dom. Sep 15th, 2019

Desaladora de Rosarito, ¿Garantía de agua potable para zona costa de BC o negocio del agua?

Antonio Heras
Mexicali.- Al ser una fuente alterna al Río Colorado, el proyecto de la planta desalinizadora de agua de mar que se construirá en Playas de Rosarito bajo la modalidad de Asociación Pública-Privada, representa una garantía de agua potable para Baja California, señaló el director del consorcio Aguas de Rosarito, Milton Rubio, quien considera que esta obra optimizará y garantizará a largo plazo los recursos hídricos disponibles en la entidad.

Esta obra se convirtió en uno de los principales problemas políticos de la administración de Francisco Vega de Lamadrid por la garantía del contrato del Impuesto sobre la Renta para cumplir con el contrato de la empresa, en caso que los usuarios incumplan con los pagos.

El consorcio invertirá 10 mil millones de dólares para contar con capacidad de producir hasta 4 mil 400 metros cúbicos por segundo y a cambio el gobierno estatal deberá pagar 148 millones de pesos mensuales durante 37 años. El contrato señala que está obligado a pagar 66 mil millones de pesos durante 444 mensualidades.

En una sesión ordinaria del Congreso del Estado, a mediados de mayo y en pleno proceso electoral, la mayoría panista se impuso para aprobar al gobierno de Vega la renegociación de la deuda pública de 12 mil millones de pesos para quedar en 39 mil millones de pesos en 20 años, además se autorizó la firma de dos APPS: la desalinizadora de Rosarito y la construcción del segundo piso de una vialidad en Tijuana que implica el pago del peaje.
Diputados y partidos de oposición han señalado que los contratos de infraestructura hídrica firmados durante el gobierno de Vega son “negocios del agua”.

De manera sistemática, legisladores de los partidos locales Transformemos y de Baja California, así como de Morena y el panista Miguel Antonio Osuna se opusieron a este proyecto porque consideran que la producción de agua del Océano Pacífico se comercializará a Estados Unidos porque duplica las necesidades de las ciudades de Tijuana y Playas de Rosarito.

Durante las campañas electorales, cuya jornada comicial se celebrará el 2 junio, se trató de un tema recurrente donde los cinco aspirantes advirtieron que está detrás de este negocio el gobernador Francisco Vega, aunque los abanderados de Jaime Veloz del PRD y Héctor Osuna Jaime de MC acusaron al candidato de Morena, Jaime Bonilla, de promover la planta en territorio mexicano desde su participación en el Distrito de Aguas de Otay, en California, para la venta de producto en Estados Unidos.

Milton Rubio, quien fue delegado en Baja California de Banobras en los gobiernos federales priistas del siglo pasado, expresó que la disposición de agua a comercializarse se limita a territorio nacional, tal y como se especifica en el contrato. «La Constitución no prohibe vender a otro país, a diferencia de la Comisión de Límites y Aguas o a la Conagua a partir de permisos especiales aprobados por el Senado de la República», comenta.
La operación de esta planta desaladora está proyectada para los primeros meses de 2023, según el proyecto ejecutivo.

Planes del consorcio
Rubio Díaz informó que toda información contractual, ambiental y legal relacionada con el proyecto de construcción de la desalinizadora de agua de mar es pública y están disponibles 25 documentos para su consulta, entre ellos los permisos de la Comisión Nacional del Agua, de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y el contrato de Asociación Pública Privada signado con el gobierno estatal.

Agregó que el proyecto se encuentra en el proceso de cierre financiero para obtener el fondeo bancario que se estima concluirá a finales de 2019 para que en los primeros meses del año siguiente empiece la construcción de una planta que tendrá capacidad, en su primera etapa, para producir 2 mil 200 litros de agua potable por segundo.

Cuestionado sobre la integración de la empresa Aguas de Rosarito cinco días antes de firmar el contrato, Rubio sostuvo que se trata de un proceso alineado a la normatividad y a la legislación de las Asociaciones Público Privadas en cuanto a los requisitos señalados en las bases de licitación para los consorcios y se constituye como Sociedad de Propósito Específico (SPE), la cual fue autorizado por la Comisión Estatal del Agua de Baja California.

Las empresas que conformaban el consorcio licitante son NSC Agua, NuWater y Degrémont, ahora Suez que construirá la desalinizadora y junto con el fondo de inversión BlackRock se sumarán al capital de Aguas de Rosarito en el cierre financiero.

Rubio advirtió que como una estrategia jurídica se dejaron en blanco algunas cláusulas por ser una práctica común cuando se establecen “contratos tan complejos y que tienen diversos componentes” porque están sujetos a convenios modificatorios entre las partes.

Este contrato autorizado por el Congreso local para que el gobierno de Francisco Vega firmara tres meses antes de concluir su mandato es por 40 años.
Dijo que este proyecto garantizará la seguridad hídrica de la zona costa de esta región al contar con una fuente alterna de agua potable ante la vulnerabilidad hídrica porque el abastecimiento proviene del Río Colorado, a través de un acueducto de más de 100 kilómetros de longitud con un alto riesgo de fallas o daños que generarían una disminución en los caudales disponibles.

“Tijuana consume cerca de 150 millones de metros cúbicos de agua al año y el 98% del agua que consume proviene del Río Colorado y de la Mesa Arenosa en Sonora” comentó al tiempo de señalar que los derechos de agua asignados a Tijuana y Playas de Rosarito son de 93 millones de metros cúbicos anuales, por lo que se tiene un déficit cercano a los 60 millones de metros cúbicos y corresponden al agua que se extrae de la Mesa Arenosa.

Para Eduardo Sánchez, director comercial de Suez, empresa frances que participará en el diseño de construcción y de operación de la planta desalinizadora, será una prioridad el cuidado del medio ambiente será una prioridad.

Expresó que el Resolutivo de Impacto Ambiental que emitió la Semarnat determina que no hay un riesgo de afectación a la vida marina.

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