Exigen en BC investigaciones y mecanismos de protección eficientes para periodistas

Antonio Heras

Mexicali.- El gran error es vivir en México y ser periodista, escribió Javier Valdez en su libro “Narcoperiodismo. La prensa en medio del crimen y la denuncia”.

Por ello, periodistas y el Centro de Defensoría Técnica en Derechos Humanos de Baja California se pronunciaron por establecer mecanismos de protección eficientes al trabajo periodístico para garantizar el derecho de la sociedad a estar informada.

Además pidieron que se diseñen y publiquen los Manuales de Atención y Pronta Reacción al Mecanismo de Protección del Gobierno Estatal.

A un año del asesinato de Javier Valdez y el registro del crimen número 141 de 1999 a 2018, así como la ejecución número 43 de periodistas durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, esto con la muerte de Juan Carlos Huerta en Tabasco, exigieron resultados en las investigaciones de La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión para acabar con la impunidad puesto que no existen inhibidores para los agresores.

Pidieron también que haya investigaciones profundas para determinar la identidad de los autores intelectuales de agresiones de periodistas y no limitarse a quienes perpetran estos crímenes.

Este posicionamiento y exigencia es firmado por los periodistas bajacalifornianos, Said Betanzos, Alberto Elenes, Sonia de Anda, Enrique Luengas, Antonio Heras y Jorge Heras.

Gran avance, despenalizar en BC los delitos contra el honor: abogada Esquer

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Mexicali, B.C.- Después de seis meses de inacción legislativa, el Congreso de Baja California se encuentra en posibilidades de despenalizar los delitos contra el honor al aprobar en la Comisión de Justicia la reparación de daños por la vía civil.

En un comunicado del Poder Legislativo del Estado se informó que este martes se aprobó el dictamen 23 de la Comisión de Justicia que contiene la iniciativa de reforma para establecer los mecanismos alternativos de la reparación del daño moral cuando se violenta el honor, la vida privada o la imagen pública de una persona por terceros.

La Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado determinará la fecha en que esta reforma se presente al pleno para su discusión y, en su caso, aprobación o rechazo.

“Es un gran avance porque nos tomó más de un año el presionar a los legisladores para despenalizar la calumnia y la difamación y porque representa un triunfo a los periodistas y el respeto a su trabajo”, advirtió la abogada Sandra Esquer, designada por la organización Artículo 19 para la defensa legal de la periodista Carmen Olsen y quien es integrante de la Fundación para la Libertad de Expresión (Fundalex) Capítulo Baja California.

Esquer dio a conocer que el 6 de febrero el Juzgado IV de Distrito del Poder Judicial de la Federación, con sede en Tijuana, programó la audiencia para dictar sentencia sobre la inconstitucionalidad de los delitos de difamación y calumnia por los que enfrenta proceso penal la periodista de Playas de Rosarito -acusada por policías municipales-, de acuerdo al amparo 369.

Com JusticiaReforma condicionada

El 3 de julio de 2014, los diputados aprobaron eliminar 14 artículos del Código Penal donde se tipifican estos delitos, pero en el segundo transitorio del decreto 86 publicado el 19 de septiembre de ese año en el Periódico Oficial del Estado se condicionó su entrada en vigor hasta en tanto se reformara el Código Civil.

Un mes después, un centenar de periodistas solicitaron amparos indirectos donde señalaron que el condicionamiento “permite que se sigan violando derechos fundamentales” porque se busca “darle al ciudadano la seguridad y garantía que esta ley exista en espacio y tiempo, no solo en el tintero legislativo”.

Tras señalar que esta falta de congruencia jurídica, los periodistas acusaron de “parálisis legislativa” y advirtieron sobre la violación de preceptos internacionales, entre ellos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, la Declaración de Chapultepec y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

Reforma del Código Civil

La iniciativa de reforma del Código Civil de Baja California la presentaron los diputados Gerardo Álvarez (PAN), René Mendívil (PRI) y Francisco Barraza (PEBC) en el que se señala que “se garantizará el ejercicio de los derechos de opinión, crítica, expresión e información que se realice en los términos y con las limitaciones de los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Sin embargo, entre las conductas de quienes estarán obligados a la reparación del daño moral se encuentra aquel que comunique la imputación a una persona física o moral “de un hecho cierto o falso”, que pueda causarle deshonra, descrédito, perjuicio o exponerlo al desprecio de alguien”.

A pesar de las recomendaciones de organizaciones gremiales de periodistas, los legisladores omitieron establecer montos máximos para cuantificar y, en su caso, garantizar el daño moral del denunciante, toda vez que es un aspecto que en la práctica ha propiciado nuevas reformas en las entidades donde se despenalizaron los delitos contra el honor al vulnerar el patrimonio de los denunciados.

 

Exigen periodistas cese a las agresiones en Puebla

periodistasLindero Norte
Mexicali.- Ante el incremento de agravios contra la libertad de expresión, periodistas mexicanos, entre ellos de Baja California, exigieron el inmediato cese al hostigamiento, intimidación, acoso, represión y amenazas en contra de comunicadores y periodistas de Puebla

Al gobernador Rafael Moreno Valle le pidieron dar a conocer las políticas públicas de comunicación social y de salvaguarda de la libertad de expresión, considerando que se trata de un derecho humano y que aquellos que atentan  en contra ella y la actividad profesional de periodistas y personas defensoras de derechos humanos inhiben la democracia.

También le pidieron que informe cuáles son las indicaciones que ha dado a sus subordinados formales y  aliados políticos, así como a presidentes municipales, para impedir  el acceso a la información pública gubernamental, el acceso a reporteros y reporteros gráficos a  lugares y actividades públicas, de acuerdo a las quejas presentadas por los periodistas que laboran en Puebla.

De acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, al  Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, así como a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros  instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano, es su responsabilidad garantizar que la ciudadanía ejerza, sin condición alguna, más que las restricciones señaladas por la propia ley, sus derechos fundamentales, en este caso la libertad de expresión.

Ante el clima de inseguridad y agresiones de que es objeto el gremio periodístico en la entidad que gobierna Rafal Moreno Valle, le hacemos un atento llamado para que, haciendo uso de sus facultades constitucionales, convoque a la sociedad poblana, y en particular a las mujeres y hombres periodistas, a una consulta pública para conformar un marco legal integral que proteja los derechos de las y los periodistas y fortalezca el ejercicio profesional del periodismo.

moreno valleAl  Congreso del Estado de Puebla le recordamos que periodistas poblanos en reiteradas ocasiones han solicitado que  se reforme el Código Penal, con la finalidad de  tipificar las conductas que atentan contra la libertad de expresión, así como la vida e integridad de periodistas y personas defensoras de derechos humanos.

Es necesario que el  poder legislativo del estado de Puebla, coadyuve para que la ciudadanía intervenga en la elaboración de una iniciativa de ley integral de protección a periodistas que contenga, entre otros derechos, la capacitación continua para  periodistas y comunicadores y que en su momento la fortalezca con sus expertos en técnica jurídica y la apruebe por el bien de la democracia.

A la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos en Contra de la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República, así como al Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaria de Gobernación, solicitamos que de manera inmediata  intervengan, en todos y cada uno de los casos de agravios a periodistas  que se han suscitado en Puebla.

A las autoridades judiciales estatales y federales les pedimos que actúen en consecuencia para que  se castigue con todo el peso de la ley a los responsables de los mismos.

A la Comisión Nacional de Derechos Humanos demandamos que intervenga en las investigaciones correspondientes, haga los llamados necesarios a quienes resulten responsables, y actúe de manera firme y con todo el rigor, para hacer efectivas las sanciones.

A la Comisión Estatal de Derechos Humanos solicitamos que actúe de manera  imparcial, coadyuvando de manera óptima y efectiva en la salvaguarda inmediata de los casos que requieran  medidas cautelares; que intervenga  vigilando permanentemente a los funcionarios y dependencias que incurran en casos de agravios; que proceda de manera  justa y ecuánime,  haciendo a un lado  preferencias y privilegios.

A todas las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, de defensa de la libertad de expresión,  y al gremio periodístico solicitamos su unidad, solidaridad y apoyo  para que de ser  posible se unan en un solo viaje al estado de Puebla para concertar con los representantes de organismos civiles y el Ejecutivo estatal una entrevista  con periodistas agraviados y personas defensoras de derechos humanos.

A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por medio de su Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión y,  a las organizaciones  nacionales, regionales e internacionales de derechos humanos, solicitamos su intervención para detener los agravios que se cometen en contra de la libertad de expresión en el estado mexicano de Puebla.

La Casa de los Derechos de Periodistas AC (CDP) ha registrado en el estado de Puebla, al menos 32 agravios a periodistas y a la libertad de expresión durante los primeros siete meses de 2014. 

Por ello exigieron no más agresiones a los periodistas poblanos, se pronunciaron periodistas de todo el país y de la Casa de los Derechos de lis Periodistas

Aprueban comisiones de Congreso de BC despenalizar delitos contra el honor

comisiones congresoLindero Norte
Mexicali.- En Baja California, los legisladores locales acordaron en comisiones despenalizar los delitos contra el honor que se encuentran vigentes en el Código Penal y en el Código de Procedimientos Penales del Estado.

Los integrantes de las comisiones unidas de Justicia y de Legislación y Puntos Constitucionales aprobaron trasladar al Código Civil las figuras de difamación, calumnias e injurias, confiraron diputados a Lindero Norte.

Durante la sesión realizada durante la tarde de este martes se privilegió el consenso para aprobar la iniciativa presentada por el diputado Gerardo Álvarez, la cual fue presentada el 18 de junio  ante la Secretaría de Servicios Parlamentarios del Poder Legislativo local.

En la sesión del Congreso del Estado celebrada en Playas de Rosarito el 26 de junio las fracciones parlamentarias aprobaron turnar a comisiones la revisión y, en su caso, la aprobación de la despenalización de dichos delitos.

En entrevistas por separado, los diputados René Mendivil del PRI, Fausto Gallardo del PVEM, Gustavo Sánchez del PAN, Armando Reyes del PT y Mayoral y Francisco Barraza Chiquete del PEBC se comprometieron con organizaciones internacionales de defensa de periodistas a legislar sobre este asunto que lesiona uno de los derechos fundamentales de toda sociedad democrática: la libertad de expresión.

Durante la reunión de la Junta de Coordinación Política a realizarse este miércoles se prevé que este asunto se integre a la agenda parlamentaria de la sesión del jueves 3 de julio para ser discutida en la asamblea pública. Una segunda opción sería la de la sesión ordinaria del 10 de julio, en caso de existir resistencia de alguna fracción parlamentaria.

De confirmarse, corresponderá al presidente de la Comisión de Comunicación, Francisco Barraza Chiquete, la lectura de la iniciativa que modifique el Código Penal de Baja California, una de las 13 entidades del país donde los delitos contra el honor cuentan aun con penas privativas de la libertad.

Esta reforma se aprobaría en un contexto donde varios periodistas enfrentan procesos penales por hacer uso de su derecho a la libre expresión, entre los que se encuentran Carmen Olsen de Playas de Rosarito y Francisco Rábago de Tecate.

Estos delitos se consideran en cuanto a la difusión de hechos ciertos o falsos que afectan la reputación de terceros.

La Fundación para la Libertad de Expresión, capítulo Baja California, se pronunció por realizar un estudio comparativo de legislaciones sobre la reparación del daño para insertarse en el Código Civil del estado para que se diriman controversias entre particulares y servidores públicos.

Un antecedente de iniciativa para la despenalización de los delitos contra el honor data del 5 de octubre de 2012, presentada por el Poder Ejecutivo y que permaneció “congelada” en comisiones legislativas.

Convocan a periodistas de BC a curso de prevención de delitos contra la libertad de expresión

Fundalex ok*Se llevará a cabo jueves y viernes en Tijuana
*Destinado a 20 periodistas

Lindero Norte
Mexicali.- Dentro del Sistema de Alerta Temprana, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) impartirá el curso “Manual de Prevención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión”.

Este curso se llevará a cabo en dos sesiones diarias de cuatro horas en las instalaciones del despacho “Esquer y Asociados”, ubicado en Pase de los Héroes 10231, esquina Diego Rivera, frente al monumento Lincoln, de Zona Río en Tijuana. El horario es de 16:30 a 20:30 horas

Esta actividad académica dirigida a 20 periodistas de Tijuana, Playas de Rosarito, Ensenada, Tecate y Mexicali proporciona herramientas útiles para la labor informativa con la finalidad de considerar la disminución de riesgos y prevención de delitos, dio a conocer el presidente de la Fundación para la Libertad de Expresión, capítulo Baja California, Antonio Heras.

El curso cuenta con valor curricular al estar registrado ante el Sistema Integral de Profesionalización de PGR y su propósito es compartir la experiencia durante la investigación ministerial con los periodistas, además de socializar el manual de prevención de delitos cometidos en contra de quienes ejercen el derecho a la libertad de expresión.

También se busca recoger en Baja California las observaciones y experiencias de periodistas expertos en la cobertura de eventos de alto riesgo que puedan enriquecer y consensar tanto los escenarios a los que puedan enfrentarse, como las acciones de prevención y reacción, antes, durante y después de su ejercicio periodístico.

Uno de los expositores son el director General Adjunto del Sistema de Alerta Temprana en la FEADLE, quien cuenta con un diplomado del Sistema Penal Acusatorio Adversarial Rama Ministerial y fue director General de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Entre sus cursos se encuentra el relacionado al Protocolo de Medidas Preventivas de Protección y Medidas Urgentes de Protección e Introducción General para la Protección de Periodistas.

En el curso también participarán el jefe de Departamento del Sistema de Alerta Temprana, Luis Alberto Jiménez Martínez, y un agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la FEADLE.

 

Columna Lindero Norte: Kiko, intento fallido

kiko lamento 3*Libertad de expresión y transparencia, incumplió

Antonio Heras

No pudo.

A ocho meses de su gestión, iniciada en noviembre de 2013, el gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid simplemente no pudo cubrir sus compromisos de gobierno.

Se comprometió a hacer un gobierno transparente, de rendición de cuentas y de respeto a la libertad de expresión.

Alguien le dijo a Vega de Lamadrid que la mejor manera de ejercer el poder durante su administración era controlar a los medios de comunicación y se lo creyó.

El caso que incumplió, primero con el respeto a este derecho fundamental de los gobiernos democráticos hacia la sociedad civil, a través de los periodistas críticos.

El gobierno bajacaliforniano se propuso mantener un control con medios de comunicación a partir de la publicidad bajo el argumento de “como veo, doy”, una especie de “no pago para que me peguen” que estableciera José López Portillo.

cornejoDe acuerdo a su estrategia de comunicación social, otro argumento señala de manera torpe que en ningún lugar de la Constitución se obliga a contratar a medios críticos o que no están a modo de los planes y programas del gobierno kikista. Ups, la estulticia a todo lo que da, toda vez que se desoye en el mejor de los casos de los referentes judiciales sobre la publicidad oficial y medios de comunicación. En lo personal, estoy cierto que se trata de estrategas con una lamentable condición de analfabetas funcionales, aunque hayan egresado de universidades como la Iberoamericana del Noroeste o la Autónoma de Baja California.

Señalara el periodista Jaime Flores en Cicuta que estos estrategas pensaron también que en esas aulas les impartirían la materia gris.

Vega también incumplió en transparencia porque los gastos de publicidad para el primer trimestre de 2014 los sustrajo de entidades paraestatales cuyo fin era diferente al utilizado, por ejemplo para fondear la campaña de “borrón y cuenta nueva”. Eran recursos etiquetados para cuestiones de arte y cultura, vivienda, entre otros, y que saldrán a relucir en la revisión de cuenta pública.

Otra deficiencia que se trasluce en la administración del gobernador es la solicitud de atraer y concentrar recursos federales de seguridad pública, salud, seguro popular y educación que también están etiquetados para usarlos en campañas del gobierno central.

kiko lamento 4El argumento es que se trata de compras consolidadas, pero su repercusión se verá en el cumplimiento de metas de programas, toda vez que están sujetos por ley al cumplimiento del marco lógico; en otras palabras, metas con resultados.

En caso de existir consecuencias jurídicas, el problema administrativo y/o penal no es para los estrategas de Kiko Vega sino para los titulares de estas entidades públicas por el uso indebido de recursos.

Al tiempo.

Hay quien asegura que es Antonio Valladolid, desde la Secretaría de Planeación y Finanzas, quien ejerce todo el poder en comunicación social y la relación con medios de comunicación en su afán de ser candidato a la alcaldía de Tijuana en 2016. ¿lejos? ¿futurismo? Está a la vuelta de la esquina, le dijeron estos estrategas –que son los mismos de Kiko Vega- que impulsan su candidatura, así como la de Alfonso Álvarez Juan en Tecate e Ignacio García en Playas de Rosarito.

Felicitaciones Gob BC

felicitaciones Sec Trabajo felicitaciones Ayuntamiento felicitaciones IMSS

Prensa y gobierno; historias de impunidad y poder en BC

poder e impunidad en BCAntonio Heras / Lindero Norte

En Baja California el lenguaje de la impunidad es el que se escucha en los casos de agresiones, amenazas, acoso institucional –detenciones y citatorios judiciales- y homicidios de periodistas.

Cada uno de estos asuntos permanece ante la indiferencia y el estigma del Gobierno de Baja California, además de los grupos fácticos de poder. La duda ante todo y la justificación después.

De manera cotidiana se suman nuevas expresiones donde se encuentran en riesgo la labor informativa y la integridad del reportero, considerado éste la pieza fundamental del periodismo por ser quien hace la nota. Esta situación se ha convertido en un referente del ejercicio del periodismo en México y Baja California no es la excepción.

En Baja California hay cinco municipios, de los cuales Tijuana es en el que se registra uno de cada dos delitos, de acuerdo a datos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, le sigue Mexicali –la ciudad capital- con un 30 por ciento y en tercer sitio del mapa de la incidencia delictiva se ubica el Puerto de Ensenada.

acoso periodistasA contraparte no existe una estadística sobre los incidentes donde se involucra un periodista, la mayoría de los casos se quedan en la memoria pues de ocupar espacios en medios de comunicación termina por quedar en el olvido.

En la entidad hay más de una docena de organizaciones gremiales que van desde asociaciones hasta federaciones de periodistas, cuya fuerza se hizo palpable al impulsar la Ley de Protección Social de los Periodistas de Baja California, un esfuerzo loable sin duda pero que marginó los aspectos de protección a la integridad y la labor del reportero en un entorno de violencia.

Si entre 2008 y 2009, una guerra entre cárteles (Sinaloa v Tijuana) produjo los más altos índices de ejecuciones en la historia de la entidad, a partir de 2013 se vive una violencia soterrada por la confrontación entre células de la venta de droga al menudeo, sobre todo en Tijuana.

Allí, de nueva cuenta, surge la figura del reportero y la cobertura noticiosa.

Ante este panorama existe una clasificación para hacer visible la situación de riesgo, aunque es justo precisar que no ha habido resultados de detenciones ni procesos judiciales en contra de culpables de delitos que se encuentran entre denuncias, averiguaciones previas y Número Únicos de Caso (en el caso del Nuevo Sistema de Justicia Penal).

Existe el hecho sí pero no la respuesta de la autoridad.

????????Silencio y conmemoración

Este 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, el Gobierno de Baja California envió un comunicado para felicitar a los periodistas de la entidad y reconocer “a los representantes y directivos de los medios de comunicación escritos, electrónicos y digitales, por la labor diaria que realizan al dar cuenta del acontecer social y sus esfuerzos por reivindicar una prensa libre e independiente”.

El gobernador Francisco Vega de Lamadrid dijo en su primer discurso que su gobierno se significaría por la transparencia, rendición de cuentas y libertad de expresión. Sin embargo, su política pública de comunicación ha sido criticada por periodistas y directivos de medios de comunicación porque a cambio de contratos de publicidad se ha buscado condicionar y acallar las voces críticas en los espacios informativos y usado la discrecionalidad por intereses personales y la ilegalidad, a partir de la frase “como veo, doy”, un giro a la frase histórica del lopezportillismo “no pago para que me peguen”.

agresion camarillonieto_detenido_1Agresiones

En el rubro de agresiones son tres las ciudades donde se han reportado caso de agravio contra periodistas: Tijuana, Mexicali y Playas de Rosarito.

El caso de Tijuana es sintomático de una violencia en las calles donde también participan las corporaciones policiacas, puesto que en octubre  de 2013 dos reporteros fueron agredidos y detenidos cuando realizaban su labor informativa. José Luis Camarillo y Jorge Fregoso cubrían el foto antonio casodesalojo policiaco de siete familias del arroyo Alamar y un accidente de una patrulla municipal.

En Playas de Rosarito, la reportera Carmen Olsen ha enfrentado la animadversión y agresión de escoltas del entonces director de Seguridad Pública Municipal, mientras que en Mexicali la Procuraduría General de Justicia ha protegido al autor de lesiones agravadas en contra del reportero Antonio Heras y el Poder Judicial de la Federación e excusó del caso por tratarse de delitos del fuero común.

Amenazas

En la última década, es en la ciudad de Tijuana donde se hicieron públicos tres asuntos de amenazas del crimen organizado en contra periodistas y medios de comunicación.

En 2004, por amenaza de muerte en contra de su director general y uno de sus reporteros el Semanario Cicuta de Tijuana salió de la circulación. Las amenazas del operador del Cartel de Tijuana, Marco Antonio García Simental, “El Cris”, y confirmadas tras su detención por su hermano Teodoro, “El Teo”, se hicieron llegar a través de un abogado que después fue ejecutado.

En febrero de 2013, lo directores del Semanario Zeta y el portal de noticias Diez4 recibieron amenazas de muerte por parte de quien se sospecha que son integrantes del crimen organizado que opera en esta frontera. En octubre de 2013, el director de Expediente Público recibió un moño negro y después un ramillete de rosas negras que se ha interpretado como amenaza de muerte.

Acoso institucional

Agentes del Ministerio Público de la PGJE y jueces del Poder Judicial de la Federación han incurrido en acoso institucional al solicitar a periodistas que den a conocer sus fuentes de información sobre casos delictivos y hasta han llegado a citarlos como testigos de quienes se encuentran bajo proceso por delincuencia organizada y narcotráfico, a petición de la defensa.

said okEn junio de 2012, el reportero Said Betanzos recibió un citatorio de una Agencia del Ministerio Público donde se le pidió dar a conocer la fuente de información sobre un asunto de secuestro que se registró en Tijuana. Una situación similar se reportó con el reportero Vicente Calderón donde un juez de distrito solicitó de manera oficial que entregara el video sin editar de la cobertura de la detención de un miembro de una célula del narcotráfico, bajo la amenaza de multa en caso de no acatar la exigencia.

AFN-Logotipo-NuevoLo casos más recientes revisten de un significado que requiere ser analizado con detenimiento puesto que medio de comunicación como la Agencia Fronteriza de Noticias, Milenio Baja California y Frontera recibieron citatorios de jueces federales para presentar información como testigos de personas que enfrentan procesos por delincuencia organizada y delito contra la salud. En un caso, el juez federal solicitó a AFN que revelara su fuente de información sobre la detención de un hombre acusado de trasiego de droga y el decomiso de enervantes.

El representante de la Fundación para la Libertad de Expresión en Tijuana, Said Betanzos presentó una queja ante la delegación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por el agravio que representa la actuación de los jueces federales y la inseguridad que representa para su integridad física y la de su familia.

ortiz francioHomicidio

Un asunto es emblemático por la reacción de los cárteles de la droga contra periodistas y la inacción de las procuradurías de Justicia de la Federación y del Estado. Se trata del asesinato en junio de 2004 en Tijuana del editor del Zeta, Francisco Ortiz Franco.

A una década de su homicidio la PGR ni la PGJE investigan el caso. En su muerte subyace un reportaje donde dio a conocer los entonces nuevos rostros de la operación del Cartel Tijuana luego de la detención de la mayor parte de los varones de los hermanos Arellano Félix. Los investigadores nunca acudieron a revisar sus archivos, sus cuadernos de trabajo, ni su computadora, ni entrevistaron a sus compañeros de trabajo menos a la familia

El olvido

El fotógrafo Gerardo Martínez de El Sol de Tijuana fue localizado en un tambo de metal en la zona oriente de Tijuana, durante la madrugada del 2 de diciembre de 2008. Este caso se encuentra en el olvido. Ni su propio medio de comunicación se ocupó del homicidio.