Admiten a indígenas amparo por instalación de desaladoras de BC

Antonio Heras

Mexicali.-El Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparos y Juicios Federales en Tijuana admitió el amparo solicitado por indigenas originarios y residentes de Baja California contra la instalación de plantas desaladoras de agua de mar promovidas por el gobernador Francisco Vega de Lamadrid y aprobadas por el Congreso local.

Estas plantas a edificarse en el municipio de Playas de Rosarito y en el poblado de San Quintín, al sur del puerto de Ensenada, las construirían las empresas Aguas de Rosarito y Desaladora Kenton, integradas exprofeso por compañías extranjeras y nacionales, a partir de contratos firmados bajo la figura de asociaciones público privadas.

De acuerdo al expediente 1970/2017 del Poder Judicial de la Federación, la audiencia incidental se realizará durante la mañana del 26 de enero de 2018 en las instalaciones judiciales de esa ciudad fronteriza, ubicadas en Zona Río.

La solicitud de amparo, presentada por indígenas mixtecos, mazahuas, otomís y kumiais residentes en Tijuana, Rosarito, Tecate y Ensenada, señala que no se realizó  una consulta para aprobar estos proyectos, un derecho indígena irrenunciable, que dejarían comprometidos como mínimo, más de 80 mil millones de pesos a pagar por el gobierno y los usuarios de agua, durante 37 años.

La Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indigenas de la Secretaría de Gobernación anunció que se mantendrá expectante al desarrollo del recurso promovido por los representantes de los pueblos nativos y residentes, toda vez que realizan la asesoría y acompañamiento jurídico del amparo federal.

El comisionado Jaime Martinez Veloz sostuvo que la consulta previa e informada es básica para estos proyectos, de lo contrario se viola lo dispuesto en el articulo 1 de la Constitución General de México.

En tanto, trascendió que activistas y organizaciones civies de Mexicali presentarán recursos similares para evitar la construcción de las plantas desaladoras bajo el argumento que representa la privatización del derecho fundamental del agua, además del endeudamiento público de la entidad. Este jueves, el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparos y Juicios Federales en Mexicali admitió una petición de protección de la justicia federal realizada por varias organizaciones para frenar el contrato de la construcción del centro de mando policial (C5i), con un costo de 800 millones de pesos.

Los grupos parlamentarios opositores en el Congreso de Baja California anunciaron que, antes del 3 de enero de 2018, interpondrán una acción de inconstitucionalidad por la aprobación del PAN y PRD de cinco proyectos de APPs, incluidas las dos desaladoras de agua de mar.

Desalación sí, pero sin comprometer finanzas públicas de BC: Miguel Antonio Osuna

Antonio Heras/Lindero Norte

Mexicali.- Hay opciones para resolver el problema del agua en la zona costa de Baja California, incluida la desalación, pero sin comprometer las finanzas públicas del Estado, advirtió el legislador panista Miguel Antonio Osuna Millán, quien advirtió que hay suficiente agua para Tijuana y Rosarito al menos para los siguientes tres lustros.

Las plantas se construirán bajo el esquema de Asociaciones Publico Privadas, por lo que la administración estatal determinó el ISPT como garantía de pago de los 149 millones de pesos mensuales que facturará la empresa Aguas de Rosarito durante 37 años.

El panista advirtió que la desaladora de San Quintín responde a una necesidad de la población ante la carencia de agua en la zona sur de Ensenada, a diferencia de la planta de Rosarito donde existen otras posibilidades para garantizar el servicio de agua potable.

El único diputado de los 13 que integran el grupo parlamentario del PAN que votó en contra de la construcción de las desaladolras de agua de mar dio a conocer su postura sobre este asunto que provocó la confrontación parlamentaria y el rechazo social: “debemos ser muy cuidadosos en las decisiones que tomemos.

“Hay argumentos para pensar que hay agua disponible de acuerdo a la capacidad del acueducto y de algunos acuíferos locales en la zona costa para por lo menos 15 años e inclusive algunos expertos en el tema del agua piensan que mas” (tiempo).

Miguel Antonio Osuna dijo en entrevista a Lindero Norte que consultó a expertos en el tema del agua y a especialistas en economía que argumentan que “hay otras opciones, incluyendo la desalacion, pero en un esquema modular de acuerdo a la capacidad progresiva que pudiéramos tener en el futuro y al crecimiento demográfico”.

No se descarta la desalación, sino al contrario hay que adoptarla pero en una esquema que no comprometa a las finanzas públicas del estado, reiteró el legislador local panista, ex diputado federal que presidió la Comisión de Salud en el Congreso de la Unión, exsecretario estatal de Salud y hermano del exgobernador José Guadalupe Osuna.

Reconoció que la decisión de los 12 panistas y la perredista de aprobar la construcción de las desaladoras tendrán repercusiones legales, “que ya nos habían advertido” por lo que deberán asumir las consecuencias jurídicas.

El PES, PT, PBC y PRI anunciaron que presentarán una acción de inconstitucional para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revierta los efectos del decreto 57 que implica el pago de 83 mil millones de pesos en 37 años.