Militares en las calles tendría que ser el último recurso; mandos policíacos deben asumir su responsabilidad: PES

Jorge Heras / Lindero Norte

Mexicali.- La presencia del ejército en las calles de Baja California debe ser el último recurso del gobierno estatal y municipal para enfrentar a la delincuencia organizada, porque las corporaciones policiacas deben dedicarse únicamente a su encomienda de dar seguridad y tranquilidad a los residentes de la entidad, aseguró el presidente estatal del Partido Encuentro Social (PES), Luis Moreno Hernández.

Sobre la petición de los empresarios de la entidad de permitir a la Secretaría de la Defensa Nacional que atiendan directamente con elementos el problema de la inseguridad en las zonas de alta incidencia delictiva y en las principales vialidades, Moreno Hernández señaló que las fuerzas castrenses han ayudado en el pasado a recobrar la seguridad en el tiempo de la guerra de los cárteles en Tijuana en 2008, pero consideró que en ese entonces la Secretaría de Seguridad Pública Municipal fue la encargada de enfrentar a la delincuencia bajo su deber constitucional

El legislador local aseveró que la solución más rápida ante la incapacidad gubernamental es la entrada del ejército, pero consideró que antes de eso se requiere que las policía municipal y estatal cumplan con la obligación de su función, “no de estar de escoltas de funcionarios públicos y vigilar específicamente algunos negocios de empresarios”.

“El problema es que los mandos policiacos de los cinco municipios o no saben lo que hacen o no quieren o no pueden, o de plano están coludidos con la delincuencia”, sostuvo.

Como parte de la estrategia para abatir la inseguridad y la ola de violencia, Luis Moreno Hernández propuso depurar las corporaciones policiacas del Estado, revisar bien los mecanismos de selección en la academia y tener mandos que lleguen al puesto porque realmente están preparados para combatir a la delincuencia y no por acuerdos de campaña.

Anuncia “Kiko” Vega arribo de 300 militares para fortalecer nuevas estrategias contra la delincuencia en BC

20160913_093442*Las elementos del Ejército Nacional trabajaran en 21 zonas identificadas como “conflictivas”; seis de ellas ubicadas en Mexicali
Jorge Heras
Mexicali. -Para fortalecer las estrategias en materia de incidencia delictiva de la entidad, un grupo de 300 militares llegarán a Baja California en los próximos días, anunció el gobernador Francisco Vega de Lamadrid.

El mandatario estatal informó que el arribo de los elementos del Ejército Mexicano es parte de las medidas tomadas en el seno del Grupo de Coordinación de Baja California, integrado por autoridades de seguridad pública municipales, estatales y federales así como las secretarías de la Defensa y Marina.

Aseguró que los 300 militares no harán operativos de patrullaje como los que realiza la policía local en las avenidas y calles principales de la entidad ya que concentrarán sus esfuerzos en las áreas detectadas de alta incidencia delictiva detectadas por la Base de Operación Mixta (BOM) del grupo de Coordinación.

Vega de Lamadrid reveló que en Baja California hay 21 zonas identificadas en el mapa delincuencial que han tenido un incremento en el registro de delitos, de los cuales más de 10 están en Tijuana y 6 en Mexicali.

“Estoy trabajando en un nuevo programa nuevo y novedoso, que tiene que ver con estar presente en zonas que han demostrado tener mayor conflictividad”, puntualizó

Se negó a dar a conocer las colonias y fraccionamientos en donde trabajarán en coordinación con las fuerzas castrenses, pues dijo que se trata de “trabajos de inteligencia”.

Tan sólo en el mes de enero se registraron 110 homicidios en Baja California, el 80 por ciento de las muertes se presentaron en Tijuana.

Conforme a datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el 2016 fue el año más violento durante los tres años de la administración panista de Francisco Vega de Lamadrid al registrar mil 514 asesinatos.

Gobierno federal no ha reparado daños a los 4 ciudadanos torturados de Rosarito”: CMDPD

militaress*Detenidos en BC fueron torturados por militares para declararse culpables de delitos de delincuencia organizada; fabricaron pruebas falsas.
Antonio Heras
Mexicali.- El caso de “los 4 civiles de Rosarito” es muy significativo por ser un ejemplo de cómo se recurre al uso de la tortura por las instituciones del Estado mexicano y cómo se pretende justificar esa abominable práctica para la investigación y acusación por delitos graves como el secuestro o el narcotráfico, señaló Juan Antonio Guevara, director Ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
A pesar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Comité contra la Tortura de la ONU y la Secretaria de la Defensa Nacional reconocieron que estas personas fueron víctimas de violaciones graves a los derechos humanos, dijo, hasta la fecha no han sido reparadas estas violaciones como se comprometieron las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores en octubre de 2015.
El 16 de junio de 2009, se registró un operativo militar supuestamente contra el crimen organizado en Baja California por lo que fueron detenidos en dos puntos de Playas de Rosarito los hermanos Ramiro y Rodrigo Ramírez Martínez, Orlando Santaolaya Villarreal y Ramiro López Vázquez quienes fueron torturados.

La CNDH y el Comité contra la Tortura de la ONU coincidieron en señalar que en su proceso penal se emplearon confesiones arrancadas por tortura, entre otras pruebas ilícitas, para acusarlos de delitos que no cometieron.

“Con base en la inexistencia de pruebas, el Poder Judicial de la Federación determinó que las cuatro personas no eran responsables penalmente de los delitos imputados, es decir que los encontró inocentes”, señaló Guevara.

El defensor de los derechos humanos criticó la postura de la señora Miranda de Wallace de pretender denostar el informe de la Comisión Interamericana se Derechos Humanos sobre la tortura generalizada en México, a partir de casos como el de los 4 de Rosarito donde el gobierno mexicano reconoció tortura, detención arbitraria, arraigo, uso indebido de la jurisdicción militar y negligencia de la investigación de los delitos.

Incluso, él gobierno mexicano se comprometió también a realizar una investigación exhaustiva sobre la tortura a la que fueron sometidos y procesar, juzgar y castigar a los responsables, además de conceder a las víctimas una plena reparación del daño, así como su rehabilitación.

En octubre de 2015 se fijó un plazo de 90 días para dar ingieres al CCT e instaló una mesa de trabajo con funcionarios federales y representantes de la sociedad civil.

Sin bandera, cuartel militar de Tijuana

IMG_2202Antonio Heras
Tijuana.- En pleno 24 de febrero cuando se celebra el Día de la Bandera Nacional, el cuartel Morelos de esta ciudad fronteriza amaneció sin labaro patrio.

El asta de metal de este cuartel militar de la Secretaria de la Defensa Nacional ubicado al norte de Tijuana lució sin la bandera monumental que, de manera intermitente, la pliega la jefatura de la Segunda Zona Militar.

El labaro en esta ciudad no es la primera vez que es motivo de señalamientos de la sociedad pues en mayo de 2012 ondeó deshilachada durante más de una semana. El candidato a la Presidencia de la Republica, Andrés Manuel López Obrador, escuchó la queja de tijuanenses en un mitin de la calle Primera y denunció las condiciones de uno de los símbolos patrios mexicanos. Al día siguiente, la bandera rota fue sustituida por una entera.

Detectan construcción de túnel transfronterizo cercano a garita de Mexicali

narcotunel 2Jorge Heras, Mexicali, 10 de febrero.- En colaboración con autoridades estadunidenses, agentes federales detectaron la construcción de un túnel que se presume buscaría cruzar la frontera por la zona oriente de la ciudad.

A través de un comunicado, la Comisión Nacional de Seguridad informó que a menos de 50 metros del acceso a la garita oriente de Mexicali-Calexico fue localizada una cavidad de un metro y medio, en cuyo interior había material de construcción y maquinaria utilizada para actividades mineras.

El lugar del hallazgo está ubicado sobre un terreno deshabitado, lleno de maleza y tierra, sobre la avenida Abelardo L. Rodríguez, el cual fue acordonado sin ser resguardado por militares y policías federales.

La construcción en obra negra se dio a conocer la noche de este martes de manera oficial; pero no fueron requeridas autoridades estatales ni municipales.

En la información compartida por la Policía Federal,  señalaron que recibieron apoyo del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), quienes están corroborando si el túnel tiene salida por territorio estadunidense.

“Se presume que dicho túnel clandestino, una vez terminado, sería utilizado por una organización delictiva que opera en la zona para el trasiego de drogas, armas y/o traslado de inmigrantes”, advirtieron autoridades.

Expresaron que ayer fue presentada una denuncia ante el Ministerio Público de la Federación.
Foto: Archivo

El Comité de Tortura de la ONU instó a México liberar a cuatro víctimas de tortura presos en Tepic

tortua okas*Militares los torturaron para declarare culpables de secuestro y pertenecer a una célula criminal
Antonio Heras
Tijuana.- El Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas instó a México a liberar a cuatro hombres que fueron torturados por militares durante su detención en Playas de Rosarito el 16 de junio de 2009 y arraigo en instalaciones militares de Tijuana.

Las víctimas de tortura son los hermanos Rodrigo y Ramiro Ramírez Martínez, Orlando Santaolaya Villarreal y Ramiro López Vásquez, a quienes los militares torturaron para que confesaran ser integrantes de una célula del crimen organizado. Desde el 31 de julio de ese año están presos en el Centro Federal de Reinserción Social de Tepic, Nayarit.

Este caso lo presentaron en marzo de 2012 cuatro organizaciones sociales, entre ellos la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, ante el Comité contra la Tortura de la ONU que resolvió solicitar al gobierno mexicano una investigación exhaustiva y efectiva sobre los hechos de tortura, el proceso penal de los militares, la puesta en libertad de las víctimas y la reparación de daños.

El gobierno mexicano tiene un plazo de 90 días, el cual concluye en noviembre de 2015, para informar sobre las medidas que adoptó sobre la resolución del Comité contra la Tortura del dictamen de la comunicación 500/2012 del 4 de agosto.

Sin orden de aprehensión, la mañana del 16 de junio de 2009, soldados adscritos a la Segunda Región Militar aprehendieron a tres de ellos en la colonia Carlos Salinas de Gortari de Playas de Rosarito y al cuarto en la carretera a Tijuana por el supuesto delito de secuestro y los trasladaron a dos casas donde les aplicaron descargas eléctricas, colocaron bolsas de plástico en la cabeza y les pusieron una pistola en la cabeza para que se incriminaran del secuestro de un hombre al que supuestamente le amputaron un dedo.

Después fueron llevados al Cuartel Morelos y a las instalaciones del Aguaje de la Tuna en Tijuana donde permanecieron bajo arraigo durante 40 días, incomunicados, amordazados y maniatados en una jaula durante las noches.

Al ser presentados ante los medios de comunicación como responsables de los delitos de secuestro y portación de armas de fuego, las autoridades militares dijeron que les incautaron 17 rifles AK-47 y AR-15, tres pistolas 9 milímetros, 278 cargadores, 14 mil 662 tiros, 27 chalecos antibalas y 14 cascos “kevlar”, además de dos esclavas de oro, 271 dólares, una camioneta Land Rover, un pick up Ford y un automóvil Mitsubishi.

La Segunda Zona Militar dio a conocer que se montó el operativo a partir de una denuncia anónima sobre un hombre de 67 años de edad que se encontraba privado ilegalmente de su libertad en una casa de seguridad en Playas de Rosarito. La versión castrense señaló en su momento que los detenidos eran integrantes del grupo delictivo de Ángel Jácome Gamboa, “El Kaibil”, operador de “El Teo” en Rosarito y Tijuana.

Sedena sanciona a quien manipuló imagen de decomiso

televisa photoGabriela Martínez/La Jornada BC
Tijuana, 7 de septiembre.- Autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sancionaron bajo el código militar al responsable de editar una imagen institucional sobre el decomiso de una avioneta con droga, que fue evidenciada por internautas.

El comandante de la Segunda Zona Militar, Gabriel García Rincón, explicó que personal de Sedena realizó una investigación interna para identificar a la persona responsable de haber falseado la imagen del aseguramiento, que fue compartida a la prensa el pasado 30 de agosto.

“Aquí, cualquier error u omisión se castiga de acuerdo con nuestras leyes y reglamentos. No permitimos errores, hasta que la información sea precisa y veraz. El que cometió la falta tiene la infracción que le corresponde de acuerdo con su error”, advirtió.

Aunque no quiso precisar cuál fue la sanción, bajo argumento de secrecía militar, aseguró que a pesar de editar la imagen, tanto la avioneta y la droga fueron aseguramientos reales; la omisión, dijo, fue sobreponer la imagen de la droga en otra fotografía a la que no correspondía.

La semana pasada, personal de la Segunda Zona Militar editó dos fotografías sobre el decomiso de una aeronave y diferentes tipos de droga; en la primera imagen se observa a cuatro soldados custodiando paquetes con droga y una camioneta, pero en una segunda foto dos elementos están frente a una avioneta asegurada y con el cargamento de sustancias que aparece en la primer fotografía.

La falsificación de la imagen fue objeto de burla por miles de usurarios de las redes sociales. Mientras unos solo exhibían la falsificación de las fotos, otros se burlaron y colocaron distintas imágenes de personajes de ficción, como Godzilla, de videojuegos e incluso de Rambo y del actor Nicolas Cage, bajo el hashtag #todossomosphotoshop.