CASO CECYTE. Gobierno de BC tiene en el exilio a Jiménez Payán, absuelto de cargos hace 5 años

*Desde el 2013, por la vía penal y administrativa hay sentencia absolutoria a favor de los implicados en el caso de presunto peculado de 55 mdp del CECYTE en la administración de Osuna Millán

Jorge Heras / Lindero Norte
Mexicali.- El caso de desvío de recursos de 55 millones de pesos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Baja California (CECYTE BC) durante la administración de José Guadalupe Osuna Millán fue resuelto desde hace un lustro por el Poder Judicial del Estado y por el Tribunal Contencioso Administrativo en favor de los seis implicados por la Contraloría y Fiscalía del Gobierno Estatal; pero en la vía penal únicamente a José Carlos Jiménez Payán la justicia no le ha llegado.

La Contraloría encabezada por Edgardo Contreras presentó en febrero del 2009 una sola denuncia penal ante la Procuraduría de Justicia del Estado en contra de seis funcionarios del CECYTE, incluido el Director General, la cual cuatro años después resultó que las pruebas que entregó la Dirección de Auditoría Gubernamental de la dependencia estatal no tenía sustento jurídico, concediendo inmediatamente la libertad a la ex directora de Administración y Finanzas del CECYTE, Josefa Morales, quien estuvo durante 3 años y 10 meses en la Cárcel de Mexicali.

La resolución que obra en el expediente 127/2009 del Juzgado Quinto de lo Penal del Poder Judicial del Estado también tiene efecto para Jiménez Payán en torno a la orden de reaprehensión que giró la Fiscalía el 5 de mayo del 2010, pero el Gobierno de Baja California y sus autoridades de procuración de justicia no han acatado la orden del juez.

Actualmente José Carlos Jiménez Payan, director del CECYTE en dos administraciones panistas (2002-2009) vive amparado por el Poder Judicial de la Federación luego de que el 19 de julio del 2009 salió del CERESO de Mexicali y se dirigió directamente con su familia en Estados Unidos, toda vez que goza de la doble nacionalidad.

La detención

Fue el 11 de marzo del 2009 cuando el director del CECYTE fue detenido por una docena de agentes ministeriales que lo aguardaban en el sótano del edificio del Poder Ejecutivo.

Ese día fue como cualquiera dentro de las actividades como funcionario de Jiménez Payán: a las 8 horas se reunió con el Subsecretario de Educación Media Superior, dos horas después tuvo una cita con el Coordinador de Gabinete de Osuna Millán, más tarde se reunió con el Oficial Mayor, Julio Barraza en su oficina y finalmente mantuvo un encuentro con autoridades del Instituto del Deporte.

Un día antes, recibió una llamada de Oscar Vega Marín, en ese entonces Secretario de Educación y Bienestar Social, para que la noche del 11 de marzo tratara algunos temas educativos con el Secretario de Gobierno, Francisco Blake Mora.

Nunca llegó a la cita con Blake, pues a las 21:30 horas lo esposaron sin decirle por qué estaba siendo detenido y así lo mantuvieron por 3 días sin comunicación, para después ser trasladado a la cárcel en donde estuvo preso durante 4 meses y 20 días.

 

Desde el exilio

En entrevista para Lindero Norte realizada en un comercio en Calexico, California, Jiménez Payán asegura que “por lógica” su caso en particular es un asunto político desde un inicio, ya que el linchamiento público fue mas incisivo hacia su persona por las declaraciones que emitieron en su momento las autoridades educativas y administrativas del Gobierno de Osuna Millán.

Además, considera que el caso que lo involucran a él y a cinco de sus colaboradores continúa siendo tratado como un asunto político, pues sigue sin resolverse su situación legal y laboral.

“Desde el 2013 se logró que el Poder Judicial y el Contencioso Administrativo nos dieran la razón desechando las pruebas de la Fiscalía, porque simplemente no tenían pies ni cabeza, no eran falsas e infundadas, por lo que los cargos fueron deshechos; sin embargo, continúa la orden de aprehensión en mi contra”, puntualiza.

El Ingeniero de profesión con estudios especializados en pedagogía, asevera que es imposible desviar recursos de los programas que ejecutan las autoridades de CECYTE, pues solamente manejan presupuesto de operación, mientras que el presupuesto de inversión lo administra directamente la Secretaría de Planeación y Finanzas.

“Nosotros (directivos de CECYTE) no teníamos una cuenta personal ni institucional en la que nos llegaran los recursos federales y estatales porque eran depositados directamente a la cuenta general del Gobierno Estatal, aunque no representaba problema porque venían etiquetados”, explica.

José Carlos Jiménez Payán expone que el proceso y procedimiento para ejercer el recurso debe tener 3 firmas mancomunadas del Poder Ejecutivo, con la respectiva justificación del gasto que conlleva a la solicitud de facturas y presupuestos, los cuales son revisados por la Contraloría y el Jurídico del CECYTE.

En el Presupuesto de Operación el 90 por ciento de los recursos se destinan a salarios; el 6 por ciento a Gastos Fijos, incluidos pago de impuestos e Issstecali y el 4 por ciento a mantenimiento y equipamiento.

El ex director del CECYTE sostiene que la auditoria en que se basó la Fiscalía para implicarlo en el desvío de recursos fue irregular e ilegal, ya que se realizó sin la presencia de la Administradora y del Director General de la institución de educación media superior, “técnica y legalmente fue un procedimiento mal dirigido e irregular”.

“Lo que pido al Gobierno del Estado es que retiren la orden de aprehensión, me reinstalen y paguen salarios caídos para de esta manera poder demostrar a la sociedad que no tuve nada que ver en esto que resultó un montaje de pruebas falsas, pero también para demostrar que se puede retomar el crecimiento que tuvo CECYTE en la década pasada, porque actualmente no ha crecido”, comenta Jiménez Payán.

Actualmente el gobierno estatal es quien tiene el poder de cumplir la sentencia que nos absuelve de cargos y regresar la tranquilidad a mi familia, afirma quien actualmente trabaja en su empresa de revisión de conexiones eléctricas, la cual presta servicios temporales a la Geotérmica de Calipatria, en el Valle Imperial.

-Cuando escucha los nombres de Edgardo Contreras, de José Francisco Blake Mora y de José Guadalupe Osuna Millán, ¿en qué piensa, qué siente?, se le pregunta a Jiménez Payán.

“Fueron las personas que dañaron mi familia, me dañaron a mí y no es por ser ostentoso pero también dañaron al CECYTE”, responde.

Caso CECYTE. Directora de Finanzas pasó 4 años en la cárcel por pruebas que el Gobierno de BC no pudo sustentar

Jorge Heras / Lindero Norte
Mexicali.- 3 años, 10 meses y 27 días estuvo tras las rejas, la ex Directora de Finanzas del CECYTE Baja California, Josefa Morales González, por una auditoría irregular con pruebas infundadas que realizó el Gobierno del Estado durante la administración de José Guadalupe Osuna Millán para justificar una denuncia penal por el delito de peculado de 55 millones de pesos.

De acuerdo al expediente 127/2009 del Juzgado Quinto de lo Penal del Poder Judicial de Baja California, las supuestas facturas apócrifas y los recursos etiquetados para obras que aseguraba el Gobierno Estatal que fueron desviados a cuentas de seis empleados, fueron desestimadas por un Juez porque no tenían sustento jurídico, por lo que ni siquiera llegó a la etapa de emitir una valoración final del caso para emitir sentencia condenatoria.

Josefa Morales González ingresó a trabajar al área administrativa del CECYTEBC desde su creación en 1998, pero desde el 2005 estuvo al frente de la Dirección de Administración y Finanzas de la institución de educación media superior. Era la encargada de elaborar los presupuestos anuales dentro del Programa Operativo Anual, participaba en las reuniones trimestrales con la Junta de Gobierno que encabezaba el Secretario de Educación y presentaba informes mensuales de los Estados Financieros.

A principios del 2009, “por órdenes superiores del Poder Ejecutivo” le pidieron su renuncia, pero en el proceso de exigir la indemnización que por ley le correspondía fue detenida el 17 de mayo del 2009 cuando buscaba ingresar a Estados Unidos por el puerto fronterizo para llevar a su mamá a que le practicaran unos exámenes médicos.

Sin saber el motivo por el cual agentes aduanales le ordenaron que tenía que esperar en la garita de Calexico, pues solamente le dijeron que tenía un asunto pendiente con la justicia mexicana, Josefa permaneció impaciente por más de 5 horas hasta que Policías Ministeriales la llevaron a la Comandancia de la Dirección de Seguridad Pública Municipal para comunicarle que era acusada del delito de Peculado y después de dos días detenida fue trasladada al CERESO de Mexicali.

Los estragos de la Cárcel

“Estuve 4 largos años dentro de esas rejas, fue una situación difícil, imagínate estando lejos de la familia, privada de tu libertad y por una situación que no entendía cómo habían fabricado las pruebas en mi contra siendo inocente, porque es imposible hacer el desvío por el que nos acusaban injustamente”, sostuvo Josefa Morales en entrevista con Lindero Norte.

Durante su estancia en la cárcel, la contadora sufrió la muerte de su madre, el cáncer de uno de sus hijos, la pérdida de su casa y el daño público de su imagen.

Morales González explica que los recursos del CECYTE se obtienen de un convenio de “peso por peso” que hizo el Gobierno de Baja California con la Federación, en el que se obliga a la administración pública estatal a destinar el mismo recurso que lo enviado año tras año por el Gobierno Federal, por lo que todo el dinero viene etiquetado, y en caso de que se requiera modificar una partida, señala, tiene que ser aprobado por la Junta Directiva en la que tienen la última palabra el Secretario de Educación y el titular de Planeación y Finanzas, pero además también participa el Contralor del Estado y representantes de autoridades municipales.

“No se puede llevar a cabo un fraude o peculado de este tipo porque tendría que estar autorizado por toda la Junta Directiva, aparte mis funciones solamente eran de administrar los recursos, porque las funciones de vigilancia del gasto público y presupuesto le correspondían al auditor interno que tenía el CECYTE, el cual dependía directamente de la Contraloría del Estado”, advirtió.

El caso administrativo aún está pendiente

La causa penal concluyó a favor de la ex directora de Administración y Finanzas del CECYTE por desvanecimiento de pruebas, lo que llevó a que el expediente fuera destruido por la autoridad judicial en presencia de la Fiscalía y de la propia Josefa.

De igual forma, desde el 2012 el juicio administrativo le dio la razón a los seis implicados por la Contraloría del Estado; sin embargo, en lo referente a la petición de sueldos caídos y la reinstalación se continúa en la lucha en tribunales, ya que aunque existe una sentencia ejecutoria a su favor, el Gobierno del Estado se amparo ante un Juzgado de La Paz, Baja California Sur.

Morales González considera que se trata de una cuestión de honor, para demostrarle a la sociedad, a los maestros y directivos del CECYTE que nunca existió un desvío de recursos y que se dañó su imagen porque, no obstante que el caso está resuelto desde hace un lustro ni siquiera le han ofrecido un disculpa pública.

“Es una infamia, yo tengo mis manos limpias y conciencia tranquila ante las pruebas falsas que presentó el propio gobierno al que trabajamos día y noche por la educación de los jóvenes bajacalifornianos… Aún después de todo soy institucional y me he sentido orgulloso de haber pertenecido a una institución que es de una gran nobleza, porque la educación es fundamental”, puntualizó.

Continuará suspensión de clases en Mexicali y sur de Ensenada el martes y miércoles

Jorge Heras / Lindero Norte
Mexicali.- Por las lluvias torrenciales que se pronosticaron desde este día para Mexicali y el sur de Ensenada, el Gobierno del Estado anunció que continuará la suspensión de clases para este martes 2 de octubre para todos los niveles educativos.

De igual forma, el Sistema Educativo Estatal dio a conocer que para el miércoles 3 de octubre no habrá clases solamente en Educación Básica (Preescolar, primara, secundaria y preparatoria), por lo que las universidades retomarán su calendario escolar.

En este día, personal directivo, docente, administrativo y de apoyo a la educación sí se presentarán a los planteles educativoscon el objetivo de evaluar las condiciones de las instalaciones y realizar los reportes correspondientes a la autoridad educativa.

El Secretario de Educación y Bienestar Social, Miguel Ángel Mendoza González, señaló que la suspensión de clases se tomó como medida de prevención para salvaguardar la integridad de los menores, además de favorecer los trabajos de limpieza en la ciudad de Mexicali, tras el paso de la Tormenta Tropical “Rosa”.

Mendoza González, expresó que únicamente Protección Civil del Estado y el Sistema Educativo Estatal en coordinación, podrán girar instrucciones o indicar acciones a implementar relacionadas con la suspensión de clases o la realización de actividades al aire libre en aquellas zonas donde la intensidad de las lluvias ponga en riesgo la integridad física de la comunidad educativa.

La Tormenta Tropical “Rosa” tocó la parte norte de la península de Baja California con lluvias torrenciales en San Felipe y al sur de Ensenada.

Foto: Archivo

Por tercera vez en un año planta de SuKarne genera daño ambiental en Mexicali

*Empresa justifica los incendios como accidentes.

Jorge Heras / Lindero Norte
Mexicali.- En poco más de un año, la planta de la empresa SuKarne en la capital de Baja California ha registrado tres incendios, lo que ha generado un daño al medio ambiente al poniente de la ciudad.

Ubicada en el Kilometro 13.5 de la carretera Mexicali-Tijuana, las instalaciones de la compañía procesadora de carne de res generó un impacto ecológico por la quema de 2 mil toneladas de paca de alfalfa durante la noche de este lunes.

La Dirección de Bomberos de Mexicali confirmó a Lindero Norte el incidente que fue reportado alrededor de las 19:45 horas por personal de la empresa.

Indicó que las pacas que se quemaron estaban lejanas a la planta, en la zona norte de las instalaciones, por lo que se considera que puede tratarse de un acto de vandalismo.

Por el material altamente inflamable, el incendio no pudo extinguirse con rapidez, pero se mantuvo bajo control por el cuerpo de rescatistas.

La operación para apagar las llamas en las pacas de alfalfa, explicó la Dirección de Bomberos, es especial ya que se deja que se consuma el material para después echarles agua y removerlas con maquinaria.

Hace dos meses se registró un incendio en la misma planta, cuando se quemaron 14 mil pacas y en agosto del 2017 se quemaron 30 mil pacas. La empresa SuKarne justificó los incendios como “un accidente”.

En ambos siniestros, el reporte de la Estación de Monitoreo de la Secretaria de Protección al Ambiente indicaba una condición del aire muy buena en color verde, pero después de varias horas pasó a moderada por la condición de contaminantes que arrojaron los incendios en la empresa.

En la segunda semana de septiembre del 2013, se originó un incendio por un cortocircuito en el aislante del almacén que fue consumido en su totalidad por las llamas, lo que ocasionó que se reportara perdida total de gran parte de las instalaciones.

En los cuatro hechos no se reportaron lesiones ni perdidas fatales y la autoridad tanto ambiental como de procuración de justicia no han sancionado a esta empresa sinaloense de carnes por el daño ecológico ocasionado a esta zona de la ciudad.

Pende de un hilo último caso de Feminicidio de Mexicali; Policía Municipal vulneró debido proceso

*Podría salir libre en la primera audiencia joven que confesó haber asesinado a Karina en video grabado por policías por carecer de licitud las pruebas.

Jorge Heras / Lindero Norte
Mexicali.- Minutos después de asegurar a José Andrés, presunto responsable de la muerte violenta de una mujer de 25 años de edad, la policía municipal de Mexicali lo interrogó videograbando en todo momento y en cada pregunta que le realizaba un agente para declararlo confeso y posiblemente para obtener las pruebas que completarían el informe policial homologado.

Un par de horas después de que la Subprocuraduría de Justicia del Estado confirmó la detención del indiciado y tras afirmó que la investigación del asesinato inició bajo el protocolo de feminicidio, el video del interrogatorio de José Andrés se viralizó en redes sociales.

Sentado en una patrulla, con el cinturón de seguridad puesto y con las manos esposadas por la espalda, el detenido empieza a responder al agente municipal sus datos generales y los de la víctima; el uniformado le cuestiona el móvil del homicidio repitiendo en todo momento las respuestas e induciendo algunas; en un momento se escucha el radio del policía mientras grababa con luz el rostro de José Andrés.

Durante los primeros minutos de este martes, empleados del Motel Mediterráneo localizado sobre el Bulevar Lázaro Cárdenas, al oriente de la ciudad, notificaron a las autoridades policíacas sobre el cuerpo ensangrentado y con huellas de violencia de una joven que había ingresado con su pareja a una de las habitaciones.

Policías municipales llevaron a cabo el operativo en el que detuvieron a José Andrés por la llamada que realizó su hermana desde la vivienda en la que residen ambos en la calle Río Champotón, en la colonia El Cóndor.

Para la abogada penalista, Sandra Esquer, este video pone en duda que las pruebas en contra del detenido se hallaron antes o durante de la detención como parte de un procedimiento de investigación apegado a Derecho, por lo que complica a la Fiscalía la forma en que va a cuadrar los tiempos de la detención con el hallazgo de las pruebas, ya que no existe flagrancia.

Considera que al interrogar y videograbar de esa forma al detenido se vulnera la presunción de inocencia y la licitud de pruebas, violando de esta manera el debido proceso, toda vez que, asegura, se cuestiona e inculpa al detenido sin la presencia de un abogado, no solamente para exhibirlo sino mediante la coacción de un policía.

“Es una práctica común de las policías municipales de Baja California porque no siguen protocolos de detención y solamente buscan trofeos, rara vez hacen lo mismo los policías ministeriales”, aseveró la presidenta del Centro de Defensoría Técnica de Derechos Humanos de BC.

Entrevistada por Lindero Norte, Esquer reveló que tan solo en 2017 participó en dos casos en los que por las mismas prácticas ilegales de detención arbitraria y exhibición del indiciado la Fiscalía Estatal y la PGR no pudieron acreditar la detención legal ni la formulación de imputación.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterios con respecto al debido proceso y los tres contactos que tienen las corporaciones policiacas: Revisión, Retención y Detención, esta última es considerada la más importante en la protección de los derechos humanos, ya que se deben respetar los protocolos en los que no se justifica ningún interrogatorio de la autoridad.

Contrario a las críticas de autoridades, del gremio de periodistas y de una parte de la sociedad, la difusión que hacen medios de comunicación de imágenes y videos de los detenidos e imputados no vulnera el debido proceso ya que los medios de comunicación cumplen con su labor informativa, por lo que de acuerdo a sentencias de la SCJN, la prensa no vulnera el principio de inocencia porque no es autoridad, más aún cuando el material fue publicado por las mismas autoridades.

Sin embargo, si nos ajustamos al rigor periodístico los medios de comunicación violan el principio de inocencia cuando difunden una versión incompleta, anticipada o inacabada de la realidad en una causa penal.

En el caso de José Andrés y su posible participación en el homicidio por razón de género de Karla López Campos, la policía municipal grabó y posiblemente publicó en redes sociales el video en el que el detenido se declara culpable y describe la forma que perpetró asesinato.

Por ello, en esta causa penal, al difundir la prensa el material probatorio no se debe citar a periodistas sino a los policías que lo grabaron.

Desde el reporte que la Policía Municipal envió a medios de comunicación, se establecía que José Andrés había sido detenido por Feminicidio sin que existiera una carpeta de investigación ni tampoco sin que un Juez hubiera admitido esa tipificación.

A diferencia de otros países, en México la violación al debido proceso proviene de la admisión y valoración en juicio de pruebas ilícitas sin darle mayor importancia a la obtención de justicia por encima de cuestiones procedimentales.

Este caso evidencia la falta de protocolos de la Policía Municipal y que a 8 años de implementado el Nuevo Sistema de Justicia Penal en la capital de Baja California, se continúa violentando el debido proceso de una forma muy burda.

 

Comienza venta de boletos del Sorteo de UABC; Residencia en Mexicali de 21 mdp, el primer premio

Lindero Norte
Mexicali.- Más de 39 millones de pesos en premios, entre ellos una casa en un residencial exclusivo de Mexicali, se sortearán en el 83 Sorteo Magno de la Universidad Autónoma de Baja California que inició su venta de boletos este lunes.

Con el objetivo apoyar la educación superior de la entidad, específicamente beneficiando a los más de 65 mil estudiantes de la Máxima Casa de Estudios del Estado, la UABC lleva a cabo dos sorteos cada año.

La contadora Gabriela RosaS Bazúa, Coordinadora de Sorteos UABC, explicó que los fondos recabados se invierten para el equipamiento de aulas, talleres y laboratorios, además de becas, vehículos de transporte, así como todo aquello que cubra las necesidades de los estudiantes.

“La falta de presupuesto para las universidades hoy en particular es un tema recurrente, de tal manera que ahora apoyar a Sorteos se hace más necesario”, expresó.

Realizar un sorteo es una suma de muchas voluntades, principalmente el apoyo que brindan las personas que confían y compran un boleto, ya que saben que además de tener la posibilidad de ganar un premio, apoyan a los estudiantes universitarios a continuar su formación profesional de calidad, comentó Rosas Bazúa.

El premio principal es una residencia en el Fraccionamiento San Pedro II de Mexicali valorada en 21 millones de pesos, la cual está totalmente amueblada y decorada, incluye un automóvil SUV Peugeot 3008 del año, escrituras y dos millones de pesos para su sostenimiento.

El segundo premio serán 5 millones de pesos libres de impuestos y el tercer premio es un BMW X2 2018. Además se sortearán 11 automóviles más, diez cheques por 100 mil pesos, diez por 50 mil pesos y 716 premios más. Además, cada boleto del Sorteo Magno brinda una oportunidad adicional para ganar con el Sorteo “Raspa y Gana al Instante” que incluye tres automóviles Chevrolet Beat 2018, chequea por 10 mil, mil y 500 pesos, entre otros premios.

Reconocimiento a colaboradores

La Coordinadora reconoció el apoyo que brindan los colaboradores de los Sorteos UABC ya que se encargan de poner a la venta los boletos no solo en Baja California, sino prácticamente por todo el país, y para recompensarlos por su empeño, se realizarán tres sorteos para ellos. El primero será el 18 de octubre, el segundo el 15 de noviembre y el tercero será el 19 de diciembre, fecha del Sorteo Magno. Entre los premios están automóviles Chevrolet Aveo 2018, cheques certificados desde 300 hasta 5 mil pesos, tabletas Samsung, pantallas de televisión, juegos de maletas y nutribullets.

Además, para los vendedores de los boletos que salgan premiados con los premios principales, se les entregarán cheques con valor de 250 mil pesos para el primer premio, 75 mil pesos para el segundo, 15 mil pesos del tercer al decimocuarto, 10 mil pesos del decimoquinto al vigesimocuarto, y 5 mil pesos del vigesimoquinto al trigésimo cuarto.

Para la adquisición de boletos se han ubicado distintos puntos de venta por todo el Estado, en sitios estratégicos como bancos y supermercados, además, se pueden comprar en la página www.sorteosuabc.mx. Se emitieron 275 mil boletos con valor de 430 pesos cada uno.

 

Inhabilitan a 6 directores de la administración de Jaime Díaz; el ex Alcalde no ha comparecido

Jorge Heras / Lindero Norte
Mexicali.- De las 22 carpetas que abrió la Sindicatura de la actual administración por inconsistencias por manejo de recursos, falta de entrega de documentación y omisiones en inventarios, fueron inhabilitados seis directores del gobierno de Jaime Díaz Ochoa y 13 casos aún quedan pendientes por concluir.

En rueda de prensa, la Síndico Procuradora, Blanca Irene Villaseñor Pimienta informó que se trata de tres ex directores de dependencias y tres de paramunicipales, quienes no pueden estar en la función pública por dos meses y hasta un año porque no pudieron solventar las observaciones que hizo Sindicatura por omisiones en obligaciones fiscales, manejo de recursos financieros, material y humano, así como en localización de documentos, informes, apoyos sociales y de informar en asuntos en trámite, tales como cuentas públicas en proceso de solventación, pagos pendientes por realizar y procedimientos legales en litigio.

Explicó que, de las 22 carpetas, cuatro casos quedaron determinados sin elementos, ya que durante el proceso de investigación sí fueron solventadas las inconsistencias encontradas desde el proceso de entrega-recepción de documentos de la anterior administración panista.

Las dependencias que presentaron observaciones fueron Sindicatura, Tesorería, Oficialía Mayor, Seguridad Pública, Obras Públicas, Desarrollo Rural, Servicios Públicos y Protección al Ambiente.

En tanto, las Paramunicipales que también tuvieron irregularidades son DESOM, DIF, FIDUM, IMACUM, Bosque de la Ciudad, Parque Juventud 2000, Parque Centenario, CUMM y el FEX.

Villaseñor Pimienta se negó a dar los nombres de los directores inhabilitados y de las dependencias que solventaron las observaciones ya que comentó que la acción de inhabilitación todavía puede ser impugnada.

Aclaró que ninguno de los 6 expedientes que se han resuelto se le puede fincar algún delito ante la Procuraduría de Justicia del Estado, aunque señaló que una vez que se lleve a cabo la auditoría de la cuenta pública de esas dependencias se puede presentar la denuncia penal.

La Síndico Procuradora aseveró que el alcalde Jaime Díaz Ochoa no ha sido citado a comparecer; pero, actualmente hay 58 carpetas derivadas de cuenta pública, de las cuales 14 son de dependencias centrales, por lo que en las próximas semanas pudiera ser llamado a comparecer.

Blanca Villaseñor expuso que en 20 meses de trabajo al frente de la Sindicatura Municipal, se han emitido 67 resoluciones que tiene que ver con responsabilidades de los servidores públicos, de las cuales 80% de las resoluciones, requirieron sanciones como: inhabilitaciones, suspensiones, amonestaciones, sanciones económicas y destituciones.

Apunto que se han dado 20 inhabilitaciones de 3 meses a 10 años; 3 suspensiones hasta por 30 días; 20 amonestaciones; 15 sanciones económicas y 5 destituciones.