Presentan en Congreso de BC reforma a la Ley de Salud Pública del Estado

Antonio Heras / Lindero Norte
Mexicali

La diputada Gloria Miramontes advirtió que constituye una forma de violencia que una profesionista realice su servicio social en condiciones que dañen su estabilidad psicológica por lo que se pronunció por actuar de forma preventiva, afirmativa y en pro de los derechos de las mujeres.

Por ello presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Salud Pública de Baja California para garantizar que no se infrinjan sus derechos como mujeres a una vida libre de violencia.

La legisladora de Morena se refirió a casos en los que las mujeres fueron enviadas a realizar su servicio social a un sitio donde estuvo en riesgo su autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad, por lo que las autoridades educativas y sanitarias cometieron una infracción al marco normativo federal.

Se refirió al caso de la doctora Mariana Sánchez, cuyo cuerpo se halló el 28 de enero de año 2021 en la clínica donde laboraba del municipio de Ocosingo, Chiapas.

También mencionó que en 2012 la doctora Rocío Basoco sufrió una violación tumultuaria en el poblado de El Macho, Nayarit, donde efectuaba su servicio social y que en 2015 la doctora Itzel Peña vivió un episodio idéntico en San Pedro Comitancillo, Oaxaca.

“Como puede verse, el hecho de que una mujer realice su servicio social en condiciones que dañan su estabilidad psicológica constituye una forma de violencia, que debe ser sancionada por el Estado, pero también prevenida a través de Ia modificación del marco normativo y las políticas públicas, al existir un agravio comparado que impide el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres”, señaló.

Agregó que Baja California siempre se ha ubicado a la vanguardia en materia de políticas públicas y no debe ser la excepción el marco normativo que permita a las mujeres tener una vida libre de violencia.

Miramontes enfatizó: “no esperemos hasta que exista un caso como el de Mariana, Itzel o Roclo en Baja California; actuemos de forma preventiva, afirmativa, en pro de los derechos de las mujeres”.

Propuso adicionar un segundo párrafo al artículo 60 de Ia Ley de Salud Pública para establecer que «la prestación del servicio social de los pasantes de las profesiones para Ia salud se realizará preferentemente en unidades de primer nivel de atención y prioritariamente en áreas de menor desarrollo económico y social».

En el caso de las mujeres pasantes de las profesiones para Ia salud se evitará la prestación del servicio social en condiciones que pongan en riesgo su integridad física y emocional para garantizar su derecho a una vida libre de violencia