• enero 5, 2022
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Por orden de un juzgado federal, gobernadora restituye Notaría que canceló Bonilla a hijo de ex procuradora de justicia

Por orden de un juzgado federal, gobernadora restituye Notaría que canceló Bonilla a hijo de ex procuradora de justicia

Jorge Heras y Antonio Heras/ Lindero Norte

La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda restituyó la patente de notario a Ricardo Padilla que le revocó sin un procedimiento apegado a la ley el gobernador Jaime Bonilla Valdez, el 19 de noviembre de 2019.

Ávila Olmeda acató el amparo 1229/2019 que otorgó el Juzgado Sexto de Distrito del Poder Judicial de la Federación que protegió los derechos de Padilla, hijo de la Procuradora de Justicia en el gobierno de Francisco Vega y quien además se desempeñó como director del Archivo de Notarías.

Este lunes 3 de enero fue publicado en el Periódico Oficial de Baja California el acuerdo de la gobernadora que deja «insubsistente la revocación de la notaría Dieciocho de Mexicali», ubicada en la Delegación González Ortega.

Una de las primeras acciones jurídicas que realizaron Bonilla Valdez y su secretario de Gobierno Amador Rodríguez Lozano fue revocar cuatro patentes de notario de cinco que otorgó el gobernador Kiko Vega en el último bimestre de su administración. Solo quedó vigente la de un familiar del exgobernador priista Xicotencatl Leyva, mentor político del morenista.

El argumento del gobierno morenista fue que se registraron irregularidades dentro del proceso de asignación ya que “no se observa el principio de igualdad y equidad establecido en el artículo 1 de la Constitución General de la República”, además de combatir la corrupción y el favoritismo.

Bonilla canceló las notarías 18 de Mexicali de José Ricardo Padilla Ibarra, la 19 de Javier Mayoral Murillo, la 25 de Viviana Rubio Padilla, la 26 de Rafael Angulo Cebreros y la 27 de Javier López López.

A pesar de que sí fue irregular la entrega de notarías de Kiko Vega, especialmente porque los aspirantes no contaban con experiencia notarial (lo cual se notó en la prueba oral que le hicieron al hijo de la ex procuradora) y porque el ex gobernador panista incumplió su palabra con el Colegio de Notarios, con quien se comprometió a no asignar de manera directa y opaca la entrega de patentes, el ex secretario General de Gobierno, el Doctor en Derecho Constitucional, Amador Rodríguez Lozano, nuevamente cometió un error de procedimiento y hasta una posible pifia jurídica al no revocar las notarías «kikistas» mediante una «acción de lesividad».

Especialistas en la materia consultados por este espacio informativo, señalaron que en lugar de solamente generar un acuerdo para retirar las notarías con pura narrativa anticorrupción, el gobierno de Bonilla Valdez pudo aplicar el artículo 62 de la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa con la acción de lesividad que contempla los actos o resoluciones que hayan resultado a favor de particulares, dentro de los cinco años siguientes a la fecha en que se hayan notificado los mismos,

«La autoridad que deduce la acción de lesividad podrá invocar para tal efecto, la incompetencia de quién emitió los actos o resoluciones, la indebida fundamentación y motivación de los mismos, derivada del error de quién emitió la resolución, el dolo del particular beneficiado, el pago de lo indebido, el reconocimiento u otorgamiento de los derechos que no correspondan, así como el indebido ejercicio de facultades discrecionales», establece la misma Ley.

Cabe señalar que consejeros ciudadanos del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California solicitaron al gobierno de Bonilla Valdez que aclarara las razones para cancelar cuatro patentes de una promoción plagada de irregularidades y confirmar solo la del sobrino de Xico Leyva.

Ese asunto más solicitar una investigación exhaustiva de «Los Moches» que se promovieron en la campaña a gobernador a cambio de contratos de servicios en la primera administración estatal de Morena y la petición que interviniera la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda generó la paralización del Sistema Estatal Anticorrupción por el gobierno de Bonilla y la XXIII Legislatura, a propuestas de la secretaría de Honestidad, Vicenta Espinoza, y el diputado Juan Manuel Molina.

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