Columna Lindero Norte: Entretelones en sucesión del presidente del Poder Judicial

Antonio Heras

Está por definirse quién estará al frente del Poder Judicial de Baja California al concluir la gestion de in controvertido Armando Vásqiez, quien incluso podria reelegirse, de acuerdo al reglamento del Tribunal Suoerior de Justicia del Estado.

Son muchos los postulantes e interesados, reforzados por corrientes políticas al interior de ese poder público. En ese ámbito de contraste sobresale el nombre de dos mujeres: la procuradora de Justicia Perla del Socorro Ibarra y la magistrada Sonia Mireya Beltrán Almada.

El Órgano Superior de Fiscalizacion del Estado observó el ejercicio presupuestal del Poder Judicial donde detectó el pago indebido por más de 350 mil pesos al magistrado Carlos Cataño por ser inhabilitado en el Consejo de la Judicatura Federal ante la neglihencia de su actuación a su paso por el Poder Judicial Federal. Segun el ORFIS, el Consejo de la Judicatura Federal le notificó al magistrado Vásquez pero aún asi le pagó de mayo a septiembre lo quebtabró el patrimonio judicial local. Ahora le piden que reintegre ese dinero.

Otro caso que llamó la atención durante su gestión fue la propuesta de incluir en el haber de retiro de los magistrados el 100 por ciento de sus salarios y prestaciones, el cual podria ser herededado a sus cónyuges o concubinas o a sus hijos menores de 24 años. Esta medida se echó para abajo ante la presión social.

También se documentó su detención cuando en su juventud intentó cruzar a Calexico en un carro que conducía, en el que los agentes federales descubrieron mariguana con un peso superior al de consumo personal. En eda ocasión iba en conpañía de su amigo Cataño González, segun fuentes consultadas.

Vásquez señaló que se trata de un homónino pero segun Juan José Crespo, presidente de un colegio de abogados, el Congreso de Baja California está obligado a transparentar su situación, de manera oficiosa, para deslindarlo de algún ilícito si fue otra persona el capturado o para promover su cese por ocultar información ya que un delito como éste habría imposibilitado su carrera judicial y su ungimiento como magistrado y, por ende, presidente del TSJE.

Un abogado al que reconozco su profesionalismo, capacidad analítica y calidad humana me cuestionó el publicar el arresto de Vásquez en los tiempos en que se puede generar su reelección. La respuesta fue obvia: porque fue hasta que se contó con el documento probatorio y porque los tiempos periodísticos no sienpre concuerdan con los politicos.

Dejar de publicar con la ficha en las manos seria solapar el acto y acaso se entraría en el plano de la subjetividad pero nunca en la falta de veracidad. Incluso, antes de publicarlo se buscó al magistrado para conocer e integrar su postura en la nota. Primero dijo que erw falso, después que no habia documentos y al final que haría un comentario que nunca llegó sino hasta su conferencia de prensa donde se limitó a asegurar que se trataba de otro Jorge Armando Vásquez.

Sobre aquellas personas que podrían sustituir a Vásquez, si carece de los votos necesarios para su reelección, se ha hablado de la actual procuradora de Justicia, quien tiene una licencia del Poder Judicial. Un análisis gubernamental señala la posibilidad de su regreso por lo que estaría a un paso de renunciar al gabinete de Francisco Vega, aún más cuando está por designarse el Fiscal General. Al tiempo y al considerarse las repercusiones legales.

La otra carta, promovida según afirman desde el grupo judicial de poder, es la actual magistrada Sonia Mireya Beltrán, cuyo nombre salió a la palestra al ser la juez que sentenció por homicidio a José Guadalupe Macias Maldonado.

Este hombre estuvo preso en la cárcel de Mexicali durante 12 años pero fue liberado y absuelto de todo delito por no haberse acreditado que él cometió el asesinato. Al salir, José Guadalupe exigió justicia pero al no encontrarla el 7 de marzo de 2014 se prendió fuego en protesta por la sentencia injusta de la jueza.

Su inmolación puso en tela de juicio los alcances de este sistema de justicia y la calidad de sus juzgadores.

Para nadie es extraña la opacidad del Poder Judicial de Baja California y la actuación ineficiente de jueces, magistrados y funcionarios judiciales.

Las prebendas son hartas, incluidas las de estar ajenos al Sistema Estatal Anticorrupción que está por instaurarse en la entidad.

De eso les cuento más adelante, si me lo permiten usted y el director de Lindero Norte.

Designan a Jueza Civil de Tijuana como nueva magistrada del TSJE

Jorge Heras / Lindero Norte
Mexicali.- Con 21 votos a favor, la Jueza de primera instancia del Juzgado Sexto Civil del Partido Judicial de Tijuana, Columba Imelda Amador Guillén fue elegida como magistrada numerara del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) por los próximos seis años.

El cargo que dejó vacante el entonces presidente del Poder Judicial, Antonio López Magaña, quien se quitó la vida tras asistir a un evento del presidente Enrique Peña Nieto el 16 de abril del 2015, tuvo que sujetarse a un procedimiento de selección que inició con la convocatoria del Consejo de la Judicatura, las entrevistas con el TSJE y por último la designación del Congreso local de la terna de seis jueces que propuso el Poder Judicial, compuesta por Alejandro Issac Fragozo López, Marcelino Zepeda Berrelleza, Ignacio Flores Anguiano, Víctor Manuel Fernández Ruíz de Chávez y las dos únicas mujeres: María Lourdes Molina Morales y Columba Imelda Amador Guillén.

Los seis jueces fueron citados a las 13:00 horas en la Sala Francisco Dueñas Montes, en el tercer piso del recinto legislativo, en donde permanecieron por más de 8 horas a la espera de que los diputados se pusieran de acuerdo para la toma de protesta del nuevo magistrado numerario.

Fuentes consultadas por Lindero Norte señalaron que los legisladores del PRI y PAN no conciliaban entre las dos mujeres de la terna, incluso entre los mismo panistas había diferencias pues también barajeaban la posibilidad de que la magistratura fuera para un varón que caería en el nombre de Marcelino Zepeda o Alejandro Fragozo; Sin embargo los panistas después de varias reuniones en pasillos y salas posteriores al pleno, le apostaron a Amador Guillén.

La designación de la nueva integrante del Tribunal Superior de Justicia fue realizada en votación vía cédula, es decir, los legisladores debían escribir el nombre de uno de los seis jueces en un papal para después depositarlo en una urna. Para que el nombramiento tuviera validez era necesario la aprobación de las 2/3 partes de la Cámara, que se lograba con el voto de 17 diputados.

Al final, también se unieron a la decisión “planchada” los representantes populares del PRD, PT y Movimiento Ciudadano, mientras que PES, MORENA y PBC, dividieron su voto: 2 para Alejandro Issac Fragozo López y 2 para la que en un inicio fue la mejor evaluada en todo el proceso, María Lourdes Molina Morales.

En todas las reuniones que se llevaron a cabo durante esta semana y en las horas que llamaron a receso en dos ocasiones la mesa directiva del Congreso, los diputados del PRI, PT y MC aseguraban que no irían con la bancada panista, pues no se sumarían a la “mayoritiada” blanquiazul que ha significado a esta legislatura. Al final cedieron y el único pacto que se mantuvo fue el de los partidos de oposición.

La nueva magistrada fungía desde el 2010 como Juez Sexto de lo Civil en Tijuana, pero durante todas las entrevistas y evaluaciones ponderó su carrera judicial con 21 años del Poder Judicial en diversos cargos.

De acuerdo al dictamen de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, en las pruebas que hicieron los diputados colocaron a Amador Guillén como la tercera mejor evaluada con 353 puntos, por abajo de los jueces Alejandro Fragozo y Marcelino Zepeda con 360 y 353 puntos, respectivamente.

En 2011, Columba Imelda buscó ser magistrada pero no fue elegida por la XX legislatura del Estado, pero sí obtuvo su ratificación como juez en 2014.

En la evaluación para ser ratificada por el Consejo de la Judicatura del Estado se tomó en cuenta su desempeño del 16 de enero del 2010 al 14 de octubre del 2014, en la cual se desprende que tuvo 2 mil 172 sentencias definitivas, 67 de ellas fuera del término de 16 a 99 días.

También indicó que se interpusieron 243 recursos de apelación de las 3 mil sentencias dictadas, de las cuales 21 fueron revocadas, 16 modificadas y 69 pendientes en resolver.

Durante ese lapso de cuatro años, Amador Guillén tuvo 9 mil 100 audiencias programadas, pero solamente celebró 4 mil 700, por lo que se determinó que fueron diferidas el 41 % de las audiencias y 6 % fueron declaradas desiertas.

De igual forma se notificó que el 50 % de sus sentencias fueron impugnadas y en igual porcentaje se calificó el desahogo de la carga de trabajo de su Juzgado con sede en Tijuana.

Por incurrir en delitos electorales en la pasada elección vinculan a proceso a Tesorero del PAN en BC

SAMSUNG CSC

Lindero Norte
Mexicali.- El encargado de las finanzas del Partido Acción Nacional en la pasada elección de munícipes y diputados locales fue vinculado a proceso por un juez federal por incumplir con las leyes electorales en cuanto a la comprobación de gastos ordinarios de los candidatos panistas durante la campaña electoral del 2016.

“Los gastos realizados no cumplían con los requisitos necesarios establecidos por las leyes electorales; por lo tanto, no existe la certeza de que los recursos públicos hayan sido utilizados de la manera correcta y conforme a lo establecido por la normatividad electoral”, señaló la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), en un comunicado.

El informe detalló que el Tesorero del PAN en Baja California incumplió con el artículo 9 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, el cual “sanciona al funcionario partidista que se abstenga de realizar la comprobación de gastos ordinarios de campaña de algún candidato, una vez que hubiese sido legalmente requerido dentro del ámbito de sus facultades”.

La FEPADE indicó que el imputado fue requerido en primera instancia por la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), pero no subsanó las irregularidades lo que llevó a que se ampliara la investigación en contra del panista.

El Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en Baja California advirtió que el Tesorero blanquiazul “vulneró la adecuada función pública electoral y los principios fiscalizadores de los recursos públicos, en específico el de certeza y legalidad”.

Ovando minimiza el caso

El presidente estatal del PAN en la entidad, José Luis Ovando Patrón se limitó a emitir un comunicado de prensa para minimizar la vinculación a proceso del Tesorero de su partido.

Indicó que la resolución del juez federal “es parte del nuevo modelo de fiscalización de los gastos de campaña; es decir, es una etapa más del proceso electoral”.

Informó que el pasado 28 de marzo el Tesorero estatal panista atendió el llamado que realizó la autoridad electoral para estos efectos, y comenzó el desahogo del citado proceso, presentándose para conocer los puntos que deberán ser aclarados, y atenderlos de inmediato.

En Baja California, el gobierno ahorca a la prensa crítica: Artículo 19

gobiernoArtículo 19
Ciudad de México.-
Desde 2013, el estado de Baja California presenta una tendencia alarmante respecto a la degradación de la relación entre la prensa y el gobierno estatal. A través de detenciones arbitrarias, amenazas, condicionamiento de pagos de publicidad oficial, demandas y campañas de difamación, ataques cibernéticos, criminalización y denuncias infundadas, el gobierno de Baja California y no pocos gobiernos municipales, han intentado, y en muchos casos logrado, obstaculizar la labor periodística.

La alerta más reciente emitida desde ARTICLE 19, respecto al intento de criminalizar al periodista Antonio Heras por el motivo de una acusación infundada de fraude, es un nuevo episodio de una larga ofensiva hacia medios y periodistas que han resistido o logrado evadir los mecanismos de control de la prensa, orquestados desde el gobierno del Estado.

A la par de lo sucedido con Heras, Adela Navarro, directora de Semanario Zeta y Dora Elena Cortés, editora de Agencia Fronteriza de Noticias, se han enfrentado en las últimas semanas a una campaña de desprestigio en su contra en asuntos ligados a su vida privada. De cuenta de esta situación, el periodista mexicalense Gerardo Fragoso, fue contactado por un individuo no identificado que le propuso el intercambio de una importante cantidad de dinero para no publicar material y dichos falsos que dañarían la reputación de Navarro.

En el mismo sentido, Cortés recibió información sobre la intención de Jorge Cornejo Manzo –Director de Imagen, de la oficina de Comunicación Social– de emprender una campaña de desprestigio en su contra a causa de la cobertura crítica de AFN hacia el gobierno estatal.

Ante esta situación, el gremio periodístico se ha pronunciado en repetidas ocasiones sin que sus reclamos hayan encontrado la debida atención por parte de las autoridades. En el último pronunciamiento, emitido el 9 de diciembre de 2016, cien periodistas de la entidad señalaron la violencia institucional que han sufrido a manos de la Coordinación de Comunicación Social de Baja California y su área de Publicidad e Imagen, a cargo de Roberto Karlo López y Jorge Alberto Cornejo Manzo, respectivamente. Estos funcionarios del gobierno estatal fueron señalados por haber sido artífices de campañas negras hacia Adela Navarro Bello, de Semanario ZETA y Dora Elena Cortés Juárez, de la Agencia Fronteriza de Noticias, además de presionar a directores de medios, editores y periodistas para cambiar la línea editorial y beneficiar mediáticamente la imagen del gobierno estatal.

La situación descrita por los y las periodistas firmantes han evidenciado las omisiones del gobernador Francisco Arturo Vega de Lamadrid, la Procuradora General de Justicia Perla Ibarra Leyva y el Secretario General de Gobierno Francisco Rueda Gómez.

Agresiones constantes

Aunque las agresiones hacia la prensa en Baja California registradas por ARTICLE 19 son diversas en forma e intensidad, la mayoría cuenta con el común denominador de haber sido perpetradas por funcionarios públicos. A continuación, se hace un recuento de 2013 a 2016de los casos por los que esta oficina se pronunció en su momento:

  • Carmen Olsen, fue agredida el 4 de enero de 2013 por policías municipales de Playas de Rosarito. Interpuso una denuncia, y paralelamente, un día después, las autoridades iniciaron un proceso acusándola de ultrajes. Detrás de las agresiones físicas contra la periodista, estaba el entonces Director de Seguridad Pública municipal, Francisco Castro Trenti. Previamente había sido denunciada por difamación por Claudia Cristina Espinoza, la auxiliar de Castro Trenti. Pese al absurdo de ser víctima y acusada por los mismos hechos, el proceso penal sigue en trámite a casi 4 años de lo ocurrido, debido a múltiples irregularidades cometidas por el Juez Penal de Primera Instancia de Playas de Rosarito, entre ellas: pretender desahogar forzosamente careos de forma oficiosa, la ausencia de notificación a su defensora y la negativa a sobreseer el proceso por ultrajes (pese a la declaración de inconstitucionalidad de este delito en el Código Penal del Distrito Federal por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación). Incluso su abogada, Sandra Esquer, fue amenazada por los policías que agredieron a Olsen.
  • En mayo de 2013, Armando Acosta Rojas e hijo fueron golpeados y detenidos arbitrariamente por policías municipales de Tecate, Baja California.
  • En junio de 2013, Daniel Ángel y Vicente Calderón fueron citados a declarar ante la detención del presunto narcotraficante Melvin Gutiérrez. Los requirieron para aportar las videograbaciones que hicieron durante su detención, poniéndolos en un nivel de riesgo alto.
  • En julio de 2013, Jaime Delgado fue amenazado con ser privado de su libertad, golpeado y con provocarle problemas a familiares que trabajan en el gobierno estatal.
  • En octubre de 2013 Jorge Nieto, periodista de Tijuana, fue detenido arbitrariamente por policías municipales, al estar grabando un accidente de tránsito en el que se vieron involucrados dos policías.
  • En junio de 2014 los portales de noticias “Periodismo Negro” y “Pregonero Baja”, fueron blanco de una serie de ataques cibernéticos que han inhabilitado sus respectivos sitios web, dejando sus contenidos fuera de línea por espacio de tres días.
  • En marzo de 2015, el gobernador Vega de Lamadrid y los cinco alcaldes de Baja California, entidad ubicada en el noroeste de México, publicaron un desplegado en distintos medios de comunicación donde acusaron que tres periódicos han utilizado una “política de chantaje” y “extorsión”, a través de sus contenidos editoriales, “con la finalidad de conseguir que se solventen sus pretensiones económicas, en detrimento del presupuesto público”.
  • En mayo de 2015, Enrique Tellaeche Ocaño, corresponsal de Noticias MVS en el estado de Baja California y Director del portal de noticias “MonitorBC.info”, fue detenido arbitrariamente por elementos de seguridad pública de Mexicali, mientras cubría la localización de boletas electorales marcadas a favor del candidato del PAN para el cargo de gobernador de Sonora.
  • En noviembre de 2015, el periodista Jaime Delgado Gaxiola, director del portal de noticias Periodismo Negro, fue notificado por parte del Juez Tercero de lo Civil en Mexicali, Baja California, Jorge Duarte Magaña, para efecto de que el comunicador, como medida cautelar, “se abstuviera de realizar o publicar manifestación alguna” referente a Sonia Guadalupe Carrillo Pérez, quien es presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del municipio de Mexicali.
  • En marzo de 2016, Carlos Zúñiga, fotorreportero de la Agencia Fronteriza de Noticias, fue intimidado por un policía sin uniforme ni identificación, quien le apuntó con un arma larga mientras tomaba imágenes de una detención en el municipio de Tijuana.

Ley de Comunicación Social Institucional

En buena medida, los efectos sobre el acoso hacia la prensa en el estado han sido potenciados por la presión generada por la Coordinación de Comunicación Social de Baja California. Los vacíos en la legislación local han provocado que los contratos de publicidad funcionen como un punto de presión hacia las líneas editoriales en los medios.

En este contexto, la asignación discrecional y opaca de la publicidad oficial ha funcionado como una herramienta de censura indirecta que busca controlar las opiniones que éstos construyen y difunden respecto a las autoridades. Esta censura sobre medios de comunicación afecta los derechos humanos a la libertad de expresión, libre circulación de ideas y acceso a la información, no solamente de periodistas, sino de la sociedad en general.

En este sentido, es necesario acotar que el 5 de marzo de 2014, fue presentada una iniciativa ciudadana en el congreso local para obligar a los tres poderes del estado a transparentar la asignación de recursos, contratos y anuncios publicitarios. A la par de esta propuesta se presentó otra iniciativa suscrita por doce diputados de la XXI Legislatura, en la que se abordaron cuestiones relevantes como: la obligación de los tres poderes del estado de trasparentar de forma proactiva información sobre el ejercicio del presupuesto; detallar a quiénes se les asignó el gasto; contratos; número de anuncios publicitarios contratados en los medios de comunicación y los conceptos o campañas.

El gobierno estatal, por medio de su Secretaría General, se opuso a la aprobación de esta ley argumentando que el congreso local carece de competencias para regular la materia, toda vez que es competencia exclusiva del Congreso de la Unión. Del mismo modo, el gobierno concluyó que la iniciativa viola los principios de imparcialidad en la erogación de recursos públicos y de división de poderes. Ante esta oposición tajante, las inicitivas se congelaron en la Legislatura de Baja California. Hoy la asignación de la pauta de publicidad es una de las causas eficientes del incremento de la violencia contra la prensa.

En estos años difíciles, ARTICLE 19 ha acompañado a los periodistas afectados en este proceso de hostigamiento por lo que valoramos urgente poner fin a la ofensiva creciente por parte de las autoridades en el contexto bajacaliforniano.

Por este motivo, exigimos el cese inmediato de las campañas de difamación orquestadas desde el gobierno estatal. También exigimos el cese de la utilización de instrumentos legales y mecanismos institucionales para entorpecer  y suprimir la actividad periodística mediante el hostigamiento y la criminalización.

Por su parte, ARTICLE 19 urge al Poder Legislativo del Estado de Baja California a recuperar las iniciativas en materia de publicidad oficial y aprobar la legislación correspondiente. De la misma manera, resulta necesario que se deroguen delitos que atentan contra la libertad de expresión, como el de ultrajes, a la par de regular los topes de indemnización que pueden reclamarse por la vía civil por supuesto daño moral.

Asimismo, ARTICLE 19 exige al Poder Judicial del Estado de Baja California que evite convalidar procesos penales y civiles utilizados por autoridades estatales y municipales para inhibir la crítica periodística. En todo caso, los jueces y magistrados de la entidad deben retomar los estándares más altos en materia de libertad de expresión y garantizar en todo momento las reglas del debido proceso.

Foto: Lindero Norte

Diputados se pronuncian a favor de incrementar recursos al Poder Judicial; Ejecutivo lo rechaza

15387548_1178217355594422_695204024_o-1Jorge Heras, Mexicali, 7 de diciembre.- En el debate del proyecto del Presupuesto de Egresos del 2017 que presentó el Poder Judicial ante la Comisión de Hacienda del Congreso Estatal, los diputados del Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) manifestaron su apoyo al incremento de recursos solicitado por el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Jorge Armando Vásquez, pero externaron que el Poder Ejecutivo propuso un techo financiero menor a lo propuesto.

El titular del Poder Judicial dio a conocer que para la correcta operatividad del Nuevo Sistema de Justicia Penal en los cinco municipios y de los juzgados civiles, mercantiles, familiares, y de Justicia para Adolescentes son necesarios mil 025 millones 390 mil pesos, lo que representa un incremento de 89 millones con respecto a lo erogado durante este año.

Los legisladores del PAN, PRI y Morena se pronunciaron a favor del incremento ya que lo consideraron necesario para la impartición de justicia rápida y efectiva; Sin embargo aseveraron que la Secretaría de Planeación y Finanzas puso un techo financiero de 942 millones de pesos que significan una reducción de 83 millones de pesos.

Vázquez indicó que buscarán “sensibilizar el tema” con el titular de Planeación y Finanzas, Antonio Valladolid, para que en conjunto con los diputados “permitir sacar adelante la operatividad del Poder Judicial en 2017”.

“Estamos solicitando el límite y lo menos que podemos para operar, no estamos pidiendo aumento en sueldos, no obstante que en 10 años no hemos recibido ese tipo de incremento; por eso hay que aprobar esos recursos (solicitados) y rendiremos las cuentas de lo avances que tengamos”, puntualizó.

El diputado de Morena, Catalino Zavala Márquez recordó que lo solicitado para 2017 es similar a lo planteado en 2011 cuando proyectaron un presupuesto de más de mil millones de pesos pero nada más les aprobaron un techo financiero de 707 millones.

Mencionó que en 2012 pidieron 925 millones pero solo les autorizaron 742 millones, por lo que a partir de ese año las proyecciones de presupuesto fueron más cercanas a lo solicitado como en 2014 cuando presentaron un presupuesto de egresos de 848 millones y les fue aprobado un millón menos. “En seis años el Poder Judicial ha tenido un crecimiento del 30 por ciento en su presupuesto”.

El magistrado presidente del TSJE reiteró que de no aprobarse los más de mil millones propuestas para el próximo ejercicio fiscal se “comprometen muchos rubros y seremos más lentos en la impartición de justicia y eso no es una buena señal para la ciudadanía, tenemos que mantenerla y mejorarla”, expresó.

Reveló que en 2016 ejercieron 918.3 millones de pesos: 848 millones para Servicios Personales y 70 millones para operatividad; pero que al asignarles 32 millones menos de lo pedido tuvieron que realizar un ajuste de 20 millones con la disminución de horas extras e interinatos en juzgados y en la reducción en el pago de bonos, primas, estímulos y compensaciones del personal de confianza, así como eliminación de gastos de representación, reducción de servicios de celulares, viáticos, cafetería, seguridad, papelería y mantenimiento de equipo y oficias.

En el proyecto de prepuesto de Egresos 2017, el Poder Judicial plantea la creación de 83 plazas, especialmente para la el Sistema Adversarial, principalmente en Zona Costa, actualmente hay 2 mil 021 plazas, de las cuales 83 por ciento son de personal jurisdiccional y el 17 por ciento administrativo.

954 millones de pesos (93%) sería destinados para Servicios Personal y 71 millones (7%) a la operación.

No obstante, los recursos solicitados no contemplan el cumplimiento de obligaciones laborales como el timbrado de nómina (CDFT), Seguridad Social del personal de confianza y aumento a trabajadores de base del 5.5 por ciento, para los que se necesitarían 155 millones de pesos.

Tampoco se plantea la creación de los Centros de Convivencia Familiar Supervisada (CECOFAM), que se encuentra estancadas desde hace dos años, pues se requiere una inversión de 69 millones de pesos.

Anuncian diputados calendario de comparecencias para analizar presupuestos de egresos 2017

congresoJorge Heras, Mexicali, 1 de diciembre.- Diputados del Congreso local fijaron las fechas para que comparezcan los titulares del Poder Judicial, Tribunal Electoral, organismos descentralizados,  Instituto Electoral, Secretaría de Planeación y Finanzas y los alcaldes de los cinco municipios, para presentar sus presupuesto de egresos y ley de ingresos del 2017.

La presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, diputada Iraís Vázquez Aguiar anunció el calendario que el Congreso tendrá para analizar los proyectos presupuestarios de las entidades y dependencias del Poder Ejecutivo y Judicial.

Los horarios quedaron de la siguiente manera:

El 6 de diciembre se celebrará la primera sesión de la Comisión en el Centro de Desarrollo Económico de Tecate, en donde comparecerán el Tribunal Contencioso Administrativo a las 9:00 horas y las Comisiones de Servicios Públicos de Tecate, Mexicali y Tijuana desde de las 11:00 hasta las 15:00 horas.

A partir del 7 al 12 de diciembre se llevarán a cabo las sesiones del órgano legislativo en el Salón Benito Juárez del Congreso en la capital del Estado.

El próximo miércoles acudirá la Comisión e Servicios Públicos de Ensenada a las 10:00 horas; el Poder Judicial a las 12:00; el Instituto Estatal Electoral (IEE) a las 14:00; el Tribunal Electoral a las 16:00.

El jueves 8 de diciembre está programada la comparecencia para evaluar el presupuesto de egresos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) a las 16:00 horas y del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP) a las 18:00.

Al día siguiente fue agendada a las 9:00 horas la presencia de la Secretario de Planeación y Finanzas para que exponga el proyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de la administración pública centralizada.

Para el lunes 12 de diciembre está agendada las comparecencias de los cinco presidentes municipales para que presenten su Ley de Ingresos del próximo ejercicio fiscal, desde las 8:00 hasta las 16:00 horas, empezando con Gustavo Sánchez Vásquez y finalizando con Juan Manuel Gastélum Buenrostro.

La presentación de los proyectos de egresos e ingresos tendrán una duración de dos horas con 20 minutos para los funcionarios expositores con dos rondas de preguntas por parte de los diputados

Restituyen a magistrado del Tribunal Contencioso; Anterior legislatura negó su ratificación

15322487_1169271699822321_1301227288_oJorge Heras, Mexicali, 1 de diciembre.- El magistrado supernumerario que no fue ratificado en su cargo hace seis meses, Alfonso Vidrio Rodríguez, fue restablecido en su puesto por los diputados del Congreso del Estado en cumplimiento de una sentencia de un Juzgado de Distrito.

En junio de este año, los diputados de la XXI legislatura negaron a Vidrio González que repitiera un periodo (seis años) como magistrado del Tribunal Contencioso Administrativo y tres meses después nombraron en su lugar a Roberto Blas Romero López, quien era director de Estudios y Proyectos Legislativos de la Secretaría General de Gobierno y en repetidas ocasiones buscó ser magistrado.

El Juzgado Quinto de Distrito del Estado resolvió a favor del funcionario del Poder Judicial destituido, por lo que ordenó a la Cámara de Diputados revocara el dictamen 85 de la Comisión de Gobernación aprobado por el seno del Congreso en la pasada legislatura.

Determinó que el referido dictamen “no tenia argumentación objetiva razonable, suficiente y lógica sobre la forma en que son aplicados los criterios, parámetros y procedimientos” de la no ratificación del magistrado.

LLamó al titular del Tribunal de lo Contencioso, Alberto Loaiza Martínez para que de cumplimiento a lo establecido por el Juzgado y Congreso.

Esta acción, indicó la diputada de la Comisión de Justicia, Victoria Bentley Duarte, tendrá efecto definitorio hasta se dicte sentencia ejecutoria del juicio de amparo 391/2016 que presentó Vidrio Rodríguez.