Responsabiliza Congreso de BC a “Kiko” Vega por no entregar informe; Exhortan a que lo haga

Antonio Heras y Jorge Heras
Mexicali.- El Congreso de Baja California emitió un posicionamiento durante la sesión ordinaria celebrada este jueves en el que dio a conocer que el gobernador Francisco Vega de Lamadrid incumplió con la entrega del IV Informe de su Gobierno, toda vez que el 23 de agosto se le solicitó por escrito el documento constitucional.
El presidente del Congreso del Estado, Benjamin Gómez, reveló al pleno cameral el oficio 04377, donde se le pidió al gobierno del Estado la información que guarda la administración pública estatal pero “hasta la fecha no ha obtenido respuesta de esa soberanía”.
Además de cumplir con el mandato constitucional, señaló el diputado tecatense, se debe conocer el documento oficial para programar el desahogo de la glosa correspondiente.
El grupo parlamentario del PAN justificó la falta de entrega del Informe de Gobierno de Vega de Lamadrid al señalar que existe un hueco jurídico por la reforma constitucional donde no se especifica la fecha exacta de entrega del documento.
La fecha del Informe gubernamental es el 1 de octubre cuando se hace la entrega protocolaria del documento por parte de un representante del gabinete del gobernador en turno, incluso se puede hacer a través de Oficialía de Partes del Poder Legislativo. Desde el cuarto año de la administración de Ernesto Ruffo (1992) cuando se eliminó las ceremonias multitudinarias de actos políticos-partidistas.
De acuerdo a la fracción V del artículo 49 de la Constitución del Estado, el mandatario estatal está obligado a “rendir un informe general, por escrito, del estado que guarde la Administración Pública, remitiéndolo al Congreso a la apertura del primer periodo de sesiones ordinarias”, que inició el pasado 1 de agosto, cuando asumió la presidencia de la mesa directiva, el diputado priista Benjamín Gómez Macías.
El artículo 22 de la Constitución también es claro al señalar los tiempos legislativos, pues sostiene que el Congreso tendrá a partir del 2017, tres periodos de sesiones ordinarias cada año: el Premer Periodo inicia a partir del 1 de agosto hasta el último día de noviembre; el Segundo Periodo comprende del 11 de diciembre al último de marza; y el Tercer Período es a partir del 1 de abril al último de julio de cada año.

Hartazgo ciudadano en BC es producto de cinco “trancazos” que asestó EPN en los últimos tres años: “Kiko” Vega

16930472_1253762871373203_1970390822_oAntonio Heras / Lindero Norte
Mexicali.-Para el gobernador Francisco Vega la actual molestia de los bajacalifornianos se originó por el impacto de cinco decisiones del ámbito federal que incluye el gasolinazo.El aumento generalizado de las gasolinas provocó que concluyera la etapa de los precios homologados de esta entidad con los de California, entidad fronteriza de Estados Unidos.

“Señores, cinco trancazos en menos de tres años, ¿quién los aguanta?; la gente tiene razón de estar enojada y molesta, por eso trato de construir o reconstruir todo lo posible, yo voy allá (Ciudad de México) y lucho y me inconformo como muchos gobernadores más” expresó el mandatario estatal ante medios de comunicación tras anunciar la “Cruzada por la Economía Familiar y el Crecimiento Económico de Baja California”, en la búsqueda de crear 50 mil empleos formales y atraer 2 mil 600 millones de dólares en inversión privada en 2017.

Vega de Lamadrid advirtió que las políticas públicas instrumentadas por Enrique Peña Nieto “tiene molesta a la gente” y enumeró el incremento del Impuesto al Valor Agregado en la frontera al pasar del 11 al 16 por ciento.

Esta medida provocó que los residentes de Tijuana nombraran perdonad non gratas a los diputados federales por Baja California, la mayoría priista, entre ellos el actual dirigente del Revolucionario Institucional, Cris López, señalado de ser ahijado político de Manlio Fabio Beltrones.

El gobernador panista sostuvo que en tres años de su mandato también impactó la disminución de recursos federales hacia la entidad, entre ellos se encuentran aquellos para atender el fenómeno migratorio.

En mayo de 2016 se produjo una inédita migración de africanos y haitianos hacia esta frontera, sobre todo Tijuana y Mexicali, para solicitar asilo político al gobierno de Estados Unidos. De manera extraoficial se reconoce que estuvieron más de 60 mil afrodescendientes en estas ciudades limítrofes con los condados de San Diego e Imperial, California.

Al tema del gasolinazo que trajo consigo manifestaciones multitudinarias en Mexicali en contra del incremento de los hidrocarburos, además de plantones y el bloqueo de terminales de distribución y abasto de Pemex, se le sumó la exigencia de abrogar la Ley del Agua, promovida por Vega y aprobada por mayoría panista en el Congreso, y el reemplacamiento de vehículos en enero.

Tras señalar que los problemas más graves que tiene Baja California y el descontento social existente es responsabilidad del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, ya que los temas de su injerencia ya fueron resueltos al referirse a la ley del agua, pago de placas nuevas y alza de impuestos locales, Vega de Lamadrid advirtió que “el primero fue el levantamiento de jornaleros de San Quintín, el cual ocasionó un pliego petitorio de 13 demandas, y yo resolví 12 de ellas en una sentada. Pero la principal, que fue el establecimiento de un salario mínimo, quedó pendiente y no pudo resolverse porque es tema de la Federación y no me compete”.

Otra medida implementa por la Federación fue la devaluación del peso gente al dólar que trajo consigo problemas para la entidad, por lo que reiteró que la inconformidad social no es culpa del gobernador, sino del gobierno federal y sus políticas públicas.

El gobernador finalizó criticando los intereses políticos, que asegura están detrás del movimiento de resistencia civil.

“Tenemos una sociedad alerta, participativa, consciente y en gran parte bien educada, eso es bueno para el Estado, pero cuando eso se empieza a contaminar con la política y con deseos personales, las cosas empiezan a tomar otro rumbo”, expresó.

Afectó a población en pobreza extrema de BC subejercicio en obras de agua potable y electrificación

obra-kikoAntonio Heras
Mexicali.- El Gobierno de Baja California incumplió con obras de agua potable y electrificación lo que afectó a la población de zonas rurales y colonias pobres de la entidad al registrar un subejercicio del 13.8 por ciento del Fondo de Infraestructura Social (FISE) destinado para 2015.

Para la Auditoría Superior de Federación resultaron afectados los habitantes que presentan condiciones de rezago social y pobreza multidimensional en este estado, además que el gobierno local incumplió el principio de anualidad del gasto público.

Datos de la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social señalan que en Baja California el 3.1 por ciento de sus habitantes se encuentra en pobreza extrema y un tercio de su población total registra niveles de pobreza.

En 2015 la administración de Francisco Vega contó con recursos federales por 37 millones 155 mil pesos, incluidos los intereses financieros, de los cuales se gastaron 28 millones 585 mil pesos al 31 de diciembre, lo que representó un subejercicio del 23.1 por ciento; ocho meses después, en agosto, se hizo la comprobación de 32 millones de pesos por lo quedaron sin ejercer 5 millones 126 mil pesos. Durante la revisión de los auditores del Congreso de la Unión se presentó una comprobación complementaria de 951 mil pesos.

Al concluir la auditoría a la Secretaría de Desarrollo Social del Estado (SEDESOE) durante la gestión de Ricardo Magaña, quien renunció en 2016 para buscar infructuosamente la candidatura del PAN al gobierno de Tijuana, quedaron sin ejercer recursos por 4 millones 17 mil pesos destinados a obras de agua potable y electrificación.

Un tercio del 13.8 por ciento del dinero no ejercido corresponde a proyectos de agua potable y otro tercio a electrificación rural y urbana en colonias pobres lo que según el informe de la ASF generó opacidad en la aplicación de los recursos del fondo federal.

En la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 15-A-02000-02-0576 de la ASF se detectó también el incumplimiento de obras de urbanización, alcantarillado, drenajes y letrinas, de acuerdo a registros contables, estados de cuenta bancarios y expedientes del gasto del gobierno bajacaliforniano.

Para la ASF existe un probable daño de la hacienda federal y el subejercicio “originó que la población objetivo no recibiera oportunamente los beneficios programados, de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal y los Lineamientos Generales para la Operación del FISE”.

Los recursos pagados con el FISE 2015 se destinaron para atender a los grupos de población en condiciones sociales más desfavorables en las Zonas de Atención Prioritaria Urbanas definidas por la SEDESOL en los cinco municipios de la entidad, donde destacan los índices de pobreza extrema en Ensenada y Tijuana.

 

De manera reiterada los gobiernos panistas que se encuentran en la administración pública estatal desde 1989 han señalado a la migración como el principal factor de rezago social y, por ende, de los niveles de pobreza en esta entidad que en 2008 se encontraba entre las cinco de los estados con menores registros de pobreza.

 

A principios de febrero, el secretario de Desarrollo Social, Alfonso Álvarez Juan, ponderó los avances para abatir la pobreza y garantizar el ejercicio de los derechos sociales mediante la ampliación de la infraestructura y el fortalecimiento de del ingreso de las personas, a pesar de ser una entidad receptora de migrantes que generan el crecimiento constante de la población

 

“La mejor focalización de los recursos del Fondo de Infraestructura Social (FISE) en Baja California se refleja en el impacto positivo de la inversión en el abatimiento del rezago social y la pobreza. El combate a la pobreza multidimensional ha estado acompañado por el abatimiento de carencias y el fortalecimiento del ingreso de las personas, a través de acciones que incentivan la creación de empleos formales”, señaló días antes de darse a conocer el Informe de la ASF del ejercicio 2015 donde se registró un subejercicio del 13.8 por ciento de los recursos asignados

Anuncia “Kiko” Vega arribo de 300 militares para fortalecer nuevas estrategias contra la delincuencia en BC

20160913_093442*Las elementos del Ejército Nacional trabajaran en 21 zonas identificadas como “conflictivas”; seis de ellas ubicadas en Mexicali
Jorge Heras
Mexicali. -Para fortalecer las estrategias en materia de incidencia delictiva de la entidad, un grupo de 300 militares llegarán a Baja California en los próximos días, anunció el gobernador Francisco Vega de Lamadrid.

El mandatario estatal informó que el arribo de los elementos del Ejército Mexicano es parte de las medidas tomadas en el seno del Grupo de Coordinación de Baja California, integrado por autoridades de seguridad pública municipales, estatales y federales así como las secretarías de la Defensa y Marina.

Aseguró que los 300 militares no harán operativos de patrullaje como los que realiza la policía local en las avenidas y calles principales de la entidad ya que concentrarán sus esfuerzos en las áreas detectadas de alta incidencia delictiva detectadas por la Base de Operación Mixta (BOM) del grupo de Coordinación.

Vega de Lamadrid reveló que en Baja California hay 21 zonas identificadas en el mapa delincuencial que han tenido un incremento en el registro de delitos, de los cuales más de 10 están en Tijuana y 6 en Mexicali.

“Estoy trabajando en un nuevo programa nuevo y novedoso, que tiene que ver con estar presente en zonas que han demostrado tener mayor conflictividad”, puntualizó

Se negó a dar a conocer las colonias y fraccionamientos en donde trabajarán en coordinación con las fuerzas castrenses, pues dijo que se trata de “trabajos de inteligencia”.

Tan sólo en el mes de enero se registraron 110 homicidios en Baja California, el 80 por ciento de las muertes se presentaron en Tijuana.

Conforme a datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el 2016 fue el año más violento durante los tres años de la administración panista de Francisco Vega de Lamadrid al registrar mil 514 asesinatos.

Sitúa INEGI a BC en octavo lugar en ocupación laboral a nivel nacional

desempleo-en-bc*Tiene también una de las menores tasas de desempleo pero cerca del 20 por ciento se encuentra en la informalidad laboral

Antonio Heras

Mexicali.-En Baja California las mujeres se encuentran de manera mayoritaria dentro de la población no económicamente activa según datos del INEGI que señala que siete de cada 10 se encuentran en la categoría de trabajos no remunerados.

Luego de señalar que se trata en muchos casos de mujeres que realizan trabajos en casa, el informe advirtió que en un año -de diciembre de 2015 al último mes de 2016- se redujo este porcentaje en casi 2 puntos porcentuales.

En manera implícita señala que este sector se incorpora al mercado de trabajo que existe en la entidad, cuya población ocupada es de un millón 633 mil hombres y mujeres, mientras que las desocupadas son 37 mil 124 personas.

“En Baja California, la población en edad de trabajar es de 2 millones 632 mil 916 personas y hay un poco más mujeres que hombres (49% hombres, 51% mujeres).

Algunas personas que tienen la edad para participar en el mercado laboral no lo hacen, pues se dedican a estudiar, a los quehaceres del hogar, son jubilados, pensionados o tienen una incapacidad que no les permite hacerlo” por lo que forman la Población No Económicamente Activa que asciende a 996 mil 540 hombres y mujeres.

BC, empleo y desocupación

Según el desglose del INEGI hay una participación laboral del 62.2 por ciento y una desocupación del 2.3 por ciento que la ubica como una entidad con mayores tasas de participación de la población económicamente activa y ocupó la quinta posición de las menores tasas de desempleo.

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo señaló que Baja California se ubica en octavo lugar entre las entidades federativas con mayores tasas de participación en la actividad económica, con 62.2 por ciento al igual que Nuevo León y Tlaxcala, pero después de Baja California Sur, primer lugar con 67 por ciento, Quintana Roo, Colima, Yucatán, Nayarit, Sonora y Coahuila.

El Estado de México y la Ciudad de México constituyen los mercados de trabajo más grandes del país, con 7.1 y 4.2 millones de personas ocupadas, en ese orden, y representan en conjunto el 21.7 por ciento del total nacional. Les siguen Jalisco con 3.6 millones, Veracruz con 3.1 millones, Puebla con 2.7 millones, Guanajuato con 2.5 millones, Nuevo León con 2.4 millones, Michoacán con 2 millones y Chiapas con 1.9 millones de personas. Baja California cuenta con 1.6 millones de personas ocupadas.

Los estados con las tasas de desocupación más altas para iniciar este año de 2017 fueron Tabasco con 7.6 por ciento, el Estado de México con 4.8, Querétaro con 4.7, Ciudad de México con 4.3 por ciento. Baja California registró en diciembre de 2016 un 2.3 por ciento, junto con Morelos, que los sitúa en el quinto lugar de este rubro a nivel nacional.

En Baja California existe un 74 por ciento de trabajadores asalariado, con remuneración fija, cerca de un 2 por ciento de subocupación y un 19 por ciento en la informalidad laboral.

Mexicalenses piden juicio político de “Kiko” Vega; Realizan cuarta manifestación en menos de un mes

16523886_1234365439979613_1586500947_oJorge Heras / Lindero Norte
Mexicali.- Más de cuatro mil personas tomaron de nueva cuenta una de las principales vialidades de Mexicali así como la explanada del Centro de Gobierno para protestar en contra de las políticas públicas del gobernador, Francisco Vega de Lamadrid y del presidente Enrique Peña Nieto.

La mayor demanda durante toda la manifestación fue la exigencia de juicio político contra el mandatario estatal y la renuncia del titular del Ejecutivo Federal.

El contingente partió durante el medio día de este domingo desde la estatua ecuestre de Vicente Guerrero hasta el Centro Cívico de Mexicali donde se encuentran instalados los tres Poderes Públicos de la entidad.

Durante la expresión pública de rechazo  se lanzaron consigna contra los políticos panista y priista, además de ponderar que “Mexicali despertó”, pues en menos de un mes se han gestado cuatro manifestaciones en la capital de Baja California (12, 15 y 22 de enero).

Vestidos de blanco y negro, ciudadanos de todos los sectores de la población aprovecharon el aniversario de la promulgación de la Constitución Política de México para cuestionar la forma en que, dijeron, los gobernantes y políticos ha violentado la Carta Magna, por ello  decretaron el “RIP a la Constitución de 1917” que llevaban en un ataúd arriba de una carroza.

También exigieron la eliminación de los proyectos EcozoneMx que operará un centro de reciclaje de desechos tóxicos en esta frontera y la construcción de acueducto para la instalación de una planta cervecera en el Valle de Mexicali.

La Dirección de Seguridad Pública de Mexicali estimó que más de 3 mil 500 personas participaron en la manifestación.

Durante 18 días, grupos de manifestantes mantuvieron bloqueados los accesos del Congreso local y del edificio gubernamental donde despacha “Kiko” Vega, así como el de la Dirección de Recaudación de Rentas donde se pagan la revalidación de tarjeta de circulación y de licencias de conducir.

En enero se produjeron tres manifestaciones multitudinarias en contra del gasolinazo en México y la privatización del agua en Baja California, desde entonces los manifestantes piden la renuncia del presidente Enrique Peña Nieto y del gobernador Vega.

El gobernador abrogó la Ley de Aguas de Baja California y aceptó reducir la mitad de su salario, una de las principales demandas de la Asamblea del Pueblo, una organización nacida en las manifestaciones que convocó a la marcha de este domingo.

Gobernador solo accede a dos puntos del pliego petitorio en primera reunión con manifestantes

16466769_1230895486993275_2125431183_oJorge Heras / Lindero Norte
Mexicali.- De los once puntos que conforman el pliego petitorio que presentaron los manifestantes al gobierno estatal, el gobernador Francisco Vega de Lamadrid solamente se comprometió a cumplir dos de las demandas ciudadanas, en lo que fue la primera reunión de negociación entre ambas partes celebrada durante la tarde de este miércoles.

La comitiva del movimiento de protesta se reunió durante dos horas con el mandatario estatal y su equipo de trabajo en la Sala Gobernadores del tercer piso del Poder Ejecutivo para externar las exigencias de la denominada Asamblea del Pueblo y para programar las próximas reuniones técnicas, en las que se desahogarán puntos principales del pliego petitorio.

La problemática que existe en el Valle de Mexicali por la escasez de agua; el pago a maestros interinos así como la liberación y jubilación de 3 mil 200 profesores; y el pago total a la UABC, fueron los temas más debatidos, por lo que pasarán a discutirse a fondo en mesas de trabajo especiales.

Vega de Lamadrid solamente aceptó sin poner mucha objeción el pugnar “en su debido momento” por el convenio que garantice el subsidio del gobierno federal al consumo de energía eléctrica durante el verano en Mexicali.

“No hay ningún indicador o mínima sospecha de que no pudiera refrendarse el convenio (con la CFE)”, explicó al tiempo de comentar que durante este año el gobierno estatal destinará 40 millones de pesos en subsidios que serán entregados a través de tarjetas de descuento a personas de la tercera edad y madres solteras en su consumo de luz.

El otro punto que prosperó fue la reducción del sueldo del gobernador que al inicio ganaba 110 mil pesos mensuales, por lo que la propuesta de los manifestantes era reducirlo a la mitad, al igual que el de funcionarios de primer y segundo nivel del gobierno estatal.

El mandatario estatal aseguró que en los tres años de su gobierno ha reducido su salario en un 27.5 por ciento, pero que estaría dispuesto a bajarlo a lo que sea necesario, “no veo ningún problema, denlo por hecho”; Sin embargo la respuesta del gobernador se limitó solamente a él, pues no quiso comprometer el de su gabinete, además dijo que la disminución sería de su percepción inicial, pues no se sumaría a lo que ya se había comprometido.

Discusión sin fin

En repetidas ocasiones, tanto el Secretario de Gobierno, Francisco Rueda Gómez como el vocero y moderador de los manifestantes, Javier Gutiérrez Piceno, tuvieron que pedir moción de orden porque la discusión se salía de los puntos trazados en el pliego petitorio tanto por parte del movimiento de protesta como del gobernador, a quien le criticaron que parecía estaba en una audiencia o evento oficial.

“Kiko” Vega apuntó que varios de los temas no eran de competencia estatal, pues tanto la autorización para dotar de agua en la zona agrícola, la red hidráulica del Valle de Mexicali tras el sismo del 4 de abril, el subsidio de tarifas eléctricas y el precio de los combustibles, le corresponden a la Federación.

En tanto, la comitiva reconoció que por primera vez un gobierno se sentó a dialogar con el pueblo, pero dijeron que no están satisfechos con lo obtenido.

“Es ingenuo pensar que cualquier política que viene del gobierno va a favorecer al pueblo, cuando todos (los gobiernos) deben estar para favorecer a la ciudadanía, por eso vamos a ser vigilantes de lo que aquí acontezca”, puntualizó.

“Fuera Kiko”

Al final, el grupo que representa a la Asamblea del Pueblo enunció lo que consideraron la demanda más sentida de los bajacalifornianos: la renuncia del Gobernador y el inicio de un juicio político en su contra.

Ante esta demanda, el mandatario estatal se negó y dijo a los manifestantes que pueden presentar cualquier petición ante el congreso del estado.