• enero 11, 2022
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Emite CEDH tres Recomendaciones al gobierno de BC por calidad de alimentos, atención de salud y trato digno en el Sistema Penitenciario

Emite CEDH tres Recomendaciones al gobierno de BC por calidad de alimentos, atención de salud y trato digno en el Sistema Penitenciario

*Exhorta al Poder Judicial a solucionar retraso en procesos penales en prisión cautelar y ejecución de penas

Jorge Heras / Lindero Norte

Mexicali.- El Gobierno de Baja California recibió tres recomendaciones de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos por la condición de las cárceles en el Sistema Penitenciario en cuanto la atención a la salud, la calidad alimentaria y el trato a familiares y personas privadas de la libertad, dio a conocer el titular de ese organismo autónomo Miguel Mora Marrufo.

En la Recomendación 1/2022, la CEDH documentó la vulneración a los derechos de seguridad e integridad personal por las deficiencias estructurales en los penales de la entidad pues limitan la reinserción social de las personas privadas de su libertad ante la falta de personal de seguridad y custodia

.La Recomendación 2/2022 refiere la vulneración a los derechos a la salud, la integridad y la vida digna, por deficiencias estructurales que limitan la adecuada atención médica de primer y segundo nivel e incluye la urgencia de tener acceso a una alimentación digna

.La tercera Recomendación (3/2022) advierte sobre las condiciones físicas de los penales y la revisión para la visita que transgrede la dignidad humana de las personas privadas de la libertad y sus familiares.

Las recomendaciones señalan a diversas entidades de la administración estatal: Secretaría General de Gobierno, Comisión Estatal del Sistema Penitenciario, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, Instituto del Deporte y Cultura Física, Secretaría de Cultura, Secretaría del Trabajo y Previsión Social y Defensoría Pública.

Además exhortan al Poder Judicial de Baja California para solucionar la dilación en los procesos penales de personas sujetas a medidas cautelares de prisión preventiva y de ejecución penal.

Mora Marrufo consideró que uno de los principales ejes de atención de la CEDH es la investigación de presuntas violaciones a derechos  humanos cometidas en agravio de PPL en centros de reinserción social. De esta manera, se ha identificado que un alto porcentaje de las quejas se refiere al acceso a alimentación nutritiva, suficiente y de calidad y a los servicios de acceso a la salud.

En 2020, se registraron 488 quejas por posibles vulneraciones al derecho a la salud en el Sistema Penitenciario de Baja California, lo que representa el 74.5% del total de los expedientes de ese año.

El objetivo de las tres Recomendaciones es abordar de manera integral la reinserción social y el trato digno de las personas privadas de su libertad en la entidad, toda vez que es fundamental para la consolidación de una cultura de respeto de los derechos humanos, expreso.

CALIDAD ALIMENTARIA

En el tema alimentario, la administración de Marina del Pilar Ávila suspendió a la empresa Cosmopolitana que contratada para proporcionar alimentos a la población penitenciaria y con quien convino el gobierno de su antecesor Jaime Bonilla un contrato de 2 mil 300 millones de pesos por seis años, con base en la Recomendación 20021/100 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y en un ordenamiento judicial

.La comisionada del Sistema Estatal Penitenciario, María Elena Andrade, dijo que la suspensión se la empresa se sustento en los reportes sobre la calidad y cantidad de los alimentos, por lo que se contrato a otra compañía para realizar el servicio con base en la normatividad sanitaria. Además dio a conocer que se retiraron 10 toneladas de basura de restos de comida en los centros de Mexicali y Tijuana que era obligación de la empresa retirarla

.El 28 de diciembre, un representante de la empresa dio a conocer que iría a tribunales por no ser el “método jurídico utilizado por el actual Gobierno de Baja California para cancelar un contrato” y porque “nada de todo lo dichos por la señora comisionada tiene sustento documental alguno”.

La comisionada Andrade dio a conocer que debido a la porciones y gramajes de alimentos proporcionados de manera deficiente a la población del Centro de Internamiento para Adolescentes  Mexicali, el 8 de septiembre del 2021, la Juez de Ejecución Especializada en Menores del Poder Judicial de Baja California, en coordinación con la Secretaria de Salud, inicio un juicio en el que ordenó que se mejoraran las condiciones del servicio de alimentación para lo cual se requirió ampliar el menú lo que  ocasionó un incremento al costo diario de 70 pesos a 110 pesos diarios por adolescente.

Además se refirió a la Recomendación de la CNDH por la calidad y cantidad de los alimentos al referir que el Centro de Reinserción Social de Mexicali “cuenta con una cocina operadapor la proveedora Cosmopolitana, perteneciente al grupo Cosmos (CK), en la cual las condiciones de higiene y mantenimiento son notablemente malas, ya que había demasiada humedad, los utensilios se observaron con cochambre, las estufas tenían un desgaste avanzado”.

Carece también de tapetes antiderrapantes y se observó que “al momento de la preparación y distribución de los alimentos, esto no se realiza de manera salubre. El personal encargado de la cocina informó que los alimentos son de un aproximado de 455 gramos por plato, esto es una medida en crudo; sin embargo, al momento de su cocción se tiene una merma quedando estos en un aproximado de 260 gramos”.

Tras señalar que al personal de seguridad, administrativos y directivos se les proporciona otro tipo de alimentación de mejor calidad y cantidad, el informe advierte que la repartición de la comida es entre las rejas de la celda porque no hay comedores y el agua se les deja en el pasillo en un garrafón (que se aprecia sucio y en mal estado) por lo que tienen que sacar las manos entre las rejas para servirse.

La CNDH considera que la empresa está obligada a proporcionar los alimentos de manera higiénica, nutritiva y segura a la población penitenciaria, con los estándares de higiene y calidad nutricional que marca la Secretaría de Salud y la Norma Oficial Mexicana 251-SSA1-2009, “lo que en el caso no acontece, pero ello no exime la responsabilidad del Estado para exigir a la empresa privada que dé cabal cumplimiento al contrato respectivo, pues se deben satisfacer adecuadamente las necesidades primarias de las personas privadas de la libertad, de los cuales, la autoridad penitenciaria es garante originaria”.

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