Columna Lindero Norte: Congreso de BC inútil como Torre de Babel

Antonio Heras

La idea de contar con un Congreso de Baja California de gran aliento, de calado amplio y de nivel se desfondó desde los primeros días de septiembre de 2016 cuando nuestros diputados tomaron posesión.

Como órgano colegiado es un cero a la izquierda pues sus acuerdos y leyes han sido superadas por la realidad y circunstancias.

El poder político bajacaliforniano y su clase política nunca leyeron que la única oposición real, fuera de componendas, es la de los ciudadanos.

Al menos en papel hay en el congreso local experiencia de sobra en la cosa pública. Hay personajes con experiencia como diputados federales y locales, dirigentes de partidos políticos, regidores, secretarios de ayuntamientos, servidores públicos, delegados federales, dirigentes sociales y sindicales, políticos de carrera y hasta conductores de programas de entretenimiento y asistencia social en radio y televisión.

De los 25 legisladores no se hace una tercia. En la estulticia hay equidad de género.

Las prácticas parlamentarias cada vez son más opacas y desaseadas, los acuerdos responden a la sujeción al Poder Ejecutivo donde el subsecretario Ruben Armenta se las sabe de todas en la operación política.

El PAN no sabe que hacer con su mayoría simple, más que imponer una nómina legislativa. Sumó a su lista de empleados a quienes han fracasado en otras administraciones públicas.

El diseño de operación política se estrelló en la impericia de sus “líderes” pues ni acordó alianza programática con el PRI ni tejió mayoría calificada con los partidos emergentes. La caída de la coordinación de la bancada se la debe Carlos Torres se la debe a los panistas de Tijuana y a la dirigencia local, además a la soberbia característica que lo ha significado en sus derrotas políticas.

La incapacidad de Raúl Castañeda Pomposo en el manejo de la primera mesa directiva fue evidente pues demostró que la operación callejera electoral nada tiene que ver con los trabajos legislativos y nadie lo pudo salvar, ni siquiera el señor Sota.

En cinco meses de labores legislativas la presión popular de la sociedad civil, sobre todo de la clase media, y de asociaciones civiles les espetaron el primer golpe en la historia política de Baja California: abrogar una ley que duró apenas un mes por la decisión gubernamental de privatizar el agua.

También se vieron obligados a eliminar el fuero constitucional, aunque pretendieron consumarla con un logro propio.
Ahora con otro panista en la presidencia camaral enfrentarán la idea ciudadana de eliminar la Ley de Asociaciones Públicas Privadas.

El Congreso se convirtió en otro “jueves de la fruta y la verdura”, como hace varias legislaturas le denominaron coloquialmente a las sesiones: interpelan a los diputados, les invaden espacio soberano, se les olvidan los recesos para reordenarse el cuadro, se pierde el quórum y a nadie le importa.
Es una Torre de Babel.

Los legisladores construyen su propio edificio de estulticia para ganar el cielo, labrando confusiones y en medio de odio y confrontaciones.
Lo único cierto en esta incertidumbre es que poseen una curul del reino de Babia y algunos de Babilonia.

Manifestantes liberan momentáneamente acceso al Congreso para que diputados abroguen Ley del Agua

16010161_1209574582458699_1644433961_oJorge Heras / Lindero Norte
Mexicali.- Al igual que en la sede del gobierno municipal, los manifestantes que tienen bloqueados los accesos al edificio del Poder Legislativo liberaron la puerta principal del inmueble para que los 25 diputados puedan abrogar la Ley del Agua en sesión extraordinaria.

Como resultado de las mesas de negociación entre la mesa directiva y el movimiento de protesta, la noche de este miércoles se logró para permitir a los legisladores dictaminar y votar la iniciativa del Gobernador, Francisco Vega de Lamadrid, que busca concesionar el servicio de agua pública, alcantarillado y aguas residuales; aumentar la tarifa en casi 30 por ciento y cortar el flujo de agua a los deudores.

Antes de la medianoche, la comitiva encargada de los acuerdos con el Congreso, aceptó las condiciones de los diputados y del gobierno estatal, quienes propusieron vía intermediarios que el edificio parlamentario abra sus puertas solamente durante la sesión, a la que podrán ingresar 200 personas y que será transmitida en vivo.

Las ocho fuerzas políticas están en sesión permanente de la Junta de Coordinación Política en las instalaciones del Órgano Superior de Fiscalización, a más de 500 metros del Centro de Gobierno, desde donde siguen de cerca los que acontece en las manifestaciones.

Varios grupos parlamentarios informaron a Lindero Norte que la iniciativa de abrogación debe ser dictaminada en la Jucopo para dar paso a votarla en la sala de sesiones Benito Juárez a alrededor de las 11:00 horas.

Declarada cerrada la sesión, la Cámara de Diputados será cerrada de nueva cuenta y además liberarán la entrada del Poder Ejecutivo para que funcionarios estatales hagan las gestiones necesarias para que se publique la iniciativa.

Alcalde de Mexicali y Secretario de Gobierno reciben pliego petitorio de manifestantes; Continúan plantones en Centro de CÍvico

img_9311 img_9290Jorge Heras/Lindero Norte
Mexicali.- En actos separados, el alcalde de Mexicali, Gustavo Sánchez Vásquez y el Subsecretario General de Gobierno, Francisco Iribe Paniagua tuvieron un acercamiento con los manifestantes que tienen “tomados” el Palacio Municipal y el edificio del Poder Ejecutivo, para conocer las peticiones de fondo que tiene el movimiento de protesta que este domingo realizó en el Centro Cívico una marcha multitudinaria de cerca de 50 mil personas.

A excepción del Poder Judicial, prácticamente todos los accesos a las oficinas gubernamentales del Centro de Gobierno (Ayuntamiento, Congreso y Gobierno del Estado) están bloqueadas por varios grupos de personas que a partir de la primera manifestación del día jueves 12 de enero, realizaron plantones en las diferentes entradas de los inmuebles y luego de la acto de protesta del día de ayer también fueron “tomadas” las oficinas centrales de la administración estatal.

Durante esta mañana, el alcalde acudió acompañado de regidores al plantón del Palacio Municipal para dialogar con el grupo de inconformes con el objetivo de liberar las instalaciones y permitir laboral a los empleados del Ayuntamiento.

Por su parte, personal de las diferentes dependencias del Gobierno Estatal trataron de ingresar a las instalaciones del Poder Ejecutivo por una de las rampas que da acceso al estacionamiento subterráneo pero fueron impedidos por los protestantes.

Alrededor de 15 agentes del grupo antimotines de la Policía Estatal forcejearon con los ciudadanos que realizan el plantón, hasta que Iribe Paniagua pidió por escrito las demandas de la protesta.

Finalmente los manifestantes leyeron y entregaron a funcionarios estatales y municipales el pliego petitorio que elaboró la asamblea que mantiene los bloqueos de los inmuebles.

Para el Gobierno Estatal exigieron “la renuncia inmediata” del mandatario estatal; revocación de diputados que votaron a favor de la Ley del Agua; presentar iniciativa que elimine los diputados plurinominales; promover y apoyar amparo ciudadano para que el gobierno federal elimine el impuesto a la gasolina; pago inmediato de sueldos y prestaciones retenidas a empleados estatales; reducción del 25 por ciento del sueldo del gobernador y funcionarios de primer nivel; eliminar “beneficios especiales” de funcionarios; abrogación de la Ley vehicular que implica reemplacamiento y verificación vehicular “por ineficiente y por ser negocio privado”; y no recortar abasto de medicinas para enfermedades crónicas.

Las demandas para el gobierno municipal son la promoción de la controversia constitucional para derogar la Ley del Agua; eliminar el alza del impuesto predial y desaparecer el gravamen por Derecho al Alumbrado Público (DAP); impulsar una tarifa de transporte público justo para mexicalenses en general e implementar apoyos a la ciudadanía de bajos ingresos; revisión de los procesos para adjudicar concesiones y expedición de placas a transportistas; impedir la realización del Proyecto Ecozone; regular de manera estricta los permisos a empresas y proyectos de impacto ambiental a través de consulta popular para su autorización; reducción de sueldo del presidente municipal y titular de dirección hasta un máximo de 25 salarios mínimos; directivos y funcionarios de su gabinete. Elección de regidores para la ciudadanía; eliminar el cobro a unidades deportivas y parques recreativos; y la creación de una asamblea ciudadana vinculante con la función de captar  las propuesta ciudadanos y darle seguimiento y vigilancia.

Las instalaciones donde se concentran algunas de las delegaciones federales fueron liberadas por integrantes el Frente Cívico Mexicalense, quien realizaron un plantón en los pasillos exteriores del edificio en protesta por el incremento de las tarifas eléctricas y el alza al precio del combustible.

La protesta al Palacio Federal duró menos de 18 horas, pues los líderes de la organización civil llegaron a un acuerdo con el delegado de la Secretaría de Gobernación, José Luis Hernández Ibarra, para realizar mesas de trabajo con el resto de los delegados

Fotos: Lindero Norte

Tijuana con el servicio público de agua más caro del país, según reporte del IMTA

agua-bcAntonio Heras
Mexicali.- Tijuana, la ciudad de México con la tarifa más alta del servicio público del agua, tendrá a partir de enero un precio cercano a 100 pesos por metro cúbico por una ley promovida por el gobernador Francisco Vega y aprobada por la mayoría panista en el Congreso de Baja California.

Un reporte del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) dio a conocer que en la ciudad más poblada de Baja California la tarifa era de 1.58 dólares por metro cúbico.

Sin embargo, esta tarifa se triplicará a partir del 1 de enero de 2017 por la reciente aprobación de una nueva ley estatal propuesta por el gobernador Francisco Vega, que provocó litigios de inconstitucionalidad por desplazar a la esfera municipal de la administración de este servicio público para determinar, además, su privatización.

Este esquema tarifario incluye una alza en las tarifas del servicio público para que en Tijuana aumente el metro a 99.50 pesos, mientras que en otras ciudades de la entidad el incremento será de hasta un 30 por ciento, con una actualización mensual para los usuarios y el incremento anual en el precio.

El informe del nivel tarifario del IMTA contiene información de 30 diferentes ciudades de México ubica a Tijuana en el servicio más caro, seguido de Querétaro, León, Ciudad de México y Tuxtla Gutiérrez, mientras que la más baratas son Villahermosa, Campeche, Durango, Tepic y Colima.

Entre Tijuana con Querétaro y León existe una diferencia de cerca de 4 pesos, con León es de y Ciudad de México de casi 10 pesos.

El IMTA es un organismo público descentralizado de la SEMARNAT que se aboca a enfrentar los retos nacionales y regionales asociados con el manejo del agua, además de perfilar nuevos enfoques en materia de investigación y desarrollo tecnológicos para proteger este recurso natural y asignarlo de manera eficiente y equitativa entre los distintos usuarios, de acuerdo a su portal.

Anuncian controversia constitucional para rechazar privatización del agua en BC

img_1090Antonio Heras
Mexicali.- La concesión del servicio público del agua contenida en la Ley estatal del Agua será materia de una controversia constitucional anunció el dirigente del Partido Encuentro Social de Baja California, Luis Moreno.

Luego de señalar que en la iniciativa de ley se omitió la consulta con expertos y la sociedad, señaló que se generaron suspicacias porque “este interés tan grande y profundo del Gobierno Estatal para privatizar el agua, nos hace entender que hay alguien que se va beneficiar con este negocio”.

Moreno Hernández votó en contra de esta ley promovida por el gobernador Francisco Vega y aprobada por la mayoría panista en el Congreso local y el respaldo de las bancadas del PRD y Movimiento Ciudadano.

El pesista sostuvo que se violaron el artículo 115 de la Constitución General  de México y varios tratados internacionales en un acto parlamentario realizado “a prisa y de madrugada” con el objetivo de negarse a convocar a foros y mesas técnicas con especialistas en el tema.

Moreno Hernández sostuvo que ha sido analizado a nivel mundial que  al momento en que un servicio se privatiza comienza a encarecerse porque el empresario no ve al ciudadano como un cuentahabiente o como un consumidor porque solo se le trata como un cliente.

La creación de esta ley de agua la calificó de retroceso para la soberanía del Estado, toda vez que a partir de que contrate a alguna compañía para que se encargue del manejo y operación del agua en los cinco municipios de la entidad se cobrarán las tarifas que quiera porque ya no estarán sujetas a la aprobación del congreso.

El diputado pesista consideró que se trata de un negocio redondo para las empresas que se encarguen de la desalinizadora que operará en Playas de Rosarito y Ensenada porque “necesariamente ocupan el agua para poder producir y luego les permitirá comercializarla a precios del mercado” y se sujetarán a la ley de la oferta y la demanda.

Advirtió que “alguien o un grupo de personas o de intereses se está llevando mucho dinero de los bajacalifornianos”, sentenció.

“En medio de una emergencia económica como la que se vive en el Estado con el incremento constante del dólar y el anuncio del banco de México sobre el aumento a las tasas de interés y considerando que Mexicali y Tijuana son las ciudades con mayor inflación del país, se agrava el problema del costo por metro cubico del agua”, señaló.

Señaló que una parte de los argumentos de la controversia constitucional que se presentará en la Suprema Corte de Justicia de la Nación son los relacionados con la distribución y manejo del agua que corresponde a los municipios, con ello “vamos a corregir que los ayuntamientos recuperen la rectoría del agua”.

Hasta la aprobación de esta ley, la administración del agua estaba sujeta a empresas paraestatales.

Burócratas ingresan al pleno; Diputados suspenden discusión de Ley Estatal del Agua

15657780_1190485224367635_971317528_oJorge Heras, Mexicali, 19 de diciembre.- Un grupo de burócratas que protestaban en la sala de sesiones del Congreso contra la Ley Estatal del Agua, ingresó al pleno para tomar suspender la lectura de dictamen de la nueva reglamentación de los organismos operadores de agua de la entidad.

Encabezados por Manuel Oceguera, líder de la burocracia de Tijuana, los manifestantes gritaban consignas desde sus butacas para pedir a la mesa directiva del Congreso que desechara la iniciativa de ley que propuso el Gobernador, Francisco Vega de Lamadrid, pero ante la negativa del presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Castañeda Pomposo, burlaron la seguridad del recinto parlamentario e intentaron tomar los micrófonos de los curules, pero fueron impedidos.

Tras recobrar momentáneamente el orden de la sala, la lectura del dictamen continuó en voz de la legisladora panista, Irais Vásquez Aguiar, hasta que los representantes populares de Morena, Catalino Zavala y del PES, Luis Moreno Hernández, solicitaron moción suspensiva y de nieva cuenta los burócratas se brincaron al pleno, lo que generó que ordenaran un receso.

Al grupo de inconformes le sorprendió que el recinto estaba flanqueado por al menos seis policías ministeriales y estatales, quienes portaban armas y estaban vestidos de civil.

Los diputados del PRI y PAN se situaron en la parte posterior del recinto parlamentario para analizar la propuesta del legislador del PES, quien instó a sus homólogos a realizar comisiones técnicas y foros ciudadanos previos a la votación de la Ley Estatal del Agua.

La iniciativa de la Ley del Agua de Baja California contempla aumento de tarifas y la concesión del servicio de agua, así como la desaparición de los organismos reguladores del agua para pasar a formar dos zonas metropolitanas.
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Rechazan diputados emitir exhorto a gobernador para que responda a los señalamientos de periodistas

diputados-yaa*También niegan que el Congreso solicite a PGR que investigue la política contra la libertad de expresión del gobierno estatal.

Jorge Heras, Mexicali, 8 de diciembre.- Con el voto de los legisladores de Acción Nacional, incluidos el de las comunicadoras, Trinidad Vaca y Mónica Hernández, la Cámara de diputados rechazó exhortar al Gobernador, Francisco Vega de Lamadrid para que responda a los actos que denunciaron 42 periodistas de la entidad sobre atentados a la libertad de expresión.

La representante popular del Partido del Trabajo, Claudia Agatón Muñiz presentó un punto de acuerdo para que el titular del Ejecutivo y la procuradora de justicia del Estado “rindan cuentas ante el Congreso sobre los actos de extorsión y hostigamiento en contra de periodistas y la libertad de prensa”.

Además solicitó que se pidiera a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión de la PGR que “inicie las investigaciones respectivas de estos delitos llevados a cabo por el Ejecutivo Estatal”.

“En nuestra entidad siguen existiendo presiones para callar el derecho  a las libertad de expresión y en los últimos días aunado a la situación que fue denunciada por la periodista Adela Navarro Bello, se agrega uno más a la larga lista como es el del periodista Antonio Heras”, expresó.

La diputada ensenadense, por segunda ocasión en tribuna, hizo referencia a la “indignación por la censura que hay en el gremio de periodistas”, que llevó a casi medio centenar de comunicadores a signar una carta a la opinión pública en la que denuncian “políticas de chantaje y manejo discrecional de los recursos públicos“ y piden se realice una investigación y auditoría a la Dirección de Comunicación del Gobierno del Estado.

La proposición del Partido del Trabajo fue compartida por diputados del PRI, MORENA y PRD, quienes formaron un bloque de siete votos, pero fue avasallada por la mayoría panista.

El punto de acuerdo pasó para su análisis a la Comisión de Comunicación del Congreso, que preside la legisladora de Acción Nacional, Mónica Hernández.