Admite SCJN recurso presentado por 11 diputados de BC contra dictamen de desaladoras

Antonio Heras

Mexicali.- La acción de inconstitucionalidad presentada por 11 diputados del Congreso de Baja California por el decreto 168 que permite al Gobierno de Baja California, entre otras obras de infraestructura, la construcción de dos plantas desaladoras de agua de mar fue admitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La admisión del recurso 2/2018 se hizo este martes 23 de enero para darle vista al Congreso del Estado y al Gobierno de Baja California como autoridades emisora y promulgadora de la norma controvertida, respectivamente, con el propósito que rindan un informe a la SCJN en un plazo de 15 días.

Los diputados de seis grupos parlamentarios y un legislador panista presentaron este recurso el 9 de enero ante la SCJN ante la aprobación del dictamen legislativa 95 que permite la realización de obras bajo el esquema de Asociaciones Público Privadas.

Para estos diputados el dictamen, publicado como decreto 168 en el Periódico Oficial del Estado, representa una carga financiera de 82 mil millones de pesos por la construcción de seis obras de infraestructura, cuya garantía de pago será la recaudación gubernamental durante 35 años del Impuesto Sobre el Producto del Trabajo.

La acción de inconstitucionalidad se centra en la decisión del Poder Legislativo de Baja California de declinar su responsabilidad de legislar y diseñar el Presupuesto de Egresos en cada ejercicio fiscal al comprometer ingresos anuales hasta el año 2053.

Los congresistas que presentaron la acción de institucionalidad son Luis Moreno del PES, Jorge Eugenio Núñez del PBC, Claudia Agatón del PT, Catalino Zavala y Víctor Morán de MORENA y  Bernardo Padilla, Alejandro Arregui, Marco Antonio Corona, Benjamín Gómez y Patricia Ríos del PRI.

El 1 de diciembre de 2017, el presidente del Congreso del Estado, Raúl Castañeda Pomposo, citó a sesión extraordinaria de manera abrupta y selectiva para garantizar la presencia de los 13 diputados y sus aliados para votar el dictamen que posibilitaría la participación de consorcios internacionales en la desalación de agua del Océano Pacífico para usuarios domiciliarios, comerciales e industriales de Tijuana, Rosarito y Tecate, a través de la empresa Aguas de Rosarito, que facturará 63 mil millones de pesos durante 35 años de usuarios o del ISPT recaudado por el gobierno estatal en seis administraciones.

En el informe solicitado, el Congreso local deberá anexar copia certificada de los antecedentes legislativos del decreto impugnado, mientras que el Poder Ejecutivo del Estado deberá exhibir un ejemplar del Periódico Oficial donde conste su publicación. En caso que se incumpla con la petición “se les aplicará una multa. Dese vista a la Procuraduría General de la República para que antes del cierre de instrucción formule el pedimento que le corresponde”, señala el acuerdo publicado en la Lista de Notificaciones de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acción de Inconstitucionalidad.

El Poder Judicial de la Federación admitió el 22 de diciembre de 2017 un amparo solicitado por  indígenas nativos y residentes de Baja California ante “la omisión de una consulta para la realización de estos proyectos de iniciativa privada, un derecho irrenunciable de los pueblos originarios, asentados en el artículo 1 de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos”.

Disensos entre diputados y complicado proceso de designación atrasa Sistema Anticorrupción

*Legisladores de manera anónima eligen a un académico, una investigadora y una empresaria para formar parte del Comité Seleccionador; quedan pendientes dos designaciones.

Jorge Heras / Lindero Norte
Mexicali.- Un proceso de designación que no entendieron ni siquiera los diputados para elegir a los cinco ciudadanos que integrarán el Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción y la falta de consenso entre el PRI y PAN han trabado la reanudación de trabajos para iniciar con la instrumentación del nuevo ordenamiento constitucional que combatirá la corrupción en la entidad.

Más de 48 horas han tenido las siete fuerzas políticas que integran el Congreso local para escoger a los cinco ciudadanos de una lista de 12 aspirantes que integrarán el primer Comité del SEA, pero al imperar los disensos entre los legisladores, la Mesa Directiva optó por decretar un receso indefinido en la sesión ordinaria.

Desde el mes de diciembre comenzaron los jaloneos de los partidos políticos para imponer al aspirante de su preferencia: en la baraja de nombres están siete personas propuestas por instituciones de educación superior y cinco por organizaciones de la sociedad civil.

Aunque la Comisión de Gobernación justificó que se retrasó la instalación del Comité de Selección por el calendario de vacaciones, los diputados evidenciaron este jueves que fue la falta de acuerdos lo que llevó a postergar la designación de quienes lo integrarán.

Durante casi 5 horas la Junta de Coordinación Política (Jucopo) no pudo generar una designación sin contratiempos, por lo que todo se decidiría en el pleno, en donde se tenía que aprobar cada uno de los cinco ciudadanos por mayoría calificada (17 votos de los 25 diputados).

Luego de una primera votación anónima vía cédula (tachar en una papeleta hecha en formato con los nombres de los 12 aspirantes y depositarla en una urna), solamente hubo un académico con 15 votos y dos empresarios con 11.

Varios legisladores solamente tacharon el nombre de 3 o 4 aspirantes, en lugar de votar por los cinco ciudadanos que consideran la mejor opción para formar el Comité de Selección.

Fue hasta en la segunda ronda de elección que se pudo nombrar a solamente tres integrantes de este órgano: Daniel Valdez Delgadillo de la facultad de Derecho de la UABC con 24 votos; Yolanda Sosa Silva del Centro Nacional de Investigadores Académicos, también con 24 preferencias y María Luisa Walther Cuevas de la organización ciudadana ObserBC con 23 votos.

Sin decir fecha y horario para continuar con la sesión para designar a los dos ciudadanos restantes, la Cámara de Diputados se fue a descansar y pospuso de nueva cuenta la integración del Comité.

El formato de selección es de 3 ciudadanos de los 7 propuestos por Universidades y 2 de los 5 presentados por organizaciones de la sociedad civil; por lo que falta por nombrar a un académico o investigador y a un empresario o representante de organismos ciudadanos.

Sistema Anticorrupción, una asignatura pendiente en BC; Asignan diputados 5 mdp para su implementación

 

Jorge Heras y Antonio Heras
Mexicali.- El Sistema Estatal Anticorrupción es una de las asignaturas pendientes en Baja California puesto que aún está por ser designado el  Comité de Selección de los ciudadanos que integrarán estos organismos autónomos.

En el Presupuesto de Egresos 2018 se integró una partida de poca más de 5 millones de pesos para la instrumentación del Sistema Estatal que se prevé quede listo para el último trimestre del año.

A conformarse por cinco personas de la sociedad civil y de la academia, el Congreso del Estado lanzó en octubre la convocatoria para los interesados en este Comité a la que respondieron diez (entre abogados, académicos, empresarios y un periodista) que fueron entrevistados con premura a principios de noviembre por una comisión legislativa.

En ese momento, los diputados anunciaron que en los siguientes días se daría a conocer los nombres de sus integrantes pero concluyó 2017 y hasta el momento no existe dictamen sobre quienes seleccionarán a los integrantes de consejos y comités del SEA.

La Confederación Patronal Mexicana (Coparmex), uno de los organismos participantes en la mesa redactora técnica de la Reforma Constitucional que dio luz al Sistema Estatal Anticorrupción en la legislación de Baja California, ha levantado la voz en diferentes ocasiones para que los diputados locales agilicen el trabajo legislativo para la instrumentación del Sistema.

El presidente de la Cámara Empresarial en la entidad, Rodrigo Llantada sostuvo que actualmente en todo el país “el tema de temas es el combate a la corrupción”, por lo cual consideró que los legisladores locales han “trabado” el avance de la implementación del sistema.

Indicó que no observan razones técnicas de fondo que pudieran justificar el retraso legislativo de meses, pues el escenario que marca la ley estaba preparado antes de finalizar el 2017.

Por su parte, el diputado del Partido de Baja California (PBC), Jorge Eugenio Núñez comentó que respalda las quejas de las organizaciones ciudadanas que demandan agilizar el trabajo en el Sistema Anticorrupción.

Al tiempo de señalar que la implementación del SEA es una asignatura pendiente, el diputado mexicalense admitió que van retrasados luego del trabajo que hizo esta legislatura con grupos de ciudadanos organizados para crear “una ley de las mejores a nivel nacional”.

Aunque consideró que los 5 millones de pesos destinados para este año para el Sistema Anticorrupción “es poco, pero tenemos que ser cuidadosos para no hacer un aparato burocrático gigante con estos recursos, por lo que necesitamos que este Sistema funcione de una manera eficiente, para trabajar con más recursos”.

Baja California se ubicó entre las últimas entidades en aprobar su marco normativo pese a que representaba la adecuación de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

El 18 de julio de 2017 se aprobó en el Congreso los dictámenes que fueron publicados en el 7 de agosto en el Periódico Oficial que incluyó la Ley Estatal Anticorrupción (decreto 98), Ley de Responsabilidades Administrativas (decreto 99), Ley del Tribunal de Justicia Administrativa (decreto 100) y las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública (decreto 101).

Seis meses después solo existen indefiniciones.

La falta de quórum y una sesión legislativa a cuenta gotas del Congreso de BC

Antonio Heras
Mexicali- Tras seis horas de trabajo, la sesión ordinaria del Congreso de Baja California se suspendió en dos ocasiones por falta de quorum ya que se vaciaron las curules en la Sala Benito Juárez al permanecer en su lugar solo 12 de los 25 legisladores locales.

Los diputados se ausentaron del pleno para aprovechar a atender asuntos personales, políticos, partidistas y hasta para probar alimentos.

No era para menos, pensaron luego que en un tema sobre decretar el impago de predial a asociaciones civiles se produjeron tres recesos durante dos horas, hasta que se pusieron de acuerdo.

El presidente del Congreso local, diputado Raúl Castañeda Pomposo, llamó la atención a los diputados ausentes en el pleno para que regresaran a su curul para terminar la sesión pues solo faltaban los posicionamientos, en su mayoría político-partidistas, de los representantes populares. Incluso tocó varias veces para llamar a la cautela y atención de los legisladores para escuchar a quienes estaban en tribuna.

La diputada Patricia Ríos se pronunciaba por la protección a las mujeres y en contra de la violencia de género cuando Castañeda se dio cuenta que la sesión no podía continuar porque faltaba al menos un legislador. Mónica Hernández regresó de prisa a su curul para que continuara la sesión.

Al concluir el posicionamiento de Patricia Ríos, el presidente de la Mesa Directiva lamentó la inasistencia de los demás diputados al señalar que “ojalá y se den tiempo para conocer este posicionamiento sobre las garantías a las mujeres para eliminar la violencia de que son objeto”.

Tres minutos después se volvió a romper el quórum ante la desazón de Castañeda quien pidió responsabilidad de los legisladores para concluir la sesión.

Después de Sergio Tolento, se pronunciaron Claudia Agatón, Luis Moreno y Jorge Eugenio Núñez en contra de la Ley Nacional de Seguridad.

Luis Moreno aprovechó uno de los momentos en que los legisladores regresaron de degustar alimentos en la parte posterior del recinto, para presentar un exhorto para que el Poder Ejecutivo destine mayores recursos para obras que determinen nuevas estrategias en movilidad y transporte urbano, con la intención de realizar nuevos proyectos que impulsen el uso de la bicicleta en las vialidades de la entidad-

Al final Catalino Zavala anunció recursos legales para revertir el dictamen 95 por el que se aprobaron las desaladoras de Rosarito y San Quintín.

La sesión concluyó con la convocatoria para una extraordinaria en el que se aprobarán la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de los Poderes Públicos que incluyen a los cinco ayuntamientos y organismos autónomos.

Este viernes, en el Congreso local se presagia una sesión maratónica que consumirá entrada la noche.

 

Aprobarán Diputados aumentos a derechos, impuestos y tarifas de agua en los 5 municipios

Jorge Heras / Lindero Norte
Mexicali.- Apegados a la proyección de inflación para el país mayor al 4 por ciento para el 2018 que establece el Banco de México, los gobiernos municipales de Baja California plantearon en sus leyes de ingresos un incremento generalizado por encima de ese porcentaje en Derechos e Impuestos, lo cual será aprobado por los legisladores durante esta semana, al igual que otros aumentos.

La presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, Irais Vásquez Aguiar informó que “hay incrementos que se dan de manera natural” por ordenamiento de la legislación nacional en la materia, que indica que los derechos deben ir al alza de acuerdo a la inflación.

Comentó que desde este miércoles fueron aprobadas en la Comisión Abierta que encabeza, el paquete fiscal que incluye las propuestas de leyes de ingresos e los 5 ayuntamientos y los presupuestos de egresos de las dependencias estatales, órganos autónomos y del Poder Ejecutivo y Judicial, toda vez que el presupuesto del Poder Legislativo es aprobado en la Comisión de Administración.

Tarifas de agua con incremento mayor al 15 por ciento en todos los municipios

La legisladora panista dio a conocer que el precio por consumo de metro cúbico de agua tendrá un aumento, el cual cuenta con un sustento legal que justifica el incremento como parte de la “actualización” de tarifas.

Aclaró que el alza será solamente en la tarifa comercial, industrial y de gobierno, por lo que las cuentas domésticas no están consideradas.

Vásquez Aguiar reveló que al tener mayores compromisos financieros en infraestructura para dotar del servicio de agua, los municipios de Tijuana y Playas de Rosarito tendrán un aumento del 20 por ciento en la tarifa.

En el caso de Tecate y Ensenada el incremento será del 15 por ciento; inicialmente en la tarifa del Puerto estaba considerada un alza del 20 por ciento pero fue modificada por los diputados.

En Mexicali se tendrá un aumento del 12 por ciento en el precio de consumo de agua de negocios, empresas y sector gubernamental.

Derechos e impuestos

Legisladores de la Comisión de Hacienda presentaron una contrapropuesta financiera para el municipio de Mexicali para que no fuera mayor el impacto a todos los sectores de la sociedad en el aumento del Impuesto Predial, pero sí habrá actualización de claves catastrales de casi el 10 por ciento.

Cabe recordar que la administración de Gustavo Sánchez proyectó un incremento del 1 al 9.9 por ciento al valor de la tasa catastral en el 85 por ciento de las colonias, pero que no fuera mayor al 4.9 por ciento en el Impuesto Predial fijo.

El alcalde justificó el alza al Impuesto Predial al señalar que solamente 55 de las 585 colonias de la ciudad están cerca de su valor comercial, por lo que el 90 por ciento de las zonas habitacionales de Mexicali presentan un rezago en sus claves catastrales.

Además, se incrementó más de 4 mil 800 pesos el permiso para cerveza artesanal, se implementa un cobro a los centros de apuestas por el cambio de nombre comercial al lugar o establecimiento, se cobrará por el servicio de factibilidad de uso de suelo en terrenos mayores a 1 hectárea y en la entrega de expedientes a empresas inmobiliarias para uso de urbanización.

El proyecto de Ley de Ingreso para 2018 asciende a 3 mil 900 millones de pesos, de los cuales el 70 por ciento va para el pago de burocracia, sueldos de regidores, funcionarios de primer nivel y del Alcalde.

El gobierno de Tijuana, encabezado por Juan Manuel Gastélum Buenrostro presentó una propuesta de Ley de Ingresos que proyecta 6 mil millones 948 mil pesos, que en comparación al año 2017 tiene una variación de 6 por ciento.

Contempla incrementos en la expedición de permiso o licencia anual de mercado sobre ruedas; en la revisión, análisis y verificación por el otorgamiento de cambio de domicilio y cambios de propietario; aumento de 200 por ciento en realización de eventos públicos, en la filmación donde participen 99 personas o menos, pagarían más de 2 mil pesos; la reposición de tarjetones para personas con discapacidad y engomados azules para estacionamiento tendrán un costo de 170 pesos (este año no se cobraba).

También hay aumentos para los “Food Trucks” con medidas de hasta 3×7 metros, los cuales pagarán un permiso de más de 3 mil pesos; para marchas de 499 personas o menos deberán pagar 880 pesos y para maratones y eventos deportivos sin fines de lucro mil 320 pesos.

Nereida Fuentes González, alcaldesa de Tecate, proyectó recibir 602 millones 670 mil pesos para el 2018, más del 60 por ciento provendrá de participaciones federales.

Los ciudadanos que paguen su impuesto predial desde enero hasta marzo, no tendrán ninguna variación en el mismo, pero habrá un incremento del 10 por ciento a quienes lo hagan a partir del mes de abril.

Para el Ayuntamiento de Ensenada, el presidente municipal Marco Antonio Novelo proyectó ingresos por 1 mil 510 millones de pesos,

En el caso siguiente año no se tiene previsto aumentar el impuesto predial a los contribuyentes, y que espera ingresos en las arcas municipales por la cantidad de 509 millones 814 mil 440 pesos.

En la Ley de Ingresos del puerto buscan gravar a los partidos políticos con el 2.5 por ciento sobre asistencia a juegos permitidos y espectáculos públicos.

En las actividades de la vendimia realizadas en el mes de agosto, se plantea cobrar adicionalmente el 4 por ciento en la venta de boletos de espectáculos, así como en actividades que fomenten la lectura como conferencias y presentaciones literarias.

Se incluirá en el pago de impuesto predial a 14 colonias rurales y nuevos asentamientos urbanos, que forma parte de las estrategias para tener un incremento del 23 por ciento en la captación de este gravamen, lo que significaría más de 160 millones de pesos.

El gobierno municipal de Playas de Rosarito, es el único de los cinco Ayuntamientos que no tiene previsto aumentar el impuesto predial a los contribuyentes, aunque sí adopta un alza del 6 por ciento generalizado en los gravámenes municipales.

La alcaldesa panista, Mirna Rincón proyectó ingresos por la cantidad de 509 millones 814 mil pesos.

En el llamado quinto municipio se tienen 92 mil cuentas de predial, de las cuales el 50 por ciento presenta un rezago en el pago del impuesto,

Incumple BC con entrega de información para el Censo de Poderes Legislativos Estatales del INEGI

Antonio Heras/ Lindero Norte

Mexicali.- Baja California es la única entidad del país que omitió la entrega de información al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para ser incluida en el Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales (CNPLE) 2017.

En el censo nacional se incluyen el número de diputados, su representación partidista, comisiones, las unidades administrativas y servidores públicos de los Congresos y el personal de apoyo con el que cuentan los legisladores, incluidos asesores, secretarias y personal administrativo.  Sin embargo, esta información no fue entregada al INEGI.

De acuerdo al organismo civil OBSERBC, el Congreso de Baja California es uno de los más caros del país.

La finalidad de este censo realizado por primera vez en México es generar información estadística y geográfica de la gestión y desempeño de los Congresos Estatales y Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, específicamente en sus funciones de gobierno y proceso legislativo, ello con la finalidad que dicha información se vincule con el quehacer gubernamental dentro del proceso de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de alcance nacional”.

CENSO NACIONAL DE PODERES LEGISLATIVOS

El informe consultado por Lindero Norte señala que durante 2016 los Congresos Estatales y Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, excluyendo la labor del Congreso de Baja California, contaron con mil 069 comisiones legislativas y comités de trabajo que atendieron temas de justicia (4.2%), de gobernación y puntos constitucionales, así como de hacienda, presupuesto y cuenta pública (4.1%).

En ese periodo realizaron 118 periodos de sesiones para presentar 9 mil 183 iniciativas, un tercio de las cuales correspondió a iniciativas de ley que se turnaron a comisiones, y 5 mil 129 puntos de acuerdo, en su mayoría exhortos. De las 9 mil 537 iniciativas y puntos de acuerdo presentadas en los plenos parlamentarios se aprobó casi el 81%

A nivel nacional, el grupo parlamentario con mayor representatividad fue el Partido Revolucionario Institucional con 33.2% del total de legisladores, seguido del Partido Acción Nacional con 25% y del Partido de la Revolución Democrática con 12.8%.

Hay 395 unidades administrativas en la estructura organizacional de los Congresos Estatales y la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y existen registros de 14 mil 108 servidores públicos; del total nacional, el 14.6% en la Ciudad de México, 9.1% en el Estado de México y 7.7% en Jalisco.

Además del #MurodeCristal se incrementará seguridad a diputados y personal del Congreso de BC

Antonio Heras/ Lindero Norte

Mexicali.- Las medidas de seguridad se incrementarán en el Congreso de Baja California al incluirse detectores de metales, sensores y la revisión en accesos al inmueble que se ubica en la Plaza de los Tres Poderes de esta ciudad capital.

La primer medida fue la instalación de un muro de policarbonato de piso a techo en la Sala de Sesiones “Benito Juárez” que divide la zona de la directiva del Congreso local y las 25 curules de los legisladores locales con el área del público.

En entrevista a Lindero Norte, el diputado priista Benjamín Gómez dio a conocer que se realizó un diagnóstico integral sobre seguridad y protección civil de las instalaciones del Poder Legislativo donde se detectaron deficiencias estructurales en la construcción y en la vigilancia, “prácticamente en todas hay focos rojos”.

En un receso de la Comisión de Hacienda, señaló que durante su periodo al frente de la Mesa Directiva que concluyó el 30 de noviembre, la Dirección de Administración del Congreso, en particular el área de Recursos Materiales, solicitó bienes y servicios para la seguridad del edificio, del personal y de los diputados por lo que en “lugar de parches” se optó por solicitar la presencia de especialistas del Congreso de la Unión para realizar dicho diagnóstico, al que se integró un dictamen de la Dirección Estatal de Protección Civil.

Gómez enumeró las deficiencias en materia de seguridad y protección civil: “no hay alarma de fuego, tampoco sísmica, detectores de metal en acceso, las escaleras de emergencia tienen problemas estructurales, en el edifico viejo hay fisuras que se ven desde el cuarto piso”.

No es una decisión tomada a la ligera, dijo a Lindero Norte, las adecuaciones se apoyan en los riesgos detectados en el dictamen que se realizó y se inscriben en un mecanismo integral de seguridad para salvaguardar lo que establece la Ley Orgánica. En el Congreso de la Unión hay protocolos fuertes de seguridad, de hecho los ciudadanos no tienen acceso al pleno, hay otros Congresos que tienen cristales que separa al pleno o tienen salas alternas para las sesiones.

Sobre los cuestionamientos de otras fuerzas políticas y de sectores sociales por la instalación del muro de cristal, el priista advirtió que las sesiones son públicas pues se transmiten en redes sociales, (el cancel) no es un tema de separar, aislar o estar cercano a los ciudadanos, son mecanismos de seguridad que no solo tienen que ver con las monedas y las botellas de agua lanzadas a legisladores sino que han entrado personas con cuchillos a la sala del pleno, por lo que los “ánimos calientes” ponen en peligro la integridad de los diputados y del personal.

El legislador Gómez señaló que se generarán estos mecanismos de acuerdo al presupuesto del Poder Legislativo, por lo que corresponde darle seguimiento a la Dirección de Administración, incluido el reforzamiento a la infraestructura del Congreso local.