Admite SCJN recurso presentado por 11 diputados de BC contra dictamen de desaladoras

Antonio Heras

Mexicali.- La acción de inconstitucionalidad presentada por 11 diputados del Congreso de Baja California por el decreto 168 que permite al Gobierno de Baja California, entre otras obras de infraestructura, la construcción de dos plantas desaladoras de agua de mar fue admitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La admisión del recurso 2/2018 se hizo este martes 23 de enero para darle vista al Congreso del Estado y al Gobierno de Baja California como autoridades emisora y promulgadora de la norma controvertida, respectivamente, con el propósito que rindan un informe a la SCJN en un plazo de 15 días.

Los diputados de seis grupos parlamentarios y un legislador panista presentaron este recurso el 9 de enero ante la SCJN ante la aprobación del dictamen legislativa 95 que permite la realización de obras bajo el esquema de Asociaciones Público Privadas.

Para estos diputados el dictamen, publicado como decreto 168 en el Periódico Oficial del Estado, representa una carga financiera de 82 mil millones de pesos por la construcción de seis obras de infraestructura, cuya garantía de pago será la recaudación gubernamental durante 35 años del Impuesto Sobre el Producto del Trabajo.

La acción de inconstitucionalidad se centra en la decisión del Poder Legislativo de Baja California de declinar su responsabilidad de legislar y diseñar el Presupuesto de Egresos en cada ejercicio fiscal al comprometer ingresos anuales hasta el año 2053.

Los congresistas que presentaron la acción de institucionalidad son Luis Moreno del PES, Jorge Eugenio Núñez del PBC, Claudia Agatón del PT, Catalino Zavala y Víctor Morán de MORENA y  Bernardo Padilla, Alejandro Arregui, Marco Antonio Corona, Benjamín Gómez y Patricia Ríos del PRI.

El 1 de diciembre de 2017, el presidente del Congreso del Estado, Raúl Castañeda Pomposo, citó a sesión extraordinaria de manera abrupta y selectiva para garantizar la presencia de los 13 diputados y sus aliados para votar el dictamen que posibilitaría la participación de consorcios internacionales en la desalación de agua del Océano Pacífico para usuarios domiciliarios, comerciales e industriales de Tijuana, Rosarito y Tecate, a través de la empresa Aguas de Rosarito, que facturará 63 mil millones de pesos durante 35 años de usuarios o del ISPT recaudado por el gobierno estatal en seis administraciones.

En el informe solicitado, el Congreso local deberá anexar copia certificada de los antecedentes legislativos del decreto impugnado, mientras que el Poder Ejecutivo del Estado deberá exhibir un ejemplar del Periódico Oficial donde conste su publicación. En caso que se incumpla con la petición “se les aplicará una multa. Dese vista a la Procuraduría General de la República para que antes del cierre de instrucción formule el pedimento que le corresponde”, señala el acuerdo publicado en la Lista de Notificaciones de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acción de Inconstitucionalidad.

El Poder Judicial de la Federación admitió el 22 de diciembre de 2017 un amparo solicitado por  indígenas nativos y residentes de Baja California ante “la omisión de una consulta para la realización de estos proyectos de iniciativa privada, un derecho irrenunciable de los pueblos originarios, asentados en el artículo 1 de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos”.

Confirman costo del “Muro de Cristal” del Congreso de BC: más de 200 mil pesos pagarán los bajacalifornianos

*Justifican medida para evitar que manifestantes avienten botellas y monedas que suspendan las sesiones

Jorge Heras / Lindero Norte
Mexicali.- Integrantes de la Comisión de Administración del Congreso local afirmaron que el costo de la pared de policarbonato transparente que se está instalando en el Salón de Sesiones tendrá un costo de 200 mil pesos que se obtendrán del prepuesto asignado este año al Poder Legislativo.

La diputada de Acción Nacional (PAN), Victoria Bentley Duarte dijo a Lindero Norte que tal como lo publicó esta agencia informativa, los trabajos de planeación y medición de la estructura que soportará las láminas de este material resistente se realizaron desde hace tres semanas duranta la mesa directiva que encabezó el legislador del PRI, Benjamín Gómez.

Comentó que se hicieron tres presupuestos para finalmente quedarse con el que generará un costo a los bajacalifornianos de más de 200 mil pesos, el cual fue elaborado por la empresa Vidriera del Norte.

Justificó esta medida como parte de la seguridad que requieren los legisladores luego de las manifestaciones de los movimientos de resistencia civil, quienes han lanzado monedas y botellas de plástico al pleno durante la celebración de sesiones extraordinarias como acto de protesta contra los dictámenes que dieron lugar a la Ley del Agua (dos meses después derogada por el gobernador por los reclamos ciudadanos) y por la aprobación del Dictamen 95 que contiene los contratos vía Asociación Público Privada de dos desalinizadoras.

“Vean en internet porque muchas Cámaras de Diputados tienen micas, como el de Hermosillo, Sonora; además ustedes han sido testigos de que no solamente han sido insultos, también botellazos, y no solamente ha sido en una sesión porque han interrumpido dictámenes importantes que ya fueron dictaminados pero que no se pudieron leer porque truenan las sesiones”, puntualizó.

Bentley Duarte apuntó que los diputados de MORENA y PES son los únicos que se oponen a esta medida ya que, mencionó, son los únicos 3 de los 25 legisladores que no han sido insultados ni agredidos en el recinto parlamentario.

La diputada panista señaló que esta legislatura ha recibido sin ningún inconveniente a diferentes sectores de la población que se han manifestado en la Cámara como los jornaleros, burócratas y el magisterio

“Hacemos esto (instalar el muro) para que dejen seguir trabajando al Congreso de Baja California en todos los temas que le interesan a los ciudadanos porque un grupo de 20 o 30 manifestantes no pueden detener la sesiones”, sostuvo.

Personal de Comunicación Social del Congreso del Estado informó que están preparando información sobre el costo y las justificaciones de esta pared cristalina de seguridad para legisladores, la cual sería dada a conocer por el presidente de la Cámara, el diputado Raúl Castañeda Pomposo.

Divide opinión IP sobre iniciativa que amplía la defensa legítima ante agresión armada en comercios de BC

Jorge Heras / Lindero Norte
Mexicali.-Gran controversia generó entre las cámaras empresariales de Mexicali las iniciativas presentadas este jueves en el Congreso local que buscan ampliar la figura de defensa legitima en las personas que repelan una agresión armada, principalmente en los comercios y negocios.

Representantes de la Iniciativa Privada se pronunciaron a favor y por la revisión a fondo la reforma al Código Penal de Baja California propuesta por los Partidos de Baja California (PBC) y Revolucionario Institucional (PRI).

El presidente de Canacintra, Juan Ignacio Gallego Topete calificó la iniciativa como “positiva” porque se trata de darle protección a los comerciantes, ya que consideró que están “en la indefensión total porque no ha sido eficaz la estrategia del gobierno”.

Afirmó que las autoridades están rebasadas en el combate al crimen organizado, siendo los comercios los que más han resentido esta situación.

Confió en que los legisladores la analizarán adecuadamente en comisiones para después aprobarla.

De igual forma, Gallego Topete reiteró que es necesaria la presencia militar en las calles de Baja California, ¨¿Cuántos (muertos) más se necesitan para que lleguen los militares, uno es demasiado; debemos parar la violencia como sea necesario”, aseveró.

Por su parte, el presidente de CANACO Mexicali, Juan Ramón López Naranjo rechazó esta reforma al Código Penal, pues advirtió que se generaría más violencia.

“Se requiere un análisis profundo del tema, porque no está atendiendo de origen el problema, solamente es una medida de emergencia mal encausada”, puntualizó.

El líder de los comerciantes organizados de la capital del Estado criticó la forma en que fue presentada ante el pleno del Congreso sin ser consultada con CANACO y con otros sectores de la población.

Instó a los legisladores ha que se realice una consulta ciudadana con empresarios, comerciantes y académicos para analizar a profundidad esta iniciativa.

“Las leyes están dejando muchos huecos por la justicia alternativa, pero las modificaciones deben estar encaminadas en definir en que momento es culpable la persona, porque sino vamos a llegar al terreno de la portación de arma como en Estados Unidos, y ya sabemos todos lo que pasa en el país vecino”, sostuvo.

La reforma propuesta durante la ultima sesión ordinaria de la Cámara de Diputados es para modificar el el artículo 23 del Código Penal del Estado con el fin de ampliar los alcances de la legítima defensa.

Se pretende agregar el párrafo siguiente: “Concurre en legitima defensa a favor de la persona que encontrándose a cargo de un establecimiento comercial, y para evitar la comisión de un delito previsto por ley, ocasione un daño a quien se introduzca con armas al comercio siempre que el agresor lo realice con violencia”.

Foto: Cortesía

Propone diputado del PES que Ayuntamientos asuman el control del servicio de agua

*Diputado Luis Moreno presenta iniciativa para garantizar el derecho al agua.

Jorge Heras / Lindero Norte

Mexicali.- El diputado del Partido Encuentro Social (PES), Luis Moreno Hernández presentó una iniciativa para garantizar el derecho al agua y que los cinco ayuntamientos de Baja California tengan las atribuciones jurídicas para dotar del servicio de agua potable a sus ciudadanos, tal como lo establece la Constitución Federal y Estatal.

En sesión ordinaria de este martes, el coordinador del grupo parlamentario del PES propuso una reforma y adición al artículo 7 en el apartado de la promoción, respeto, protección y garantía de los Derechos humanos, para establecer como derecho humano el acceso al agua potable. 

De igual forma planteó agregar a la Constitución que “el agua, constituye un bien público y nadie puede aspirar a ceder el control último del mismo; es por ello que la prestación del servicio público del agua es una atribución que corresponde a los ayuntamientos”.

Moreno Hernández indicó que los gobiernos municipales deben ser los rectores de los organismos operadores de agua en conformidad con el artículo 82, inciso B, fracción I, de la Constitución Local.

“Es fundamental regular el servicio de agua en el Estado para que sea el municipio el ente jurídico que tenga las facultades y atribuciones para ofrecer el servicio del liquido vital”, puntualizó.

En la explicación de motivos de la iniciativa, el diputado Luis Moreno refirió que el 8 de febrero del 2012, el Congreso de la Unión adicionó un sexto párrafo al artículo 4° para elevar a rango constitucional el derecho humano al agua y saneamiento, con lo que se obliga al Estado a promulgar una nueva legislación en la materia.

“Este tema es muy delicado porque en el futuro muy cercano los grandes problemas de la humanidad no va a ser por la energía ni el petróleo, serán por la disponibilidad del agua potable derivado de factores como el calentamiento global y el uso indiscriminado del agua”, explicó.

Sobre los posicionamientos en contra de que los Ayuntamientos asuman el control y la figura jurídica de la operación del servicio de agua en los municipios, el legislador del PES indicó que la situación que guardan las Comisiones de Servicios Públicos manejadas por el gobierno estatal es critica debido a la mala administración y manejo del agua.

Diputados se pronuncian a favor de incrementar recursos al Poder Judicial; Ejecutivo lo rechaza

15387548_1178217355594422_695204024_o-1Jorge Heras, Mexicali, 7 de diciembre.- En el debate del proyecto del Presupuesto de Egresos del 2017 que presentó el Poder Judicial ante la Comisión de Hacienda del Congreso Estatal, los diputados del Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) manifestaron su apoyo al incremento de recursos solicitado por el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Jorge Armando Vásquez, pero externaron que el Poder Ejecutivo propuso un techo financiero menor a lo propuesto.

El titular del Poder Judicial dio a conocer que para la correcta operatividad del Nuevo Sistema de Justicia Penal en los cinco municipios y de los juzgados civiles, mercantiles, familiares, y de Justicia para Adolescentes son necesarios mil 025 millones 390 mil pesos, lo que representa un incremento de 89 millones con respecto a lo erogado durante este año.

Los legisladores del PAN, PRI y Morena se pronunciaron a favor del incremento ya que lo consideraron necesario para la impartición de justicia rápida y efectiva; Sin embargo aseveraron que la Secretaría de Planeación y Finanzas puso un techo financiero de 942 millones de pesos que significan una reducción de 83 millones de pesos.

Vázquez indicó que buscarán “sensibilizar el tema” con el titular de Planeación y Finanzas, Antonio Valladolid, para que en conjunto con los diputados “permitir sacar adelante la operatividad del Poder Judicial en 2017”.

“Estamos solicitando el límite y lo menos que podemos para operar, no estamos pidiendo aumento en sueldos, no obstante que en 10 años no hemos recibido ese tipo de incremento; por eso hay que aprobar esos recursos (solicitados) y rendiremos las cuentas de lo avances que tengamos”, puntualizó.

El diputado de Morena, Catalino Zavala Márquez recordó que lo solicitado para 2017 es similar a lo planteado en 2011 cuando proyectaron un presupuesto de más de mil millones de pesos pero nada más les aprobaron un techo financiero de 707 millones.

Mencionó que en 2012 pidieron 925 millones pero solo les autorizaron 742 millones, por lo que a partir de ese año las proyecciones de presupuesto fueron más cercanas a lo solicitado como en 2014 cuando presentaron un presupuesto de egresos de 848 millones y les fue aprobado un millón menos. “En seis años el Poder Judicial ha tenido un crecimiento del 30 por ciento en su presupuesto”.

El magistrado presidente del TSJE reiteró que de no aprobarse los más de mil millones propuestas para el próximo ejercicio fiscal se “comprometen muchos rubros y seremos más lentos en la impartición de justicia y eso no es una buena señal para la ciudadanía, tenemos que mantenerla y mejorarla”, expresó.

Reveló que en 2016 ejercieron 918.3 millones de pesos: 848 millones para Servicios Personales y 70 millones para operatividad; pero que al asignarles 32 millones menos de lo pedido tuvieron que realizar un ajuste de 20 millones con la disminución de horas extras e interinatos en juzgados y en la reducción en el pago de bonos, primas, estímulos y compensaciones del personal de confianza, así como eliminación de gastos de representación, reducción de servicios de celulares, viáticos, cafetería, seguridad, papelería y mantenimiento de equipo y oficias.

En el proyecto de prepuesto de Egresos 2017, el Poder Judicial plantea la creación de 83 plazas, especialmente para la el Sistema Adversarial, principalmente en Zona Costa, actualmente hay 2 mil 021 plazas, de las cuales 83 por ciento son de personal jurisdiccional y el 17 por ciento administrativo.

954 millones de pesos (93%) sería destinados para Servicios Personal y 71 millones (7%) a la operación.

No obstante, los recursos solicitados no contemplan el cumplimiento de obligaciones laborales como el timbrado de nómina (CDFT), Seguridad Social del personal de confianza y aumento a trabajadores de base del 5.5 por ciento, para los que se necesitarían 155 millones de pesos.

Tampoco se plantea la creación de los Centros de Convivencia Familiar Supervisada (CECOFAM), que se encuentra estancadas desde hace dos años, pues se requiere una inversión de 69 millones de pesos.

Instan a PGR a investigar tráfico de personas en flujo migratorio a Baja California

africanos-fronteramexico*Migrantes haitianos y africanos han referido entrega de dinero en México para llegar a esta frontera: diputado Luis Moreno

Antonio Heras y Jorge Heras
Mexicali.- La Procuraduría General de la República está obligada a investigar de manera urgente y detener a quienes se dedican al tráfico internacional de migrantes, cuyo destino son las ciudades de Mexicali y Tijuana antes de cruzar a Estados Unidos, dijo el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en el Congreso de Baja California, Luis Moreno.

Advirtió que los migrantes haitianos y africanos y las organizaciones civiles refieren que para llegar a esta frontera desde su ingreso por Chiapas han tenido que pagar diferentes sumas de dinero, lo que se debe investigar porque representa un delito de tipo federal.

Condenó a “la descarada colusión que existe entre algunas autoridades de migración en el país y esas redes internacionales que trafican con el dolor humano y la necesidad”.

El diputado sostuvo que el asunto de la crisis humanitaria que se vive en Tijuana y otros municipios, “no se puede entender si no es a través de la vinculación de esos grupos que trafican con seres humanos y la permisividad o colusión de las autoridades migratorias en el país”, agregó el legislador local.

Tras reconocer que desde hace décadas la migración nacional y extranjera hacia Baja California es constante por ser un puente ideal para cruzar a Estados Unidos y una “tierra noble y llena de oportunidades”, sostuvo que hay otra clase de migrantes que no obedece necesariamente a flujos naturales sino que es impulsada por organizaciones criminales que lucran con la necesidad y se fortalecen con la corrupción de las instituciones, lo que provoca un problema para las autoridades locales.

Moreno Hernández precisó que esta crisis humanitaria debe ser abordada con un “enfoque solidario, responsable y generoso”, y señaló que los ayuntamientos actuaron de manera inmediata pero ha resultado insuficiente.

La investigación iría encaminada no sólo para detener a los responsables para frenar los vínculos de nuestro país a ese proceso ilegal de tráfico humano, toda vez que “si persiste la permisividad y la negligencia de quienes tienen la responsabilidad de vigilar y supervisar la función pública, esta crisis estallará como ha sucedido en otros países, como la República Checa, Hungría, Italia y España”.

Cuando la corrupción aparece y se institucionaliza, como es el caso de México, todo se desborda, surgen problemas porque los asuntos se salen de control y termina por afectar más a quienes padecen las injusticias de un sistema excluyente, injusto y desigual.

Sobre la reunión que sostuvo en Mexicali el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, con el gobernador Francisco Vega para abordar el tema de los migrantes haitianos, comentó que “se habló de todo pero no de la corrupción porque en la política nacional todo se resuelve llevando la fiesta en paz.“

Entre los temas tratados se encuentran, dijo, la insuficiencia de recursos, los motivos sociales, naturales y económicos de su desplazamiento, cifras y apoyos emergentes, la inexistencia de crisis humanitaria y el éxodo de otros 50 mil pero omitieron hablar de corrupción.