Reinstalan mesa técnica del Sistema Estatal Anticorrupción

Jorge Heras / Lindero Norte
Mexicali.- La Comisión de Gobernación del Congreso local reanudó con agrupaciones de la sociedad civil y empresarios los trabajos para la redacción de las leyes secundarias y normatividad para la selección de los Comités Ciudadanos del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).

Luego de que concluyeran los trabajos entre ciudadanos y diputados que dio pie al dictamen presentado ante el pleno para reformar la constitución con lo que se dio cabida al SEA, culminaron las pláticas y entendimientos entre ambas partes, lo que llevó a Coparmex a exigir al Poder Legislativo que se reinstalara la mesa técnica.

Este miércoles, el presidente de la Comisión de Gobernación, diputado Andrés de la Rosa Anaya hizo oficial la reanudación de los trabajos e informó que se fijará un calendario para los trabajos correspondientes ya que en esta fase de implementación, se necesita reformar leyes y reglamentos así como la pertinente para trabajar en el presupuesto para el funcionamiento.

“La siguiente fase, que es la implementación, significa integrar los órganos que por virtud de esa reforma se integraron y que va a ser muy importante porque en el momento de la implementación, será en la operación”, puntualizó.

El presidente de Coparmex Mexicali, Rodrigo Llantada Ávila aseveró que para el organismo empresarial es importante la participación ciudadana ya que la IP quiere un Sistema Anticorrupción fortalecido con la opinión de la comunidad, a fin de que tenga la confianza de la población.

Lamentó que datos estadísticos arrojen que sólo el 3% de la gente confía en las instituciones, por lo cual, es necesario que se fortalezca la autonomía e independencia del SEA.

Por su parte, la representante del Observatorio Ciudadano “ObserBC”, Fernanda Flores Aguirre indicó que la intención de continuar con la mesa técnica es que todos los procesos del Sistema Anticorrupción sean transparentes y en los que estén involucrados los ciudadanos.

Indicó que las los trabajos entre las organizaciones de la sociedad civil y diputados para continuar con los procesos del SEA no debieron terminarse, pues se perdió tiempo.

“Tenemos confianza en que nosotros hicimos lo posible en que los ciudadanos se involucren en el Comité de Selección y los demás procesos del Sistema”, expresó.

Autorizan diputados contrato de más de 800 mdp a pagar en 10 años para el C5i

*Destinará Gobierno del Estado más de 80 millones de pesos anuales para cámaras de vigilancia, arcos de seguridad, herramientas para analizar información y botones de pánico.

Jorge Heras / Lindero Norte
Mexicali.- La Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso local aprobó por mayoría autorizar al Gobierno del Estado un gasto de más de 800 millones de pesos para la adquisición de equipo y herramientas de tecnología con el fin de fortalecer el trabajo de la Secretaría de Seguridad Pública ante los indices de violencia que se registran en Baja California.

Este fin de semana, el órgano legislativo votó a favor de que el Poder Ejecutivo pueda contratar a una empresa para realizar el proyecto denominado Sistema Integral de Infraestructura e Interconexión Tecnológica para la Seguridad Pública de Baja California, el cual se llevará a cabo por medio de un contrato “plurianual” a pagar en un periodo de hasta 10 años, en el que se invertirán más de 80 millones de pesos anuales (6.6 millones mensuales), y en el que se abre la posibilidad de suscribir una carta de crédito o garantías necesarias para responder al cumplimiento del contrato.

Este proyecto fue modificado de última momento por el gobierno estatal, ya que había sido contemplado a realizarse por contrato de Asociación Público Privada (APP), bajo el nombre de “Sistema Integral de Enlace y Monitoreo para el Estado de Baja California”, el cual ya había sido aprobado y publicado en el Periódico Oficial el 30 de diciembre del 2016, junto con los otros seis contratos de APP del controvertido Decreto 57 (Dictamen 62).

Incluso el contrato asentado en el acuerdo APP-EXORD8-2016-01 establecía que la conservación y mantenimiento se realizará durante 22 años, en los cuales el gobierno de Baja California se comprometía a pagar mensualmente 17 millones 667 mil 590 pesos: 13 millones 700 mil pesos por tarifa fija de operación y mantenimiento y 3 millones 900 mil por tarifa de inversión, es decir, el gobierno de Francisco Vega de Lamadrid había comprometido 4 mil 664 millones 243 mil pesos de recursos públicos durante cuatro sexenios.

Como fue publicado en Lindero Norte en el reportaje del 10 de junio: https://linderonorte.com/2017/06/13/con-contrato-de-app-en-agosto-gobierno-de-bc-dotara-de-inteligencia-al-c4-generando-deuda-de-4-mil-600-mdp/, el convenio para llevar a cabo este proyecto lo obtuvo desde hace nueve meses, Seguritech Privada, la única empresa que participó en la de licitación número APP-2016-055, para elevar de categoría el C4 y convertirse en un centro de calidad e inteligencia denominado C5i.

Sin embargo, este sistema integral de infraestructura e interconexión tecnológica costará a los bajacalifornianos 69 millones de pesos más el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y “las cantidades que se requieran para el pago de intereses y comisiones, las cuales se actualizarán conforme a las disposiciones que se establezca en el contrato”.

En el dictamen 94 de la Comisión de Hacienda no precisa los pormenores del equipo y herramientas que se utilizarán en el nuevo sistema tecnológico, solamente se limita a señalar que se contratará a una compañía para el diseño, construcción, instalación y mantenimiento para la implementación de un sistema integral, en el que se utilizarán cámaras de video vigilancia urbana, sistema de vieo de análisis e inteligencia, arcos de reconocimiento de placas, administración y monitoreo de videos, sistema de transporte de datos y botones de alarma vecinal.

El gobierno del Estado justificó esta nueva adquisición de equipo tecnológico para “construir a la solución de la actual problemática de seguridad pública en el Estado, a través de la optimización de los recursos humanos, financieros y materiales, fortalecimiento los sistemas de seguridad que opera la SSPE a través del Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo del Estado”.

De igual forma reconoce que “dadas las condiciones actuales de la criminalidad se requiere contar con mayor capacidad de repuesta, prevención y contención de la incidencia delictiva”, por ello el Ejecutivo considera que este nuevo sistema es “la solución a la problemática de los procesos de automatización de la vigilancia en forma remota”, pues se emplearían arcos de vigilancia, torres de comunicaciones para sistemas inalámbricos de voz, datos e imagines con fibra óptica.

En el documento establece que la Red Estatal de Telecomunicaciones se dotará de cobertura y operación con sistemas con tecnológica de ultima generación.

Aunque los diputados de la Comisión de Hacienda fijaron como fecha limite el 31 de octubre del 2019 para celebrar el contrato, en un evento público durante el mes de mayo, el mandatario estatal reveló que en agosto de este año comenzarían con la instalación de una red inalámbrica de 400 cámaras nuevas, miles de metros de fibra óptica, sistema de vigilancia urbana y construcción del C4 de Mexicali; hasta el momento no se ha realizado nada ni han especificado si continuará el proyecto del C5i que pregonaron se construiría con este recurso.

En la votación, en la que estuvieron ausentes los legisladores de Morena, Catalino Zavála; de Movimiento Ciudadano, Job Montoya; y del PRI (también presidente de la Mesa Directiva), Benjamín Gómez, la diputada del PRD, Rocío López Gorosave se abstuvo y los tres representantes del PAN y el del PBC votaron a favor.

Esa misma mañana del pasado sábado se celebró una sesión extraordinaria en el pleno, en la que solamente no estuvo presente el diputado Montoya Gaxiola por motivos personales, pero los demás legisladores de la Comisión sí se presentaron.

Por salir de vacaciones, diputados de BC incumplen la Constitución para la entrega del informe del Gobernador

Jorge Heras / Lindero Norte
Mexicali.- Para respetar su periodo vacacional de verano, la mesa directiva del Congreso de Baja California incumplió la Constitución local que fijaba como plazo el 1 de agosto para la entrega del cuarto informe de gobierno de la administración de Francisco Vega de Lamadrid en el recinto legislativo.

A finales del 2014, Vega de Lamadrid hizo modificaciones al articulo 22 de la Constitución para cambiar los tres periodos de Sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados, iniciando el primer periodo el primero de agosto al último día de noviembre; Sin embargo a capricho de la mayoría de Acción Nacional, esta legislatura alteró de nueva cuenta los periodos de sesiones para que el primer presidente de la mesa directiva, el panista Raúl Castañeda Pomposo, estuviera al frente de la Legislatura cuatro meses en lugar de dos, para culminar hasta el 31 de enero.

De esta manera se alteró todo el calendario del primer año de ejercicio de la XXII Legislatura, toda vez que el segundo presidente de la mesa directiva, el también panista Ignacio García Dworak, estuvo cuatro meses en la encomienda, resultando afectado la presidencia del representante del partido Movimiento Ciudadano, Job Montoya, quien apenas duró dos meses, finalizando el pasado 31 de julio.

De acuerdo a la fracción V del artículo 49 de la Constitución del Estado, el mandatario estatal está obligado a “rendir un informe general, por escrito, del estado que guarde la Administración Pública, remitiéndolo al Congreso a la apertura del primer periodo de sesiones ordinarias”, que inició el pasado 1 de agosto, cuando asumió la presidencia de la mesa directiva, el diputado priista Benjamín Gómez Macías.

Horas después de este acto protocolario, salieron del recinto todos los diputados y trabajadores administrativos, y se apagaron las luces del edificio del Poder Legislativo para de esta manera iniciar con las dos semanas de vacaciones, que para los legisladores se extendió una semana más, pues habrá sesión ordinaria hasta el 24 de agosto.

El encargado de asuntos legislativos de la Secretaría General de Gobierno, Rubén Armenta Sanabia culpó a los diputados de que se haya incumplido con la obligación del gobernador de presentar el informe en la apertura del primero periodo de sesiones, al manifestar que los legisladores acordaron con el Poder Ejecutivo que la entrega se realice el 1 de octubre, “como tradicionalmente se ha hecho”.

“Los señores diputados no pusieron en la mesa que el 1 de agosto el Congreso entra en receso, va  estar cerrado y lo vamos a cambiar como ya lo hicimos con los periodos de la presidencia de 2 meses a 4 meses”, expresó.

El ex diputado local y dirigente estatal del PAN indicó que dos semanas antes de que salieran de vacaciones el Poder Legislativo, la misma Subsecretaría de Gobierno recordó a la mesa directiva del Congreso los tiempos que marca la Constitución local.

“Posteriormente ya cuando entre la nueva legislatura si quieren hacer modificaciones lo vamos hacer en la ley, nosotros no tenemos ningún problema, el día que se nos diga vamos y presentamos el informe”, puntualizó.

Este miércoles, el presidente del Congreso se reunió con el gobernador del Estado en el edificio del Poder Ejecutivo para refrendar la coordinación de trabajo entre ambos poderes y establecer una agenda conjunta, sin recordar que ambos violaron la Constitución del Estado.

El vicepresidente del Colegio de Abogados en el Ejercicio Libre del Derecho, Fernando Rosales se pronunció en contra de esta medida que adoptaron el Poder Legislativo y el Ejecutivo ya que advirtió que estará presentando un juicio político contra Francisco Vega de Lamadrid por violentar la Constitución local y acatar la ley a su beneficio.

Tianguis parlamentario de BC

Antonio Heras
Mexicali.- Tarde, como marca el manual parlamentario, el tiempo legislativo se volvió largo y prolongado para iniciar las sesiones que se significan por ser un espacio donde todos hablan y nadie escucha.

Son los representantes populares de los cerca de 4 millones de bajacalifornianos que habitan en los cinco municipios de la entidad.

Aunque asistieron 23 de los 25 diputados hay curules vacías pues parece que los legisladores juegan sillitas: se sientan, se levantan, van de un lado a otro, mientras en la más alta tribuna de Baja California la diputada tijuanense Iraís Vázquez lee la correspondencia pero nadie la oye.

Pocos son los que se mantienen silentes: Luis Moreno revisa sus papeles, un solitario Job Montoya en la presidencia de la Mesa Directiva, Claudia Agatón que mira y sonríe. A su lado, un diputado Victor Manuel Morán se mantiene ausente.

Patricia Rios masca chicle y cruza algún comentario con su correligionario Marco Antonio Corona, al tiempo que Bernardo Padilla y el coordinador de la bancada priista Alejandro Arregui se la pasan cuchicheando, trajeados, sin corbata, entre risas y bromas. Catalino Zavala y Jorge Núñez conversan también.

Carlos Torres, despreocupado, cruza la sala para reunirse y bromear con Padilla y Arregui en sus curules, a unos metros de la diputada que nadie escucha.

Ignacio Garcia Dworak llega tarde y comienza a saludar en lo que simula un tianguis parlamentario de las curules donde se encuentran en plena conversa los diputados Sergio Tolento y Miguel Osuna Millán.

Castañeda Pomposo de plano da la espalda a la tribuna para dar instrucciones a Tolento, en un tiempo lo imita Félix Arango.

En tanto, Octavio Sandoval, presidente del Instituto de Transparencia, hace algunos apuntes en espera de su comparecencia.

Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es La Paz, es la frase que se lee en el muro central del Congreso.

Mejor opto por salirme de la sala para ver la transmisión en vivo de la entrevista que el diario El País le hace al escritor Mario Vargas Llosa.

Abogados acusan de inconstitucional dictamen que reforma la Constitución de BC para crear el Sistema Anticorrupción

Jorge Heras / Lindero Norte
Mexicali.- El Colegio de Abogados en el Ejercicio Libre del Derecho, Fernando Rosales Figueroa y José Castro Crespo presentaron una iniciativa para modificar el dictamen que sienta las bases jurídicas para la creación del Sistema Estatal Anticorrupción, pues consideraron que es inconstitucional lo que se aprobó en la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales.

Los abogados señalaron que el proyecto de reforma a la Constitución local en el que se indica la forma que estarían integrados Comité de Participación Ciudadana y el Comité Coordinador, es violatorio de la Ley General que establezca las bases de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción referido en el artículo 113 de la Carta Magna.

Explicaron que lo que contempla la Constitución federal es que son cinco los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, pero en el Sistema Estatal se pretende designar a 15.

De igual forma manifestaron que mientras la Comisión de gobernación aprobó que el Comité Coordinador esté integrado por 11 ciudadanos y 11 representantes de la autoridad, la legislación federal sostiene que este órgano deberá conformarse por un representante del Comité de Participación Ciudadana.

La principal irregularidad que hay en el dictamen de reforma para el Sistema Estatal Anticorrupción, aseveraron los dos litigantes, es que el artículo 102 de la Constitución Federal señala que para designar al Fiscal Anticorrupción debe darse primero la reforma para crear la figura del Fiscal General, toda vez que sería el encargado del nombramiento.

Indicaron que de acuerdo a la legislación federal, el Fiscal General de la República es el encargado de designar al Fiscal Anticorrupción.

Para los miembros de el Colegio de Abogados en el Ejercicio Libre del Derecho estas irregularidades son torales para que no sea efectivo el Sistema Estatal Anticorrupción, ya que estaría vulnerable a recursos legales como demandas de inconstitucionalidad, por lo que “se está protegiendo a funcionarios y gobernantes que incurran en algún acto de corrupción”.

“Estamos convencidos de que todos los ciudadanos queremos que sea un ciudadano el Fiscal del Combate a la Corrupción, pero que sea ajustado a la Constitución Federal y la Ley Secundaria, para ello los diputados tienen que fortalecer el sistema jurídico en Baja California, y acotar las designaciones de acuerdo al marco de la exposición federal”, puntualizó el abogado Fernando Rosales.

El dictamen de la reforma constitucional para crear el Sistema Anticorrupción será presentado la tarde de este miércoles en el Pleno del Congreso Estatal para ser discutido y votado por las ocho fuerzas políticas que integran la Cámara de Diputados.

Divide opinión IP sobre iniciativa que amplía la defensa legítima ante agresión armada en comercios de BC

Jorge Heras / Lindero Norte
Mexicali.-Gran controversia generó entre las cámaras empresariales de Mexicali las iniciativas presentadas este jueves en el Congreso local que buscan ampliar la figura de defensa legitima en las personas que repelan una agresión armada, principalmente en los comercios y negocios.

Representantes de la Iniciativa Privada se pronunciaron a favor y por la revisión a fondo la reforma al Código Penal de Baja California propuesta por los Partidos de Baja California (PBC) y Revolucionario Institucional (PRI).

El presidente de Canacintra, Juan Ignacio Gallego Topete calificó la iniciativa como “positiva” porque se trata de darle protección a los comerciantes, ya que consideró que están “en la indefensión total porque no ha sido eficaz la estrategia del gobierno”.

Afirmó que las autoridades están rebasadas en el combate al crimen organizado, siendo los comercios los que más han resentido esta situación.

Confió en que los legisladores la analizarán adecuadamente en comisiones para después aprobarla.

De igual forma, Gallego Topete reiteró que es necesaria la presencia militar en las calles de Baja California, ¨¿Cuántos (muertos) más se necesitan para que lleguen los militares, uno es demasiado; debemos parar la violencia como sea necesario”, aseveró.

Por su parte, el presidente de CANACO Mexicali, Juan Ramón López Naranjo rechazó esta reforma al Código Penal, pues advirtió que se generaría más violencia.

“Se requiere un análisis profundo del tema, porque no está atendiendo de origen el problema, solamente es una medida de emergencia mal encausada”, puntualizó.

El líder de los comerciantes organizados de la capital del Estado criticó la forma en que fue presentada ante el pleno del Congreso sin ser consultada con CANACO y con otros sectores de la población.

Instó a los legisladores ha que se realice una consulta ciudadana con empresarios, comerciantes y académicos para analizar a profundidad esta iniciativa.

“Las leyes están dejando muchos huecos por la justicia alternativa, pero las modificaciones deben estar encaminadas en definir en que momento es culpable la persona, porque sino vamos a llegar al terreno de la portación de arma como en Estados Unidos, y ya sabemos todos lo que pasa en el país vecino”, sostuvo.

La reforma propuesta durante la ultima sesión ordinaria de la Cámara de Diputados es para modificar el el artículo 23 del Código Penal del Estado con el fin de ampliar los alcances de la legítima defensa.

Se pretende agregar el párrafo siguiente: “Concurre en legitima defensa a favor de la persona que encontrándose a cargo de un establecimiento comercial, y para evitar la comisión de un delito previsto por ley, ocasione un daño a quien se introduzca con armas al comercio siempre que el agresor lo realice con violencia”.

Foto: Cortesía

Diputados presentan iniciativa para permitir matar en defensa propia en comercios de BC

Jorge Heras / Lindero Norte
Mexicali.-La bancada del Partido de Baja California (PBC) y del Revolucionario Institucional (PRI) presentaron iniciativas para que se exima de la comisión de un delito a propietarios o encargados de negocios y comercios que en “legítima defensa” agredan o asesinen a personas que ingresen armados a sus establecimientos.

De esta manera el Congreso local busca reformar el artículo 23 del Código Penal de Baja California para ampliar los derechos de los trabajadores de los comercios de la entidad para permitir que puedan defender su integridad física en caso de ser atentada de manera violenta por un individuo durante el ejercicio de una actividad comercial.

En la sesión ordinaria de este jueves, el diputado del PBC, Jorge Eugenio Núñez Lozano propuso adicionar un párrafo al artículo 23 del Código Penal de Baja California porque consideró que las hipótesis de la legítima defensa son limitadas y ambiguas en los casos que establece la ley.

Actualmente el referido artículo establece la exclusión del delito cuando exista alguna causa de atipicidad, de justificación o de inculpabilidad.

En el caso de justificación por legítima defensa, contemplado en el inciso B de la fracción II,  menciona que “se repela una agresión real, actual o inminente y sin derecho, en defensa de bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que exista necesidad de la defensa empleada y no medie provocación dolosa suficiente e inmediata por parte del agredido o de su defensor; Se presumirá que concurren los requisitos de la legítima defensa, respecto de aquél que cause un daño, a quien a través de la violencia, del escalamiento o por cualquier otro medio trate de penetrar sin derecho, a su hogar o sus dependencias, a los de su familia o los de cualquier persona que tenga el mismo deber de defender o al sitio donde se encuentren bienes jurídicos propios o ajenos de los que tenga la misma obligación; o bien, cuando lo encuentre en alguno de esos lugares, en circunstancias tales que revelen la posibilidad de una agresión”.

El legislador pretende agregar lo siguiente: “Se entenderá que concurre la legítima defensa, a favor de la persona que encontrándose a cargo de un establecimiento comercial, y para evitar la comisión de un hecho previsto como delito por la ley, ocasione un daño a quien se introduzca con armas, siempre que el agresor lo realice con violencia”.

“Ante la acción tardía de las autoridades policiacas y de la nula respuesta de las autoridades encargadas de la procuración de justicia para detener a quienes delinquen, lo que nosotros buscamos es cuidar la seguridad de las actividades comerciales para que no se vean afectadas y no poner en riesgo la vida de las personas”, puntualizó.

El diputado del PRI, Bernardo Padilla coincidió que es muy ambigua el artículo del Código Penal que determina la figura de la legítima defensa, por lo que propuso que el alcance de eximir la comisión de un delito cuando se repele una agresión se extienda a otras áreas fuera del domicilio.

Comentó que debe ampliarse dentro del término hasta donde es el alcance la legitima defensa, como en el caso de los comerciantes, ejemplificó, sus comercios serían un espacio en el que también requieren de protección y respaldarse en la ley.

“La criminalidad e inseguridad han sobrepasado ciertos limites, creemos que debemos darles herramientas a los ciudadanos dentro del marco normativo, nada fuera de lo que establece el articulo 17 constitucional”, sostuvo.

El Artículo 17 de la Carta Magna establece que “ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho”.

Los diputados del PBC y del PRI se pronunciaron a favor de que la figura jurídica de legitima defensa sea revisada y actualizada, por lo cual será discutida en la Comisión de Justicia, que preside la legisladora panista, Victoria Bentley Duarte.