Exigen en BC investigaciones y mecanismos de protección eficientes para periodistas

Antonio Heras

Mexicali.- El gran error es vivir en México y ser periodista, escribió Javier Valdez en su libro “Narcoperiodismo. La prensa en medio del crimen y la denuncia”.

Por ello, periodistas y el Centro de Defensoría Técnica en Derechos Humanos de Baja California se pronunciaron por establecer mecanismos de protección eficientes al trabajo periodístico para garantizar el derecho de la sociedad a estar informada.

Además pidieron que se diseñen y publiquen los Manuales de Atención y Pronta Reacción al Mecanismo de Protección del Gobierno Estatal.

A un año del asesinato de Javier Valdez y el registro del crimen número 141 de 1999 a 2018, así como la ejecución número 43 de periodistas durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, esto con la muerte de Juan Carlos Huerta en Tabasco, exigieron resultados en las investigaciones de La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión para acabar con la impunidad puesto que no existen inhibidores para los agresores.

Pidieron también que haya investigaciones profundas para determinar la identidad de los autores intelectuales de agresiones de periodistas y no limitarse a quienes perpetran estos crímenes.

Este posicionamiento y exigencia es firmado por los periodistas bajacalifornianos, Said Betanzos, Alberto Elenes, Sonia de Anda, Enrique Luengas, Antonio Heras y Jorge Heras.

Más de 140 periodistas asesinados y desaparecidos en México, mural en Tijuana

Antonio Heras

Tijuana.- En el Cañón del Matadero, en las inmediaciones de Playas de Tijuana se lee la leyenda: “Van 140 periodistas asesinados en México”.

Este lienzo está pintado en fondo blanco y letras rojas sobre el muro de lámina que divide Estados Unidos, en una zona característica de cruce de migrantes en la década de los noventa.

La obra fue realizada por reporteros mexicanos y extranjeros durante el fin de semana para denunciar el asesinato y desaparición de 140 periodistas desde 1999 a 2018 y la inacción del gobierno mexicano.

En la lista aparecen Javier Valdez, asesinado hace un año en Culacán, y Miroslava Breach en Chihuahua, ambos del periódico La Jornada.

Lo importante no es quienes son los autores del mural, sino el mensaje de los colegas asesinados y desaparecidos en todo el territorio nacional, aseguraron algunos participantes que pidieron anonimato y confían en que el gobierno mexicano reaccione para protección de los periodistas, contra la impunidad y garantía del derecho a la información que tiene la sociedad.

No van a cesar las muertes de periodistas en México: Blásquez

*El senador por Baja California asegura que la Comisión que preside ha impedido al menos 5 asesinatos de periodistas

*”Si se trata de un caso real de agresión ayudamos al compañero”, expresó.

Jorge Heras / Lindero Norte
Mexicali.- Por los altos índices delictivos que se registran en todo el país y el nulo avance en reformar el trabajo e integración de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, continuarán los asesinatos a periodistas en México, señaló el presidente de la Comisión especial del Senado para dar seguimiento a las agresiones contra comunicadores.

El senador del Partido del Trabajo declaró que se debe priorizar “la autonomía presupuestal y de línea política” de la Fiscalía Especializada, así como modificar los mecanismos de protección a periodistas, pues consideró que el mecanismo actual de la Secretaría de Gobernación no es funcional porque las personas que lo han activado se ponen en más riesgo.

“Así como hay un fiscal autónomo en Fepade, debemos tener una fiscalía autónoma, que es la gran deuda de la gran reforma de Derechos Humanos del 2011”, expresó.

Informó que ha presentado dos iniciativas y tres exhortos para hacer estas modificaciones; sin embargo reconoció que fue en 2014 cuando la Comisión que preside presentó la última reforma.

Blásquez comentó que el par de iniciativas no se encuentran dictaminadas, por lo que ve muy lejano el que se puedan dar los cambios en la Fiscalía que depende de Miguel Ángel Osorio Chong y de la PGR.

“Si ya logramos que los casos de (agresiones a) periodistas en funciones sean atendidos por un juez federal y lleguemos a generar que la fiscalía sea autónoma, tendremos mucho camino avanzado, porque no vamos a poder impedir que desgraciadamente asesinen a periodistas pero por lo menos que los casos que se presenten sean bien investigados”, puntualizó.

Sobre los cuestionamientos de la prensa nacional por no emitir ningún posicionamiento tras la muerte del corresponsal de La Jornada, Javier Valdéz, el Senador bajacaliforniano aseguró a Lindero Norte que pidió una audiencia con el presidente Enrique Peña Nieto, la cual fue agendada junto con un grupo de periodistas para la segunda semana de junio.

“Como senador encargado de la Comisión Especial no puedo estar diciendo en todos lados lo que hago porque puede perder eficacia y eficiencia…No habido un solo compañero periodista en problemas en Baja California o en cualquier punto del país que no se le haya ayudado, todos los compañeros que presentan un problema verdadero y real donde percibamos que hay un riesgo son atendidos”, afirmó.

El punto más importante de la ayuda a un periodista en riesgo, sostuvo, es exigir al gobierno protección.

Cinco corporaciones violentaron derechos de 18 periodistas y manifestantes durante protestas en Rosarito: CEDH

15934213_1205427962873361_1882866900_oJorge Heras, Mexicali, 10 de enero.- La Comisionada de los Derechos Humanos de Baja California, Melba Adriana Olvera Rodríguez aseveró que fueron cinco las corporaciones policíacas que violentaron los derechos humanos de periodistas y manifestantes durante las protestas que se registraron el pasado sábado en la Terminal de Almacenamiento de Playas de Rosarito.

La Ombudsperson declaró que la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado (CEDH) documentó la agresión a 18 reporteros de diferentes empresas e independientes, de los cuales solamente diez han ratificado su queja.

Sostuvo que las corporaciones que participaron fueron la Gendarmería, ministeriales, estatales preventivos y policía municipales de Tijuana y Playas de Rosarito.

Un reporte de la organización internacional Artículo 19 también señala a la Unidad de Reacción Inmediata de Ensenada (U.R.I.) –perteneciente a la Policía Municipal de Ensenada– como parte de las agencias que agredieron a comunicadores y manifestantes.

“Fuimos lamentablemente testigos de lo ocurrido en Rosarito, estuvimos desde el miércoles pero los hechos violentos se registraron el sábado, que no solo fueron violentos por la embestida de un vehículo en contra de policías, también al momento del desalojo (de los agentes) se dieron agresiones”, expresó.

Olvera Rodríguez señaló que los visitadores que estuvieron presentes en las movilizaciones del fin de semana observaron a policías actuar fuera del marco de respeto a los derechos humanos contra gran número de manifestantes; pero solamente cuatro ciudadanos han denunciado los hechos ante la defensoría.

Con respecto a las manifestaciones en Mexicali, la titular de la CEDH dio a conocer que de los tres plantones que hay en diferentes puntos de la ciudad no se han reportado quejas ciudadanas.

Documenta Artículo 19 doce agresiones a periodistas durante protestas contra “gasolinazo” en Rosarito

fotografia-hans-maximoArtículo 19
Ciudad de México, a 8 de enero de 2017.-
ARTICLE 19 ha documentado hasta ahora 12 agresiones a comunicadoras y comunicadores cometidas en Playas de Rosarito, Baja California, durante la cobertura de las protestas contra el gasolinazo, los días 6 y 7 enero. Según los testimonios de las y los agredidos no se excluye la posibilidad de que el numero real de agresiones sea mayor. ARTICLE 19 continúa recabando información al respecto.

Luis Alonso Pérez, reportero de Animal Político, Laura Sánchez Ley, reportera de El Universal, Yolanda Caballero, reportera de El Sol de Tijuana y Jesús Bustamante, fotoreportero de Frontera fueron agredidos por elementos de la Policía Federal y Municipal de Rosarito, en diversos momentos durante las protestas en contra del alza del precio de la gasolina en esa ciudad.

ARTICLE 19 también registró hasta el momento actos intimidatorios y bloqueo informativo en contra de Hans Maximo Musielik, documentalista y fotógrafo freelance; daño al equipo de trabajo, ataques físicos e intimidatorios en contra de Alberto Alfonso López Elenes, reportero de Uniradio Informa y corresponsal de UNO TV; ataques físicos, intimidación, intento de detención arbitraria y destrucción del equipo en contra de Daniel Angel Rubio, reportero de Síntesis Televisión y El Sol de Tijuana; ataques físicos e intimidatorios en contra de Manuel Ayala, reportero de la Agencia Fronteriza de Noticias; agresiones físicas, ataques intimidatorios y bloqueo informativo en contra de Julieta Martinez, de La Jornada Baja California, y Jordi Lebrija, periodista freelance para Associated Press y videoperiodista de Telemundo; ataques fisicos e initimidatorios en contra de Joebeth Terriquez, fotografo de Agencia Fronteriza; y por último, ataques intimidatorios y bloqueo informativo en contra de Roberto Cordova, fotoperiodista freelance.

Todas las agresiones fueron perpetradas por elementos de la Policía Federal, la Policía Estatal de Baja California, de la Unidad de Reacción Inmediata de Ensenada (U.R.I.) –perteneciente a la Policía Municipal de Ensenada–, la Policía Municipal de Tijuana y Policía Ministerial de Baja California.

Primeras agresiones

Yolanda Caballero, reportera de El Sol de Tijuana, acudió a las 4:00 horas del 6 de enero a cubrir el bloqueo de las instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el municipio de Rosarito, Baja California, después de que se diera a conocer el arribo de un avión con alrededor de 300 elementos de la Policía Federal para el desalojo de la protesta.

La periodista relató a ARTICLE 19 que alrededor de las 4:30 horas estaba documentando el desalojo cuando comenzaron a arremeter contra manifestantes y prensa. “Un policía federal empezó a jalonearme porque vio que yo estaba documentando con el teléfono”, dijo la periodista. El elemento de la policía la soltó tras la intervención de otro elemento que la reconoció como prensa pero tras unos momentos, cuando comenzaron a aumentar los empujones, la periodista sintió un golpe duro en la espalda y vio cómo el policía que le había jalado se estaba intentando perder entre los manifestantes.  Yolanda Caballero se retiró del lugar de los hechos y volvió la noche del viernes  para cubrir el nuevo desalojo de la mañana del 7 de enero.

Por su parte, Luis Alonso Pérez, reportero de Animal Político, y Laura Sánchez Ley, corresponsal de El Universal también llegaron a Rosarito alrededor de las 9:30 horas donde encontraron un aproximado de 200 manifestantes bloqueando la carretera transpeninsular que conecta directamente con las instalaciones de Pemex. En lugar estaban alrededor de 350 elementos policiacos, principalmente de la Gendarmería y de la Policía Federal, acompañados de elementos de la policía estatal y municipal.

Pérez y Sánchez comenzaron a hacer una transmisión en vivo  aproximadamente a las 10:20 horas cuando empezaron los enfrentamientos  y las detenciones arbitrarias contra manifestantes (Pérez logró atestiguar al menos 40).

Aproximadamente a las 10:30 horas los periodistas presenciaron la detención de un grupo de adultos mayores que se estaban manifestando y que fueron llevados al estacionamiento de Plaza Pabellón, a unos metros de la manifestación. Laura y Luis corrieron al estacionamiento de la plaza ya que más manifestantes comenzaron a decir que estaban golpeando a gente ahí. Cuando los periodistas llegaron se encontraron con un grupo de elementos de la Policía Federal que estaban sometiendo y golpeando en la cabeza a un menor de edad.  Mientras Sánchez Ley intentaba grabar lo sucedido, dos policías federales comenzaron a golpearla en el pecho y a jalarla del brazo y fue hasta que una manifestante la ayudó y puso su cuerpo que la periodista pudo zafarse.

Otros periodistas que cubrían estos hechos fueron agredidos. Un elemento de la Policía Federal roció gas lacrimógeno directamente hacia la cara del fotorreportero de Frontera, Jesús Bustamante. Yolanda Caballero, al ver el gas comenzó a correr y se encontró con un grupo de policías municipales que comenzaron a decirle de manera intimidate que se acercara a documentar los brotes de violencia pero la periodista se estaba intentando resguardar.  La periodista señaló, “Posteriormente llega uno de ellos, me toma por el brazo derecho con fuerza y me comienza a jalar a donde estaban los disturbios. Este oficial puso en riesgo mi vida porque me estaba llevando a donde estaban aventando piedras. Yo no tenía protección. Me iba diciendo de manera intimidatoria ‘ándale ve a grabar allá’ . Yo lo comencé a grabar y le dije que me soltara. Se estaba aprovechando su fuerza como agente y poniendo en riesgo mi vida”.

En esos momentos, cuando Luis Alonso intentó grabar de cerca la detención del menor y preguntar su nombre, uno de los elementos de la Policía Federal intentó quitarle le celular dos veces. El periodista guardó el celular en su pantalón y un elemento grito “¡llévenselo!”.

“Yo seguía diciendo que era prensa y cuando me sometió puse mis manos en la cabeza y ahí fue cuando entre 8 y 10 agentes me aventaron al suelo. Me aventaron primero boca arriba y yo les decía “ya llévenme”. Después me giraron boca abajo y me aplastaron la cara en el suelo dos veces. Lo peor fue cuando se subieron encima de mí con la rodilla en la espalda y otra en el brazo, mientras otros oficiales me pateaban en la espalda y en mis costados. De hecho todavía tengo las botas marcadas en mi playera” relató a ARTICLE 19 el reportero de Animal Político.

Caballero y Sánchez Ley comenzaron a gritar que era prensa y uno de los elementos les contestó “Yo no le veo el gafete” y lo siguieron pateando.   “Cuando yo intenté aventarme encima los policías me empujaron y recibí dos golpes en el pecho y uno en la cabeza. Después intente sacarle el celular del pantalón de Luis  para que no se llevaran la información y ahí me empujó otro elemento y me jaló de la ropa” dijo Sánchez Ley a ARTICLE 19.

Yolanda empezó a grabar la detención de Luis Alonso y volvió a ser agredida por una oficial que la rodeó de los brazos, la jaló y empujó bruscamente para impedir que grabara la detención del periodista.  Luis Alonso fue esposado con unos broches de plástico y entregado por los elementos de la Policía Federal a policías municipales quienes lo llevaron en unas camionetas sin insignias a la comandancia de la policía municipal de Rosarito.

Laura pidió a los policías que dijeran a dónde se llevaban al periodista detenido pero todos se negaron a decirle, sólo repetían que ellos, los periodistas, habían tenido al culpa. Los periodistas tuvieron conocimiento del paradero de Luis Alonso Pérez hasta una hora después de que se lo llevaran.

“Después se puso más fuerte la protesta, empezaron  aventar piedras e hicieron que la policía se fuera por unos minutos y luego regresara minutos más tarde con armas desenfundadas y lanzaron tiros. Yo me escondí. Tuvimos que estar atrincherados. Luego vino un carro, aceleró y se impacto contra ellos.  Se puso peor y fue cuando decidí irme a refugiar en un casino con otras personas. Ahí me quedé como una hora. Llegó Yolanda y regresó Luis. Ya solo nos quedamos un rato y fuimos a la PGR a que revisaran Luis”, relató Sánchez Ley.

Por su parte, Jordi Lebrija, videoperiodista  freelance, quien trabaja para  AP  y Telemundo,  también fue golpeado. Alrededor de las 10 de las mañana empezaron las agresiones contra él. Policías le taparon la cámara con los escudos y le decían   “tu cámara tiene  mucho alcance que no grabes…que eres muy terco que no apunte por  allá.”  Jordi nos comenta que todo el tiempo como prensa no intervinieron en  la labor de la policía, solo querían documentar.  Jordi relata como los policías  pegaban a los jóvenes haciendo  un círculo con los escudos alrededor de ellos  para que los periodista no pudieran  grabarlos y hacia afuera los mismos  policias prendian linternas  para que no nos funcionaran las camaras, dice  Jordi “nos ocultaban la vision”. Llegó  un oficial de la policía federal con un alto  rango y le  dijo directamente “que eres muy terco…que te alejes, ya te dijimos” . Otro policía llegó por atrás y le dio un  primer golpe con un tolete en el hígado, le  saco  el aire de los pulmones, se le doblaron las rodillas.

Por la tarde, continúa la violencia contra la prensa

Hans Maximo Musielik Documentarista y Fotografo Freelance, se encontraba realizando un fotorreportaje en los albergues de migrantes presentes en la zona, cuando decidió junto con otro colega ir a cubrir las protestas por el Gasolinazo el dìa siete. Relata a ARTICLE 19 que a las 16:30 hubo un cambio de guardia entre los policías, se fueron los federales y llegaron los policías municipales, dos columnas, cada una de 20 elementos. Cuando iniciaron el  desalojo “..le entraron a todo, voló de todo, los mismos policías aventaron sillas, piedras….allí es cuando empezaron los empujones..”

Alrededor de las 17 de la tarde Alberto Alfonso López Elenes, corresponsal en Tijuana de Associated Press, se acercó con otros colegas para grabar y documentar agresiones y detenciones arbitrarias de los manifestantes. Desde ese momento los policías estuvieron empujándoles y golpeándoles con los escudos. Aunque se estuvieron identificando como periodistas no se les permitió grabar videos ni sacar fotografías. Entre los empujones y los golpes, los policías rompieron el flash de su cámara fotográfica. Al quejarse con algunos mandos de la Policía Federal y con la subsecretaria del Gobierno de Baja California, solo se les reiteró que las y los periodistas tenían que ir identificados, como si las agresiones fueran su responsabilidad.

Daniel Angel Rubio reportero de Síntesis Televisión y El Sol de Tijuana relató a ARTICLE 19 que no sabe exactamente a que hora fue agredido porque “perdi la hora cuando me quedé sin teléfono, pero reportes de mis compañeros dicen 19:30”. Cuando Daniel y otro compañero se aceraron a grabar la detención de un joven, un policía le arrebató su teléfono y lo estrelló al piso. Mientras Daniel intentaba no perder un tablet y su gafete de identificación, un policía lo empujó al piso y le dijo que se volteara, mientras otro le estuvo pisando la cabeza para que no se moviera, para posteriomente esposarlo. Durante su traslado a una unidad de policía, Daniel estuvo repitiendo que era prensa, los policías les contestaron “antes te llevamos detenidos y luego comprobamos si era periodista”, Llegando a la camioneta un policía ministerial lo identificó y lo soltaron.

Manuel Ayala de Agencia Fronteriza de Noticias en Tijuana es uno de los testigos de la agresión de Daniel. Cuando se acercaba para grabar,  tres policías se aproxiamron y le golpearon en los costados con los escudos, le arrinconaron y le dijeron que no grabara, que el no era prensa. “.Ahora resulta que todos son prensa”, le respondieron. Después de la golpiza lo dejaron ir.

Julieta Martinez de La Jornada B.C. nos relató el bloqueo de la información y los ataques intimidatorios. Julieta nos relata “ yo traía gafete y pase de prensa algunos compañeros no llevaban nada pero nada justifica las agresiones y nada justifica que les golpeen.” A Julieta le amenazan los policías varias veces una de las últimas le dicen “damita deje de grabar o se va a la verga”

Joeveth Terriquez, fotógrafo de Agencia Fronteriza de Noticias estaba intentando documentar la agresión de otro periodista cuando le rodearon unos policías con los escudos, lo aislaron y le empezaron a golpear. Uno de ellos le dijo  “me has empujado ahora vas a valer verga”. Siguieron los insultos los golpes y las amenazas hasta que llego una mujer de la Policía Federal y lo rescató.

Roberto Córdova, fotoperiodista freelance comentó a ARTICLE 19 que no fue agredido físicamente por la policía, pero no le permitían realizar su trabajo. “No querían que documentáramos gráficamente las detenciones y el sometimiento.” Roberto narra que le llamó la atención que tenían a 8 jóvenes pacífico con los brazos cruzados detrás de la cabeza y de rodillas. “Me pareció muy degradante…yo no lo habia visto yo no recuerdo haber visto algo así antes”, aseveró el periodista.

ARTICLE 19 exige a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) que investiguen y se pronuncien en contra de las posibles violaciones de derechos humanos contra comunicadores y manifestantes a manos de elementos de la fuerza pública federales, estatales y municipales.

El 7 de enero, la CNDH condenó la violencia en Playas de Rosarito, en especial, el lamentable atropellamiento de elementos federales por parte de una persona que conducía una camioneta.  Si bien estos hechos resultan condenables, es de fundamental importancia recordar que la obligación de dicho organismo es investigar y pronunciarse de forma enérgica por las violaciones a los derechos humanos cometidas por las autoridades en el contexto de las protestas.

ARTICLE 19 exige al gobierno del estado de Baja California que cese la violencia contra manifestantes y periodistas en la protestas llevadas a cabo el el estado. Asimismo, hace un llamado al gobierno federal para que garantice el derecho a la protesta y a la libertad de expresión en las movilizaciones en todos los estados del país.

ARTICLE 19 hace un llamado a la Procuraduría General de Justicia (PGJE) de Baja California para que investigue a los elementos de la policía local implicados en las agresiones. Asimismo, a la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) para que investigue la actuación de los elementos de la Policía Federal en lo ocurrido.

Renuncia coordinador de imagen del gobernador Francisco Vega

fullsizerender-40Antonio Heras/Lindero Norte
Mexicali.- Jorge Alberto Cornejo Manzo, coordinador de Imagen y Publicidad del gobierno de Francisco Vega, presentó su renuncia al considerar que era lo más conveniente para la administración estatal y su carrera personal.

Cornejo es señalado de ser el responsable de instrumentar una policiaca pública basada en campañas negras y de hostigamiento por periodistas y medios de comunicación de Baja California, a través del condicionamiento de contratos de publicidad institucional.

“No se les olvide que a mi me toca decidir la publicidad institucional durante los siguientes tres años”, advirtió Cornejo Manzo a directivos de medios de comunicación durante las negociaciones de contratos y la petición de desplazar a periodistas críticos.

En dos cartas públicas, un centenar de periodistas exigieron al gobernador Vega de Lamadrid la renuncia de su coordinador de imagen, quien también participó en su campaña de proselitismo para sustituir en 2013 al también panista Guadalupe Osuna.

El tijuanense también formó parte del gobierno de Guillermo Padres como responsable del área de Comunicación Social en el norte de Sonora.

En Baja California, el gobierno ahorca a la prensa crítica: Artículo 19

gobiernoArtículo 19
Ciudad de México.-
Desde 2013, el estado de Baja California presenta una tendencia alarmante respecto a la degradación de la relación entre la prensa y el gobierno estatal. A través de detenciones arbitrarias, amenazas, condicionamiento de pagos de publicidad oficial, demandas y campañas de difamación, ataques cibernéticos, criminalización y denuncias infundadas, el gobierno de Baja California y no pocos gobiernos municipales, han intentado, y en muchos casos logrado, obstaculizar la labor periodística.

La alerta más reciente emitida desde ARTICLE 19, respecto al intento de criminalizar al periodista Antonio Heras por el motivo de una acusación infundada de fraude, es un nuevo episodio de una larga ofensiva hacia medios y periodistas que han resistido o logrado evadir los mecanismos de control de la prensa, orquestados desde el gobierno del Estado.

A la par de lo sucedido con Heras, Adela Navarro, directora de Semanario Zeta y Dora Elena Cortés, editora de Agencia Fronteriza de Noticias, se han enfrentado en las últimas semanas a una campaña de desprestigio en su contra en asuntos ligados a su vida privada. De cuenta de esta situación, el periodista mexicalense Gerardo Fragoso, fue contactado por un individuo no identificado que le propuso el intercambio de una importante cantidad de dinero para no publicar material y dichos falsos que dañarían la reputación de Navarro.

En el mismo sentido, Cortés recibió información sobre la intención de Jorge Cornejo Manzo –Director de Imagen, de la oficina de Comunicación Social– de emprender una campaña de desprestigio en su contra a causa de la cobertura crítica de AFN hacia el gobierno estatal.

Ante esta situación, el gremio periodístico se ha pronunciado en repetidas ocasiones sin que sus reclamos hayan encontrado la debida atención por parte de las autoridades. En el último pronunciamiento, emitido el 9 de diciembre de 2016, cien periodistas de la entidad señalaron la violencia institucional que han sufrido a manos de la Coordinación de Comunicación Social de Baja California y su área de Publicidad e Imagen, a cargo de Roberto Karlo López y Jorge Alberto Cornejo Manzo, respectivamente. Estos funcionarios del gobierno estatal fueron señalados por haber sido artífices de campañas negras hacia Adela Navarro Bello, de Semanario ZETA y Dora Elena Cortés Juárez, de la Agencia Fronteriza de Noticias, además de presionar a directores de medios, editores y periodistas para cambiar la línea editorial y beneficiar mediáticamente la imagen del gobierno estatal.

La situación descrita por los y las periodistas firmantes han evidenciado las omisiones del gobernador Francisco Arturo Vega de Lamadrid, la Procuradora General de Justicia Perla Ibarra Leyva y el Secretario General de Gobierno Francisco Rueda Gómez.

Agresiones constantes

Aunque las agresiones hacia la prensa en Baja California registradas por ARTICLE 19 son diversas en forma e intensidad, la mayoría cuenta con el común denominador de haber sido perpetradas por funcionarios públicos. A continuación, se hace un recuento de 2013 a 2016de los casos por los que esta oficina se pronunció en su momento:

  • Carmen Olsen, fue agredida el 4 de enero de 2013 por policías municipales de Playas de Rosarito. Interpuso una denuncia, y paralelamente, un día después, las autoridades iniciaron un proceso acusándola de ultrajes. Detrás de las agresiones físicas contra la periodista, estaba el entonces Director de Seguridad Pública municipal, Francisco Castro Trenti. Previamente había sido denunciada por difamación por Claudia Cristina Espinoza, la auxiliar de Castro Trenti. Pese al absurdo de ser víctima y acusada por los mismos hechos, el proceso penal sigue en trámite a casi 4 años de lo ocurrido, debido a múltiples irregularidades cometidas por el Juez Penal de Primera Instancia de Playas de Rosarito, entre ellas: pretender desahogar forzosamente careos de forma oficiosa, la ausencia de notificación a su defensora y la negativa a sobreseer el proceso por ultrajes (pese a la declaración de inconstitucionalidad de este delito en el Código Penal del Distrito Federal por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación). Incluso su abogada, Sandra Esquer, fue amenazada por los policías que agredieron a Olsen.
  • En mayo de 2013, Armando Acosta Rojas e hijo fueron golpeados y detenidos arbitrariamente por policías municipales de Tecate, Baja California.
  • En junio de 2013, Daniel Ángel y Vicente Calderón fueron citados a declarar ante la detención del presunto narcotraficante Melvin Gutiérrez. Los requirieron para aportar las videograbaciones que hicieron durante su detención, poniéndolos en un nivel de riesgo alto.
  • En julio de 2013, Jaime Delgado fue amenazado con ser privado de su libertad, golpeado y con provocarle problemas a familiares que trabajan en el gobierno estatal.
  • En octubre de 2013 Jorge Nieto, periodista de Tijuana, fue detenido arbitrariamente por policías municipales, al estar grabando un accidente de tránsito en el que se vieron involucrados dos policías.
  • En junio de 2014 los portales de noticias “Periodismo Negro” y “Pregonero Baja”, fueron blanco de una serie de ataques cibernéticos que han inhabilitado sus respectivos sitios web, dejando sus contenidos fuera de línea por espacio de tres días.
  • En marzo de 2015, el gobernador Vega de Lamadrid y los cinco alcaldes de Baja California, entidad ubicada en el noroeste de México, publicaron un desplegado en distintos medios de comunicación donde acusaron que tres periódicos han utilizado una “política de chantaje” y “extorsión”, a través de sus contenidos editoriales, “con la finalidad de conseguir que se solventen sus pretensiones económicas, en detrimento del presupuesto público”.
  • En mayo de 2015, Enrique Tellaeche Ocaño, corresponsal de Noticias MVS en el estado de Baja California y Director del portal de noticias “MonitorBC.info”, fue detenido arbitrariamente por elementos de seguridad pública de Mexicali, mientras cubría la localización de boletas electorales marcadas a favor del candidato del PAN para el cargo de gobernador de Sonora.
  • En noviembre de 2015, el periodista Jaime Delgado Gaxiola, director del portal de noticias Periodismo Negro, fue notificado por parte del Juez Tercero de lo Civil en Mexicali, Baja California, Jorge Duarte Magaña, para efecto de que el comunicador, como medida cautelar, “se abstuviera de realizar o publicar manifestación alguna” referente a Sonia Guadalupe Carrillo Pérez, quien es presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del municipio de Mexicali.
  • En marzo de 2016, Carlos Zúñiga, fotorreportero de la Agencia Fronteriza de Noticias, fue intimidado por un policía sin uniforme ni identificación, quien le apuntó con un arma larga mientras tomaba imágenes de una detención en el municipio de Tijuana.

Ley de Comunicación Social Institucional

En buena medida, los efectos sobre el acoso hacia la prensa en el estado han sido potenciados por la presión generada por la Coordinación de Comunicación Social de Baja California. Los vacíos en la legislación local han provocado que los contratos de publicidad funcionen como un punto de presión hacia las líneas editoriales en los medios.

En este contexto, la asignación discrecional y opaca de la publicidad oficial ha funcionado como una herramienta de censura indirecta que busca controlar las opiniones que éstos construyen y difunden respecto a las autoridades. Esta censura sobre medios de comunicación afecta los derechos humanos a la libertad de expresión, libre circulación de ideas y acceso a la información, no solamente de periodistas, sino de la sociedad en general.

En este sentido, es necesario acotar que el 5 de marzo de 2014, fue presentada una iniciativa ciudadana en el congreso local para obligar a los tres poderes del estado a transparentar la asignación de recursos, contratos y anuncios publicitarios. A la par de esta propuesta se presentó otra iniciativa suscrita por doce diputados de la XXI Legislatura, en la que se abordaron cuestiones relevantes como: la obligación de los tres poderes del estado de trasparentar de forma proactiva información sobre el ejercicio del presupuesto; detallar a quiénes se les asignó el gasto; contratos; número de anuncios publicitarios contratados en los medios de comunicación y los conceptos o campañas.

El gobierno estatal, por medio de su Secretaría General, se opuso a la aprobación de esta ley argumentando que el congreso local carece de competencias para regular la materia, toda vez que es competencia exclusiva del Congreso de la Unión. Del mismo modo, el gobierno concluyó que la iniciativa viola los principios de imparcialidad en la erogación de recursos públicos y de división de poderes. Ante esta oposición tajante, las inicitivas se congelaron en la Legislatura de Baja California. Hoy la asignación de la pauta de publicidad es una de las causas eficientes del incremento de la violencia contra la prensa.

En estos años difíciles, ARTICLE 19 ha acompañado a los periodistas afectados en este proceso de hostigamiento por lo que valoramos urgente poner fin a la ofensiva creciente por parte de las autoridades en el contexto bajacaliforniano.

Por este motivo, exigimos el cese inmediato de las campañas de difamación orquestadas desde el gobierno estatal. También exigimos el cese de la utilización de instrumentos legales y mecanismos institucionales para entorpecer  y suprimir la actividad periodística mediante el hostigamiento y la criminalización.

Por su parte, ARTICLE 19 urge al Poder Legislativo del Estado de Baja California a recuperar las iniciativas en materia de publicidad oficial y aprobar la legislación correspondiente. De la misma manera, resulta necesario que se deroguen delitos que atentan contra la libertad de expresión, como el de ultrajes, a la par de regular los topes de indemnización que pueden reclamarse por la vía civil por supuesto daño moral.

Asimismo, ARTICLE 19 exige al Poder Judicial del Estado de Baja California que evite convalidar procesos penales y civiles utilizados por autoridades estatales y municipales para inhibir la crítica periodística. En todo caso, los jueces y magistrados de la entidad deben retomar los estándares más altos en materia de libertad de expresión y garantizar en todo momento las reglas del debido proceso.

Foto: Lindero Norte