Por salir de vacaciones, diputados de BC incumplen la Constitución para la entrega del informe del Gobernador

Jorge Heras / Lindero Norte
Mexicali.- Para respetar su periodo vacacional de verano, la mesa directiva del Congreso de Baja California incumplió la Constitución local que fijaba como plazo el 1 de agosto para la entrega del cuarto informe de gobierno de la administración de Francisco Vega de Lamadrid en el recinto legislativo.

A finales del 2014, Vega de Lamadrid hizo modificaciones al articulo 22 de la Constitución para cambiar los tres periodos de Sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados, iniciando el primer periodo el primero de agosto al último día de noviembre; Sin embargo a capricho de la mayoría de Acción Nacional, esta legislatura alteró de nueva cuenta los periodos de sesiones para que el primer presidente de la mesa directiva, el panista Raúl Castañeda Pomposo, estuviera al frente de la Legislatura cuatro meses en lugar de dos, para culminar hasta el 31 de enero.

De esta manera se alteró todo el calendario del primer año de ejercicio de la XXII Legislatura, toda vez que el segundo presidente de la mesa directiva, el también panista Ignacio García Dworak, estuvo cuatro meses en la encomienda, resultando afectado la presidencia del representante del partido Movimiento Ciudadano, Job Montoya, quien apenas duró dos meses, finalizando el pasado 31 de julio.

De acuerdo a la fracción V del artículo 49 de la Constitución del Estado, el mandatario estatal está obligado a “rendir un informe general, por escrito, del estado que guarde la Administración Pública, remitiéndolo al Congreso a la apertura del primer periodo de sesiones ordinarias”, que inició el pasado 1 de agosto, cuando asumió la presidencia de la mesa directiva, el diputado priista Benjamín Gómez Macías.

Horas después de este acto protocolario, salieron del recinto todos los diputados y trabajadores administrativos, y se apagaron las luces del edificio del Poder Legislativo para de esta manera iniciar con las dos semanas de vacaciones, que para los legisladores se extendió una semana más, pues habrá sesión ordinaria hasta el 24 de agosto.

El encargado de asuntos legislativos de la Secretaría General de Gobierno, Rubén Armenta Sanabia culpó a los diputados de que se haya incumplido con la obligación del gobernador de presentar el informe en la apertura del primero periodo de sesiones, al manifestar que los legisladores acordaron con el Poder Ejecutivo que la entrega se realice el 1 de octubre, “como tradicionalmente se ha hecho”.

“Los señores diputados no pusieron en la mesa que el 1 de agosto el Congreso entra en receso, va  estar cerrado y lo vamos a cambiar como ya lo hicimos con los periodos de la presidencia de 2 meses a 4 meses”, expresó.

El ex diputado local y dirigente estatal del PAN indicó que dos semanas antes de que salieran de vacaciones el Poder Legislativo, la misma Subsecretaría de Gobierno recordó a la mesa directiva del Congreso los tiempos que marca la Constitución local.

“Posteriormente ya cuando entre la nueva legislatura si quieren hacer modificaciones lo vamos hacer en la ley, nosotros no tenemos ningún problema, el día que se nos diga vamos y presentamos el informe”, puntualizó.

Este miércoles, el presidente del Congreso se reunió con el gobernador del Estado en el edificio del Poder Ejecutivo para refrendar la coordinación de trabajo entre ambos poderes y establecer una agenda conjunta, sin recordar que ambos violaron la Constitución del Estado.

El vicepresidente del Colegio de Abogados en el Ejercicio Libre del Derecho, Fernando Rosales se pronunció en contra de esta medida que adoptaron el Poder Legislativo y el Ejecutivo ya que advirtió que estará presentando un juicio político contra Francisco Vega de Lamadrid por violentar la Constitución local y acatar la ley a su beneficio.

Abogados acusan de inconstitucional dictamen que reforma la Constitución de BC para crear el Sistema Anticorrupción

Jorge Heras / Lindero Norte
Mexicali.- El Colegio de Abogados en el Ejercicio Libre del Derecho, Fernando Rosales Figueroa y José Castro Crespo presentaron una iniciativa para modificar el dictamen que sienta las bases jurídicas para la creación del Sistema Estatal Anticorrupción, pues consideraron que es inconstitucional lo que se aprobó en la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales.

Los abogados señalaron que el proyecto de reforma a la Constitución local en el que se indica la forma que estarían integrados Comité de Participación Ciudadana y el Comité Coordinador, es violatorio de la Ley General que establezca las bases de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción referido en el artículo 113 de la Carta Magna.

Explicaron que lo que contempla la Constitución federal es que son cinco los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, pero en el Sistema Estatal se pretende designar a 15.

De igual forma manifestaron que mientras la Comisión de gobernación aprobó que el Comité Coordinador esté integrado por 11 ciudadanos y 11 representantes de la autoridad, la legislación federal sostiene que este órgano deberá conformarse por un representante del Comité de Participación Ciudadana.

La principal irregularidad que hay en el dictamen de reforma para el Sistema Estatal Anticorrupción, aseveraron los dos litigantes, es que el artículo 102 de la Constitución Federal señala que para designar al Fiscal Anticorrupción debe darse primero la reforma para crear la figura del Fiscal General, toda vez que sería el encargado del nombramiento.

Indicaron que de acuerdo a la legislación federal, el Fiscal General de la República es el encargado de designar al Fiscal Anticorrupción.

Para los miembros de el Colegio de Abogados en el Ejercicio Libre del Derecho estas irregularidades son torales para que no sea efectivo el Sistema Estatal Anticorrupción, ya que estaría vulnerable a recursos legales como demandas de inconstitucionalidad, por lo que “se está protegiendo a funcionarios y gobernantes que incurran en algún acto de corrupción”.

“Estamos convencidos de que todos los ciudadanos queremos que sea un ciudadano el Fiscal del Combate a la Corrupción, pero que sea ajustado a la Constitución Federal y la Ley Secundaria, para ello los diputados tienen que fortalecer el sistema jurídico en Baja California, y acotar las designaciones de acuerdo al marco de la exposición federal”, puntualizó el abogado Fernando Rosales.

El dictamen de la reforma constitucional para crear el Sistema Anticorrupción será presentado la tarde de este miércoles en el Pleno del Congreso Estatal para ser discutido y votado por las ocho fuerzas políticas que integran la Cámara de Diputados.

Propone diputado del PES que Ayuntamientos asuman el control del servicio de agua

*Diputado Luis Moreno presenta iniciativa para garantizar el derecho al agua.

Jorge Heras / Lindero Norte

Mexicali.- El diputado del Partido Encuentro Social (PES), Luis Moreno Hernández presentó una iniciativa para garantizar el derecho al agua y que los cinco ayuntamientos de Baja California tengan las atribuciones jurídicas para dotar del servicio de agua potable a sus ciudadanos, tal como lo establece la Constitución Federal y Estatal.

En sesión ordinaria de este martes, el coordinador del grupo parlamentario del PES propuso una reforma y adición al artículo 7 en el apartado de la promoción, respeto, protección y garantía de los Derechos humanos, para establecer como derecho humano el acceso al agua potable. 

De igual forma planteó agregar a la Constitución que “el agua, constituye un bien público y nadie puede aspirar a ceder el control último del mismo; es por ello que la prestación del servicio público del agua es una atribución que corresponde a los ayuntamientos”.

Moreno Hernández indicó que los gobiernos municipales deben ser los rectores de los organismos operadores de agua en conformidad con el artículo 82, inciso B, fracción I, de la Constitución Local.

“Es fundamental regular el servicio de agua en el Estado para que sea el municipio el ente jurídico que tenga las facultades y atribuciones para ofrecer el servicio del liquido vital”, puntualizó.

En la explicación de motivos de la iniciativa, el diputado Luis Moreno refirió que el 8 de febrero del 2012, el Congreso de la Unión adicionó un sexto párrafo al artículo 4° para elevar a rango constitucional el derecho humano al agua y saneamiento, con lo que se obliga al Estado a promulgar una nueva legislación en la materia.

“Este tema es muy delicado porque en el futuro muy cercano los grandes problemas de la humanidad no va a ser por la energía ni el petróleo, serán por la disponibilidad del agua potable derivado de factores como el calentamiento global y el uso indiscriminado del agua”, explicó.

Sobre los posicionamientos en contra de que los Ayuntamientos asuman el control y la figura jurídica de la operación del servicio de agua en los municipios, el legislador del PES indicó que la situación que guardan las Comisiones de Servicios Públicos manejadas por el gobierno estatal es critica debido a la mala administración y manejo del agua.

Ley de APP busca privatizar lo que la Constitución no permite y “da pie a la tranza”: Diputado PES

Jorge Heras / Lindero Norte
Mexicali.- El diputado del Partido Encuentro Social (PES), Luis Moreno Hernández se pronunció en contra de los contratos que celebró el Gobierno Estatal a través de la figura de Asociación Público Privada (APP) al asegurar que se trata de negocios entre políticos y empresas para privatizar lo que la Constitución no permite.

Al igual que lo hizo en varias sesiones del Congreso local, el coordinador del grupo parlamentario del PES aseveró en la reunión que tuvo la Comisión de Gobernación con el movimiento “Mexicali Resiste” que al igual que México, varios países de Latinoamérica debaten entre la viabilidad y los perjuicios de legislar a favor de las APP.

“Las empresas privadas y corporaciones internacionales han presionado en Sudamérica, para hacer lo que las constituciones locales no permiten privatizar como la educación, salud y agua”, apuntó.

Comentó que a través de la Ley de Asociación Público Privada se pretende “privatizar en Baja California de una manera silenciosa”.

Asimismo señaló que la Organización para Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), integrado por 35 países, entre ellos México, llama a los Estados miembros a revisar el esquema de leyes de APP porque “ha comprobado que se están enriqueciendo a algunos políticos ya que da pie a la tranza”.

Moreno Hernández sostuvo que es necesario abrogar el dictamen 62 para después revisar una por una las once obras aprobadas por medio de contratos de APP.

“Sin duda alguna, estos contratos ventajosos para las empresas privadas están generando un daño a las finanzas públicas porque el gobierno pagará 83 mil millones de pesos en 37 años”, expresó.

El presidente estatal del Partido Encuentro Social indicó que las obras aprobadas no fueron consensuadas con la población, como es el caso de la controvertida desalinizadora de Playas de Rosarito.

Manifestantes toman edificio del Congreso; Anuncian protesta en la sesión de Tecate

Jorge Heras / Lindero Norte

Mexicali.- Por segunda ocasión durante este año, el grupo de manifestantes y activistas denominado “Mexicali Resiste” instalaron un bloqueo en los accesos al edificio del Poder Legislativo en protesta por el rompimiento entre la Mesa Directiva del Congreso y la comitiva de manifestantes, quienes tenían una mesa de negociación para atender el pliego petitorio del movimiento.

Durante las primeras horas de este lunes, medio centenar de personas impidieron el acceso a los trabajadores del recinto parlamentario ubicado en el Centro de Gobierno de Mexicali, como medida de presión para que los diputados de las ocho fuerzas políticas que integran el Congreso reanuden los trabajos con la llamada Asamblea del Pueblo, que primordialmente exigen la abrogación de la Ley de Asociaciones Público Privadas (APP).

“Exigimos al congreso del Estado su atención inmediata a las demandas establecidas en el pliego ciudadano que se les fue entregado hace casi dos meses, principalmente en lo que concierne al decreto 57 en lo referente al dictamen 62, aprobado por la Comisión de Hacienda, en el que se favorece a los empresarios cercanos al gobernador y al gobernador mismo. El decreto 57 no tiene razón de ser una vez abrogada la ley del agua”, aseveraron los manifestantes en un posicionamiento.

Uno de los voceros del movimiento de resistencia civil, León Fierro, calificó a la nueva Mesa Directiva, presidida por el diputado panista, Ignacio García Dworak, como una “farsa” porque “simularon que atenderían las demandas que les presentamos, pero nuestra compañera Araceli Piña (encargada de las negociaciones con el Congreso) tuvo que andarlos correteando para avanzar con los trabajos y nunca se presentaron ni contestaron el teléfono”, expresó.

Dijo a Lindero Norte que decidieron tomar de nueva cuenta las instalaciones de la Cámara de Diputados como lo hicieron el pasado 12 de enero, porque durante la pasada sesión del Congreso celebrada el jueves 23 de marzo, los diputados suspendieron y convocaron a una nueva sesión ordinaria en el municipio de Tecate, “como medida para no atender el reclamo de los ciudadanos que pedían un posicionamiento sobre Constellation Brands y la abrogación de la Ley de APP”

Fierro anunció que están convocando a ciudadanos de todos los municipios para manifestarse durante la sesión que se llevará a cabo el 6 de abril en el Centro Estatal de las Artes de Tecate.

Reiteró que el movimiento es pacífico y que no buscan el poder, ya que solamente exigen a los funcionarios y representante populares un comportamiento ciudadano ejemplar, ético, democrático y justo, siempre en defensa de la igualdad social.

Tanto las oficinas del Ayuntamiento como las del Congreso del Estado tienen un plantón permanente desde la primera marcha multitudinaria registrada en la segunda semana de enero.

Los manifestantes comentaron que esperaban un acercamiento con algún diputado por ser día laboral pero que hasta el momento ninguna autoridad o legislador ha tenido comunicación con el movimiento.

 

Columna Lindero Norte: Congreso de BC inútil como Torre de Babel

Antonio Heras

La idea de contar con un Congreso de Baja California de gran aliento, de calado amplio y de nivel se desfondó desde los primeros días de septiembre de 2016 cuando nuestros diputados tomaron posesión.

Como órgano colegiado es un cero a la izquierda pues sus acuerdos y leyes han sido superadas por la realidad y circunstancias.

El poder político bajacaliforniano y su clase política nunca leyeron que la única oposición real, fuera de componendas, es la de los ciudadanos.

Al menos en papel hay en el congreso local experiencia de sobra en la cosa pública. Hay personajes con experiencia como diputados federales y locales, dirigentes de partidos políticos, regidores, secretarios de ayuntamientos, servidores públicos, delegados federales, dirigentes sociales y sindicales, políticos de carrera y hasta conductores de programas de entretenimiento y asistencia social en radio y televisión.

De los 25 legisladores no se hace una tercia. En la estulticia hay equidad de género.

Las prácticas parlamentarias cada vez son más opacas y desaseadas, los acuerdos responden a la sujeción al Poder Ejecutivo donde el subsecretario Ruben Armenta se las sabe de todas en la operación política.

El PAN no sabe que hacer con su mayoría simple, más que imponer una nómina legislativa. Sumó a su lista de empleados a quienes han fracasado en otras administraciones públicas.

El diseño de operación política se estrelló en la impericia de sus “líderes” pues ni acordó alianza programática con el PRI ni tejió mayoría calificada con los partidos emergentes. La caída de la coordinación de la bancada se la debe Carlos Torres se la debe a los panistas de Tijuana y a la dirigencia local, además a la soberbia característica que lo ha significado en sus derrotas políticas.

La incapacidad de Raúl Castañeda Pomposo en el manejo de la primera mesa directiva fue evidente pues demostró que la operación callejera electoral nada tiene que ver con los trabajos legislativos y nadie lo pudo salvar, ni siquiera el señor Sota.

En cinco meses de labores legislativas la presión popular de la sociedad civil, sobre todo de la clase media, y de asociaciones civiles les espetaron el primer golpe en la historia política de Baja California: abrogar una ley que duró apenas un mes por la decisión gubernamental de privatizar el agua.

También se vieron obligados a eliminar el fuero constitucional, aunque pretendieron consumarla con un logro propio.
Ahora con otro panista en la presidencia camaral enfrentarán la idea ciudadana de eliminar la Ley de Asociaciones Públicas Privadas.

El Congreso se convirtió en otro “jueves de la fruta y la verdura”, como hace varias legislaturas le denominaron coloquialmente a las sesiones: interpelan a los diputados, les invaden espacio soberano, se les olvidan los recesos para reordenarse el cuadro, se pierde el quórum y a nadie le importa.
Es una Torre de Babel.

Los legisladores construyen su propio edificio de estulticia para ganar el cielo, labrando confusiones y en medio de odio y confrontaciones.
Lo único cierto en esta incertidumbre es que poseen una curul del reino de Babia y algunos de Babilonia.