Mar. Jun 2nd, 2020

Sin acción penal actos de corrupción conocidos como «moches» en BC


Antonio Heras / Lindero Norte

Mexicali.- La Fiscalía General de Baja California desechó ejercer acción penal contra ex sevidores públicos estatales acusados por propios funcionarios y terceros de hacer negociaciones ilícitas para que empresarios obtuvieran contratos gubernamentales en la administración del morenista Jaime Bonilla.

Al considerar la inexistencia de elementos suficientes, se informó que la Fiscalía Regional de Mexicali inició de oficio la investigación con base en notas periodísticas y portales de información que acusaron al Oficial Mayor y a la secretaria del Bienestar Social del gobierno de Bonilla Valdez de recibir dinero a cambio de otorgar contratos para la proveeduría de alimentos en los Centros de Reinserción Social de la entidad.

Ante el escándalo por estos señalamientos de corrupción, el oficial Jesús Demian Nuñez y la secretaria Cynthia Gissel García Soberanes renunciaron a sus cargos para enfrentar su proceso penal que recién concluyó y el procedimiento administrativo sancionatorio que se encuentra en proceso en la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública del Estado.

En su momento, tanto Jesús Núñez y Cynthia García confiaron en que la Fiscalia Anticorrupción o la Fiscalía de Zona Mexicali desecharían su caso porque solamente estaba sustentada en dichos y recortes de periódicos.

En octubre de 2019, a principios del gobierno morenista bajacaliforniano, circularon mensajes telefónicos en los que el director de Promoción Social de la Secretaría del Bienestar del Estado, Rosendo Colorado, exdiputado priista, evidenciaba una supuesta colecta de 20 millones para apoyos de programas sociales del gobernador electo de Morena con el compromiso de otorgar a los donantes de contratos del servicio alimentario en cárceles.

Colorado presentó denuncia en la Secretaria de la Honestidad que anunció la separación del cargo de los funcionarios señalados por actos de corrupción y en la Fiscalía General del Estado donde lo integraron a un programa de protección a testigos.

El superdelegado del gobierno de México en Baja California, Jesús Alejandro Ruiz Uribe, informó al gobernador Bonilla de una supuesta detención del asistente particular de su secretaria del Bienestar con dinero en efectivo en el puesto militar de El Centinela.

El coordinador del punto de revisión de la Sedena le «dio la cortesía» y lo dejó continuar su trayecto a Tijuana, lo que provocó que en medio de este escándalo de corrupción conocido como «los moches» fuera trasladado a ptda región militar.

De acuerdo a la Ley de Responsabilidades Administrativas, Ruiz Uribe incumplió con su obligación de presentar una denuncia ante las autoridades correspondientes, en este caso la Secretaría de la Honestidad y la Fiscalía General, al conocer hechos de corrupción ya que justificó que informó de manera directa al gobernador Bonilla por tratarse de un «asunto local».

La secretaria estatal de la Honestidad, Vicenta Espinoza, dio a conocer la apertura de investigaciones sobre estos hechos ilícitos e incluso advirtió que tendría que separarse del cargo el secretario General de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, por su presunta participación en estos actos, de acuerdo a los señalamientos del denunciante y del avance de sus investigaciones. 

Las declaraciones de Colorado en la comparecencia con esta dependencia estatal   trascendieron a la opinión pública, en particular donde señala la entrega de 20 millones de pesos como muestra de colaboración con el gobierno entrante, las reuniones con Nuñez, García Soberanes y Rodríguez Lozano, la junta para adjudicación de contratos para la comida de penales que favoreció a una empresa distinta del acuerdo y el reclamo de los empresarios a quienes les regresaron solo 16 millones de pesos.

La renuncia de la fiscal Anticorrupción en diciembre de 2019 por carecer de presupuesto y recursos para su labor, provocó que los expedientes de delitos cometidos por servidores públicos regresaran a la FEG.

A principios de marzo de 2020, la secretaria Espinoza promovió y obtuvo la cancelación de la reunión del Consejo Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja  California, en cuya orden del día se incluyó la petición de realizar un investigación exhaustiva e independiente del caso de «los moches» y otros actos de corrupción.

El 20 de diciembre, el fiscal Guillermo Ruiz Hernández advirtió en Tijuana que ya no apareció el testigo protegido que colaboraría en la investigación en curso contra exfuncionarios estatales por «los moches».

De manera sorpresiva, la tarde de este miércoles, la fiscalía informó que «luego de un cúmulo de diligencias y pesquisas realizadas por el Ministerio Público se emitió una determinación de archivo ya que los imputados no tenían calidad de servidores públicos», durante los actos ilícitos, toda vez que se habrían cometido previo al 1 de octubre que inició el gobierno de Bonilla.

Aunado a ello «se recabaron informes de la autoridad y testimonios de quienes hasta ese momento se advierte tienen conocimiento de los hechos, los cuales no son suficientes para resolver sobre el ejercicio de la acción penal».

El comunicado advirtió que se concluye el expediente al no haber diligencia qué tramitar.

Apenas el 10 de abril, la exsecretaria Cinthya Gisel García Soberanes, exdiputada federal del PES, señaló al superdelegado Ruiz Uribe de iniciar una campaña en su contra al negarse a incluir en la nómina estatal a personas de su circulo cercano.

«Todo este desprestigio inició con la falsa declaración que hizo a los medios de comunicación Jesús Alejandro Ruiz Uribe quien, sin pruebas ni sustento, me acusó de haber pasado en mi vehículo por el retén militar de El Centinela con una cantidad estratosférica de dinero, poniendo en entredicho tanto mi buen nombre como el de la honorable institución del Ejército Mexicano».

Igualmente, agregó, hicieron circular una serie de conversaciones de whatsapp falseadas.

Narró en una carta pública que: lo cierto es que, días antes de que el actual gobierno estatal entrara en funciones, Ruiz Uribe quiso imponer a diversas personas al interior de la Secretaría de Integración y Bienestar Social, lo cual no permití, por lo que fui amenazada por éste ya que me dijo: “te vas a arrepentir de no hacerme caso, el próximo gobernador voy a ser yo, Bonilla solo va a estar un año y ocho meses”; a lo que no tomé importancia por considerarlo un enojo momentáneo.

Garcia Soberanes calificó al superdelegado del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de «misógino y vil» que promueve «una transformación de cuarta».

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