Justifica “Kiko” Vega contratos y operación de plantas desaladoras en BC

Antonio Heras

Mexicali.- El gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, justificó las asociaciones público privadas para dotar de agua a los municipios de la zona costa de la entidad, sobre todo a Tijuana.

Advirtió que existe agua suficiente en la entidad pero está en Mexicali por lo que además del acueducto Rio Colorado-Tijuana se requiere tener una segunda fuente de abastecimiento como es el caso de las plantas desaladoras de agua de mar de Playas de Rosarito y San Quintin.

Vega de Lamadrid criticó a los movimientos de resistencia civil que definió como grupos políticos que se oponen a las desaladoras y además de su “negación, ¿qué proponen?”, cuestionó al tiempo de pedirle a la sociedad que “no se dejen engañar porque el agua no es para venta en Estados Unidos, es para los bajacalifornianos”.

“Que los grupos y movimientos sociales organizados nos lo digan, pero que no lo inventen, que además prueben lo que dicen… no le hagan caso a publicaciones falsas ni a memes”, sostuvo.

Luego de precisar que un estudio de la Comisión Nacional del Agua determinó la viabilidad de proyectos de desaladoras para abatir la gravedad en el suministro de agua para la zona costa, explicó que este verano se registró un incremento del 20 por ciento en el consumo de agua en Tijuana por las altas temperaturas en la región.

El mandatario estatal explicó que las desaladoras serán una fuente alterna para dotar de agua a más de 2 millones de habitantes de la entidad que residen en los municipios de Zona Costa. “Imagínense si cualquier cosa le pasara al acueducto que lleva agua a Tijuana, y que este tuviera que parar interrumpiendo el flujo de agua, el gran problema que enfrentariamos”, apuntó.

Los partidos de oposición y los grupos de resistencia se oponen a estos proyectos por el costo de los contratos que superan los 83 mil millones de pesos de la operación en 25 años.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró improcedente la acción de inconstitucionalidad presentada por 11 diputados locales en contra de la aprobación de seis contratos de APPs en el Congreso de Baja California, en el que se incluyen las desaladoras de San Quintín y Rosarito.

 

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