Necesario encuadrar APPs en marco del Sistema Anticorrupción: ASF

Antonio Heras

Mexicali.- Para la Auditoría Superior de la Federación (ASF) es necesario adecuar leyes para insertar la figura de Asociaciones Público-Privadas en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción donde se cuente sin excepción con las versiones definitivas de los proyectos ejecutivos antes de iniciar cualquier obra de infraestructura y servicios con este mecanismo de financiamiento.

Además de realizar las modificaciones a la Ley de Obras Públicas y a la Ley de Asociaciones Público-Privadas, consideró que la vigilancia de estas figuras de financiamiento de obra pública e involucrar de manera efectiva a la esfera privada robustecería el papel del Estado al compaginar la lucha anticorrupción y la mejora al sector público.

En el Informe de Resultados de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2016, la ASF propuso homologar los criterios de actuación de dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, iniciativa privada, organismos no gubernamentales y demás instituciones que participan en la promoción y construcción de la infraestructura nacional con el propósito de contar con “proyectos ejecutivos oportunos y completos”.

El máximo órgano de fiscalización del país recomendó al Poder Legislativo que analice la viabilidad de adecuar la legislación en materia de obras públicas y servicios para establecer la obligatoriedad de contar con versiones definitivas del proyecto ejecutivo antes de iniciar cualquier obra de infraestructura, sin excepciones.

Con base en los resultados de la fiscalización de diversas cuentas públicas se identificaron, aseguró la ASF, que para asegurar la correcta aplicación de las APPs se deben vigilar la justificación suficiente de la factibilidad de beneficios en comparación con otros mecanismos de financiamiento, los mecanismos de transparencia respecto a los precios ofertados por maquinaria, mano de obra, equipo y financiamiento para asegurar que son consistentes con los valores de mercado, cumplimiento del equilibrio de distribución de riesgos técnicos, financieros, ejecución de obra o eventualidades entre las partes y certeza en los parámetros de evaluación de los proyectos, de su supervisión y control.

En 2015, la ASF advirtió que los mecanismos de financiamiento alternativo, el régimen de empresas productivas del Estado y las APPs se convirtieron en mecanismos de simulación y operaciones que se traducen en defraudación de recursos públicos por lo que se requiere aclarar el monto de inversión, el costo de financiamiento y el márgenes de utilidad de los participantes en estas obras de infraestructura que cuentan además con secreto fiduciario.

A propósito de la los contratos Odebrechet, OHL y las APPs se creó en la Cámara de Diputados una comisión investigadora de funcionamiento de los organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria para revisar las operaciones y contratos de infraestructura y servicios particulares, de acuerdo a fuentes periodísticas.

APPs y Baja California

La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió un recurso de inconstitucionalidad de un dictamen del Congreso de Baja California que dio origen al decreto 168 del Gobierno del Estado que autoriza la aprobación de seis obras de infraestructura, entre ellas dos plantas desaladoras de agua de mar bajo este mecanismo de financiamiento.

Con una inversión de casi 278 millones de pesos, la empresa Visión construyó la comandancia de la Policía Estatal Preventiva en Tijuana bajo la figura de APP.

Para ello, el gobierno estatal se obliga a pagar una mensualidad de 3 millones 069 mil pesos durante 15 años por la edificación, operación y mantenimiento de la comandancia de la corporación estatal por lo que obtendría 36 millones 828 mil pesos anuales y en total 552 millones de pesos, prácticamente lo doble por el financiamiento.

El gobierno de Baja California aseguró en un comunicado que este mecanismo genera ahorros significativos al arrendamiento de espacios para la PEP, además que en 15 años el inmueble será de su propiedad, de acuerdo al contrato de APPs.

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