Caso CECYTEBC. Gobierno nunca probó peculado ni desvío de recursos a 6 ex empleados

Antonio Heras

Mexicali.- La denuncia del Gobierno de Baja California por peculado y desvío de recursos de más de 55 millones de pesos, en un supuesto caso de corrupción en el CECYTE, resultó infundada para el Poder Judicial de la Federación y el Tribunal Contencioso Administrativo pues nunca probaron desvío de recursos ni peculado.

Con base en una auditoría financiera de la Contraloría del Estado que duró cuatro años ya revisados por el Órgano Superior de Fiscalización y aprobados por el Congreso local, hace casi una década, en marzo de 2009, el gobierno anunció daño patrimonial de seis servidores públicos.

Sin embargo, en juicios independientes por la naturaleza penal y administrativa, al valorarse las pruebas de la Dirección de Auditoría Gubernamental determinaron por separado que eran insubsistentes para incluso emitir una sentencia o una sanción administrativa.

El caso de los seis involucrados se concentró en el expediente 127/2009 del Juzgado Quinto de lo Penal del Poder Judicial de Baja California; cinco han sido absueltos penalmente y solo el del ex director Juan Carlos Jiménez Payán se mantiene en proceso, a pesar de ser las mismas pruebas que se desvanecieron en otros juicios por pruebas infundadas y en lo administrativo se ordenó la reinstalación a su centro de trabajo.

AUDITORÍAS EXPRÉS

Pese a la aprobación en el Congreso del Estado de las cuentas públicas de 2005 a 2008 del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Baja California, la Dirección de Contraloría del gobierno de José Guadalupe Osuna Millán realizó una auditoría en la que concluyó que había daño patrimonial total de 55 millones de pesos por lo que inició procedimientos sancionatorios por desvío de recursos públicos y dio vista a la Procuraduría General de Justicia de Baja California por la presunción de los delitos: peculado, enriquecimiento ilícito y uso de facturas apócrifas.

El director de Auditoría Gubernamental, José María Armendáriz incluyó en su acusación al director general del CECYTEBC, José Carlos Jiménez Payán; a la directora de Administración y Finanzas, Josefa Morales González; al director de Planeación e Infraestructura, Mario Antonio Rivas Rangel; a la jefa de Recursos Humanos, Bhavany del Carmen Aguirre Ponce; al jefe de Adquisiciones y Servicios Bernardo Ibarrola Zazueta y al jefe de Recursos Financieros, Juan Francisco Torres Ávalos, quien recientemente falleció.

Los tribunales administrativos y penales determinaron la inocencia de los involucrados por desvanecimiento de pruebas, por lo que sus expedientes fueron destruidos. En otras palabras, la auditoría gubernamental de la Contraloría del Estado nunca presentó pruebas fehacientes del desvío de recursos publicos y, por ende, de peculado.

En un litigio, la valoración de pruebas implica la absolución de toda culpa del imputado y se infiere que las acusaciones fueron infundadas para comprobar su responsabilidad en algún ilícito. En el ámbito administrativo existe una figura similar: pruebas insuficientes.

La contadora Josefa Morales fue detenida el 17 de mayo de 2009 en la garita de Calexico cuando llevaba a su madre a un doctor de California. Luego de estar presa por cuatro años -lapso en el que falleció su mamá- un juez ordenó su libertad absolutoria el 21 de marzo de 2013.

En este litigio a punto de concluir toda vez que hay un caso pendiente, el de Jiménez Payán detenido la noche del 13 de marzo de 2009 en el sótano del edificio del Poder Ejecutivo, cuando se dirigía a una reunión convocada por el secretario General de Gobierno, José Francisco Blake Mora. Los agentes ministeriales ya lo esperaban agazapados en el elevador del gobernador.

PRUEBAS INVENTADAS

Mario Rivas fue declarado inocente de los delitos que le imputó la Auditoría de la Contraloría del Gobierno de Baja California y lo exoneraron de la sanción administrativa por supuesto desvío de recursos.

El Tribunal de Justicia Superior de Baja California determinó la inexistencia de pruebas por peculado y uso de documentos falsos contra el exdirector de Planeación del CECYTE.

En el juicio 127/2009 resolvió su libertad por el desvanecimiento de pruebas que presentó el Gobierno de Baja California por un supuesto daño presupuestal de 5 millones de pesos.

Aún más, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado consideró que las acusaciones carecían de pruebas consistentes por lo que determinó su inocencia y ordenó su reinstalación al CECYTE, un organismo educativo de origen federal y estatal.

La Contraloría del Estado a cargo del sociólogo Edgardo Contreras abrió el expediente 31/09/MXL contra Rivas Rangel, quien con el resolutivo sancionatorio del gobierno estatal acudió al Tribunal Contencioso para iniciar el recurso 221/2013 que le dio la razón. La administración pública presentó el recurso de revisión pero le fue ratificada la decisión a favor del exdirector de Planeación del CECYTE.

Para ello, el gobierno bajacaliforniano fue obligado a restituirlo en su puesto y pagarle salarios caídos durante cuatro años que duró el juicio y se ordenó la reinstalación de su puesto en agosto de 2018.

Rivas es uno de los seis acusados en supuesto fraude en detrimento del erario estatal que fueron destituidos por un procedimiento administrativo de la Dirección de Control durante la administración de Osuna Millán, los cuales fueron revertidos em tribunales por carecer de pruebas fehacientes en la auditoría financiera con la que inició su proceso.

El daño patrimonial por juicios sin pruebas supera los 20 millones de pesos, aunque algunos están en proceso, lo que duplicaría el monto en perjuicio del presupuesto educativo al pagar la reinstalacion de los afectados.

Arquitecto de profesión, Rivas ingresó al sistema del CECYTE por acuerdo de la Junta de Gobierno y estuvo a cargo de la planeación hasta que fue destituido por el procedimiento administrativi y el proceso legal que culminó con su la absolución por parte de jueces y magistrados.

Soy inocente, desde al principio les dije que era inocente porque cada mes documentamos al ente central en la Ciudad de México (CONACECYTE) el ejercicio presupuestal y a nivel local ya ya se había aprobado esas cuentas públicas. Fue una invención de Contraloría y del gobierno, comentó Rivas Rangel.

Foto: Cortesía

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