Juez de Control de BC imputará delitos a funcionario de Claudia Sheinbaum y a ex gobernador de BC

*Amador Rodríguez Lozano debe acudir a audiencia de imputación de uso ilícito de funciones y peculado de 12 mil millones de pesos por planta fotovoltaica.

Antonio Heras / Lindero Norte

Mexicali.- En 11 días, el ex gobernador morenista Jaime Bonilla Valdez y Amador Rodríguez Lozano, coordinador General de Relaciones Internstitucionales del gobierno de la Ciudad de México, enfrentará una audiencia penal en el Juzgado de Control del Poder Judicial de Baja California.

El viernes 15 de julio de 2022, el juez programó la audiencia de imputación de delitos de uso ilícito de funciones y peculado por 12 mil millones de pesos al idear, promover y contratar la construcción de una planta de generación de energía fotovoltaica, de manera indebida toda vez que son facultades exclusivas del gobierno federal.

Al trascender la denuncia ante la Fiscalía General del Estado y la Secretaria de la Honestidad y Función Pública, en mayo de 2022, el actual funcionario del gobierno de Claudia Sheinbaum confirmó la denuncia en su contra pero justificó que se origina por sus críticas al gobierno morenista y rechazó estar involucrado en el contrato de Next Energy.

Además de Rodríguez Lozano, un abogado por la UNAM que se ostenta como doctor en Derecho Constitucional aunque solo tiene un doctorado honoris causa que le otorgaron en Chiapas, en la imputación de delitos está incluído el exgobernador Jaime Bonilla y siete integrantes de su gabinete que integraron la Comisión Interinstitucional de Energía, entre ellos sus secretarios del Agua y de Infraestructura.

Las denuncias penal y administrativa las presentó la gobernadora morenista Marina del Pilar Ávila Olmeda por considerar que se trata de un contrato leonino que beneficia a la empresa y afecta a sociedad y gobierno de Baja California. 

«No se trata de revanchismo, ni de cacería de brujas», comentó a finales de junio al confirmar la audiencia de imputación a estos exservidores públicos.

En este contrato se erigió un fideicomiso para garantizar el pago a la empresa Next Energy que construiría la planta, a través del 30 por ciento de las participaciones que destina la Federación a la entidad. A través de este instrumento se formularía el pago de 123 millones de pesos durante 30 años en beneficio de este consorcio regiomontano.

Además en otro decreto, sin la autorización del Congreso local, autorizó la contratación de otra empresa para suministrar energía eléctrica para el acueducto Rio Colorado, objeto del servicio de la planta fotovoltaica.

FACULTAD FEDERAL

El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador siempre se opuso a este proyecto bonillista que inició con la petición al Congreso local, su autorización, la convocatoria y firma de un contrato, así como la confirmación de un fideicomiso que se cristalizó con un primer pago de 123 millones de pesos que entregó la SHCP a banca Afirme para el pago a Next Energy.

La actual administración de Baja California solicitó y obtuvo amparos federales para la suspensión de los efectos de este contrato, cuya obra nunca contó con permisos para su construcción.

En mayo de 2020, el entonces gobernador Jaime Bonilla anunció la construcción de una planta fotovoltaica bajo el argumento de asumir los costos de conducción de agua del Río Colorado a Tijuana.

En documentos firmados por Rodríguez Lozano, otrora Secretario General de Gobierno, la decisión se sustentó en que la entidad no forma parte de la Red  Nacional de la Comisión Federal de Electricidad y por el supuesto déficit de energía eléctrica de la entidad, a pesar de la planta de generación geotérmica Cerro Prieto, la más grande de América.

En junio de 2020, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, pidió a Bonilla cancelar ese proyecto estatal por estar fuera de su ámbito de competencia.

En octubre, Bonilla Valdez dio a conocer la asignación del contrato a Next Energy con una capacidad de generación de 2 mil 546 MW.

Incluso, el 14 de junio de 2021 colocó la primera piedra de esta construcción en la Laguna Salada, en una ceremonia en la que participaron representantes de Next Energy que reconocieron en entrevista que carecían de contratos federales y municipales.

En febrero de 2022, ya en el segundo gobierno de Morena, la SHCP descontó un primer pago por esta planta de energía fotovoltaica en donde no existe ya ni la primer piedra que colocó Bonilla.