Falta de peritos contables y complejidad de auditorías complica investigación en caso CAMAC: PGJE

Jorge Heras / Lindero Norte
Mexicali.- Lo complejo de los dictámenes y auditorias financieras en las denuncias de maestros en contra de cajas de ahorro magisterial han hecho que se tenga mayor detenimiento en el proceso de integración de la carpeta de investigación, aseguró la Procuradora de Justicia del Estado, Perla del Socorro Ibarra.

La Fiscal dijo a Lindero Norte que actualmente los abogados de los profesores jubilados están trabajando con el Ministerio Público para fortalecer las indagatorias, por lo que todavía no cuentan con una fecha para culminar con la carpeta.

“Este es un tema con un trabajo acucioso, sobre todo en los dictámenes de tipo financiero y administrativo que se está trabajando en la investigación, pues son muchas las denuncias de las personas de los socios de las cajas de ahorro”, sostuvo.

La titular de la PGJE admitió que carece de personal especializado para este tipo de investigaciones, como es el caso de peritos contables.

Sin embargo, reveló que en los casos de las cajas de ahorro CAMAC y ASOMA la Secretaria de Planeación y Finanzas del Estado proporcionó este tipo de peritos para trabajar en las indagatorias.

“Les hemos mencionado a los ciudadanos que cuando el Ministerio Público requiere de personal especializado nosotros vemos de donde obtener el apoyo”, indicó.

Desde 2016, los ahorradores interpusieron denuncias por los delitos de administración fraudulenta, fraude y abuso por retención, informaron a Lindero Norte. Las últimas denuncias se presentaron en mayo y en noviembre de 2017 en contra de la presidenta de la Caja Magisterial de Mexicali AC (CAMAC)., Consuelo Dalila Carrillo Tirado y otros diez integrantes de la mesa directiva, entre los que se encuentra la diputada federal panista Luz Argelia Paniagua, quien fungió como tesorera entre el 30 de mayo de 2015 y 4 de octubre de 2017, según los actos protocolizados en la Notaria 5 y documentado en la partida 5201092 del Registro Público de la Propiedad y de Comercio.

Se trata de un grupo de mil 173 profesores y trabajadores de la educación, en su mayoría jubilados, quienes denunciaron fraude por mil 700 millones de pesos.

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