Obtienen copia de contrato de planta desaladora de Rosarito para denuncia por privatizacion de agua

ntonio Heras

Mexicali

Es un viacrucis el camino de la transparencia en Baja California, advirtió el abogado Fernando Rosales quien hace un año solicitó al Congreso del Estado copias certificadas del contrato de la construcción de la planta desaladora de Playas de Rosarito.

Esta obra corresponde a uno de los contratos de infraestructura pública bajo la figura de asociaciones público-privadas que pretende desalar agua de mar para destinarla al suministro de Tijuana y Rosarito, principalmente, aunque los movimientos de resistencia social aseguran que la empresa Aguas de Rosarito busca comercializarla en Estados Unidos.

Rosales convocó a una colecta para pagar las copias certificadas del contrato que representó 15 mil pesos, menos del 10 por ciento que el Congreso fijó como pago de derechos, cantidad que fue reconsiderada para que los ciudadanos contaran con documentos oficiales donde se consignan las condiciones para la contraración de la empresa privada por 35 años donde recibirá mas de 60 mil millones de pesos por el servicio de agua con una garantia de pago de la recabación estatal del Impuesto sobre la Renta.

Tarde pero la justicia llega, sostuvo Rosales, abogado de algunos juicios contra integrantes de movimientos de resistencia civil, incluidos lo casos de Jorge Benítez y León Fierro.

Las copias certificadas representan un documento oficial para presentar denuncias para detener la construcción de esta planta desaladora que representa la privatizacion del agua, señalaron activistas.

Para la obtención de esta información pública se tuvo que recurrir en tres ocasiones al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Baja California (ITAIPBC), quien ordenó en primer instancia al Congreso del Estado que desclacificara la documentación, toda vez que se encontraba reservada sin acceso al público; luego hizo un llamado a ma Unidad de Transparencia del Poder Legislativo para que disminuyera el costo de las copias que superaba el millón de pesos.

Por último, luego de que se fijó el costo de las copias certificadas en 15 mil 600 pesos, el ITAIP volvió a ordenar al Congreso a que emitiera un recibo para que se pagara de manera formal la recepción de la documentación.

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