal de la gasolina y la privatización del agua, en marzo de este año se abrogó la Ley del Agua, además de lograr la eliminación del pago de canje de placas vehiculares de circulación y del fuero constitucional a representantes populares locales.

Este recurso jurídico presentado hace cinco días, el 22 de diciembre, pretende dar marcha atrás a la aprobación del Dictamen 94 que se aprobó en el pleno del Congreso local por el que se autoriza al Gobierno de Baja California un gasto de 800 millones de pesos para la adquisición de equipo y herramientas de tecnología destinados a “fortalecer el trabajo de la Secretaría de Seguridad Pública ante los índices de violencia que se registran en Baja California”.

La resolución legislativa permite la contratación multianual de una empresa que realice el “Sistema Integral de Infraestructura e Interconexión Tecnológica para la Seguridad Pública de Baja California”, proyecto que se pagará en un periodo de hasta 10 años, a partir de mensualidades de 6 millones 600 mil pesos mensuales con la posibilidad de suscribir una carta de crédito o fijar las garantías para responder a su cumplimiento.

En la petición de amparo de la justicia federal se advierte también que este proyecto estaba considerado para realizarse a través de la figura de Asociación Público Privada bajo el nombre de “Sistema Integral de Enlace y Monitoreo para el Estado de Baja California”, aprobado en el Congreso y publicado en el Periódico Oficial el 30 de diciembre de 2016, junto con otras seis obras de infraestructura mediante APPs. Incluso el contrato asentado en el acuerdo APP-EXORD8-2016-01 establece que la conservación y mantenimiento se realizará durante 22 años, en los cuales el gobierno de Baja California se compromete a pagar mensualmente 17 millones 667 mil 590 pesos: 13 millones 700 mil pesos por tarifa fija de operación y mantenimiento y 3 millones 900 mil por tarifa de inversión. En otras palabras, durante cuatro sexenios se pagarían 4 mil 664 millones 243 mil pesos.

Al aprobarse el decreto 94, en diciembre de 2017, bajo la modalidad de licitación de obra pública por 800 millones de pesos, los congresistas dejaron vigente el contrato firmado con antelación con la empresa Seguritech por poco más de 4 mil 664 millones de pesos.

Una de las cláusulas señala que la rescisión del contrato implica el pago de gastos e inversión por estudios efectuados en esta obra.

Los recurrentes a la protección del Poder Judicial de la Federación señalaron que el Gobierno de Baja California está en posibilidad de hacer esta obra de infraestructura, ya sea a través de APPs o de contrato de obra, pues ambas están vigentes y coinciden en el endeudamiento público.

La respuesta judicial se emitirá durante la tarde de este jueves por lo que abogados y una comisión de Mexicali Resiste acudirán al Juzgado Sexto de Distrito.

Esta misma semana se presentarán cuatro recursos más de organizaciones sociales y partidos politicos para revertir la aprobación del Dictamen 95 de la mayoria panista con el PRD que autorizó la contratación de seis obras de APPs, entre ellas dos desaladoras, con una carga financiera de 82 mil millones de pesos.

La primera solicitud de amparo federal la presentó el 21 de diciembre un grupo de representantes indígenas originarios y residentes en Baja California al considerar que se violó el artículo 1 constitucional por omitir la “consulta previa, libre e informada” que constituye un derecho irrenunciable de los pueblos indigenas, en estos proyectos que realizarán las compañías Aguas de Rosarito, Desaladora Kenton, Operadora de Pluviales de Mexicali, Relogar, Inver Infraestructuras e Ingeniería de Bombas.

El Juzgado Cuarto de Distrito de Amparos y Juicios Federales en Tijuana admitió esta petición de amparo contra el decreto 168 publicado por el gobierno estatal.

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