Presentan diputados de 6 partidos acción de inconstitucionalidad en SCJN por desaladoras

Antonio Heras

Mexical – Diputados opositores al Partido Acción Nacional y sus aliados (PRD y MC) en  el Congreso de Baja California presentaron una acción de inconstitucionalidad por la aprobacion del dictamen 95 que permite la construcción de obras de infraestructura en la entidad mediante contratos con compañias de la iniciativa privada.

Este dictamen, publicado como el decreto 168 en el Periodico Oficial del Estado, se considera una carga financiera de 82 mil millones de pesos para la construcción de seis obras, entre ellas dos plantas desaladoras de agua de mar, cuya garantía de pago la determinó el bloque mayoritario panista, mcista y perredista en la recaudación gubernamental del Impuesto Sobre el Producto del Trabajo durante 35 años.

Los diputados de oposición sustentan la acción de inconstitucionalidad por la decisión del Poder Legislstivo del Estado de declinar la responsabilidad de legislar y diseñar el Presupuesto de Egresos en cada ejercicio fiscal al comprometer ingresos anuales durante más de tres décadas hasta 2053.

El recurso jurídico fue presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 3 de enero de 2018 por 11 diputados locales de cinco grupos parlamentarios y el legislador panista Miguel Antonio Osuna Millán.

Los congresistas que presentaron la acción de institucionalidad son Catalino Zavala y Morán de MORENA, Luis Moreno del PES, Jorge Eugenio Nuñez del PBC, Claudia Agatón del PT y los priistas Bernardo Padilla, Alejandro Arregui,  Marco Antonio Corona Bolaños Cacho;  Benjamín Gómez y Patricia Ríos.

El 1 de diciembre de 2017, el presidente del Congreso del Estado, Raúl Castañeda Pomposo, citó a sesión extraordinaria de manera abrupta y selectiva para garantizar la presencia de los 13 diputados y sus aliados para votar el dictamen que posibilitaría la participación de consorcios internacionales en la desalación de agua del Océano Pacífico para usuarios domiciliarios, comerciales e industriales de Tijuana, Rosarito y Tecate, a través de la empresa Aguas de Rosarito, que facturará 63 mil millones de pesos durante 35 años de usuarios o del ISPT recaudado por el gobierno estatal en seis administraciones.

El Poder Judicial de la Federación admitió el 22 de diciembre de 2017 un amparo solicitado por los indigenas nativos y residentes de Baja California por la omisión de una consulta para la realización de estos proyectos de iniciativa privada, un derecho irrenunciable de los pueblos originarios, asentados en el artículo 1 de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos. 

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