Ratifican amparo maestros contra decreto que condonó deuda de ayuntamientos a ISSSTECALI 

Antonio Heras / Lindero Norte

 Mexicali 
El Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación (SETEBC) presentó un amparo colectivo para que la justicia federal proteja a sus agremiados del decreto del Gobierno de Baja California que condonó deuda de los ayuntamientos de Ensenada y Tijuana con el organismo de seguridad social del magisterio y burocracia. 

Más de un centenar de trabajadores de la educación acudieron a los juzgados del Poder Judicial de la Federación en Tijuana para solicitar la protección federal. 
Los gobiernos municipales le adeudan al ISSSTECALI 5 mil 800 millones de pesos, de los cuales tan solo el gobierno de Ensenada le debe 2 mil 800 millones de pesos por concepto de aportaciones patronales y la entrega de cuotas de los empleados. 

Un reporte del Observatorio Ciudadano de Baja California (OBSERBC) advirtió que los pasivos del ISSSTECALI superaban los 3 mil 400 millones de pesos, a pesar de la quita de recargos que hizo el ex gobernador a los dos ayuntamientos. 

Los montos se incrementan por el impago de las obligaciones de los patrones, en este caso los ayuntamientos, y los productos financieros ya que provocan recargos. 
Se trata de un decreto que publicó el gobernador Jaime Bonilla, en octubre de 2021, a unos dias de concluir su encomienda, para reducir la deuda de estos ayuntamientos al ISSSTECALI por más de 3 mil millones de pesos. 

Se trata de recargos por el incumplimiento del pago de las aportaciones patronales oara la seguridad social y de las cuotas que retiene a los trabajadores vía nómina para este fin.

El dirigente del SETEBC, Héctor Lara, dio a conocer que como organización presentó un amparo colectivo y que este viernes 684 maestros solicitaron un amparo individual ante los problemas financieros que tiene el ISSSTECALI que afecta la prestación de servicios médicos a sus agremiados y, en particular, del proceso de jubilación de más de 40 maestros del sistema municipal de Tijuana. 

La medida gubernamental benefició a las administraciones públicas de sus mas cercanos colaboradores, Armando Ayala y Monteserrat Caballero; el primero fue su empleado en una empresa televisiva y la segunda operó desde la Junta de Coordinación Política del Congreso local la aprobación de sus iniciativas y créditos para deuda.