Retrasan trabajos para inspeccionar fosa clandestina en Valle de la Trinidad

Antonio Heras
Ensenada.- Por falta de coordinación entre entidades gubernamentales de procuración de justicia y protección civil se registró un atraso en la excavación de un sitio señalado de ser una fosa clandestina en la zona oriente del municipio se Ensenada.
Programada para iniciar a las 8 horas, los trabajos se pospusieron cinco horas mas tarde ante la ausencia de personal de Protección Civil, encargados de labores de rescate ante la existencia de restos humanos, en colaboración con especialistas y peritos.
Para llegar a la fosa se hIzo una rampa de 16 metros en un área agreste del Valle de la Trinidad, en un rancho ubicado en las faldas del cerro Las Chichis, con la finalidad que los expertos realicen excavaciones de manera lateral.
En la espera familiares y personal de la organización Unidos por las Desapariciones de Baja California y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos se concentraron en el poblado Valle de la Trinidad, a unos metros donde la noche del 20 de diciembre una célula del crimen organizado atacó con armas de fuego a huéspedes del hotel Cielito Lindo y privó ilegalmente de la libertad al menos al propietatio del establecimiento.
Familiares de victimas de desaparecidos descubrieron la fosa el 31 de diciembre en in paraje al sur del poblado, cerca de un camino usado en las rutas de la delincuencia organizada.

Excavan fosa clandestina cerca del cerro “Las Chichis” del Valle de la Trinidad

Antonio Heras/ Lindero Norte

Mexicali.-Una fosa clandestina fue descubierta por indígenas kiliwas en el Valle de la Trinidad del municipio de Ensenada en las inmediaciones del cerro Las Chichis, donde se iniciaron los trabajos de excavación para determinar el número de víctimas confinadas en ese lugar.

La Asociación Unidos por los Desaparecidos de Baja California documentó 58 desapariciones de personas en el municipio de Ensenada, con motivo de la toma de pruebas de ADN de familiares que cuentan con víctimas de desaparición, coincidieron en señalar a Lindero Norte, en entrevistan por separado, el presidente de esta organización civil Fernando Ocegueda y el secretario José Fernando Ortigoza.

El 31 de diciembre de 2017, un kiliwa descubrió una osamenta en ese sitio agreste a 50 kilómetros de la carretera que une a los puertos de Ensenada, en el Océano Pacífico, y San Felipe, en el Mar de Cortés, Baja California, dio anuncio a sus autoridades que presentaron una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de Justicia del Estado en los primeros días de 2018.

Los residentes tomaron además fotografías donde aparece la pierna de una persona, cuyo asesinato parece reciente pues no hay huellas de descomposición ni rapiña de aves, dio a conocer la Asociación Unidos por los Desaparecidos de Baja California.

Se trata de una fosa clandestina hecha en un pozo abandonado que en la actualidad cuenta con una boca de cuatro metros y una profundidad aproximada de ocho metros, en donde este martes dos excavadoras empezaron a realizar caminos laterales, sin tocar las paredes del hoyo, con la finalidad de llegar al piso para que trabajen

Las perforaciones laterales las realiza la PGJE, luego de ocho días de la presentación de la denuncia de hechos, mientras que el acompañamiento a los familiares de desaparecidos la realiza esta organización civil bajacaliforniana y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California.

Exigen familiares de desaparecidos en Mexicali búsqueda especializada de restos humanos; Denuncian trabajo deficiente de la PGJE

*”Después de lidiar con nuestro dolor, tenemos que ser investigadoras… las madres de los desaparecidos no tenemos Alzheimer, sabemos que hay más de 3 mil desaparecidos en el Estado”, sostiene familiar de víctima.

Jorge Heras / Lindero Norte
Mexicali.- Como cada día, los familiares de las víctimas de desaparición forzada exigen justicia pronta y expedita para saber cual fue el paradero de sus hijos, hermanos y padres que fueron privados de su libertad en Mexicali, en la mayoría de los casos desde hace más de un lustro; sin embargo cada 30 de agosto, las mujeres y hombres víctimas del sistema de justicia conmemoran el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, a través de un acto simbólico de protesta y memoria en el Centro Cívico de la capital de Baja California.

La mañana de este miércoles, madres y hermanos de los desaparecidos realizaron un acto de protesta en la  plaza de los Tres Poderes por la forma en que la Procuraduría de Justicia del Estado atiende los casos de desaparición forzada y la nula respuesta del gobernador, Francisco Vega de Lamadrid al pliego petitorio que solicitaron a finales del 2014.

En la explanada central donde convergen los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como el Palacio Municipal de Mexicali, llevaron un sacerdote para bendecir una escultura denominada “Monumento a la Impunidad”, la cual está hecha en base a dos tambos que simbolizan la manera en que los narcotraficantes disuelven en ácido los cuerpos de sus víctimas, en los cuales bordaron con tela los nombres de sus familiares desaparecidos y la fecha en que los vieron por última vez.

Irma Leyva -madre de Diego Hernández Leyva, ex agente de la Policía Ministerial desparecido en enero del 2007- y Alma Díaz -madre de Erick Francisco Díaz, un agente de la PGR privado de su libertad en junio de 1995, dijeron a Lindero Norte que la PGJE y el mandatario estatal se han rehusado a comprar las herramientas y aparatos necesarios para la búsqueda de restos humanos de la entidad.

Criticaron que la fiscalía de manera “precaria y obsoleta” realiza los trabajos de localización de osamentas, pues solamente se hace valer de agentes caninos y de una varilla para encontrar los cuerpos de los desaparecidos.

“Nosotros tenemos que buscar una osamenta, para ver si probablemente meten una varilla para que después un perro huela si hay restos humanos; pero con esa acción la autoridad nos pretende ver la cara porque el perro policía no va oler osamentas después de 10 años, él va a oler carne podrida, y esa osamenta en el caso del hijo de Alma que tiene 20 años (desaparecido) y en el mío que tiene 10 años, no va a desprender olor”, expuso Leyva.

Exigió de nueva cuenta al gobierno estatal que compre un Geo Radar para localización de restos humanos, pero que también, asegura, puede ser utilizado para ubicar tuberías en mal estado y hasta para descubrir túneles transfronterizos, toda vez que este aparato a través de ondas electromagnéticas tiene un alcance de 10 metros debajo de la superficie para ubicar objetos.

La activista comentó que tienen conocimiento que este radar fue comprado por los gobiernos de Jalisco y Nuevo León a un costo no superior del millón de pesos.

Por su parte, Alma Díaz cuestionó las investigaciones que realiza la Procuraduría de Justicia Estatal y las cifras de desaparecidos que tiene la autoridad, pues consideró que están alejadas de la realidad ya que desde hace varios años las víctimas de este delito superaron las 3 mil en todo el Estado, mientras que la procuradora, Perla del Socorro Ibarra solo reconoce 400 desde hace una década, 90 de ellas tan solo en lo que va de este año.

“Sin importar que piensa o deje de hacer la autoridad, nosotras andamos en la búsqueda de nuestros hijos, porque aunque no hemos superado nuestro dolor, tenemos que ser investigadoras y andar presionando al gobierno para que realice su trabajo… Sí han ido con nosotras los de la Procuraduría, pero con un palo, una pala y los perros (policía) en el carro, nada más”, señaló.

La presidenta de la Asociación Esperanza contra la Desaparición Forzada de Personas indicó que el año pasado realizaron cinco búsquedas de este tipo en una zona cerca del aeropuerto y en dos ejidos del Valle de Mexicali.

“Los ciudadanos, en especial los familiares de los desaparecidos no tenemos Alzheimer, sabemos lo que está sucediendo en el Estado y tenemos contabilizados a nuestros hijos que nos arrebataron, mientras que el gobierno pareciera que están en el limbo cobrando por un trabajo que no realizan, solo simulan”, puntualizó.

Por último, Díaz manifestó que para la agrupación de la sociedad civil que encabeza, una de las limitantes del gobierno estatal para no esclarecer los casos de desaparición forzada en la entidad es la participación de las corporaciones policiacas en este delito.

Ambas activistas también exigieron que se revise la cadena de custodia de la evidencia recabada en las escenas del crimen, ya que aseguraron que la falta de coordinación entre las dependencias de gobierno que participan durante todo el proceso de investigación afecta de manera importante en cada caso.

Hicieron un llamado al gobierno federal y a la administración pública estatal para que al igual como se trabajó en el predio de La Gallera en Tijuana, en la capital del Estado también vengan especialistas de la PGR y se utilicen aparatos con las características necesarias para localizar los restos de personas desaparecidas.

En noviembre del 2014, asociaciones de familiares de desaparecidos solicitaron al gobernador del Estado la creación de una subprocuraduría de personas desaparecidas, la creación de un grupo especial de Ministerios Públicos encargados en atender los casos recientes de desaparición con protocolos de búsqueda de emergencia de los desaparecidos; una mesa semanal de trabajo entre familiares de desaparecidos y agentes del Ministerio Público; la depuración y clarificación de las bases de datos sobre personas desaparecidas en Baja
California y su divulgación pública; la promulgación pronta de una Ley Estatal de Víctimas y la adjudicación del presupuesto necesario para su puesta en marcha; la presentación de un informe técnico sobre los procedimientos de inhumación de SEMEFO y la compra de un Geo Radar para la búsqueda de restos humanos y la contratación del personal especializado en su funcionamiento.

 

 

 

Encuentran en fosa clandestina del este de Tijuana el cuerpo de un hombre desaparecido en 2015

img-20161102-wa0012Antonio Heras
Tijuana.- 
En una fosa clandestina de la zona este de Tijuana, la Unidad de Bomberos detectó y recuperó los restos óseos de un hombre desaparecido en 2016, confirmó la Procuraduría General de Justicia de Baja California, la cual rechazó que la víctima de este hallazgo esté vinculado con Santiago Meza López, “El Pozolero”.

Sin revelar su identidad, se dio a conocer que la víctima desapareció en diciembre de 2015 pero su familia presentó el reporte seis meses después, en julio se 2016, ante la Unidad de Búsqueda de Personas no Localizadas de la PGJE.

En enero de 2009 fue capturado y procesado “El Pozolero de El Teo”, como inicialmente se le identificó a Meza López que de albañil se convirtió en una pieza clave de los ajustes de cuentas de Teodoro García Simental, operador primero del Cártel de Tijuana y después del de Sinaloa, al deshacer en sosa cáustica el cuerpo de cientos de hombres vinculados al crimen organizado.

En el operativo para detectar 80 huesos de este hombre participaron agentes de la PGJE y de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) se la PGR, además del dirigente de la Asociación Unidos por los Desaparecidos en Baja California, Fernando Ocegueda.

“Memoria que resiste”, mural contra la indiferencia de las autoridades y sociedad por los desaparecidos

20161015_145811Jorge Heras, Mexicali, 15 de octubre.- Los rostros de seis víctimas de desaparición forzada de Mexicali y el nombre de 150 personas desaparecidas en Baja California componen un mural que fue exhibido este sábado por el Colectivo “Reco”, organizaciones de la sociedad civil y familiares de los desaparecidos.

A través del arte quisimos manifestar nuestro rechazo a la indiferencia de las autoridades y de la sociedad por las víctimas y familiares de los desaparecidos en la entidad, por ello le apostamos a la memoria para que ninguno e los casos quede impune, señaló Danaé Moran, integrante de “Reco”, un grupo de investigadores de la Universidad Autónoma de Baja California y de la Universidad Autónoma de México.

Indicó que con esta obra exigen la reparación del daño a los familiares de los desaparecidos desde el aspecto individual pero también a nivel social y comunitario.

“Buscamos la recuperación de la memoria y que las madres de los desaparecidos tengan un espacio para ellas, para su duelo que no es entendido porque no se trata de un duelo no resuelto, es un duelo diferente, el cual tienen la ausencia de un cuerpo por lo tanto no tienen un lugar para en donde ir a llevar flores, velarlo o acudir a llorar”, puntualizó.

Los rostros que resaltan en el mural corresponden a: Diego Hernández Leyva, desparecido en enero del 2007; Erick Quintana Díaz, desaparecido en junio de 1995; Pier Meza López, desparecido en agosto del 2006; Hernán Arce, desaparecido en abril del 2016; y los abogados, Hugo Fonseca Meza y Jesús Alberto Zambrano Vizcarra, desaparecidos desde septiembre del 2015.

Alma Díaz, madre de Erick Quintana, comenta que desde hace 21 años tiene “un dolor que aprieta por dentro, interminable”, por la ausencia de su hijo, quien, al momento de su desaparición, trabajaba en la entonces llamada Policía Judicial Federal, adscrita a la Procuraduría General de la República (PGR).

Para la presidenta de la Asociación Esperanza contra las Desapariciones Forzadas, el mural representa un lugar que deja evidencia de que sí hay personas desparecidas en Baja California.

“En esta lucha sin fusil y contra corriente que realizamos los familiares de las víctimas, ahora tenemos un lugar en el que le podemos decirle a la autoridad que sí hay desparecidos, que sí existen en la entidad… Las madres de los desparecidos no somos un simulacro de la justicia, somos la evidencia de la impunidad que hay en Baja California”, expresó.

El activista y defensor jurídico de las familias de desaparecidos, Miguel Ángel Leyva refirió que el mural es parte de la dimensión del dolor y del proceso de duelo que tienen las madres, hermanas e hijos de las víctimas de desaparición forzada en la entidad, el cual ayuda a preservar la memoria y la resistencia en la lucha por la verdad y la justicia.

Afirmó que hay ausencia de voluntad de las autoridades procuradoras de justicia en el proceso de investigación para abatir la impunidad.

“La sociedad se contagió de la indiferencia de las autoridades, pues prefieren no darse cuenta de que la desaparición forzada nos corresponden a todos, porque cualquier miembro de la sociedad puede ser víctima”, aseveró.

La Asociación Esperanza contabilizó hasta el mes de abril, más de tres mil desapariciones en Baja California, ya que anunció que las cifras se salieron de control ante la falta de reconocimiento de las autoridades y el incremento de desapariciones en Mexicali y Tijuana, por lo cual calificó como una “dimensión desconocida” la realidad y las estadísticas de las víctimas de desaparición forzada en el Estado.
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Durante gobiernos de Calderón y Peña Nieto se cometieron crímenes de lesa humanidad: Open Society Justice Iniciative

image1-3Antonio Heras

Mexicali.-En la última década, durante la administración de Felipe Calderón y de  Enrique Peña Nieto, se cometieron actos de tortura y crímenes atroces de lesa humanidad en México por agentes del Estado, señaló Ina Zoon, representante de la Open Society Justice Iniciative durante la presentación del informe “Atrocidades Innegables, confrontando crímenes de lesa humanidad en México”.

Dio a conocer que agentes privados también cometieron crímenes de esta naturaleza pero ello solo fue posible “por la colusión con las autoridades, la infiltración del crimen organizado en estructuras del Estado y la protección que ofrece al crimen y a los funcionarios”.

En el marco del derecho internacional, este estudio examina la magnitud, la naturaleza generalizada de asesinatos, tortura y desaparición forzada de personas, a partir del enfoque de persecución e investigación de los máximos responsables, “no de los que aprietan el gatillo o secuestran sino a los que dan las órdenes”.

Frente a una decena de familiares de víctimas de desapareció es forzadas en esta frontera, la representante del OSJI advirtió que “no se trata sólo de encontrar al ser querido y la verdad de lo que pasó, sino de una verdad y justicia más grande que va a los autores máximos de estos crímenes”.

El organismo trabaja a nivel mundial con asociaciones que quieren rendición de cuentas de la justicia penal en sus países, en donde afirmó que han encontrado y compartido la sensibilidad y conocimiento que reflejan el dolor y deseos de los afectados.

“Los crímenes en México se han tratado desde las perspectivas del derecho penal o de los derechos humanos nacionales, pero ante esta macrocriminalidad ya no son suficientes porque va más allá de determinar a los autores material e intelectual o la responsabilidad del estado que es difusa y terminan por no ir a juicio”, expuso.

A diferencia, explicó, si se analizan con base en el derecho internacional se hace un análisis de contexto y los casos se ven como una cadena que demuestra un padrón de la actuación del estado, del crimen organizado o de ambos; México tiene obligación de investigar conforme de Estatuto de Roma que considera a los crímenes de lesa humanidad aquellos actos cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil.

“Existe una base razonable para determinar que que en la administración de Felipe Caldeton y en lo que va de Peña Nieto en México se cometieron crímenes de les humanidad por agentes del Estado y por agentes privados”, comentó al tiempo de advertir que un caso concreto que analizaron es a los Zetas.

Zetas e impunidad

Conforme a la legislación penal internacional los actores no estatales también pueden cometer crímenes de lesa humanidad, por ejemplo las acciones del cartel de los Zetas coinciden con esa definición legal, aunque otros carteles también han cometido crímenes de esta naturaleza.

Los Zetas satisfacen los requisitos para la definición de una organización por su estructura jerárquica su control sobre territorios y capacidad de llevar a cabo ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil. De 2008 a 2011 fueron los responsables de las muertes, de actos de tortura y desaparición de cientos de civiles para controlar las actividades criminales en sus territorios, buscan aterrorizar a la población en las zonas que desean controlar; esto es lo que distingue a sus ataques de la violencia aleatoria relacionada con el tráfico de drogas, señala el estudio.

A pesar de la evidencia del uso excesivo de la fuerza letal por integrantes de corporaciones policiales estatales y federales, es poco común el enjuiciamiento por el delito de homicidio en tribunales militares y civiles. Datos de la Secretaría de la Defensa Nacional señalan que entre 2007 y 2013 solo se llevaron a cabo 29 averiguaciones militares con respecto a asesinatos cometidos por miembros de las fuerzas armadas, pero ninguna resultó en condena.

Tampoco ha habido una adecuada rendición de cuentas en las desapariciones forzadas de personas perpetradas por la policía, el ejército y otros funcionarios gubernamentales, las cuales ha documentado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En un informe de Human Rigths Watch de 2015 se documentaron 149 casos, en donde más de 20 implicaban a la Marina y 13 a la Policía Federal y aunque existen “muchos casos de desapariciones forzadas cometidas por no fue sino hasta agosto de 2015 cuando se condenó al primer soldado por este crimen”.

Adolescente desparecida en Mexicali podría ser víctima sexual, alerta familia

attachment-1-4Antonio Heras
Mexicali.- Se llama Damaria Paulina López Contreras, a los 17 años de edad desapareció después de reunirse con un hombre al que conoció por internet, a la que la familia considera víctima de ciber acoso sexual (grooming).

Ese hombre de apellido Lázaro, según datos recabados por la madre, se trasladó el primero de agosto a Mexicali para conocerse, desde ese día ya no se sabe más de ella.

La madre de la adolescente le advirtió sobre el riesgo de las amistades por redes sociales ya que se desconocen sus intenciones, además de la amenaza de las redes de trata de personas, aún más cuando se trata de hombres mayores de las víctimas.

Le contó algunos casos pero aún así, Damaria desoyó los consejos y desde ese día no regresó a su casa. Pasaron las horas y la madre acudió a la Procurauria General de Justicia de Baja California donde le indicaron que debería esperar algunos días para determinar la desaparición de su hija por ser común que regresen después de mantener alguna relación amorosa.

Molesta por la respuesta decidió indagar el paradero de la menor de edad, con quien mantenía una comunicación estrecha y de llamadas telefónicas permanentes pero dejó de contestar su celular y ahora solo entra directo al buzón de mensajes.

Ingresó a redes sociales para identificar al hombre con el que su hija salió ese día. Localizó el nombre de algunas personas que podrían ser familiares por tener el mismo apellido e hizo llamadas hasta que encontró a una mujer que le confesó que el hombre estuvo en Tijuana -en compañía de la muchacha- pero desapareció luego de vender su carro.

Con esa información, el 7 de septiembre la madre regresó a la PGJE para presentar una denuncia ante la Unidad Estatal Investigadora de Búsqueda de Personas No Localizadas pero fue hasta la noche del lunes 26 de septiembre cuando esta dependencia difundió la pesquisa.

Damaria Paulina tiene su domicilio en el fraccionamiento Hacienda del Bosque, es de tez morena clara, complexión delgada, mide 1.55 metros, cabello lacio y cuenta con varios lunares en el rostro.

El grooming es una práctica en redes sociales que realizan personas adultas, la mayoría son hombres, que buscan la confianza de un menor de edad para obtener fines sexuales que pueden ir desde la pederastia y pornografia infantil hasta la explotación sexual comercial infantil.

Ante el temor que la adolescente sea convertida en víctima sexual, la familia recurrió a organizaciones de la sociedad civil para extender la búsqueda y presionar a las autoridades para investigar este caso.