Tianguis parlamentario de BC

Antonio Heras
Mexicali.- Tarde, como marca el manual parlamentario, el tiempo legislativo se volvió largo y prolongado para iniciar las sesiones que se significan por ser un espacio donde todos hablan y nadie escucha.

Son los representantes populares de los cerca de 4 millones de bajacalifornianos que habitan en los cinco municipios de la entidad.

Aunque asistieron 23 de los 25 diputados hay curules vacías pues parece que los legisladores juegan sillitas: se sientan, se levantan, van de un lado a otro, mientras en la más alta tribuna de Baja California la diputada tijuanense Iraís Vázquez lee la correspondencia pero nadie la oye.

Pocos son los que se mantienen silentes: Luis Moreno revisa sus papeles, un solitario Job Montoya en la presidencia de la Mesa Directiva, Claudia Agatón que mira y sonríe. A su lado, un diputado Victor Manuel Morán se mantiene ausente.

Patricia Rios masca chicle y cruza algún comentario con su correligionario Marco Antonio Corona, al tiempo que Bernardo Padilla y el coordinador de la bancada priista Alejandro Arregui se la pasan cuchicheando, trajeados, sin corbata, entre risas y bromas. Catalino Zavala y Jorge Núñez conversan también.

Carlos Torres, despreocupado, cruza la sala para reunirse y bromear con Padilla y Arregui en sus curules, a unos metros de la diputada que nadie escucha.

Ignacio Garcia Dworak llega tarde y comienza a saludar en lo que simula un tianguis parlamentario de las curules donde se encuentran en plena conversa los diputados Sergio Tolento y Miguel Osuna Millán.

Castañeda Pomposo de plano da la espalda a la tribuna para dar instrucciones a Tolento, en un tiempo lo imita Félix Arango.

En tanto, Octavio Sandoval, presidente del Instituto de Transparencia, hace algunos apuntes en espera de su comparecencia.

Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es La Paz, es la frase que se lee en el muro central del Congreso.

Mejor opto por salirme de la sala para ver la transmisión en vivo de la entrevista que el diario El País le hace al escritor Mario Vargas Llosa.

Abogados acusan de inconstitucional dictamen que reforma la Constitución de BC para crear el Sistema Anticorrupción

Jorge Heras / Lindero Norte
Mexicali.- El Colegio de Abogados en el Ejercicio Libre del Derecho, Fernando Rosales Figueroa y José Castro Crespo presentaron una iniciativa para modificar el dictamen que sienta las bases jurídicas para la creación del Sistema Estatal Anticorrupción, pues consideraron que es inconstitucional lo que se aprobó en la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales.

Los abogados señalaron que el proyecto de reforma a la Constitución local en el que se indica la forma que estarían integrados Comité de Participación Ciudadana y el Comité Coordinador, es violatorio de la Ley General que establezca las bases de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción referido en el artículo 113 de la Carta Magna.

Explicaron que lo que contempla la Constitución federal es que son cinco los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, pero en el Sistema Estatal se pretende designar a 15.

De igual forma manifestaron que mientras la Comisión de gobernación aprobó que el Comité Coordinador esté integrado por 11 ciudadanos y 11 representantes de la autoridad, la legislación federal sostiene que este órgano deberá conformarse por un representante del Comité de Participación Ciudadana.

La principal irregularidad que hay en el dictamen de reforma para el Sistema Estatal Anticorrupción, aseveraron los dos litigantes, es que el artículo 102 de la Constitución Federal señala que para designar al Fiscal Anticorrupción debe darse primero la reforma para crear la figura del Fiscal General, toda vez que sería el encargado del nombramiento.

Indicaron que de acuerdo a la legislación federal, el Fiscal General de la República es el encargado de designar al Fiscal Anticorrupción.

Para los miembros de el Colegio de Abogados en el Ejercicio Libre del Derecho estas irregularidades son torales para que no sea efectivo el Sistema Estatal Anticorrupción, ya que estaría vulnerable a recursos legales como demandas de inconstitucionalidad, por lo que “se está protegiendo a funcionarios y gobernantes que incurran en algún acto de corrupción”.

“Estamos convencidos de que todos los ciudadanos queremos que sea un ciudadano el Fiscal del Combate a la Corrupción, pero que sea ajustado a la Constitución Federal y la Ley Secundaria, para ello los diputados tienen que fortalecer el sistema jurídico en Baja California, y acotar las designaciones de acuerdo al marco de la exposición federal”, puntualizó el abogado Fernando Rosales.

El dictamen de la reforma constitucional para crear el Sistema Anticorrupción será presentado la tarde de este miércoles en el Pleno del Congreso Estatal para ser discutido y votado por las ocho fuerzas políticas que integran la Cámara de Diputados.

Divide opinión IP sobre iniciativa que amplía la defensa legítima ante agresión armada en comercios de BC

Jorge Heras / Lindero Norte
Mexicali.-Gran controversia generó entre las cámaras empresariales de Mexicali las iniciativas presentadas este jueves en el Congreso local que buscan ampliar la figura de defensa legitima en las personas que repelan una agresión armada, principalmente en los comercios y negocios.

Representantes de la Iniciativa Privada se pronunciaron a favor y por la revisión a fondo la reforma al Código Penal de Baja California propuesta por los Partidos de Baja California (PBC) y Revolucionario Institucional (PRI).

El presidente de Canacintra, Juan Ignacio Gallego Topete calificó la iniciativa como “positiva” porque se trata de darle protección a los comerciantes, ya que consideró que están “en la indefensión total porque no ha sido eficaz la estrategia del gobierno”.

Afirmó que las autoridades están rebasadas en el combate al crimen organizado, siendo los comercios los que más han resentido esta situación.

Confió en que los legisladores la analizarán adecuadamente en comisiones para después aprobarla.

De igual forma, Gallego Topete reiteró que es necesaria la presencia militar en las calles de Baja California, ¨¿Cuántos (muertos) más se necesitan para que lleguen los militares, uno es demasiado; debemos parar la violencia como sea necesario”, aseveró.

Por su parte, el presidente de CANACO Mexicali, Juan Ramón López Naranjo rechazó esta reforma al Código Penal, pues advirtió que se generaría más violencia.

“Se requiere un análisis profundo del tema, porque no está atendiendo de origen el problema, solamente es una medida de emergencia mal encausada”, puntualizó.

El líder de los comerciantes organizados de la capital del Estado criticó la forma en que fue presentada ante el pleno del Congreso sin ser consultada con CANACO y con otros sectores de la población.

Instó a los legisladores ha que se realice una consulta ciudadana con empresarios, comerciantes y académicos para analizar a profundidad esta iniciativa.

“Las leyes están dejando muchos huecos por la justicia alternativa, pero las modificaciones deben estar encaminadas en definir en que momento es culpable la persona, porque sino vamos a llegar al terreno de la portación de arma como en Estados Unidos, y ya sabemos todos lo que pasa en el país vecino”, sostuvo.

La reforma propuesta durante la ultima sesión ordinaria de la Cámara de Diputados es para modificar el el artículo 23 del Código Penal del Estado con el fin de ampliar los alcances de la legítima defensa.

Se pretende agregar el párrafo siguiente: “Concurre en legitima defensa a favor de la persona que encontrándose a cargo de un establecimiento comercial, y para evitar la comisión de un delito previsto por ley, ocasione un daño a quien se introduzca con armas al comercio siempre que el agresor lo realice con violencia”.

Foto: Cortesía

Diputados presentan iniciativa para permitir matar en defensa propia en comercios de BC

Jorge Heras / Lindero Norte
Mexicali.-La bancada del Partido de Baja California (PBC) y del Revolucionario Institucional (PRI) presentaron iniciativas para que se exima de la comisión de un delito a propietarios o encargados de negocios y comercios que en “legítima defensa” agredan o asesinen a personas que ingresen armados a sus establecimientos.

De esta manera el Congreso local busca reformar el artículo 23 del Código Penal de Baja California para ampliar los derechos de los trabajadores de los comercios de la entidad para permitir que puedan defender su integridad física en caso de ser atentada de manera violenta por un individuo durante el ejercicio de una actividad comercial.

En la sesión ordinaria de este jueves, el diputado del PBC, Jorge Eugenio Núñez Lozano propuso adicionar un párrafo al artículo 23 del Código Penal de Baja California porque consideró que las hipótesis de la legítima defensa son limitadas y ambiguas en los casos que establece la ley.

Actualmente el referido artículo establece la exclusión del delito cuando exista alguna causa de atipicidad, de justificación o de inculpabilidad.

En el caso de justificación por legítima defensa, contemplado en el inciso B de la fracción II,  menciona que “se repela una agresión real, actual o inminente y sin derecho, en defensa de bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que exista necesidad de la defensa empleada y no medie provocación dolosa suficiente e inmediata por parte del agredido o de su defensor; Se presumirá que concurren los requisitos de la legítima defensa, respecto de aquél que cause un daño, a quien a través de la violencia, del escalamiento o por cualquier otro medio trate de penetrar sin derecho, a su hogar o sus dependencias, a los de su familia o los de cualquier persona que tenga el mismo deber de defender o al sitio donde se encuentren bienes jurídicos propios o ajenos de los que tenga la misma obligación; o bien, cuando lo encuentre en alguno de esos lugares, en circunstancias tales que revelen la posibilidad de una agresión”.

El legislador pretende agregar lo siguiente: “Se entenderá que concurre la legítima defensa, a favor de la persona que encontrándose a cargo de un establecimiento comercial, y para evitar la comisión de un hecho previsto como delito por la ley, ocasione un daño a quien se introduzca con armas, siempre que el agresor lo realice con violencia”.

“Ante la acción tardía de las autoridades policiacas y de la nula respuesta de las autoridades encargadas de la procuración de justicia para detener a quienes delinquen, lo que nosotros buscamos es cuidar la seguridad de las actividades comerciales para que no se vean afectadas y no poner en riesgo la vida de las personas”, puntualizó.

El diputado del PRI, Bernardo Padilla coincidió que es muy ambigua el artículo del Código Penal que determina la figura de la legítima defensa, por lo que propuso que el alcance de eximir la comisión de un delito cuando se repele una agresión se extienda a otras áreas fuera del domicilio.

Comentó que debe ampliarse dentro del término hasta donde es el alcance la legitima defensa, como en el caso de los comerciantes, ejemplificó, sus comercios serían un espacio en el que también requieren de protección y respaldarse en la ley.

“La criminalidad e inseguridad han sobrepasado ciertos limites, creemos que debemos darles herramientas a los ciudadanos dentro del marco normativo, nada fuera de lo que establece el articulo 17 constitucional”, sostuvo.

El Artículo 17 de la Carta Magna establece que “ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho”.

Los diputados del PBC y del PRI se pronunciaron a favor de que la figura jurídica de legitima defensa sea revisada y actualizada, por lo cual será discutida en la Comisión de Justicia, que preside la legisladora panista, Victoria Bentley Duarte.

Denuncia diputado Bernardo Padilla allanamiento de morada para amedrentarlo 

Antonio Heras
Mexicali.- Un grupo de personas “bien vestidas” irrumpió de forma violenta en la casa de Tijuana del diputado priista Berny Padilla para sustraer artículos de manera selectiva y huir en una camioneta de lujo.

Advirtió que este mensaje busca dejar una amenaza por su actividad en el Poder Legislativo de Baja California donde ha denunciado el dispendio de recursos y los graves problemas de inseguridad y violencia que vive la entidad.

Padilla Muñoz responsabilizó a la “autoridad de cualquier nivel de gobierno si le llega a suceder algo a mi familia, a mis hijos, a mi querida esposa o a mi persona, porque es obvio que esta actitud cobarde era con la finalidad de mandar un mensaje, callarme y eso no lo van a lograr”.

En un video difundido a través de redes sociales, el legislador denunció el hecho delictivo registrado durante la tarde del 28 de mayo donde se violentaron sus derechos y “el lugar más sagrado para mí: mi hogar”.

También denunció que a otros dos diputados priistas le sucedió algo similar ese mismo día, de los cuales uno de ellos pudo evitar esa experiencia.

“He demostrado mis ganas y mi compromiso con Baja California y por lo visto no me conocen, no me dejaré amedrentar y seguiré señalando y alzando la voz ante lo que esté mal en Baja California”.

Padilla expresó su deseo de sólo ser una estadística más en la inseguridad que viven los ciudadanos y “no ser el blanco de un ataque por la voz que hemos levantado desde el Congreso del Estado por las situaciones que están mal en Baja California” pero sostuvo que “hay cosas muy extrañas que se dieron durante esta situación” real por por la que existe una denuncia y una investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

Militares en las calles tendría que ser el último recurso; mandos policíacos deben asumir su responsabilidad: PES

Jorge Heras / Lindero Norte

Mexicali.- La presencia del ejército en las calles de Baja California debe ser el último recurso del gobierno estatal y municipal para enfrentar a la delincuencia organizada, porque las corporaciones policiacas deben dedicarse únicamente a su encomienda de dar seguridad y tranquilidad a los residentes de la entidad, aseguró el presidente estatal del Partido Encuentro Social (PES), Luis Moreno Hernández.

Sobre la petición de los empresarios de la entidad de permitir a la Secretaría de la Defensa Nacional que atiendan directamente con elementos el problema de la inseguridad en las zonas de alta incidencia delictiva y en las principales vialidades, Moreno Hernández señaló que las fuerzas castrenses han ayudado en el pasado a recobrar la seguridad en el tiempo de la guerra de los cárteles en Tijuana en 2008, pero consideró que en ese entonces la Secretaría de Seguridad Pública Municipal fue la encargada de enfrentar a la delincuencia bajo su deber constitucional

El legislador local aseveró que la solución más rápida ante la incapacidad gubernamental es la entrada del ejército, pero consideró que antes de eso se requiere que las policía municipal y estatal cumplan con la obligación de su función, “no de estar de escoltas de funcionarios públicos y vigilar específicamente algunos negocios de empresarios”.

“El problema es que los mandos policiacos de los cinco municipios o no saben lo que hacen o no quieren o no pueden, o de plano están coludidos con la delincuencia”, sostuvo.

Como parte de la estrategia para abatir la inseguridad y la ola de violencia, Luis Moreno Hernández propuso depurar las corporaciones policiacas del Estado, revisar bien los mecanismos de selección en la academia y tener mandos que lleguen al puesto porque realmente están preparados para combatir a la delincuencia y no por acuerdos de campaña.