Cabildos aprueban la eliminación del fuero constitucional en BC

Jorge Heras / Lindero Norte
Mexicali.- Con la aprobación en tres de los cinco cabildo de la entidad del dictamen del Congreso local que suprime la figura del fuero de la Constitución de Baja California, la reforma propuesta por el Partido Estatal de Baja California y respaldada por todas las fuerzas políticas de la legislatura podrá ser ratificada por el Poder Legislativo y publicada en el Periódico Oficial.

En la sesión del 9 de marzo, los ocho grupos parlamentarios votaron a favor de eliminar la prerrogativa constitucional que gozan representantes populares, magistrados, algunos funcionarios públicos, alcaldes y gobernador del Estado.

Pero por procedimientos legislativos tardíos, ya que se debe de aprobar en la siguiente sesión el acta firmada de ese día por todos los diputados, fue que el dictamen número 5 se entregó a los cinco cabildos hasta el viernes 31 de marzo.

Como lo adelantó Lindero Norte, las vacaciones de Semana Santa, las prácticas parlamentarias y el trámite de los órganos de los cabildos llevarían a que el dictamen del fuero se aprobaría en la tercera semana de abril.

De esta manera fue que la mañana de este martes, los cabildos de Ensenada y Tecate aprobaron la reforma a los artículos 12, 27, 91, 94 y 95 de la Constitución Política del Estado.

Anteriormente, en la sesión del jueves 6 de abril, los regidores y el alcalde de Mexicali votaron por unanimidad la eliminación del fuero, convirtiéndose en el primer gobierno que aprobó esta iniciativa sin tener que enviarla a la Comisión de Gobernación y Legislación del cabildo.

El Ayuntamiento de Tijuana ha decido aplazar este punto desde que los mismos regidores de su partido propusieron exhortar al Congreso para que suprimiera esta figura jurídica.

Con la aprobación en los tres cabildos, el Congreso podrá proceder a pronunciar la declaratoria de incorporación constitucional de las presentes reformas y entrará en vigor 90 días después de su publicación.

Si lo cabildos no atendían estas reformas a la Constitución durante un mes iba a ser publicada en el Periódico Oficial sin tomar en consideración a los cinco Ayuntamientos.

De acuerdo a las iniciativa contemplada en el Dictamen 5, para proceder penalmente contra el gobernador, diputados locales, magistrados del Poder Judicial, secretario General de Gobierno, procurador General de Justicia, así como contra presidentes municipales y regidores, entre otros funcionarios del Estado, bastará que el juez de control dicte auto de vinculación penal, en los términos del Código de Procedimientos penales.

Y en el caso de servidores públicos de elección popular, el juez notificará al Congreso del Estado a fin de que sea éste quien declare la separación del cargo en los términos de Ley.

Reforma que amplía a 15 años el periodo de los magistrados electorales confronta a cabildos y Congreso de BC

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Mexicali.- El Congreso de Baja California, en una de las últimas acciones de la XX legislatura, invalidó la decisión del cabildo de Tijuana de rechazar la reforma constitucional para aumentar de nueve a 15 años los nombramientos de los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado.

A principio de septiembre, el cabildo tijuanense acordó en el pleno no aprobar el dictamen del Congreso del Estado, al igual que el ayuntamiento de Tecate y Playas de Rosarito. La reforma requería de la aprobación de tres de los cinco ayuntamientos, pero no lo logró.

La “Declaratoria de no procedencia” de la reforma constitucional se presentó en el pleno del Congreso local en una sesión del 13 de septiembre y se dio paso a archivarla, pero el 25 de septiembre el entonces presidente Gregorio Carranza pidió al secretario Marco Vizcarra que leyera la “Declaración Formal de la Incorporación Constitucional” del quinto párrafo del artículo 58 de la constitución donde se establece que los magistrados sólo pueden ser privados de sus cargos al cumplir 15 años a partir de sus nombramientos.

La lectura provocó reacciones ante los diputados sobre todo por no haber sido sujeto a votación en el pleno, toda vez que el entonces diputado Carranza Hernández consideró que la notificación del rechazo de los cabildos de Tijuana y Playas de Rosarito se hizo mediante correo electrónico.

Hay mucha suspicacia, dijo el diputado Ricardo Magaña durante la sesión, porque se excusan que el error fue a recibieron en copias. En la investigación que he hecho son muy claros los oficios y quisiera saber cuál es el error por el que usted declaró viable (la negativa) y ahorita dice que no.

El pretexto fue que en el caso de Tijuana, el secretario de Gobierno Obed Silva notificó por correo electrónico la voluntad del cabildo, pero nunca entregó la originales. Caso similar ocurrió con Playas de Rosarito. Por ese motivo, el PAN presentó ante el Congreso un “juicio de revisión constitucional”, aunque la única entidad para revisar aspectos de la constitucionalidad es la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En su última acción como presidente de la XX Legislatura, el elbista Gregorio Carranza expidió un acuerdo de la Mesa Directiva para que procediera la supuesta reforma constitucional y envió el Decreto 573 para para que se publique en el Periódico Oficial y entre en vigor al día siguiente.

Sin embargo, el gobernador José Guadalupe Osuna podría emitir su veto por inconsistencias jurídicas.

Los cabildos de Tecate, Tijuana y Playas de Rosarito rechazaron la reforma que de manera directa beneficiaría a tres magistrados que se encuentran en funciones desde hace una década y que ampliarían su encomienda cinco años más. Sin embargo el Congreso de Baja California le dio luz verde

Al trascender este asunto ilegal e irregular, los nombres de Gregorio Carranza, Marco Antonio Vizcarra, su cuerpo de asesores, así como Obed Sánchez y Catalino Zavala estarán sujetos a revisión por procedimientos administrativos en el Poder Legislativo y de los cabildos correspondientes.