Política de Kiko Vega: vetar a periodistas, condicionar publicidad y delinear campañas negras

Antonio Heras

No lo sé, desierto, lo aseguro.

El gobierno de Francisco Vega se ha significado por una serie de yerros, sobre todo en lo financiero, pero hay un tema fundamental que subyace en esta administración de extracción Paniagua y que es lacerado de manera sistemática: la libertad de expresión.

La política pública de comunicación social del gobernador Vega de Lamadrid es condicionar el presupuesto de la publicidad institucional a los contenidos en medios de comunicación.

A lo largo de tres años, esta área de la administración Vega se ha empeñado a contratar publicidad a cambio de actitudes acríticas hacia el desempeño de la administración estatal.

Lo más grave es que aplica el veto a periodistas incómodos que prestaban sus servicios en empresas mediáticas, sobre todo las radiofónicas.

Si las empresas quieren publicidad del gobierno de Francisco Vega pues deberán desprenderse de los servicios de periodistas críticos o con aquellos con los que loa funcionarios tienen animadversión.

«No te olvides que tengo la posibilidad de decidir el presupuesto de publicidad», le espetó hace cuatro meses el funcionario estatal a un gerente radiofónico que aceptó la bicoca del presupuesto estatal para comunicación social a cambio del comunicador.

Se da por entendido que Vega de Lamadrid no solo está al tanto sino que aprueba estos mecanismos del arte política tan… kikista.

Aunque suene cuesta arriba y nada justificable, se puede explicar que un gobierno apueste por un programa de comunicación que incluya a determinados medios de comunicación, que sea selectivo, a partir de un proyecto sui géneris.

Sin embargo, nada justifica la política pública de Vega de Lamadrid de usar el condicionamiento, los arreboles de la compra de conciencias, el pisotón a los derechos humanos, la mordaza a los periodistas, las diatribas y las campañas de desprestigio de periodistas.

La línea delgadisima entre lo público y lo privado ha hecho del funcionario un espacio natural para exaltar a la crítica periodística como una ofensa a las buenas conciencias. Muchos de ellos han hecho de su vida privada una forma de mantenerse en lo público.

Que nadie se llame espantado, es común que entre el medio periodístico se conozca la conducta de quienes ejercemos este oficio, además de ser público y notorio.

Los políticos, empresarios y quienes se sienten agraviados con las publicaciones cuentan con mecanismos de réplica o para llevar a juzgados a los periodistas que incurrimos en excesos.

Es una realidad que el gobierno de Francisco Vega denosta el trabajo periodístico, usa el presupuesto de publicidad como moneda de cambio, condiciona a los medios de comunicación y amaga con la difusión de campañas negras.

En el recuerdo, sus palabras en una reunión en el Casino de Mexicali durante su trayecto hacia la competencia electoral por el Gobierno estatal, en su tercer intento: respeto a la libertad de expresión, dijo mirando a los ojos del periodista.

Un año después, en 2014, la Fundación para la Libertad de Expresión advirtió a funcionarios sobre esta práctica cotidiana del gobierno que resulta indigna para la sociedad; lo negaron como ahora lo hacen y lo harán.

Gatuno, el estratega de esta práctica de gobierno kikista entorna los ojos y enarca sus cejas definidas para reprocharle a su jefe: «le crees más a tus ojos, que a mí».

Si no es Francisco Vega de Lamadrid, gobernador constitucional de Baja California, ¿quién aprueba y define sus «políticas públicas de comunicación social»?, entonces: ¿quién es?