Cabildos aprueban la eliminación del fuero constitucional en BC

Jorge Heras / Lindero Norte
Mexicali.- Con la aprobación en tres de los cinco cabildo de la entidad del dictamen del Congreso local que suprime la figura del fuero de la Constitución de Baja California, la reforma propuesta por el Partido Estatal de Baja California y respaldada por todas las fuerzas políticas de la legislatura podrá ser ratificada por el Poder Legislativo y publicada en el Periódico Oficial.

En la sesión del 9 de marzo, los ocho grupos parlamentarios votaron a favor de eliminar la prerrogativa constitucional que gozan representantes populares, magistrados, algunos funcionarios públicos, alcaldes y gobernador del Estado.

Pero por procedimientos legislativos tardíos, ya que se debe de aprobar en la siguiente sesión el acta firmada de ese día por todos los diputados, fue que el dictamen número 5 se entregó a los cinco cabildos hasta el viernes 31 de marzo.

Como lo adelantó Lindero Norte, las vacaciones de Semana Santa, las prácticas parlamentarias y el trámite de los órganos de los cabildos llevarían a que el dictamen del fuero se aprobaría en la tercera semana de abril.

De esta manera fue que la mañana de este martes, los cabildos de Ensenada y Tecate aprobaron la reforma a los artículos 12, 27, 91, 94 y 95 de la Constitución Política del Estado.

Anteriormente, en la sesión del jueves 6 de abril, los regidores y el alcalde de Mexicali votaron por unanimidad la eliminación del fuero, convirtiéndose en el primer gobierno que aprobó esta iniciativa sin tener que enviarla a la Comisión de Gobernación y Legislación del cabildo.

El Ayuntamiento de Tijuana ha decido aplazar este punto desde que los mismos regidores de su partido propusieron exhortar al Congreso para que suprimiera esta figura jurídica.

Con la aprobación en los tres cabildos, el Congreso podrá proceder a pronunciar la declaratoria de incorporación constitucional de las presentes reformas y entrará en vigor 90 días después de su publicación.

Si lo cabildos no atendían estas reformas a la Constitución durante un mes iba a ser publicada en el Periódico Oficial sin tomar en consideración a los cinco Ayuntamientos.

De acuerdo a las iniciativa contemplada en el Dictamen 5, para proceder penalmente contra el gobernador, diputados locales, magistrados del Poder Judicial, secretario General de Gobierno, procurador General de Justicia, así como contra presidentes municipales y regidores, entre otros funcionarios del Estado, bastará que el juez de control dicte auto de vinculación penal, en los términos del Código de Procedimientos penales.

Y en el caso de servidores públicos de elección popular, el juez notificará al Congreso del Estado a fin de que sea éste quien declare la separación del cargo en los términos de Ley.

Ayuntamientos no han recibido reforma constitucional para eliminar el Fuero

Jorge Heras / Lindero Norte
Mexicali.- El Congreso del Estado ha incumplido con el proceso legislativo de entregar a los cinco cabildos de la entidad la reforma para eliminar el fuero de la Constitución de Baja California.

El alcalde de Mexicali, Gustavo Sánchez Vásquez señaló que hasta el momento el Cabildo de la capital del Estado no ha recibido ningún dictamen del Poder Legislativo, por lo que no hay planes de llamar a sesión extraordinaria para discutir la supresión de esta figura jurídica que goza el gobernador, alcaldes, síndicos, regidores, diputados, jueces y magistrados.

La eliminación del fuero se aprobó por unanimidad el 9 de marzo, y aunque las ocho fuerzas políticas que integran la Cámara de Diputados esa mañana urgieron la publicación de esta demanda ciudadana, ha pasado más de una semana sin que la Mesa Directiva encabezada por el legislador panista, Ignacio García Dworak entregue el dictamen y notifique a los Ayuntamientos que tienen un mes para el Cabildo vote la reforma constitucional, pues de lo contrario se publicará directamente en el Periódico Oficial para que entre en vigor 90 días después de culminado el proceso legislativo.

Si el Congreso hubiera actuado con urgencia con este dictamen como lo ha hecho con otras iniciativas, el periodo para la aprobación o rechazo de al menos tres cabildos concluiría el 10 de abril, en plena semana santa, cuando los órganos municipales, legislativos y jurisdiccionales descansan.

Aunque los gobierno municipales no han sido avisados, el primer descalabro para la eliminación del fuero constitucional lo propinó el Cabildo de Tijuana al votar en contra de un exhorto para que el Congreso de Baja California procediera a aprobar la reforma constitucional en el pleno de sesiones y asumir la responsabilidad de votar la desaparición de esta prerrogativa, en atención al reclamo ciudadano de acotar la corrupción y la impunidad en la entidad.

Urge crear sistema anticorrupción de BC, precisar sanciones y reinventar juicio político, diputados

wp-image-1400292870jpg.jpeg*En BC el riesgo más grave es el hilo entre la corrupción y la delincuencia organizada: Andrés de la Rosa  Antonio Heras
Mexicali.- Por redimensionar el juicio político para hacerlo un instrumento efectivo contra el abuso del poder, la corrupción y la impunidad, además de establecer sanciones específicas a quienes hagan uso indebido de los recursos públicos se pronunciaron legisladores panistas en el Congreso de Baja California, quienes consideran urgente la creación del Sistema Estatal Anticorrupción.

Luego de señalar que en una entidad como Baja California el riesgo más grave es el delgado hilo entre corrupción y otras formas de delincuencia como la de tipo organizado, el diputado Andrés de la Rosa advirtió que se trata de  un asunto urgente que debe analizarse y aprobarse a la brevedad por el Congreso del Estado para armonizar el marco jurídico estatal con el Sistema Nacional Anticorrupción, pero “no ha sucedido en Baja California”.

Las sanciones a quienes cometan actos de corrupción en Baja California se encuentran entre las precisiones a integrarse en este sistema pero se requiere reformar la Constitución local y las leyes, señaló el  exdiputado federal.

En tanto, le legisladora Victoria Bentley, presidenta de la Comisión cameral de Justicia, propuso reinventar el juicio político al modificar la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos para hacerlo un instrumento efectivo que inhiba el abuso indebido del poder y combatir la corrupción e impunidad.

Para ello se analiza la modificación del párrafo quinto del artículo 95 de la Constitución Política de Baja California para precisar que la presentación de la denuncia de juicio político interrumpe la prescripción de la conducta ilícita, además de ampliar el plazo de uno a dos años para que precluya la facultad sancionadora y faculta a Comisión Jurisdiccional para que prorrogue el plazo de desahogo de pruebas, solicite informes a autoridades o se apersone en oficinas par examinar documentos relacionados con los hechos controvertidos.

También incluye ampliar las conductas materia de juicio político, incluir a los partidos políticos como sujetos legitimados para interponer denuncias en materia de responsabilidad política, establecer requisitos mínimos para la denuncia y la obligación para prevenir al denunciante cuando esté incompleta o los hechos sean confusos.

De la Rosa Anaya ponderó la inclusión de tribunales especiales para atender casos específicos de mal uso de recursos públicos y una mayor transparencia en el manejo del dinero por servidores públicos y particulares, además de precisar las “sanciones pues en el ámbito federal si quedaron establecidas con la creación del Sistema Nacional, más no se ha realizado a nivel estatal”.

Se estima que anualmente la corrupción, dijo, nos cuesta a los mexicanos 1.5 billones de pesos, que representa el 129 por ciento más del presupuesto de seguridad pública en todo el país.

“La corrupción, en una entidad como la nuestra, es factor de inhibición de empleos e inversión, lo que genera pérdida de calidad de vida en familias, así como de confianza en las instituciones, pero sin duda el riesgo más grave es el delgado hilo entre corrupción y otras formas de delincuencia como la de tipo organizado”, sostuvo.

Invalida SCJN artículo de Constitución de Baja California

wawis_suprema_corte_matrimonios_homosexualesJornada BC
México, 1 de septiembre.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el párrafo segundo del Artículo 14 de la Constitución de Baja California por violar la carta magna, ya que asigna diputados electos de mayoría relativa no con base a un criterio poblacional, sino geográfico.

Ello, al iniciar el pleno de la Corte el análisis de tres acciones de inconstitucionalidad promovidas por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Nueva Alianza (Panal) y Morena contra varios artículos constitucionales y las leyes Electoral y de Partidos Políticos de Baja California.

Precisó que se trata de las acciones de inconstitucionalidad 42/2015 y sus acumuladas 43/2015, que bajo la ponencia del ministro José Ramón Cossío, el pleno de la SCJN comenzó a discutir durante la sesión de este día.

Cossío detalló que los tres partidos políticos exigieron la invalidez, tanto del procedimiento de reforma a la Constitución del Estado de Baja California como de diversos artículos de las leyes Electoral y de Partidos de la entidad.

Planteó invalidar el párrafo segundo del Artículo 14 de la Constitución local, que establece que cada municipio “deberá tener por lo menos un distrito electoral en su demarcación territorial”, pues viola el Artículo 116 de la Constitución federal al dejar sin efecto el principio de proporcionalidad.

El precepto fue invalidado por el pleno por disponer que la asignación de diputados de mayoría relativa no se haga “con base en un criterio poblacional, sino bajo un criterio geográfico, pues toma como base el número de municipios y no así el número de electores de cada distrito uninominal”.

Además, por unanimidad el pleno de ministros de la Corte validó diversos artículos que establecen el sistema de asignación de diputados y regidores por el principio de representación proporcional, y fueron impugnados por los tres partidos políticos mencionados.

Sin embargo, por lo complicado del tema quedaron pendientes la resolución de varios asuntos incluidos en las tres sesiones de inconstitucionalidad, por lo que la SCJN continuará en su sesión del próximo miércoles con la discusión y resolución de ese caso.

Obligan a partidos políticos a registrar a mujeres en candidaturas a munícipes

diputados genero BCJorge Heras
Mexicali.- En las elecciones del próximo año, la mitad de los aspirantes a presidentes municipales incluyendo las plantillas a regidores serán para el sexo femenino, luego de que el congreso del estado aprobó la paridad de género en las  candidaturas para estos puestos de representación popular.

En la última sesión ordinaria,  legisladores de todas las fuerzas políticas aprobaron una serie de reformas a la Constitución del estado en materia político-electoral en donde se incluyó una adenda a las candidaturas con equidad de género para que sean de manera transversal, por lo cual se tuvo que modificar el artículo 5 apartado A para que los institutos políticos “garanticen las reglas necesarias para cumplir con la paridad entre los géneros en candidaturas a diputados y en planillas de candidatos a munícipes en cada Ayuntamiento, tanto propietarios como suplentes”.

Esta iniciativa se analiza en el seno del congreso así como en comisiones desde el 27 de marzo de 2014, cuando la diputada priista Laura Torres Ramírez  presentó ante el Pleno la necesidad de que los institutos políticos tengan a aspirantes mujeres en la mitad de los espacios en los que competirán en una elección.

La reforma logró la aceptación del grupo femenino de la legislatura, lo que hizo que se adhirieran  a la misma las diputadas María del Carmen Frías, Nereida Fuentes González y Miriam Ayón Castro del Grupo Parlamentario del PRI; Irma Martínez Manrique del Grupo Parlamentario del PANAL y Mónica Bedoya Serna, Rosalba López Regalado y Rosa Isela Peralta Casillas del Grupo Parlamentario del PAN.

Luego de recibir el voto favorable de los ayuntamientos de la entidad, los diputados de la Comisión de Reforma del Estado discutieron el dictamen referente a la  paridad vertical y horizontal (candidatos en la mitad de los municipios y representantes en planilla de regidores y), en donde los grupos que forman parte de la coalición para el monitoreo de la Ley general de acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia exigieron a los diputados la transversalidad de la iniciativa con la finalidad de que “no sólo llenen (los partidos políticos) las regidurías con mujeres para cumplir con la ley, sino que también se incluya a mujeres en las elecciones para las alcaldías”

Las 16 asociaciones que forman esta agrupación expresaron que esta medida es una forma de obligar a los gobiernos y partidos políticos a cumplir con la paridad de género y además “es un derecho humano de las mujeres en participar en la política, así lo reconocen los tratados internacionales, la constitución y la ley electorales”.

Por su parte la abogada e integrante de esta coalición, Elvira Luna Pineda comentó que es lamentable como algunos legisladores siguen pensado que esta modificación a la constitución local es una concesión de derechos. “Ellos (diputados) dicen las vamos a dejar participar, les vamos a dar el espacio, pero están totalmente equivocados porque el derecho de mujeres de participar en la política –votar y ser votadas- es un reconocimiento de derechos no una concesión”.

Constitución mexicana, inútil: investigador de la UNAM

unam constitucionGabriela Martínez/La Jornada BC
Tijuana.- La constitución mexicana es un documento inútil e ineficaz para la realidad que enfrenta el país, advirtió el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Pedro Salazar Ugarte.

Durante su visita a Tijuana para la presentación del libro “Teoría Constitucional y procesos políticos fundamentales”, explicó que en los últimos 90 años, por lo menos 20% de las modificaciones constitucionales ocurrieron durante el sexenio del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa.

En el caso del actual mandatario, Enrique Peña Nieto, aseguró que de continuar con el ritmo de las iniciativas presentadas y aprobadas, en estos seis años se podría romper un récord, después de lo que llamó una parálisis constitucional.

Salazar Ugarte señaló que a pesar de los cambios en la constitución las políticas no son aplicables, porque no hay reglamentos que hagan funcionar su operación.

Mando Único Policial, atentatorio de la autonomía municipal: ANAC

mandompal5215*Alcalde de Mexicali participa en el rechazo de la propuesta presidencial

Lindero Norte
Mexicali.-La Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC) rechazó la iniciativa de seguridad que presentó el presidente Enrique Peña Nieto al considerar que la propuesta de Mando Único Policial atenta contra la autonomía municipal.

Con la presencia del alcalde de Mexicali Jaime Díaz Ochoa, la ANAC se pronunció porque los municipios del país atiendan la seguridad de sus jurisdicciones, a partir de una “fuente fiscal específica, inequívoca y suficiente” que permita financiar una policía eficiente, de calidad y confianza.

El objetivo de la propuesta de los alcaldes panistas es defender la autonomía municipal por ser el municipio la base de la República, de acuerdo al artículo 115 constitucional y su “gran reto” para afrontar la crisis de inseguridad que se registra en muchas partes del país debe ser el cómo financiar y operar instituciones municipales de alta calidad y “no apostarle a visiones centralistas como el Mando Único Policial que sólo atenta la autonomía de los municipios”.

La Comisión de Justicia del Senado de la República, presidida por el senador Roberto, convocó a los gobiernos municipales a una reunión en materia de seguridad para conocer la experiencia municipal y contar con insumos que enriquezcan el dictamen legislativo.

En diciembre de 2014, Peña Nieto propuso reformar los artículos 21, 73, 104, 105, 115, 116 y 123 de la Constitución para posibilitar “una mejor coordinación entre autoridades” en el combate a la delincuencia, lo que implica que un Mando Único Policial consistente en eliminar las policías municipales para que los gobiernos estatales asuman la responsabilidad de la seguridad pública municipal y facultar al gobierno federal para atraer el control de municipios infiltrados por el crimen organizado y al Congreso de la Unión para expedir leyes generales que redefinan los delitos federales y del fuero común, así como sus ámbitos de competencia en la investigación, persecución y sanción de las conductas delictivas.

La iniciativa presidencial pretende “expropiar toda una historia de fortalecimiento municipal”, sostiene un documento de la ANAC.