Afectó a población en pobreza extrema de BC subejercicio en obras de agua potable y electrificación

obra-kikoAntonio Heras
Mexicali.- El Gobierno de Baja California incumplió con obras de agua potable y electrificación lo que afectó a la población de zonas rurales y colonias pobres de la entidad al registrar un subejercicio del 13.8 por ciento del Fondo de Infraestructura Social (FISE) destinado para 2015.

Para la Auditoría Superior de Federación resultaron afectados los habitantes que presentan condiciones de rezago social y pobreza multidimensional en este estado, además que el gobierno local incumplió el principio de anualidad del gasto público.

Datos de la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social señalan que en Baja California el 3.1 por ciento de sus habitantes se encuentra en pobreza extrema y un tercio de su población total registra niveles de pobreza.

En 2015 la administración de Francisco Vega contó con recursos federales por 37 millones 155 mil pesos, incluidos los intereses financieros, de los cuales se gastaron 28 millones 585 mil pesos al 31 de diciembre, lo que representó un subejercicio del 23.1 por ciento; ocho meses después, en agosto, se hizo la comprobación de 32 millones de pesos por lo quedaron sin ejercer 5 millones 126 mil pesos. Durante la revisión de los auditores del Congreso de la Unión se presentó una comprobación complementaria de 951 mil pesos.

Al concluir la auditoría a la Secretaría de Desarrollo Social del Estado (SEDESOE) durante la gestión de Ricardo Magaña, quien renunció en 2016 para buscar infructuosamente la candidatura del PAN al gobierno de Tijuana, quedaron sin ejercer recursos por 4 millones 17 mil pesos destinados a obras de agua potable y electrificación.

Un tercio del 13.8 por ciento del dinero no ejercido corresponde a proyectos de agua potable y otro tercio a electrificación rural y urbana en colonias pobres lo que según el informe de la ASF generó opacidad en la aplicación de los recursos del fondo federal.

En la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 15-A-02000-02-0576 de la ASF se detectó también el incumplimiento de obras de urbanización, alcantarillado, drenajes y letrinas, de acuerdo a registros contables, estados de cuenta bancarios y expedientes del gasto del gobierno bajacaliforniano.

Para la ASF existe un probable daño de la hacienda federal y el subejercicio “originó que la población objetivo no recibiera oportunamente los beneficios programados, de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal y los Lineamientos Generales para la Operación del FISE”.

Los recursos pagados con el FISE 2015 se destinaron para atender a los grupos de población en condiciones sociales más desfavorables en las Zonas de Atención Prioritaria Urbanas definidas por la SEDESOL en los cinco municipios de la entidad, donde destacan los índices de pobreza extrema en Ensenada y Tijuana.

 

De manera reiterada los gobiernos panistas que se encuentran en la administración pública estatal desde 1989 han señalado a la migración como el principal factor de rezago social y, por ende, de los niveles de pobreza en esta entidad que en 2008 se encontraba entre las cinco de los estados con menores registros de pobreza.

 

A principios de febrero, el secretario de Desarrollo Social, Alfonso Álvarez Juan, ponderó los avances para abatir la pobreza y garantizar el ejercicio de los derechos sociales mediante la ampliación de la infraestructura y el fortalecimiento de del ingreso de las personas, a pesar de ser una entidad receptora de migrantes que generan el crecimiento constante de la población

 

“La mejor focalización de los recursos del Fondo de Infraestructura Social (FISE) en Baja California se refleja en el impacto positivo de la inversión en el abatimiento del rezago social y la pobreza. El combate a la pobreza multidimensional ha estado acompañado por el abatimiento de carencias y el fortalecimiento del ingreso de las personas, a través de acciones que incentivan la creación de empleos formales”, señaló días antes de darse a conocer el Informe de la ASF del ejercicio 2015 donde se registró un subejercicio del 13.8 por ciento de los recursos asignados

Denuncias penales de ASF contra Gobierno de BC son un “procedimiento normal”: “Kiko” Vega

rps20161021_123629Jorge Heras, Mexicali, 21 de octubre.-Las dos denuncias penales que interpuso la Auditoria Superior de la Federación (ASF) contra el Gobierno de Baja California en 2013 y 2015 son parte de “un procedimiento normal legal” que realiza el máximo órgano fiscalizador del país cuando encuentra irregularidades administrativas y financieras, admitió el gobernador, Francisco Vega de Lamadrid.

El mandatario estatal dijo que “no tenemos que preocuparnos”, porque se atenderían las observaciones establecidas en las denuncias.

“Todo lo que se ingresa debe tener una comprobación mucho muy puntual y cuando por cualquier situación se regresan recursos, entonces debe estar perfectamente bien documentado con una lógica y una ruta, por lo tanto en ocasiones por procedimiento se presentan estas (denuncias penales)”, agregó.

Hasta el 30 de septiembre del 2016, la ASF ha presentado 723 denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR) por actos que provocaron quebranto patrimonial en los ejercicios fiscales de 1998 a 2014, de los cuales 266 son contra gobiernos estatales, dos de ellas fueron para el Gobierno de Baja California y 52 para la administración de Javier Duarte, gobernador con licencia de Veracruz.

Las denuncias interpuestas por la Auditoria Superior de la Federación son presentadas cuando se tienen suficientes elementos legales tras no cumplir con la comprobación de gastos o reintegro de dinero a la Tesorería de la Federación.

A pesar de que las demandas siguen vigentes, Vega de Lamadrid rechazó que su gobierno haya simulado la entregada de recursos no ejercidos por la administración estatal, pues esto, dijo, constituye un delito.

“Queda muy claro que al momento de revisar el por qué de las cosas estará todo mas que justificado… Es  un procedimiento normal el que la autoridad competente realiza al momento de encontrar alguna situación que tenga que ver, en este caso con un reintegro, pero en ese mismo hecho se abre el espacio de comprobación”, puntualizó.

El mandatario estatal aseguró que es común que se den este tipo de situaciones ya que el presupuesto que otorga la Federación es de 44 mil 400 millones de pesos, pero que al final “todo estará ordenado, multiplicado y razonado”.

El 20 de octubre de 2015 se presentó la denuncia 645, porque el gobierno de Baja California simuló el reintegro de montos exigidos por la ASF ante irregularidades detectadas en la revisión de cuentas públicas del 2014.

Las observaciones son de carácter económico ante la presunción de daño y/o perjuicio,además de la presunta responsabilidad de infractores, toda vez que el informe de Revisión de Cuentas Públicas señala que la actual administración depositó 5 millones de pesos por concepto de recuperaciones al incumplir con el debido ejercicio presupuestal, pero canceló la transacción una vez que los auditores verificaron el cumplimiento de la observación.

Otra denuncia es la número 404 correspondiente al ejercicio 2012, penúltimo año de gobierno de José Guadalupe Osuna Millán, la cual se presentó el 28 de agosto de 2014, luego de conocerse los resultados de la auditoría 719.

Gobiernos de “Kiko” Vega y Osuna Millán entre las denuncias penales de la ASF

poder-ejectivo-bcAntonio Heras

Mexicali.-Las denuncias penales presentas por la Auditoría Superior de la Federación implican a los gobiernos panistas de José Guadalupe Osuna Millán y de Francisco Vega de Lamadrid por conductas ilegales en el manejo de recursos de la hacienda federal aportados a programas locales.Baja California cuenta con dos denuncias penales por irregularidades detectadas en el manejo presupuestal de fondos federales entre 2012 y 2014, de acuerdo a un informe del máximo órgano de fiscalización de México.

Hasta el 30 de septiembre de 2016, la ASF ha presentado 723 denuncias penales ante la Procuraduría General de la República por actos que provocaron quebranto patrimonial en los ejercicios fiscales de 1998 a 2014, de los cuales 266 son contra gobiernos estatales.

La denuncia 645 se presentó hace un año, el 20 de octubre de 2015, porque el gobierno estatal simuló el reintegro de montos exigidos por la ASF ante irregularidades detectadas en la revisión de cuentas públicas.

El Informe de Revisión de Cuentas Públicas de 2014 señala que esta administración depositó 5 millones de pesos por concepto de recuperaciones al incumplir con el debido ejercicio presupuestal, pero canceló la transacción una vez que los auditores verificaron el cumplimiento de la observación.

Otra denuncia es la número 404 correspondiente al ejercicio 2012, penúltimo año de gobierno de José Guadalupe Osuna Millán, la cual se presentó el 28 de agosto de 2014, luego de conocerse los resultados de la auditoría 719.

Las observaciones son de carácter económico ante la presunción de daño y/o perjuicio,además de la presunta responsabilidad de infractores,por lo que las denuncias de hechos ilícitos se presentan cuando la ASF cuenta con suficientes elementos legales. En esos casos el denunciante se convierte también en coadyuvante del Ministerio Público.

Foto: Cortesía

Exportadora de Sal: la empresa de la discordia

_K7A8339Antonio Heras
BCS.- 
Como una medida disciplinaria, el Consejo de Administración de la Empresa Exportadora de Sal (ESSA) destituyó al director General Jorge Humberto López Portillo al oponerse a proponer como director de Administración y Finanzas al contralor de la construcción del monumento “Estela de Luz”.

Esta destitución se produjo ocho días después que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó los resultados del informe de una auditoría donde observó una serie de medidas que impactan negativamente en la operación y rentabilidad de la ESSA, atribuibles al propio Consejo de Administración que preside Mario Alfonso Cantú Duarte, coordinador de Minería de la Secretaría de Economía.

Entre ellas se encuentra el fijar precios de la sal muy inferiores a los del mercado internacional y por debajo del costo de producción, en beneficio de Mistubishi Corporation quien tiene contrato exclusivo de venta y distribución de toda la sal que se produce en Guerrero Negro, Baja California Sur.

En octubre de 2014, Cantú fue señalado por legisladores federales de Movimiento Ciudadano de actos de corrupción y tráfico de influencias en la autorización de las concesiones mineras, además de nepotismo por lo que exigieron a la Secretaría de la Función Pública y a la ASF realizar investigaciones que incluyan también la verificación de las reservas de minerales certificadas en México, durante la actual administración.

Los diputados Monreal y Ricardo Mejía advirtieron la existencia de personas físicas y morales que afirman haber sido víctimas de funcionarios de la SE que condicionan la expedición de concesiones mineras a cambio de dinero o la participación en las empresas hasta en 50 por ciento de la propiedad, además de evidencias de contratación de familiares de Cantú en órganos bajo su control en la administración pública.

diputado-humberto-lc3b3pez-portillo-basaveLa destitución de López Portillo Basave se derivó por oponerse a proponer al candidato de Cantú Duarte al frente de la administración y las finanzas de ESSA. Se trata de Jorge Guillermo Esquivel y Esquivel, quien fungió como titular del Órgano Interno de Control de “I.I.I. Servicios” (conocida como Triple I) en esta obra que de un monto original de 393 millones de pesos terminó con un costo superior a los mil millones donde esta empresa filial de PEMEX cobró 80 millones de pesos del costo total. Por ello, se dictó orden de aprehensión contra 12 funcionarios, entre ellos el titular del Órgano Interno de Control.

En un oficio del 8 de diciembre, López Portillo dio a conocer los resultados de una solicitud de información en el ámbito del servicio público sobre esta empresa en el que “lamentablemente se nos recordó” que fue la encargada de construir el monumento “Estela de Luz”, ubicada en Paseo de la Reforma, con motivo de los festejos del Bicentenario de la Independencia de México.

El argumento central de López Portillo Basave fue que al proponer a Esquivel y Esquivel se incurriría en “un riesgo de imagen institucional innecesario, en tanto no se resuelvan las auditorías abiertas contra la empresa inmobiliaria”.

Se refería a las auditorías 341 realizada en 2009, así como a las 898 y 1103 de 2010 y 51, 54, 55 y 56 de 2011 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y también a la responsabilidad que tienen los titulares de los órganos de control en cuanto a la fiscalización del “correcto ejercicio de los recursos públicos”.

Por ello y conforme a las facultades legales de su cargo, notificó a los consejeros y comisarios la ratificación de Antonio Rocha Núñez como encargado de despacho de la Dirección de Administración y Finanzas, en tanto “le enviemos una nueva propuesta al Órgano de Gobierno”.

Tres semanas después, el 29 de diciembre de 2014, el secretario del Consejo de Administración de ESSA, Julio Alfredo Sánchez Bastida, informó al Director de Operaciones sobre la resolución adoptada “fuera de junta de consejo por los integrantes  del Consejo de Administración”  y por “indicaciones del titular del Poder Ejecutivo Federal, a través del Secretario Coordinador del Sector” a fin de garantizar que las “funciones y operatividad de la entidad se realicen de manera articulada, congruente y eficaz, hasta en tanto el director de Administración y Finanzas asume el cargo que fue autorizado por el Consejo de Administración”.

La fecha para que Esquivel y Esquivel asuma su cargo es el próximo viernes 2 de enero en una empresa que emplea a mil 600 jefes de familia y de alto impacto para la economía de la comunidad y para la preservación del medio ambiente, donde se ubica la Reserva de la Biósfera del Vizcaíno y se encuentra la Bahía Ojo de Liebre, considerado santuario de la ballena gris.

_K7A9549Discrepancias

La auditoría 30 relativa a los Ingresos por Venta de Bienes y Servicios observo inequidad en el contrato de comisiones sobre distribución, venta, compraventa, precios de la sal, su comercialización y rentabilidad de ESSA en perjuicio del gobierno mexicano que es socio mayoritario al poseer el 51 por ciento de las acciones y el resto pertenece a la empresa japonesa Mitsubishi Corporation (MC), en un contrato que data del 22 de noviembre de 1976.

Un planteamiento que incomodó a Cantú Duarte fue el realizado por López Portillo ante el Órgano de Gobierno para incrementar el precio de la sal producida en Guerrero Negro por encima del costo de producción en beneficio del socio mayoritario, toda vez que el Consejo de Administración es el único autorizado para fijar precios y suscribir contratos.

La ASF detectó diversos contratos de venta de sal con un precio de 10.19 dólares por tonelada métrica, a pesar de que el costo de producción es de 15.25 dólares; poco más de cinco dólares de diferencia.

Esta situación anómala en cualquier proceso productivo se mantiene en 14 de los 23 contratos de venta fueron inferiores al costo de producción de 15.25 dólares por TM en 2013, ya que los precios que van de 10.39 a 15.03 dólares, lo que representa un perjuicio para la empresa dejó de recibir 6,406.2 miles de dólares, equivalentes a 82,568.0 miles de pesos.

La afectación más evidente por la decisión del Consejo de Administración es por fijar precios inferiores a los internacionales porque durante 2013 estableció un precio de 18.06 dólares por TM de sal industrial de exportación cuando en Estados Unidos alcanzó los 70 dólares la TM de sal solar.

Ese año la empresa reportó ingresos de 1,830,715.0 miles de pesos por la venta de 7,754.0 miles de TM de sal y alcanzó una utilidad de 166,304.0 miles de pesos, el 9.1% de las ventas. De haberse aplicado el precio de venta internacional el ingreso habría sido de 7,097,663.0 miles de pesos y la utilidad de 644,468.0 miles de pesos.

“Es decir, ESSA dejó de percibir 5,266,948.0 miles de pesos de ingresos y 478,164.0 miles de pesos de utilidad”, advirtió el máximo órgano de fiscalización del país.

_K7A4996La ASF señaló que es facultad indelegable del Consejo de Administración -cuyo presidente es Cantú- fijar y ajustar los precios de venta, conforme a criterios de eficiencia económica y saneamiento financiero y los prevalecientes en el mercado internacional.

Mitsubishi Corporation tiene el monopolio mundial en la compra, distribución y comercialización de la sal que produce ESSA, lo que denota condiciones desfavorables para el gobierno mexicano porque limita el acceso a nuevos mercados y evaluar otras alternativas para la venta del producto, lo que contraviene diversas leyes federales, entre ellas las de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la de Competencia Económica y la de Entidades Paraestatales.

“No obstante diversas gestiones que la Dirección General de ESSA ha llevado al Órgano de Gobierno, no se han obtenido cambios significativos, ya que estas decisiones corresponden al Consejo de Administración de ESSA”, asienta en lo relacional al Contrato para la Distribución y Venta de Sal al tiempo de señalar que es reiterativa la postura del Consejo de respetar todos aquellos compromisos de contratos previos.

La ASF documenta que estos compromisos se refieren al contrato de 1977 donde se le otorgaron a la empresa japonesa los derechos exclusivos de venta y comercialización en un contrato que tuvo efectos retroactivos ocho meses antes de su formalización y donde existen deficiencias de protocolo.

En otras palabras, las propuestas de López Portillo fueron frenadas por Cantú Duarte y los socios japoneses que integra también este órgano de Gobierno. Este conflicto de intereses se observa en 17 de los 23 contratos de compraventa de sal para su reventa que fueron suscritos por empleados de Mitsubishi que a su vez eran miembros del Consejo de Administración y ocupaban puestos directivos en ESSA.

_K7A4151A pesar que se incrementó la venta del volumen de en los últimos tres años, la rentabilidad de ESSA disminuyó por pagos de notas de crédito por ajustes de 14,853.8 miles de pesos y en notas de débito por 137,261.0 miles de pesos no justificados.

También le impactó el pago de demoras ocasionadas por el desfase en el despacho de la sal de exportación que ocasionó mayor tiempo de estadía de los barcos. En los últimos cinco años ESSA pagó 55,225.2 miles de pesos por demoras.

Tan solo en 2013, de un total de 3,666.3 miles de dólares (4,668.8 miles de pesos) se pagaron sin soporte documental, autorización ni justificación a la empresa mexico-japonesa Baja Bulk Carriers 249.6 miles de dólares (3,183.8 miles de pesos), y a Mitsubishi 116.7 miles de dólares (1,485.0 miles de pesos), concluyó la ASF

Reprueba UABC al fiscalizarle recursos federales para educación de calidad

Rectoria-uabcLindero Norte
Mexicali.- Al fiscalizar el ejercicio de los recursos federales transferidos para el programa de Educación Superior de Calidad, la Auditoría Superior de la Federación reprobó a la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).

Los dictámenes del máximo órgano de fiscalización de México son, dependiendo del ejercicio de recursos públicos, pueden ser limpios, regulares o negativos.

El “Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012” dictaminó como negativa la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 12-4-99003-02-0698 por considerar que los mecanismos de control interno no garantizan la transparencia en su operación, entre otros.

Las aportaciones asignadas a la UABC y fiscalizadas en su totalidad fueron de mil 135 millones 762 mil pesos, según el reporte de la auditoría de gestión financiera GF-577 al detectarse pagos indebidos a empleados universitarios por 8 millones 208 mil pesos al no acreditar el perfil requerido para el puesto desempeñado y erogaciones posteriores a empleados dados de baja.

uabc-ensenadaLa ASF solicitó además la aclaración de cerca de 192 millones de pesos por concepto de pagos de “Gastos de operación” de nómina y 28 millones de prestaciones no ligadas al salario que exceden el límite establecido en el Convenio de Apoyo Financiero signado por la Secretaría de Educación Pública, el Gobierno de Baja California y la UABC, ya que “no presentó documentación justificativa y comprobatoria” para amparar este gasto.

De los 3 mil 062 millones de pesos asignados a la UABC en este ejercicio anual se obtuvieron rendimientos financieros por un millón 387 mil pesos, de los cuales mil 135 millones 762 mil pesos corresponden al subsidio del gobierno federal

Dos de las 11 observaciones producto de la auditoría fueron solventadas cinco pero se generaron dos recomendaciones, dos solicitudes de aclaración, dos Pliegos de Observaciones y la promoción de tres procedimientos de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.

“La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos y se aplicaron los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el presente dictamen”, el cual resultó adverso para la universidad estatal.

También consideró que la UABC “no cumplió con las disposiciones normativas aplicables” y que entre sus debilidades en el control interno se encuentran la desactualización del Manual de Organización, la carencia de indicadores de desempeño para corregir deficiencias y la toma de decisiones, la no apertura de una cuenta bancaria específica para la recepción y manejo de estos recursos y la ausencia de conciliaciones del gasto con el presupuesto calendarizado, ministrado y ejercido.

Aun cuando existen estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el comportamiento de algunas actividades, la ASF argumentó que son insuficientes para garantizar el cumplimiento de los objetivos del convenio, la normativa y la transparencia en su operación.

El órgano máximo de fiscalización del país recomendó a la UABC fortalecer  los mecanismos de control para evitar las debilidades y deficiencias detectadas con la finalidad de brindar una seguridad razonable respecto del logro de los objetivos y mejorar la eficacia de los procesos de operación y administración.

A contraparte, consideró que entre sus fortalezas destacan el Estatuto del Personal Académico, el soporte documental de los Estados Financieros Dictaminados, el cumplimiento de manuales de calidad, la atención oportuna para evitar atrasos en los pagos de nóminas catorcenales y las conciliaciones bancarias mensuales para contar con cifras reales en los estados financieros.

uabc estudiantesLa ASF solicitó a la Auditoría Interna de la UABC iniciar investigaciones y, en su caso, procedimientos administrativos de quienes omitieron implementar registros contables para identificar los recursos por partidas de gasto realizadas, conciliar las nóminas para validar el gasto por tipo de recurso y medir los avances físico financieros.

En el oficio 434/2013-2, el tesorero de la UABC, Víctor Alcántar, argumentó las aclaraciones solicitadas por la ASF donde señala que los recursos no se utilizaron en nómina sino en pagos por gastos de operación y que existen varias cuentas bancarias debido a que existen campus en Tijuana, Ensenada y Mexicali para agilizar las operaciones y atender las necesidades en la ubicación geográfica para el pago descentralizado a terceros

Las áreas auditadas de la UABC son la Unidad de Presupuesto y Finanzas, el Departamento de Contabilidad y la Coordinación de Recursos Humanos, cuya información se considerará para “eliminar, rectificar o ratificar los resultados” a efecto de elaborar el informe definitivo.