Feminicidios en BC: una realidad escondida por autoridades y evidenciada por organizaciones

Jorge Heras / Lindero Norte
Mexicali.-Organizaciones de la sociedad civil y especialistas de Baja California han pugnado porque legisladores agraven el delito de Feminicidio y porque la Procuraduría de Justicia del Estado investigue todos los homicidios de mujeres como feminicidios y que catalogue adecuadamente los asesinatos violentos cometidos contra las mujeres; sin embargo ante la solicitud de alerta de género presentada en 2015 las autoridades han optado solamente por atender las 18 recomendaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Un último caso evidenció las reservas con las que actúa el Ministerio Público para no catalogar el homicidio de una mujer como feminicidio a pesar de que las circunstancias en el que se cometió el delito están establecidas en el artículo 129 del Código Penal de Baja California.

Con 22 años de edad, Fernando no soportó las continuas exigencias de su madre para que trabajara o retomara sus estudios, lo que provocó, de acuerdo a las pruebas y argumentos de la Fiscalía, que la asesinara violentamente con un Bat de béisbol, navaja y cuchillo; sin embargo el caso no fue considerado como Feminicidio al calificarlo como Homicidio Agravado por razón de Parentesco Consanguíneo.

Agresiones verbales como amenazas e insultos recibió Claudia Verónica Guillén Alcalá por parte de su único vástago durante los últimos meses, afirmó la hermana de la víctima, quien realizaba labores del hogar en la casa en donde vivían madre e hijo, y que sería la escena del crimen.

En las reformas al Código Penal que amplían el concepto del delito de feminicidio y sus causas penales, aprobadas y publicadas durante el primer trimestre del 2015, se consideran razones de género que “haya existido entre el activo y la víctima una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad”.

También contempla como homicidio por cuestión de género cuando exista una relación personal, laboral, personal o docente que implique confianza o subordinación, o una relación matrimonial, concubinato, noviazgo o amistad.

El análisis técnico de la clasificación del delito que hizo el agente del Ministerio Público que coordina el caso derivó en una coincidencia con el homicidio agravado por razones de parentesco; ambas clasificaciones en su pena máxima alcanza 50 años de cárcel, pero se convirtió en un caso más en el que se optó por ni siquiera mencionar la posibilidad de catalogarlo como feminicidio.

Organizaciones internacionales pro derechos humanos han establecido diferentes tipos de feminicidio, pues lo consideran fundamental para comprender el distinto alcance de la violencia que los hombres ejercen hacia las mujeres y las políticas en prevención y sanción de estas prácticas.

Una de las categorías es el “Feminicidio Familiar” que se produce en el contexto de una relación de parentesco entre la víctima y el victimario, el cual puede ser por consanguinidad, afinidad o adopción.

Además contempla el “Feminicidio Íntimo” que es cuando la víctima tenía o había tenido una relación o vínculo con marido, exmarido, novio, exnovio o amante. Se incluye el supuesto del amigo que asesina a una mujer -amiga o conocida- que rechazó entablar una relación íntima con este.

En Baja California se ha registrado una veintena de asesinatos de mujeres durante 2017, de los cuales 13 se han presentado en Tijuana y 4 en Mexicali, de acuerdo a datos oficiales.

Hasta el momento ningún caso se ha tipificado como Feminicidio.

En el último estudio que realizó el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) en 2016 indicó que en Baja California cada cuatro días es asesinada una mujer, tendencia que se registró en los tres últimos años al reportar ocho muertes por mes, situación que contrasta con principios de siglo que había tres homicidios de mujeres cada 39 días.

En 2015, en Tijuana se documentaron 74 asesinatos de mujeres, en Mexicali 22, Ensenada registró 7, Playas de Rosarito 4 y en Tecate 2 casos. Más de la mitad de las víctimas tenían una edad entre los 20 y 39 años de edad.

Para la PGJE, en la Zona Costa la mayoría de los homicidios a mujeres están relacionados con el crimen organizado y en Mexicali más del 70 por ciento son producto de violencia intrafamiliar.

Los organismos de la sociedad civil que forman parte de la Coalición de Grupos para el Monitoreo de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia advierten que los casos de homicidio a mujeres quedan impunes porque no se investigan bajo el protocolo de Feminicidio.

Según la recomendación 554/2013 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitida en octubre de 2015, en relación a un fallo en favor de un amparo promovido por la muerte de una abogada en el Estado de México, destacó que siguiendo estándares internacionales, nacionales e incluso locales, los órganos investigadores deben realizar las indagatorias sobre la muerte violenta de una mujer con perspectiva de género para poder determinar si hubo o no razones de género en la causa de la muerte y para poder confirmar o descartar el motivo de la misma.

Por presión de manifestantes, diputados de BC cancelan y trasladan sesión a Tecate

*Activistas pedían a diputados que se pronunciaran sobre la instalación de Constellation Brands en el Valle de Mexicali.

Jorge Heras / Lindero Norte
Mexicali.-Apenas se habían desahogado dos puntos del extenso orden del día del Congreso del Estado cuando manifestantes de la denominada Asamblea Popular que mantiene plantones en los edificios de gobierno en Mexicali y activistas de la ciudad interrumpieron la sesión ordinaria de este jueves para que les permitieran dar un posicionamiento sobre la instalación de la cervecera Constellation Brands.

Alrededor de las 12:00 horas, cerca de 20 manifestantes exigieron a la mesa directiva del Congreso, presidida por el diputado panista, Ignacio García Dworak, que se pronunciaran sobre el resultado de la investigación que hizo Sindicatura sobre los permisos y licencias que otorgó el municipio a la firma estadunidense.

Algunos de los ciudadanos inconformes, que pertenecen al movimiento de resistencia civil “Mexicali Resiste”, criticaron la falta de apertura de los diputados para atender las demandas que este día llevaron hasta el recinto oficial.

Rechazaron la propuesta de García Dworak de que una Comisión de legisladores se iba a reunir con los manifestantes en una sala alterna para poder darle continuidad a la sesión.

Mientras el grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional y Encuentro Social pedían que se llamara a un receso para que la Mesa Directiva atendiera la protesta, las bancadas del PRI y PAN propusieron en dos ocasiones suspender la sesión.

Tras varias horas en receso, los diputados volvieron para aprobar con 19 votos a favor y tres en contra la iniciativa de Decreto para cancelar y cambiar de sede la sesión.

Los legisladores acordaron que continuarán con el orden del día el próximo jueves 6 de abril a las 11:00 horas en el Centro Estatal de las Artes del municipio de Tecate.

Con el abucheo de los manifestantes y el pronunciamiento en contra de los diputados de Morena y PES, culminó la sesión ordinaria, lo que provocó que una maestra jubilada de la Asamblea del Pueblo ingresara al pleno para hacer escuchar su inconformidad.

Enfrentan familiares de desaparecidos a Victoria Bentley por el proyecto de la Ley de Víctimas

Jorge Heras / Lindero Norte
Mexicali.- Un grupo de familiares de desaparecidos reclamaron personalmente a la presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso local, diputada Victoria Bentley Duarte por no tomarlos en cuenta en la elaboración de la Ley General de Víctimas de Baja California que fue presentada ante el pleno durante la sesión de este jueves.

En una de las salas del recito parlamentario, integrantes de la  Asociación Esperanza contra las Desapariciones Forzadas increparon a la legisladora panista al finalizar una rueda de prensa que ofreció en el lugar para dar a conocer los detalles de la iniciativa.

Encabezados por Irma Leyva –madre de Diego Alonso Hernández Leyva, desaparecido en enero del 2007-, los familiares de las víctimas criticaron la forma en que los diputados realizaron el proceso legislativo de esta Ley por la que pugnan desde hace más de un lustro.

Cuestionaron que uno de los grupos de víctimas que más han exigido justicia por una década, no fue incluido en el análisis del proyecto de ley, por lo que consideraron que será una iniciativa “hecha al vapor por cuestiones mediáticas y políticas”.

Por su parte la diputada panista aclaró que se trataba de una iniciativa elaborada por la bancada del PAN, en la que integró propuestas de las seis que fueron presentadas  por diputados, ciudadanos y el gobernador.

Al tiempo de indicar que la iniciativa apenas será analizada por la Comisión de Justicia, Bentley Duarte anunció que convocará a foros en los cinco municipios para analizar el proyecto de Ley con víctimas de delitos y sus familiares así como especialistas en el tema y abogados.

Dijo que el dictamen que analizarán en el órgano legislativo que preside ha sido respaldado por diputados del PRI, Morena, PAN y MC.

En 2014 y 2016 fueron presentadas tres iniciativas ciudadanas; durante esos años el gobernador, Francisco Vega de Lamadrid presentó una y los diputados panistas Rosy Peralta y Alejandro Quiroga hicieron lo propio casi al finalizar la pasada legislatura.

Baja California es una de las tres entidades del país que no cuenta con una Ley Estatal de Víctimas.

A nivel federal, el 9 de enero del 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Víctimas.

Más de 2 mil taxis privados tipo Uber y Cabify ofrecen servicio en Mexicali: Taxistas

*Con la llegada del servicio de taxis privados, los taxistas registrados han registrado pérdidas por cerca del 50 por ciento, advierten alianzas de transportistas

Jorge Heras / Lindero Norte
Mexicali.- Empresas que ofrecen servicio de taxi privado a través de aplicaciones telefónicas como Uber, Cabify y Ride App han “inundado” de unidades a Mexicali y la Zona agrícola al llegar a más de 2 mil vehículos, señalaron líderes de asociaciones de taxistas de la ciudad.

La mañana de este miércoles, grupos de taxistas y transportistas demandaron al gobierno municipal que aplique el reglamento para sancionar a los vehículos particulares que son utilizados para ofrecer servicios de taxi, pues reclamaron que se trata de una “competencia desleal” ya que ese tipo de empresas o grupos de ciudadanos no pagan al Ayuntamiento por ningún tipo de permiso o derecho.

Encabezados por el dirigente de la Asociación de Transportistas Unidos de Baja California, Rubén Quiñonez y el líder de la Liga de Choferes de Mexicali, Ricardo Aguilera Raygoza, más de 300 trabajadores del volante bloquearon con sus unidades las calles que dan acceso al Centro de Gobierno.

Los líderes de estas dos grandes agrupaciones declararon a Lindero Norte que el transporte irregular en la capital del Estado ha ido en aumento por la falta de interés de las anteriores administraciones municipales que no han hecho valer el reglamento que contempla una sanción 350 a 500 salarios mínimo a quienes ofrezcan servicio privado de taxi.

Revelaron que han identificado más de una veintena de empresas y grupos que se dedican a utilizar automóviles particulares para pedir una retribución por un traslado por la ciudad y el Valle; pero incluso manifestaron que la reconocida empresa Ecotaxi ha violentado el reglamento al poner en circulación a siete vehículos privados: dos marca Attitud Doge, color gris y guinda; dos Versa Nissan; un Vento Volskwagen gris; un Hyundai Grand i10 blanco y un Renault Logan.

Aguilera Raygoza comentó que los taxistas registrados han renovado su parque vehicular al cambiar 250 unidades viejas por modelos 2017.

El dirigente municipal del PRI aseguró que los mil 318 taxis regulados han registrado pérdidas por cerca del 50 por ciento.

“A diario este tipo de servicio privado siguen metiendo unidades, porque las empresas concesionarias de autos nuevos les dan precios especiales, ferias de crédito y seguros especiales”, puntualizó.

Por su parte Quiñónez acusó que parte del transporte irregular de Mexicali también incluye a los más de 400 camiones que movilizan personal de fábricas y maquiladoras, los cuales indicó que no cuentan con placas de circulación y que hasta pudieron ser internados ilegalmente al país.

Juez desecha pruebas de fiscalía en homicidio del subdirector de Issstecali; Imputado queda libre

Jorge Heras / Lindero Norte
Mexicali.- Luego de pasar siete días recluido en el Centro Penitenciario de Mexicali, el imputado por el delito de homicidio en carácter de autor intelectual del Subdirector Administrativo de Issstecali, fue puesto en libertad la madrugada de este viernes porque el Juez de Control consideró que la fiscalía no acreditó las pruebas que presentó en la audiencia de vinculación a proceso.

El intercambio de argumentos y pruebas por parte del Ministerio Público y de la defensoría privada duró mas de 12 horas en la sala de audiencia ubicada a un costado del Cereso de la capital del Estado, bajo la Causa Penal 169/2017 a cargo del Juez, Benardino Ahumada González.

El pasado viernes 10 de marzo, agentes aduanales de Estados Unidos detuvieron en la garita de San Isidro en Tijuana a José Antonio, ex funcionario del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Salud del Estado, quien tenía una orden de aprehensión en su contra por estar presuntamente involucrado en el asesinato del Subdirector de la paraestatal, Jesús Manuel Ponce Rico, ocurrido la noche del 15 de noviembre del año pasado.

Policías Ministeriales trasladaron al detenido a Mexicali para iniciar su proceso judicial, el cual comenzó con la validación de la detención legal del imputado y continuo la mañana de este jueves para declarar la vinculación a proceso.

Sin embargo, el Juez del Poder Judicial indicó que la fiscalía no pudo acreditar las pruebas que presentó.

La defensa del imputado, a cargo del abogado Elías Flores Gallego, argumentó que las acusaciones en contra de su cliente no tenía sustento porque la convivencia que tuvo José Antonio con la víctima horas antes del homicidio, cuando ingirieron bebidas alcohólicas junto con el ex dirigente estatal del PAN y ex director de Issstecali, Salvador Morales Riubí, no demostraban que hubiera planeado el asesinato, como lo aseveraba el Ministerio Público.

Asimismo enfatizó que la solvencia económica del imputado y de su esposa no demostraban la necesidad de robar los más de tres millones de pesos que había en las dos cajas fuertes de Ponce Rico.

El subprocurador de Investigaciones Especiales (SIE) de la PGJE, José María González días antes informó que el móvil del homicidio fue el robo de 80 mil dólares y 1 millón 800 mil pesos en poder de la víctima; sin embargo el dinero no fue sustraído y está en poder de la PGJE porque no ha sido comprobada la propiedad ni el origen de los billetes.

La fiscalía dio a conocer que al inicio del año fue detenido en Tijuana un joven que también está involucrado en la ejecución del ex subdirector de Issstecali y que están prófugos de la justicia cuatro personas más.

Tras conocer la resolución del Juez, la PGJE anunció que apelará la no vinculación a proceso que el funcionario jurisdiccional emitió a favor del imputado.

A través de un comunicado señaló que en un término de tres días presentarán el recurso de inconformidad contra la decisión que tomó el Juez. 

“El Ministerio Público en audiencia presentó el soporte necesario  de pruebas para la vinculación al proceso, pero fue desestimado… La Fiscalía hará todo lo posible para que este caso no quede en la impunidad y el Juez revienta la decisión”, acotó. 

Ejecutan a dos hombres en Mexicali

Antonio Heras
Mexicali.- Dos hombres fueron ejecutados durante los primeros minutos de este viernes en Mexicali, confirmaron autoridades policiacas de Baja California.

Se trata de dos hombres que fueron victimados con disparos de arma de fuego en la cabeza en una casa del fraccionamiento el Campanario en esta ciudad fronteriza.

Un reporte oficial señala que en la casa donde fueron asesinados estos dos hombres que aún no han sido identificados de manera oficial se encontraron dos paquetes de mariguana.

La alerta a las corporaciones policiacas se dio a las 00:10 horas de este viernes a través de los teléfonos de emergencia.

En promedio, cada mes siete recién nacidos presentan sordera en BC: Isesalud

Jorge Heras / Lindero Norte

Mexicali.- A tres de cada mil niños que nacen en Baja California se les detecta problemas auditivos, por lo cual médicos de la Secretaría de Salud de Baja California ponderaron la prueba de Tamiz Auditivo en los hospitales y clínicas de la entidad para la atención oportunidad de cualquier dificultad en la captación del sonido de los bebés.

La mañana de este jueves, el titular del Instituto de Servicios de Salud del Estado (Isesalud), Guillermo Trejo Dozal, hizo entrega de cinco aparatos para la prueba de Tamiz Auditivo a centros de salud de Tijuana, Ensenada y Mexicali.

El funcionario estatal informó sobre el protocolo que realiza el Sector Salud en caso de que los recién nacidos presenten alguna pérdida auditiva, que inicia con la prueba de Tamiz para después realizar una terapia audioverbal y en caso de ser necesario una operación de implante coclear.

Hizo un llamado a los bajacalifornianos para practicar este tipo de pruebas en caso de notar algún problema en la captación de sonido de sus bebés ya que, aseguró, es importante conocer el diagnóstico antes de los cinco años de edad del paciente.

Comentó que la prueba de Tamiz Auditivo arroja resultados casi 100 por ciento confiables y puede ser realizada en los Hospitales de la Secretaría de Salud, aunque los padres de familia estén afiliados al IMSS o al ISSSTE.

Trejo Dozal reveló que cada mes en Baja California nacen 2 mil 500 niños de los cuales de uno a tres presentan deficiencias auditivas.

Los cinco equipos con un valor en total de 448 mil pesos fueron entregados a la Jurisdicción de Servicios de Salud de Mexicali, Tijuana y en Vicente Guerrero, Ensenada.

Isesalud anunció que abrirán un centro para atender problemas auditivos en Los Santorales.

Desde el 2011 está vigente una reforma a la Ley General de Salud en la que establece la obligatoriedad de los centros de salud de aplicar “la o las” pruebas de Tamiz Auditivo.