Confirman costo del “Muro de Cristal” del Congreso de BC: más de 200 mil pesos pagarán los bajacalifornianos

*Justifican medida para evitar que manifestantes avienten botellas y monedas que suspendan las sesiones

Jorge Heras / Lindero Norte
Mexicali.- Integrantes de la Comisión de Administración del Congreso local afirmaron que el costo de la pared de policarbonato transparente que se está instalando en el Salón de Sesiones tendrá un costo de 200 mil pesos que se obtendrán del prepuesto asignado este año al Poder Legislativo.

La diputada de Acción Nacional (PAN), Victoria Bentley Duarte dijo a Lindero Norte que tal como lo publicó esta agencia informativa, los trabajos de planeación y medición de la estructura que soportará las láminas de este material resistente se realizaron desde hace tres semanas duranta la mesa directiva que encabezó el legislador del PRI, Benjamín Gómez.

Comentó que se hicieron tres presupuestos para finalmente quedarse con el que generará un costo a los bajacalifornianos de más de 200 mil pesos, el cual fue elaborado por la empresa Vidriera del Norte.

Justificó esta medida como parte de la seguridad que requieren los legisladores luego de las manifestaciones de los movimientos de resistencia civil, quienes han lanzado monedas y botellas de plástico al pleno durante la celebración de sesiones extraordinarias como acto de protesta contra los dictámenes que dieron lugar a la Ley del Agua (dos meses después derogada por el gobernador por los reclamos ciudadanos) y por la aprobación del Dictamen 95 que contiene los contratos vía Asociación Público Privada de dos desalinizadoras.

“Vean en internet porque muchas Cámaras de Diputados tienen micas, como el de Hermosillo, Sonora; además ustedes han sido testigos de que no solamente han sido insultos, también botellazos, y no solamente ha sido en una sesión porque han interrumpido dictámenes importantes que ya fueron dictaminados pero que no se pudieron leer porque truenan las sesiones”, puntualizó.

Bentley Duarte apuntó que los diputados de MORENA y PES son los únicos que se oponen a esta medida ya que, mencionó, son los únicos 3 de los 25 legisladores que no han sido insultados ni agredidos en el recinto parlamentario.

La diputada panista señaló que esta legislatura ha recibido sin ningún inconveniente a diferentes sectores de la población que se han manifestado en la Cámara como los jornaleros, burócratas y el magisterio

“Hacemos esto (instalar el muro) para que dejen seguir trabajando al Congreso de Baja California en todos los temas que le interesan a los ciudadanos porque un grupo de 20 o 30 manifestantes no pueden detener la sesiones”, sostuvo.

Personal de Comunicación Social del Congreso del Estado informó que están preparando información sobre el costo y las justificaciones de esta pared cristalina de seguridad para legisladores, la cual sería dada a conocer por el presidente de la Cámara, el diputado Raúl Castañeda Pomposo.

Reinstalan mesa técnica del Sistema Estatal Anticorrupción

Jorge Heras / Lindero Norte
Mexicali.- La Comisión de Gobernación del Congreso local reanudó con agrupaciones de la sociedad civil y empresarios los trabajos para la redacción de las leyes secundarias y normatividad para la selección de los Comités Ciudadanos del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).

Luego de que concluyeran los trabajos entre ciudadanos y diputados que dio pie al dictamen presentado ante el pleno para reformar la constitución con lo que se dio cabida al SEA, culminaron las pláticas y entendimientos entre ambas partes, lo que llevó a Coparmex a exigir al Poder Legislativo que se reinstalara la mesa técnica.

Este miércoles, el presidente de la Comisión de Gobernación, diputado Andrés de la Rosa Anaya hizo oficial la reanudación de los trabajos e informó que se fijará un calendario para los trabajos correspondientes ya que en esta fase de implementación, se necesita reformar leyes y reglamentos así como la pertinente para trabajar en el presupuesto para el funcionamiento.

“La siguiente fase, que es la implementación, significa integrar los órganos que por virtud de esa reforma se integraron y que va a ser muy importante porque en el momento de la implementación, será en la operación”, puntualizó.

El presidente de Coparmex Mexicali, Rodrigo Llantada Ávila aseveró que para el organismo empresarial es importante la participación ciudadana ya que la IP quiere un Sistema Anticorrupción fortalecido con la opinión de la comunidad, a fin de que tenga la confianza de la población.

Lamentó que datos estadísticos arrojen que sólo el 3% de la gente confía en las instituciones, por lo cual, es necesario que se fortalezca la autonomía e independencia del SEA.

Por su parte, la representante del Observatorio Ciudadano “ObserBC”, Fernanda Flores Aguirre indicó que la intención de continuar con la mesa técnica es que todos los procesos del Sistema Anticorrupción sean transparentes y en los que estén involucrados los ciudadanos.

Indicó que las los trabajos entre las organizaciones de la sociedad civil y diputados para continuar con los procesos del SEA no debieron terminarse, pues se perdió tiempo.

“Tenemos confianza en que nosotros hicimos lo posible en que los ciudadanos se involucren en el Comité de Selección y los demás procesos del Sistema”, expresó.

Por salir de vacaciones, diputados de BC incumplen la Constitución para la entrega del informe del Gobernador

Jorge Heras / Lindero Norte
Mexicali.- Para respetar su periodo vacacional de verano, la mesa directiva del Congreso de Baja California incumplió la Constitución local que fijaba como plazo el 1 de agosto para la entrega del cuarto informe de gobierno de la administración de Francisco Vega de Lamadrid en el recinto legislativo.

A finales del 2014, Vega de Lamadrid hizo modificaciones al articulo 22 de la Constitución para cambiar los tres periodos de Sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados, iniciando el primer periodo el primero de agosto al último día de noviembre; Sin embargo a capricho de la mayoría de Acción Nacional, esta legislatura alteró de nueva cuenta los periodos de sesiones para que el primer presidente de la mesa directiva, el panista Raúl Castañeda Pomposo, estuviera al frente de la Legislatura cuatro meses en lugar de dos, para culminar hasta el 31 de enero.

De esta manera se alteró todo el calendario del primer año de ejercicio de la XXII Legislatura, toda vez que el segundo presidente de la mesa directiva, el también panista Ignacio García Dworak, estuvo cuatro meses en la encomienda, resultando afectado la presidencia del representante del partido Movimiento Ciudadano, Job Montoya, quien apenas duró dos meses, finalizando el pasado 31 de julio.

De acuerdo a la fracción V del artículo 49 de la Constitución del Estado, el mandatario estatal está obligado a “rendir un informe general, por escrito, del estado que guarde la Administración Pública, remitiéndolo al Congreso a la apertura del primer periodo de sesiones ordinarias”, que inició el pasado 1 de agosto, cuando asumió la presidencia de la mesa directiva, el diputado priista Benjamín Gómez Macías.

Horas después de este acto protocolario, salieron del recinto todos los diputados y trabajadores administrativos, y se apagaron las luces del edificio del Poder Legislativo para de esta manera iniciar con las dos semanas de vacaciones, que para los legisladores se extendió una semana más, pues habrá sesión ordinaria hasta el 24 de agosto.

El encargado de asuntos legislativos de la Secretaría General de Gobierno, Rubén Armenta Sanabia culpó a los diputados de que se haya incumplido con la obligación del gobernador de presentar el informe en la apertura del primero periodo de sesiones, al manifestar que los legisladores acordaron con el Poder Ejecutivo que la entrega se realice el 1 de octubre, “como tradicionalmente se ha hecho”.

“Los señores diputados no pusieron en la mesa que el 1 de agosto el Congreso entra en receso, va  estar cerrado y lo vamos a cambiar como ya lo hicimos con los periodos de la presidencia de 2 meses a 4 meses”, expresó.

El ex diputado local y dirigente estatal del PAN indicó que dos semanas antes de que salieran de vacaciones el Poder Legislativo, la misma Subsecretaría de Gobierno recordó a la mesa directiva del Congreso los tiempos que marca la Constitución local.

“Posteriormente ya cuando entre la nueva legislatura si quieren hacer modificaciones lo vamos hacer en la ley, nosotros no tenemos ningún problema, el día que se nos diga vamos y presentamos el informe”, puntualizó.

Este miércoles, el presidente del Congreso se reunió con el gobernador del Estado en el edificio del Poder Ejecutivo para refrendar la coordinación de trabajo entre ambos poderes y establecer una agenda conjunta, sin recordar que ambos violaron la Constitución del Estado.

El vicepresidente del Colegio de Abogados en el Ejercicio Libre del Derecho, Fernando Rosales se pronunció en contra de esta medida que adoptaron el Poder Legislativo y el Ejecutivo ya que advirtió que estará presentando un juicio político contra Francisco Vega de Lamadrid por violentar la Constitución local y acatar la ley a su beneficio.

Abogados acusan de inconstitucional dictamen que reforma la Constitución de BC para crear el Sistema Anticorrupción

Jorge Heras / Lindero Norte
Mexicali.- El Colegio de Abogados en el Ejercicio Libre del Derecho, Fernando Rosales Figueroa y José Castro Crespo presentaron una iniciativa para modificar el dictamen que sienta las bases jurídicas para la creación del Sistema Estatal Anticorrupción, pues consideraron que es inconstitucional lo que se aprobó en la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales.

Los abogados señalaron que el proyecto de reforma a la Constitución local en el que se indica la forma que estarían integrados Comité de Participación Ciudadana y el Comité Coordinador, es violatorio de la Ley General que establezca las bases de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción referido en el artículo 113 de la Carta Magna.

Explicaron que lo que contempla la Constitución federal es que son cinco los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, pero en el Sistema Estatal se pretende designar a 15.

De igual forma manifestaron que mientras la Comisión de gobernación aprobó que el Comité Coordinador esté integrado por 11 ciudadanos y 11 representantes de la autoridad, la legislación federal sostiene que este órgano deberá conformarse por un representante del Comité de Participación Ciudadana.

La principal irregularidad que hay en el dictamen de reforma para el Sistema Estatal Anticorrupción, aseveraron los dos litigantes, es que el artículo 102 de la Constitución Federal señala que para designar al Fiscal Anticorrupción debe darse primero la reforma para crear la figura del Fiscal General, toda vez que sería el encargado del nombramiento.

Indicaron que de acuerdo a la legislación federal, el Fiscal General de la República es el encargado de designar al Fiscal Anticorrupción.

Para los miembros de el Colegio de Abogados en el Ejercicio Libre del Derecho estas irregularidades son torales para que no sea efectivo el Sistema Estatal Anticorrupción, ya que estaría vulnerable a recursos legales como demandas de inconstitucionalidad, por lo que “se está protegiendo a funcionarios y gobernantes que incurran en algún acto de corrupción”.

“Estamos convencidos de que todos los ciudadanos queremos que sea un ciudadano el Fiscal del Combate a la Corrupción, pero que sea ajustado a la Constitución Federal y la Ley Secundaria, para ello los diputados tienen que fortalecer el sistema jurídico en Baja California, y acotar las designaciones de acuerdo al marco de la exposición federal”, puntualizó el abogado Fernando Rosales.

El dictamen de la reforma constitucional para crear el Sistema Anticorrupción será presentado la tarde de este miércoles en el Pleno del Congreso Estatal para ser discutido y votado por las ocho fuerzas políticas que integran la Cámara de Diputados.

Propone diputado del PES que Ayuntamientos asuman el control del servicio de agua

*Diputado Luis Moreno presenta iniciativa para garantizar el derecho al agua.

Jorge Heras / Lindero Norte

Mexicali.- El diputado del Partido Encuentro Social (PES), Luis Moreno Hernández presentó una iniciativa para garantizar el derecho al agua y que los cinco ayuntamientos de Baja California tengan las atribuciones jurídicas para dotar del servicio de agua potable a sus ciudadanos, tal como lo establece la Constitución Federal y Estatal.

En sesión ordinaria de este martes, el coordinador del grupo parlamentario del PES propuso una reforma y adición al artículo 7 en el apartado de la promoción, respeto, protección y garantía de los Derechos humanos, para establecer como derecho humano el acceso al agua potable. 

De igual forma planteó agregar a la Constitución que “el agua, constituye un bien público y nadie puede aspirar a ceder el control último del mismo; es por ello que la prestación del servicio público del agua es una atribución que corresponde a los ayuntamientos”.

Moreno Hernández indicó que los gobiernos municipales deben ser los rectores de los organismos operadores de agua en conformidad con el artículo 82, inciso B, fracción I, de la Constitución Local.

“Es fundamental regular el servicio de agua en el Estado para que sea el municipio el ente jurídico que tenga las facultades y atribuciones para ofrecer el servicio del liquido vital”, puntualizó.

En la explicación de motivos de la iniciativa, el diputado Luis Moreno refirió que el 8 de febrero del 2012, el Congreso de la Unión adicionó un sexto párrafo al artículo 4° para elevar a rango constitucional el derecho humano al agua y saneamiento, con lo que se obliga al Estado a promulgar una nueva legislación en la materia.

“Este tema es muy delicado porque en el futuro muy cercano los grandes problemas de la humanidad no va a ser por la energía ni el petróleo, serán por la disponibilidad del agua potable derivado de factores como el calentamiento global y el uso indiscriminado del agua”, explicó.

Sobre los posicionamientos en contra de que los Ayuntamientos asuman el control y la figura jurídica de la operación del servicio de agua en los municipios, el legislador del PES indicó que la situación que guardan las Comisiones de Servicios Públicos manejadas por el gobierno estatal es critica debido a la mala administración y manejo del agua.

Ley de APP busca privatizar lo que la Constitución no permite y “da pie a la tranza”: Diputado PES

Jorge Heras / Lindero Norte
Mexicali.- El diputado del Partido Encuentro Social (PES), Luis Moreno Hernández se pronunció en contra de los contratos que celebró el Gobierno Estatal a través de la figura de Asociación Público Privada (APP) al asegurar que se trata de negocios entre políticos y empresas para privatizar lo que la Constitución no permite.

Al igual que lo hizo en varias sesiones del Congreso local, el coordinador del grupo parlamentario del PES aseveró en la reunión que tuvo la Comisión de Gobernación con el movimiento “Mexicali Resiste” que al igual que México, varios países de Latinoamérica debaten entre la viabilidad y los perjuicios de legislar a favor de las APP.

“Las empresas privadas y corporaciones internacionales han presionado en Sudamérica, para hacer lo que las constituciones locales no permiten privatizar como la educación, salud y agua”, apuntó.

Comentó que a través de la Ley de Asociación Público Privada se pretende “privatizar en Baja California de una manera silenciosa”.

Asimismo señaló que la Organización para Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), integrado por 35 países, entre ellos México, llama a los Estados miembros a revisar el esquema de leyes de APP porque “ha comprobado que se están enriqueciendo a algunos políticos ya que da pie a la tranza”.

Moreno Hernández sostuvo que es necesario abrogar el dictamen 62 para después revisar una por una las once obras aprobadas por medio de contratos de APP.

“Sin duda alguna, estos contratos ventajosos para las empresas privadas están generando un daño a las finanzas públicas porque el gobierno pagará 83 mil millones de pesos en 37 años”, expresó.

El presidente estatal del Partido Encuentro Social indicó que las obras aprobadas no fueron consensuadas con la población, como es el caso de la controvertida desalinizadora de Playas de Rosarito.