Mar. Jul 14th, 2020

Aprueban cárcel e incrementan multas a usuarios domésticos y comerciales de agua en BC

Jorge Heras / Lindero Norte
Mexicali.- Diputados locales aprobaron la iniciativa del Gobernador del Estado para tipificar el delito contra la prestación de servicios públicos de agua en los cinco municipios para fijar penas de cárcel de hasta 4 años y 6 meses.

En su motivación, el mandatario estatal, Jaime Bonilla Valdez, expuso que se deben actualizar los procedimientos de cobro y adecuar el marco jurídico penal, para que el estado pueda garantizar el derecho constitucional y humano del  acceso al agua a toda la población.

«Para lograr erradicar las vergonzosas  prácticas que han afectado por décadas a los organismos operadores del agua, se debe fortalecer las facultades sancionadoras del estado en los    procesos administrativos y financieros para lograr mayor eficiencia en la  cobranza y recuperación de adeudos por falta de pago de los diferentes usuarios, así como mejorar la atención a los mismos en promoción de la  cultura del  pago», sostuvo.

En lo referente a la adición del Capítulo IX al Código Penal, se aprobó con 19 votos a favor, dos en contra y 3 abstenciones, que se castigue con una pena de 3 meses a 3 años de prisión y una multa de 8 mil 600 a 43 mil 400 pesos a quienes:

I. Sin autorización de la autoridad use, aproveche o beneficie de los servicios públicos de agua potable, drenaje  y  alcantarillado prestados por los  organismos operadores.
II. Instale tomas de agua clandestina.
III. Rompa sello o altere aditamentos,  instalados por las Comisión Estatal de Servicios Públicos.
IV. Distribuya agua potable a través de  pipas utilizando una fuente de  abastecimiento diversa a la autorizada sin contar con el permiso correspondiente.
V. Se restrinja de cualquier forma el flujo del agua destinado al suministro  de los usuarios de servicio o la medición del consumo.

La penalidad puede llegar hasta 4 años y 6 meses de cárcel a dueños de establecimientos y empresarios con tipo de servicio comercial; También los servidores públicos que tengan conocimientos de estos actos podrán ser encarcelados de tres a cinco años.

Este nuevo delito se perseguirá  de  oficio, en los términos que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales.

FRAUDE FISCAL

Dentro de las modificaciones a diferentes leyes, también se validó que se equipare  al delito de defraudación fiscal a laz empresas que sin autorización de la autoridad instale  toma de aguas para hacer uso indebido de servicios de agua potable, drenaje o alcantarillado; a quien haga uso de engaños o manifieste datos falsos a fin de modificar la clasificación de uso de agua; se reconecte al servicio de agua potable encontrándose suspendido o restringido o comercie sin contar con la autorización respectiva.

MULTAS

De igual forma, el dictamen 01 de las Comisiones Unidas de Justicia, Presupuesto y Hacienda, reforma la Ley de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos del Estado y la Ley que reglamenta el Servicio de Agua Potable para incrementar las multas económicas.

En la iniciativa de reforma aprobada se plantea que pese a los esfuerzos de cobro de los órganos operadores de agua, «existe  un alto índice de deudores con capacidad  económica que a la fecha han sido  omisos en cumplir con sus obligaciones de pago, generando que el Estado deje de percibir los recursos necesarios para la  óptima prestación de los servicios  públicos del agua».

Al modificar el artículo 92, se estableció que los usuarios que debiendo contar con los servicios de agua potable y  alcantarillado sanitario, no lo soliciten  dentro del plazo que fija la Ley, o impidan  su instalación, se les impondrá una multa  de 1, 700 pesos a 3 mil 400 pesos.

En el Artículo 94 se indica que a los  que  practiquen derivaciones de las tuberías  generales de distribución, de los ramales de éstas o de las cajas de válvulas, para surtir de agua a un predio o establecimiento, podrán ser sancionados desde 8 mil 600 a 86 mil pesos.

Asimismo serán multados a quienes  impidan que los empleados de la paraestatal den el servicio y la toma de  lectura del consumo de  agua de lo medidores. 

A quien cause daño intencional a un  aparato medidor; a quien viole los sellos de un aparato medidor; al que, por cualquier medio, altere el consumo  marcado en los medidores; al  que, haga que el aparato medidor no registre el consumo y a quien retire un medidor, les podría costar hasta 17 mil 300 pesos.

Deja un comentario

Pin It on Pinterest

A %d blogueros les gusta esto: