vie. Jul 19th, 2019

En el 2do Debate, candidatos centran sus posicionamientos en contra de «Kiko» Vega y Jaime Bonilla

Antonio Heras

Mexicali.- En el debate de candidatos de la gubernatura de Baja California, organizado por el Instituto Estatal Electoral, los cinco participantes arremetieron contra el gobernador panista Francisco Vega de Lamadrid y del aspirante de Morena Jaime Bonilla, quien estuvo ausente en el debate, por una supuesta complicidad en lo que llamaron los “negocios de agua” en la entidad.

El tema se prestaba para la discusión y propuestas por ser el combate a la corrupción, rendición de cuentas y transparencia gubernamental y la pregunta sobre lo que consideraban el mayor acto de corrupción en la historia de Baja California y lo que harían en sus primeros 100 años de gobierno.

El panista Óscar Vega señaló al gobierno de Xicontecatl Leyva Mortera, el último priista en el siglo XX, por trasgredir la libertad de expresión de ciudadanos y medios de comunicación, además de considerar que la sociedad está lastimada porque no responden a sus expectativas y hacen negocio en “lo oscurito”.

El priista Enrique Acosta coincidió pero advirtió que la corrupción de la administración de Leyva Mortera –vinculado a Morena y a Bonilla Valdez- se registró en la procuración de justicia pero, sin duda, enfatizó que el gobierno de

Francisco Vega es donde “mayor corrupción se ha registrado en Baja California con el desvío de 5 mil millones de pesos que detectó la Auditoría Superior de la Federación, además del crecimiento y refinanciamiento de la deuda pública y obras entregadas a amigos donde se ubica la desaladora de Rosarito en la que convergen Francisco Vega y Jaime Bonilla en el negocio del agua”.

El perredista Jaime Martínez Veloz advirtió que el peor acto de corrupción es la exclusión de ciudadanos en las decisiones gubernamentales pero en este gobierno “se quebraron las finanzas públicas, además de realizarse proyectos a partir de intereses entre partidos políticos y gobernantes del PAN y de Morena, “un caso es la Constellation Brands”, y acusó a Vega y a Bonilla de generar una crisis de gobernabilidad.

En sus intervenciones, Héctor Osuna de MC e Ignacio Anaya del PBC insistieron en vincular al gobernador Vega con el candidato Bonilla de la coalición “Junto Haremos Historia por Baja California” que integran Morena, PT, PVEM y Transformemos, quien no ha participado en ninguno de los debates.

Martínez Veloz sostuvo que Bonilla Valdez, de quien fue colaborador hasta la designación de candidatos de Morena, no cubre los requisitos para ser candidato en estas elecciones por su nacionalidad estadunidense y por haber inscrito “su comité de campaña como aspirante al Distrito de Agua de Otay durante los años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 cuando fue diputado federal aquí en México y cuando era presidente local de Morena”.

Los cinco candidatos señalaron que desde 2014 con la presencia de Bonilla en el Distrito de Agua de Otay, California, se generó el proyecto de la planta desaladora de agua de mar en Playas de Rosarito, limítrofe con Tijuana, para su comercialización a Estados Unidos, el cual fue promovido en 2018 por Vega de Lamadrid.

Ante los niveles de corrupción del gobierno de Baja California propusieron una Comisión de la Verdad para investigar “los negocios del agua”, Consejos Ciudadanos para dar transparencia a los procesos de licitaciones y compras, modificar la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos, inhabilitar de por vida a funcionarios responsables de actos de corrupción y a empresas vinculadas.

También fortalecer presupuestalmente al Poder Judicial, transparentar las finanzas de los partidos políticos y la procedencia de sus candidatos a través de elecciones primarias, la segunda vuelta electoral,integrar el gobierno a partir de propuestas de cámaras empresariales y universidades vía exámenes de oposición y establecer un procedimiento para reclamar la responsabilidad patrimonial del gobierno en accione que afecten a los ciudadanos.

Una propuesta de Anaya Barriguete, secundada por Martínez Veloz, fue prohibir el uso de celulares en el momento que el ciudadano emita su voto en la casilla electoral para evitar la práctica de compra y coacción del sufragio.

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