Confirma consorcio que ganó licitación de desalinizadora intención por vender agua a EU

Jorge Heras / Lindero Norte
Mexicali.- Representantes del consorcio de tres empresas que ganaron la licitación para construir y operar la desalinizadora de Playas de Rosarito confirmó que el proyecto original contemplaba la posibilidad de vender y transportar agua a la Unión Americana pero aseguraron que el plan actual no lo tiene proyectado porque fueron advertidos por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que la Constitución se los impide.

Rubén Sánchez, Director del proyecto y Milton Rubio, Director de Asuntos Externos de la firma “Aguas de Rosarito” (recién creada para la edificación y operación de la desalinizadora) afirmaron que los documentos mostrados por el diputado del PES, Luis Moreno Hernández y un grupo de organizaciones civiles de Tijuana es “información real de hace 8 años”, en la que públicamente la empresa Consolidated Waters (CW) indica a sus accionistas e inversionistas que tienen planes de enviar agua de Playas de Rosarito, Baja California al condado del Sur de San Diego, California.

Sánchez explicó a Lindero Norte que el proyecto original de la desalinizadora planteaba tratar “el agua de rechazo”, considerada así porque no tenía dueño después de que había pasado por un proceso industrial de enfriamiento de la planta termoeléctrica de CFE de Rosarito; por ello y por las condiciones geográficas, aseguró, compraron un terreno contiguo a las instalaciones de la paraestatal desde hace tres años (dos años antes de que ganaran la licitación del gobierno estatal).

“El proyecto original tomaba esa agua antes de que cayera al canal de descarga de la Comisión Federal Electricidad, porque la CFE no tiene concesión de agua solamente de descarga, por eso tomaríamos el agua de los pozos de la CFE… En un escenario hipotético cabía la posibilidad de mandar esa agua a Estados Unidos”, explicó.

Sin embargo, el empresario aclaró que en 2012 se vieron truncadas sus intenciones cuando propusieron a Conagua el proyecto de exportar el líquido a Estados Unidos

“Conagua fue muy clara y tajante con nosotros, al decir que ni ustedes (el consorcio) ni el gobierno del estado pueden exportar el agua, ya que el manejo internacional del agua depende del gobierno federal, así de claro fue, y por eso en ese momento todas esas conversaciones que hubo se terminaron, y al acabarse el perro, se acabó la rabia”, sentenció.

Reiteró que actualmente el contrato de APP suscrito con la administración de Francisco Vega de Lamadrid el 22 de agosto del 2016, no contempla la posibilidad de exportar el agua.

No obstante, Milton Rubio confirmó que el Distrito de Agua de Otay en California recibió un permiso del gobierno estadunidense para construir y operar un acueducto transfronterizo, pero aseguró que fue un trámite interno ajeno a la empresa.

Sobre el terreno adquirido en 2014, los representantes de Aguas de Rosarito negaron que se trate de un conflicto de intereses, a pesar de que lo adquirieron antes de que se lanzara la convocatoria de la licitación de la desalinizadora.
Consideraron que se trató de “una inversión de riesgo” ya que trataron de asegurar un terreno para que el proyecto tuviera un soporte técnico suficientemente válido.

Las conversaciones del directivo de CW, Frederick MacTaggart, sostenidas con socios y analistas desde marzo de 2009 a agosto de 2017 se encuentran en el portal Seeking Alpha, un espacio destinado al análisis del mercado de valores y financiero de Estados Unidos, incluidas transcripciones de llamadas de ganancias, ideas de inversión y análisis de acciones de expertos financieros.

En las conversaciones se señala el interés del gobierno mexicano de vender agua a Estados Unidos, los avances del negocio en Baja California y hasta la aprobación de la ley de asociaciones publico privadas en el Congreso local.

El proyecto tiene un riesgo menor, y puede aguardar hasta el 2019

El Director del Proyecto y el de Asuntos Externos de Agua de Rosarito dieron a conocer que el contrato de la desalinizadora de Rosarito, integrado en el Dictamen 94 de la Comisión de Hacienda ya fue aprobado en diciembre del 2016 en el controvertido Decreto 57, pero que requiere ajustes por las modificaciones a ley de Disciplina Financiera.

“El tema está avanzado solo falta la autorización por parte del Congreso para que permita la cosntrucción” sostuvo Rubén Sánchez al tiempo de comentar que aunque existe un “riesgo menor” de no realizarse porque se encuentra estancado en el Poder Legislativo, el proyecto puede esperar su realización hasta finales del 2019.

Detalles técnicos de la Desalinizadora de Playas de Rosarito
De acuerdo a información proporcionada los representantes de Aguas de Rosarito , el consorcio de tres empresas que invertirán en la desalinizadora estִá conformado por la firma francesa Suez (antes Degremont), la filial en México de Consolidated Water y el organismo mexicano llamado Fondo de Inversión Blackboard.

Sostuvieron que NSC Agua fue creada en 2010 para encabezar el proyecto de la desalinizadora de Rosarito, que su único cliente es la Comisión Estatal del Agua de Baja California y que hasta el momento han invertido más de 50 millones de dólares en estudios socioeconómicos y biológicos, en el derecho de vía de 27 kilómetros del acueducto, en el Manifiesto de Impacto Ambiental y la mayor parte del recurso se ha destinado en la compra del terreno donde se instalará la planta.

La inversión en la planta será cercana a $500 millones de dólares que se sumarán a los 200 millones de dólares de la construcción del acueducto.
Como caracteristicas del contrato se encuentra la obligación de la empresa de diseñar, financiear, construir, operar y mantener la planta desalinizadora de agua de mar con capacidad de 4.4 m3 por segundo.

El plazo del contrato es de 40 años, 3 para construcción y 37 para operación, que se contempla tenga un inicio pactado para finales del 2019 y la segunda etapa para julio del 2024,” aunque éste se puede atrasar o adelantar en función de la demanda de agua”.

El financiamiento del proyecto esta asegurado a través de un fideicomiso de garantía para el pago de la contra prestación de 37 mil millones de pesos que pagarán los bajacalifornianos en gran parte con ajustes a la tarifa del agua.

El gobierno debe contratar deuda por 450 millones de pesos, para garantizar una inversión de 10 mil millones de pesos.
Estructura de la tarifa mensual

La tarifa total es de 149.3 millones: Electricidad 35.6%, Costo Variable 7.2%, Costo Fijo 12.9%, Accionistas 18.4%, Deuda Bancos 35.6%; lo que se traduce en 10.8 millones de metros cúbicos de agua potable mensuales a 13.8 pesos por metro cúbico.

La tarifa pagada incluye la amortización de la inversión y la operación de la planta para la entrega del agua.

La empresa considera que en Playas de Rosarito y Tijuana hay un déficit de agua de 1.5 metros cúbicos por segundo y con el crecimiento de la población en tres años el déficit crecerá a 2 metros cúbicos por segundo.

Ejecutan a líder transportista de Playas de Rosarito y a su esposa

Antonio Heras
Mexicali.- Un líder transportista de Playas de Rosarito y su esposa fueron acribillados en el estacionamiento de una plaza comercial de este municipio limítrofe con Tijuana.

Se trata de Rosario Cabanillas Araujo, “El Pariente”, dirigente de una organización de taxistas de la delegación municipal Primo Tapia, ubicada al sur de esta zona turística.Los agresores se acercaron al vehículo donde se encontraba Cabanillas Araujo para dispararle en la cabeza y a su esposa que se encontraba en el área del copiloto.

Después de ejecutar a la pareja en el mercado Soriana, los agresores huyeron hacia la autopista Tijuana-Ensenada, según fuentes consultadas.

Advierten sobre los 15 tramos carreteros de BC en las que se registran más accidentes en Semana Santa

Jorge Heras / Lindero Norte
Mexicali.- De acuerdo al último informe del Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) en el periodo vacacional de Semana santa los accidentes viales con personas lesionadas y registran un incremento de casi el 40 por ciento al rebasar los mil 345 reportes de emergencia.

Tan solo en esta temporada del año del 2016 se recibieron mil 345 llamados de auxilio al número de emergencia 911 para la atención de este tipo de accidentes.

La dependencia encabezada por Daniel de la Rosa Anaya indicó que los reportes emitidos al C4 determinaron los tramos carreteros en los que hay más incidencia de accidentes viales, por lo cual dio a conocer que son 15 zonas de carretera en donde se debe tener mayor precaución.

En Mexicali se identificó a la Carretera San Luis, a la altura de los ejidos Puebla, Querétaro, Sinaloa y Cuernavaca; Carretera San Felipe, a la altura del Chinero; Carretera Mexicali-La Rumorosa, a la altura de La Salada.

En Tijuana hay riesgo en la Carretera Libre a Tecate, a la altura de la colonia El Refugio; en Bulevar 2000 (carretera), a la altura de la colonia El Refugio, La Presa; en Carretera al Aeropuerto y en Carretera a Playas de Tijuana

Ensenada cuenta con dos tramos carreteros identificados: en la zona de Ensenada-Ojos Negros, a la altura de la colonia 17 de Abril y en la Carretera Transpeninsular Ensenada-San Quintín.

Playas de Rosarito cuenta con índice de accidentes en la Carretera Libre Tijuana-Ensenada, a la altura del ejido Primo Tapia en el Kilómetro 48 y en la Carretera Libre Tijuana-Ensenada, a la altura de los Estudios Fox, en el Kilómetro 34.

En Tecate el número de reportes por accidentes viales con lesionados se incrementa en la Carretera Libre Tecate – Mexicali, a la altura del poblado San José en el kilómetro 124; Carretera Libre Tecate kilómetro 86, a la altura del poblado La Rumorosa; Carretera Tijuana-Tecate, a la altura de la colonia Loma Linda o Encanto Norte y en la Carretera Libre Tecate-Ensenada en el kilómetro 10.

Residentes de Tijuana, Ensenada y Rosarito vivirán dos días sin agua la próxima semana

Lindero Norte

Tijuana.- A partir del 5 de abril todas las colonias de Tijuana, Playas de Rosarito y una gran parte de Ensenada no tendrán servicio de agua potable durante 48 horas por reparaciones en la red, informó la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT).

El organismo operador del agua dio a conocer que el próximo miércoles y jueves de la siguiente semana será cortado el servicio en Zona Costa para poder realizar trabajos en el Acueducto Carrizo-Florido.

Indicó que el servicio será restablecido en los tres municipios durante las primeras horas del viernes 7 de abril.

Instruye alcaldesa de Rosarito adquisición de una camioneta valuada en 800 mil pesos

image1-13Antonio Heras
Mexicali.- La alcaldesa panista de Playas de Rosarito, Mirna Cecilia Rincón, ordenó la compra de una camioneta de lujo para su uso en la oficina de la presidencia municipal.

A través del oficio número 172/2017 instruye al tesorero Gerardo Alfredo Rocha a crear la partida presupuestal 54101 vehículos y terrestres dentro del proyecto 13 de la Oficialía Mayor del Ayuntamiento y asignarle recursos financieros.

Rincón Vargas firmó la petición en un oficio fechado el 6 de enero de 2017, apenas 37 días después de tomar al cargo en la administración pública; el 10 de enero la instrucción oficial fue recibida en el área de Programación y Presupuesto.

Esta solicitud de adquisición se produjo el mismo día en que corporaciones policiacas desalojaron de manera violenta a manifestantes que mantenían bloqueado el acceso a la Terminal de Almacenamiento y Distribución de Petróleos Mexicanos. Este jueves se realizó una manifestación multitudinaria en protesta de la privatización del agua y el incremento de gasolinas.

La camioneta marca Chevrolet Tahoe, modelo 2017, tiene un costo en el mercado automotriz de 799 mil pesos mínimo y de 897 mil pesos máximo, según fuentes consultadas.

La panista Mirna Rincón en Rosarito y la priista Nereida Fuentes son las primeras alcaldesas de la entidad al obtener el voto popular, luego de una reforma electoral que obligó a la equidad de género entre las candidaturas a presidencia municipales.

Cinco corporaciones violentaron derechos de 18 periodistas y manifestantes durante protestas en Rosarito: CEDH

15934213_1205427962873361_1882866900_oJorge Heras, Mexicali, 10 de enero.- La Comisionada de los Derechos Humanos de Baja California, Melba Adriana Olvera Rodríguez aseveró que fueron cinco las corporaciones policíacas que violentaron los derechos humanos de periodistas y manifestantes durante las protestas que se registraron el pasado sábado en la Terminal de Almacenamiento de Playas de Rosarito.

La Ombudsperson declaró que la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado (CEDH) documentó la agresión a 18 reporteros de diferentes empresas e independientes, de los cuales solamente diez han ratificado su queja.

Sostuvo que las corporaciones que participaron fueron la Gendarmería, ministeriales, estatales preventivos y policía municipales de Tijuana y Playas de Rosarito.

Un reporte de la organización internacional Artículo 19 también señala a la Unidad de Reacción Inmediata de Ensenada (U.R.I.) –perteneciente a la Policía Municipal de Ensenada– como parte de las agencias que agredieron a comunicadores y manifestantes.

“Fuimos lamentablemente testigos de lo ocurrido en Rosarito, estuvimos desde el miércoles pero los hechos violentos se registraron el sábado, que no solo fueron violentos por la embestida de un vehículo en contra de policías, también al momento del desalojo (de los agentes) se dieron agresiones”, expresó.

Olvera Rodríguez señaló que los visitadores que estuvieron presentes en las movilizaciones del fin de semana observaron a policías actuar fuera del marco de respeto a los derechos humanos contra gran número de manifestantes; pero solamente cuatro ciudadanos han denunciado los hechos ante la defensoría.

Con respecto a las manifestaciones en Mexicali, la titular de la CEDH dio a conocer que de los tres plantones que hay en diferentes puntos de la ciudad no se han reportado quejas ciudadanas.

Documenta Artículo 19 doce agresiones a periodistas durante protestas contra “gasolinazo” en Rosarito

fotografia-hans-maximoArtículo 19
Ciudad de México, a 8 de enero de 2017.-
ARTICLE 19 ha documentado hasta ahora 12 agresiones a comunicadoras y comunicadores cometidas en Playas de Rosarito, Baja California, durante la cobertura de las protestas contra el gasolinazo, los días 6 y 7 enero. Según los testimonios de las y los agredidos no se excluye la posibilidad de que el numero real de agresiones sea mayor. ARTICLE 19 continúa recabando información al respecto.

Luis Alonso Pérez, reportero de Animal Político, Laura Sánchez Ley, reportera de El Universal, Yolanda Caballero, reportera de El Sol de Tijuana y Jesús Bustamante, fotoreportero de Frontera fueron agredidos por elementos de la Policía Federal y Municipal de Rosarito, en diversos momentos durante las protestas en contra del alza del precio de la gasolina en esa ciudad.

ARTICLE 19 también registró hasta el momento actos intimidatorios y bloqueo informativo en contra de Hans Maximo Musielik, documentalista y fotógrafo freelance; daño al equipo de trabajo, ataques físicos e intimidatorios en contra de Alberto Alfonso López Elenes, reportero de Uniradio Informa y corresponsal de UNO TV; ataques físicos, intimidación, intento de detención arbitraria y destrucción del equipo en contra de Daniel Angel Rubio, reportero de Síntesis Televisión y El Sol de Tijuana; ataques físicos e intimidatorios en contra de Manuel Ayala, reportero de la Agencia Fronteriza de Noticias; agresiones físicas, ataques intimidatorios y bloqueo informativo en contra de Julieta Martinez, de La Jornada Baja California, y Jordi Lebrija, periodista freelance para Associated Press y videoperiodista de Telemundo; ataques fisicos e initimidatorios en contra de Joebeth Terriquez, fotografo de Agencia Fronteriza; y por último, ataques intimidatorios y bloqueo informativo en contra de Roberto Cordova, fotoperiodista freelance.

Todas las agresiones fueron perpetradas por elementos de la Policía Federal, la Policía Estatal de Baja California, de la Unidad de Reacción Inmediata de Ensenada (U.R.I.) –perteneciente a la Policía Municipal de Ensenada–, la Policía Municipal de Tijuana y Policía Ministerial de Baja California.

Primeras agresiones

Yolanda Caballero, reportera de El Sol de Tijuana, acudió a las 4:00 horas del 6 de enero a cubrir el bloqueo de las instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el municipio de Rosarito, Baja California, después de que se diera a conocer el arribo de un avión con alrededor de 300 elementos de la Policía Federal para el desalojo de la protesta.

La periodista relató a ARTICLE 19 que alrededor de las 4:30 horas estaba documentando el desalojo cuando comenzaron a arremeter contra manifestantes y prensa. “Un policía federal empezó a jalonearme porque vio que yo estaba documentando con el teléfono”, dijo la periodista. El elemento de la policía la soltó tras la intervención de otro elemento que la reconoció como prensa pero tras unos momentos, cuando comenzaron a aumentar los empujones, la periodista sintió un golpe duro en la espalda y vio cómo el policía que le había jalado se estaba intentando perder entre los manifestantes.  Yolanda Caballero se retiró del lugar de los hechos y volvió la noche del viernes  para cubrir el nuevo desalojo de la mañana del 7 de enero.

Por su parte, Luis Alonso Pérez, reportero de Animal Político, y Laura Sánchez Ley, corresponsal de El Universal también llegaron a Rosarito alrededor de las 9:30 horas donde encontraron un aproximado de 200 manifestantes bloqueando la carretera transpeninsular que conecta directamente con las instalaciones de Pemex. En lugar estaban alrededor de 350 elementos policiacos, principalmente de la Gendarmería y de la Policía Federal, acompañados de elementos de la policía estatal y municipal.

Pérez y Sánchez comenzaron a hacer una transmisión en vivo  aproximadamente a las 10:20 horas cuando empezaron los enfrentamientos  y las detenciones arbitrarias contra manifestantes (Pérez logró atestiguar al menos 40).

Aproximadamente a las 10:30 horas los periodistas presenciaron la detención de un grupo de adultos mayores que se estaban manifestando y que fueron llevados al estacionamiento de Plaza Pabellón, a unos metros de la manifestación. Laura y Luis corrieron al estacionamiento de la plaza ya que más manifestantes comenzaron a decir que estaban golpeando a gente ahí. Cuando los periodistas llegaron se encontraron con un grupo de elementos de la Policía Federal que estaban sometiendo y golpeando en la cabeza a un menor de edad.  Mientras Sánchez Ley intentaba grabar lo sucedido, dos policías federales comenzaron a golpearla en el pecho y a jalarla del brazo y fue hasta que una manifestante la ayudó y puso su cuerpo que la periodista pudo zafarse.

Otros periodistas que cubrían estos hechos fueron agredidos. Un elemento de la Policía Federal roció gas lacrimógeno directamente hacia la cara del fotorreportero de Frontera, Jesús Bustamante. Yolanda Caballero, al ver el gas comenzó a correr y se encontró con un grupo de policías municipales que comenzaron a decirle de manera intimidate que se acercara a documentar los brotes de violencia pero la periodista se estaba intentando resguardar.  La periodista señaló, “Posteriormente llega uno de ellos, me toma por el brazo derecho con fuerza y me comienza a jalar a donde estaban los disturbios. Este oficial puso en riesgo mi vida porque me estaba llevando a donde estaban aventando piedras. Yo no tenía protección. Me iba diciendo de manera intimidatoria ‘ándale ve a grabar allá’ . Yo lo comencé a grabar y le dije que me soltara. Se estaba aprovechando su fuerza como agente y poniendo en riesgo mi vida”.

En esos momentos, cuando Luis Alonso intentó grabar de cerca la detención del menor y preguntar su nombre, uno de los elementos de la Policía Federal intentó quitarle le celular dos veces. El periodista guardó el celular en su pantalón y un elemento grito “¡llévenselo!”.

“Yo seguía diciendo que era prensa y cuando me sometió puse mis manos en la cabeza y ahí fue cuando entre 8 y 10 agentes me aventaron al suelo. Me aventaron primero boca arriba y yo les decía “ya llévenme”. Después me giraron boca abajo y me aplastaron la cara en el suelo dos veces. Lo peor fue cuando se subieron encima de mí con la rodilla en la espalda y otra en el brazo, mientras otros oficiales me pateaban en la espalda y en mis costados. De hecho todavía tengo las botas marcadas en mi playera” relató a ARTICLE 19 el reportero de Animal Político.

Caballero y Sánchez Ley comenzaron a gritar que era prensa y uno de los elementos les contestó “Yo no le veo el gafete” y lo siguieron pateando.   “Cuando yo intenté aventarme encima los policías me empujaron y recibí dos golpes en el pecho y uno en la cabeza. Después intente sacarle el celular del pantalón de Luis  para que no se llevaran la información y ahí me empujó otro elemento y me jaló de la ropa” dijo Sánchez Ley a ARTICLE 19.

Yolanda empezó a grabar la detención de Luis Alonso y volvió a ser agredida por una oficial que la rodeó de los brazos, la jaló y empujó bruscamente para impedir que grabara la detención del periodista.  Luis Alonso fue esposado con unos broches de plástico y entregado por los elementos de la Policía Federal a policías municipales quienes lo llevaron en unas camionetas sin insignias a la comandancia de la policía municipal de Rosarito.

Laura pidió a los policías que dijeran a dónde se llevaban al periodista detenido pero todos se negaron a decirle, sólo repetían que ellos, los periodistas, habían tenido al culpa. Los periodistas tuvieron conocimiento del paradero de Luis Alonso Pérez hasta una hora después de que se lo llevaran.

“Después se puso más fuerte la protesta, empezaron  aventar piedras e hicieron que la policía se fuera por unos minutos y luego regresara minutos más tarde con armas desenfundadas y lanzaron tiros. Yo me escondí. Tuvimos que estar atrincherados. Luego vino un carro, aceleró y se impacto contra ellos.  Se puso peor y fue cuando decidí irme a refugiar en un casino con otras personas. Ahí me quedé como una hora. Llegó Yolanda y regresó Luis. Ya solo nos quedamos un rato y fuimos a la PGR a que revisaran Luis”, relató Sánchez Ley.

Por su parte, Jordi Lebrija, videoperiodista  freelance, quien trabaja para  AP  y Telemundo,  también fue golpeado. Alrededor de las 10 de las mañana empezaron las agresiones contra él. Policías le taparon la cámara con los escudos y le decían   “tu cámara tiene  mucho alcance que no grabes…que eres muy terco que no apunte por  allá.”  Jordi nos comenta que todo el tiempo como prensa no intervinieron en  la labor de la policía, solo querían documentar.  Jordi relata como los policías  pegaban a los jóvenes haciendo  un círculo con los escudos alrededor de ellos  para que los periodista no pudieran  grabarlos y hacia afuera los mismos  policias prendian linternas  para que no nos funcionaran las camaras, dice  Jordi “nos ocultaban la vision”. Llegó  un oficial de la policía federal con un alto  rango y le  dijo directamente “que eres muy terco…que te alejes, ya te dijimos” . Otro policía llegó por atrás y le dio un  primer golpe con un tolete en el hígado, le  saco  el aire de los pulmones, se le doblaron las rodillas.

Por la tarde, continúa la violencia contra la prensa

Hans Maximo Musielik Documentarista y Fotografo Freelance, se encontraba realizando un fotorreportaje en los albergues de migrantes presentes en la zona, cuando decidió junto con otro colega ir a cubrir las protestas por el Gasolinazo el dìa siete. Relata a ARTICLE 19 que a las 16:30 hubo un cambio de guardia entre los policías, se fueron los federales y llegaron los policías municipales, dos columnas, cada una de 20 elementos. Cuando iniciaron el  desalojo “..le entraron a todo, voló de todo, los mismos policías aventaron sillas, piedras….allí es cuando empezaron los empujones..”

Alrededor de las 17 de la tarde Alberto Alfonso López Elenes, corresponsal en Tijuana de Associated Press, se acercó con otros colegas para grabar y documentar agresiones y detenciones arbitrarias de los manifestantes. Desde ese momento los policías estuvieron empujándoles y golpeándoles con los escudos. Aunque se estuvieron identificando como periodistas no se les permitió grabar videos ni sacar fotografías. Entre los empujones y los golpes, los policías rompieron el flash de su cámara fotográfica. Al quejarse con algunos mandos de la Policía Federal y con la subsecretaria del Gobierno de Baja California, solo se les reiteró que las y los periodistas tenían que ir identificados, como si las agresiones fueran su responsabilidad.

Daniel Angel Rubio reportero de Síntesis Televisión y El Sol de Tijuana relató a ARTICLE 19 que no sabe exactamente a que hora fue agredido porque “perdi la hora cuando me quedé sin teléfono, pero reportes de mis compañeros dicen 19:30”. Cuando Daniel y otro compañero se aceraron a grabar la detención de un joven, un policía le arrebató su teléfono y lo estrelló al piso. Mientras Daniel intentaba no perder un tablet y su gafete de identificación, un policía lo empujó al piso y le dijo que se volteara, mientras otro le estuvo pisando la cabeza para que no se moviera, para posteriomente esposarlo. Durante su traslado a una unidad de policía, Daniel estuvo repitiendo que era prensa, los policías les contestaron “antes te llevamos detenidos y luego comprobamos si era periodista”, Llegando a la camioneta un policía ministerial lo identificó y lo soltaron.

Manuel Ayala de Agencia Fronteriza de Noticias en Tijuana es uno de los testigos de la agresión de Daniel. Cuando se acercaba para grabar,  tres policías se aproxiamron y le golpearon en los costados con los escudos, le arrinconaron y le dijeron que no grabara, que el no era prensa. “.Ahora resulta que todos son prensa”, le respondieron. Después de la golpiza lo dejaron ir.

Julieta Martinez de La Jornada B.C. nos relató el bloqueo de la información y los ataques intimidatorios. Julieta nos relata “ yo traía gafete y pase de prensa algunos compañeros no llevaban nada pero nada justifica las agresiones y nada justifica que les golpeen.” A Julieta le amenazan los policías varias veces una de las últimas le dicen “damita deje de grabar o se va a la verga”

Joeveth Terriquez, fotógrafo de Agencia Fronteriza de Noticias estaba intentando documentar la agresión de otro periodista cuando le rodearon unos policías con los escudos, lo aislaron y le empezaron a golpear. Uno de ellos le dijo  “me has empujado ahora vas a valer verga”. Siguieron los insultos los golpes y las amenazas hasta que llego una mujer de la Policía Federal y lo rescató.

Roberto Córdova, fotoperiodista freelance comentó a ARTICLE 19 que no fue agredido físicamente por la policía, pero no le permitían realizar su trabajo. “No querían que documentáramos gráficamente las detenciones y el sometimiento.” Roberto narra que le llamó la atención que tenían a 8 jóvenes pacífico con los brazos cruzados detrás de la cabeza y de rodillas. “Me pareció muy degradante…yo no lo habia visto yo no recuerdo haber visto algo así antes”, aseveró el periodista.

ARTICLE 19 exige a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) que investiguen y se pronuncien en contra de las posibles violaciones de derechos humanos contra comunicadores y manifestantes a manos de elementos de la fuerza pública federales, estatales y municipales.

El 7 de enero, la CNDH condenó la violencia en Playas de Rosarito, en especial, el lamentable atropellamiento de elementos federales por parte de una persona que conducía una camioneta.  Si bien estos hechos resultan condenables, es de fundamental importancia recordar que la obligación de dicho organismo es investigar y pronunciarse de forma enérgica por las violaciones a los derechos humanos cometidas por las autoridades en el contexto de las protestas.

ARTICLE 19 exige al gobierno del estado de Baja California que cese la violencia contra manifestantes y periodistas en la protestas llevadas a cabo el el estado. Asimismo, hace un llamado al gobierno federal para que garantice el derecho a la protesta y a la libertad de expresión en las movilizaciones en todos los estados del país.

ARTICLE 19 hace un llamado a la Procuraduría General de Justicia (PGJE) de Baja California para que investigue a los elementos de la policía local implicados en las agresiones. Asimismo, a la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) para que investigue la actuación de los elementos de la Policía Federal en lo ocurrido.