Sáb. Dic 14th, 2019

Conminan a gobierno de Bonilla a cumplir con reforma contra violencia política a mujeres

Antonio Heras
Mexicali.- Con la contratación en la Secretaría de Educación del gobierno de Baja California de un funcionario sancionado por violencia política contra mujeres, Morena incumplió el pacto político que firmaron todos los partidos en el proceso de junio de 2019, donde ganó todos los cargos de elección popular, para no contratar a omisos de pensión de alimentos y a quien ejerza violencia política contra mujeres.

Incluso, con esta designación la administración de Jaime Bonilla violentó el Código de Ética de Servidores Públicos del Estado y desoyó las medidas judiciales de «reparación, sensibilización y garantías de repetición» de violencia política por razón de género aplicadas a este funcionario estatal.

La Asociación de Consejeras Electorales Estatales de México conminó al gobierno de Baja California para que la contratación de funcionarios se haga con perspectiva de género y cumpla con la reforma constitucional del 6 de junio de 2019, denominada paridad en todo, para erradicar las costumbres, conductas y prácticas de discriminación contra la mujer, en particular aquellas que justifiquen o promuevan la violencia por razón de género por parte de sus servidores públicos.

En un pronunciamiento realizado esta semana, esta asociación pidió también considerar las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre las personas sancionadas por cometer conductas de violencia política de género, toda vez que le corresponde al estado erradicar este tipo de prácticas en sus instituciones.

ACUERDOS VS VIOLENCIA POLÍTICA
Los dirigentes y candidatos de partidos políticos acordaron que, de ganar, no contratarían a ningún servidor público que haya sido denunciado por omisión de pensión alimenticia o por violencia política de género.

Con excepción del PRD, el acuerdo se firmó durante las campañas políticas dentro de las acciones afirmativas de equidad de género que en estos comicios llevó a asignar tres candidaturas de mujeres en los cinco municipios y nueve en 17 distritos electorales.

El gobierno del morenista Jaime Bonilla contrató al experredista Julio Rodríguez Villarreal como director de Participación Social, área de la Secretaría de Educación y Bienestar Social encargada de la convivencia y respeto escolar que actúa contra el bullyng y el acoso.

El Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial de Baja California (TJEPJBC) sancionó el 26 de octubre a Rodríguez Villarreal por violencia política en contra de la candidata Elvira Luna en mensaje publicado en redes sociales.

Antes, el Instituto Estatal Electoral determinó medidas cautelares para eliminar la difusión de esta conducta del ahora morenista.

La resolución judicial incluye una amonestación, la grabación en video de una disculpa pública, eliminar expresiones sexistas y la repetición de estas prácticas, además de la capacitación en perspectivas de género.

El funcionario de Jaime Bonilla, nombrado el 3 de noviembre por el secretario de Educación Catalino Zavala, publicó un video donde supuestamente se disculpa de la emisión de comentarios que pudieron considerarse estereotipos de violencia política.

Elvira Luna, presudente del Colegio de Abogadas de Mexicali, rechazó las supuestas disculpas y advirtió que el funcionario morenista incumplió con la resolución del TJEPJBC.

La abogada se refirió al documento de la Asociación de Consejeras Electorales Estatales que puntualiza que «la
violencia política por razón de género la constituye una serie de actos que laceran a nuestra sociedad que promueven la discriminación con sus innumerables efectos e impiden la consumación de la igualdad sustantiva en la que participamos todos».

La organización que promueve la igualdad sustantiva y vigila las obligaciones internacionales del estado mexicano advirtió que en esta era de la igualdad de género que el poder y el privilegio social del hombre se articula de una nueva manera de despliegue de diversos actos de violencia política por razón de género que resultan impermisible e intolerables y «que han llevado los órganos jurisdiccionales a sancionar tales conductas mediante establecimiento de medidas de reparación, sensibilización y garantías de repetición».

También señala que el Código de Ética de los Servidores Públicos de Baja California establece que la equidad de género es evitar actitudes denigrantes que vulneren la dignidad de las personas por causa de género.

Es evidente que Julio Rodríguez «no podría contar con la honorabilidad de dicho cargo al haber ejecutoria respecto en la cual se le sancionó precisamente por señalamientos que constituyeron violencia política por razón de género».

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