SCJN admite demanda vs homologación del IVA en la frontera

Lindero Norte
México.- El Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Fernando Franco admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad promovida por 62 senadores de oposición para impugnar el aumento del IVA en la frontera.
El diario Reforma publica que el Ministro de la Comisión de Receso del máximo tribunal, firmó ayer el acuerdo de admisión y urgió al Congreso y al Ejecutivo para que contesten la demanda, en la que se solicita la invalidez de dicha reforma.
Con este, suman tres los juicios abiertos en la Corte en las últimas dos semanas para cuestionar diversas reformas de fin de año, pues también está a trámite una acción de 44 senadores contra la contratación de deuda pública adicional para 2013 y 2014, así como una controversia de la Cámara de Diputados contra el Ejecutivo por autorizar máquinas tragamonedas en el Reglamento de la Ley de Juegos y Sorteos.
Según la demanda, la homologación del IVA en la frontera viola el principio de razonabilidad legislativa, porque se basa en razones «falaces e inadecuadas» propuestas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en la iniciativa de reforma para lograr los fines que supuestamente se persiguen.
Por ejemplo, se adjunta un documento del Servicio de Administración Tributaria, según el cual cuatro de los 10 estados con mayor recaudación de IVA per cápita en 2012 son fronterizos: Tamaulipas, Nuevo León, Baja California y Quintana Roo.
Con este recurso, suman dos las impugnaciones que senadores interpusieron contra la reforma fiscal, pues está en trámite una acción de 44 senadores contra la contratación de deuda pública adicional para 2013 y 2014.
Para invalidar cualquiera de las normas impugnadas, se requiere mayoría de por lo menos ocho de los 11 ministros.
De los tres litigios, probablemente el del IVA es el que tiene menos posibilidades de éxito, pues la Corte ha sostenido en los últimos años que el Congreso tiene amplias facultades para establecer las tasas impositivas, siempre y cuando no sean claramente ruinosas y confiscatoria para los ciudadanos.