Diputado cuestiona transparencia en licitación del C5i; Gobierno de BC rechaza señalamientos

*Diputados panistas “rompieron” la sesión al momento en que se plantearía un exhorto sobre el C5I

Jorge Heras / Lindero Norte
Mexicali.-El diputado del Partido de Baja California, Jorge Eugenio Núñez Lozano criticó la forma en que se llevó a acabo la licitación de la construcción e implementación del Sistema de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C5i), en el que, asegura, no se incluyó al Congreso del Estado y no se ha entregado documentación sobre la forma en que se llevó a cabo la licitación.

En el programa La Era de los Heras de Lindero Norte, el legislador mexicalense cuestionó que desde hace un año se había señalado que las formas en que se estaba llevando a cabo este proyecto no eran las correctas, pues pasó de ser un contrato por Asociación Público Privada (APP) con un costo de más de 4 mil millones de pesos a un proyecto vía licitación por 800 millones de pesos a pagarse en 10 años.

Indicó que en el dictamen aprobado en octubre del 2017 se votó a favor por una reserva en la que forzaba al Poder Ejecutivo a incluir al Congreso en cada parte del proceso de licitación.

Núñez Lozano explicó que el Poder Legislativo fue invitado a formar parte del proceso 4 días después de instalada la mesa de licitaciones para este proyecto de seguridad pública, y que la notificación de que la empresa Seguritech había ganado el contrato fue dada a conocer el pasado 4 de julio.

“Yo no sé cual era la prisa por sacarlo tan rápido, quiere forzar que el contrato se caya a esta empresa (Seguritech) sin ningún testigo social; a oscuritas sacaron la licitación tres días antes del proceso electoral, parecería que había compromisos adquiridos, porque son muchas las sospechas, obviamente de un proceso irregular”, aseveró en el programa de este jueves.

Sostuvo que había otra empresa interesada en el proyecto llamada Interconecta S.A de C.V., quien según el gobierno estatal incumplió con los requisitos, ya que el representante legal de la compañía no podría llevar asuntos de licitación solamente de actividades administrativas.

“Es un absurdo que por una situación así se encaminó el proyecto a la empresa Seguritech, que además esta empresa esta relacionada en procesos de corrupción en otras entidades del país en las que también se instaló un C5i”, puntualizó.

Por último, Nuñez Lozano lamentó que los diputados de Acción Nacional se levantaran de su curul para no escuchar el exhorto que haría en la sesión ordinaria sobre la petición de información sobre el proceso de licitación del C5i, lo que obligó a la Mesa Directiva del Congreso a suspender la sesión por la falta de quorum.

Sí hubo testigos sociales en licitación del C5i: Gobierno de BC

En un comunicado de prensa, el Gobierno de Baja California aseguró que en el procedimiento de licitación se prevé la participación del Consejo Coordinador Empresarial, representantes de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, Justicia, Hacienda y Presupuesto del Congreso del Estado, representantes de Seguridad Pública de los Municipios, Notario Público, y los representantes de las Dependencias que integran el Subcomité de Adquisiciones (Seguridad Pública, Planeación y Finanzas y Oficialía Mayor).

“Podemos afirmar que todo se ha hecho con absoluta transparencia, de conformidad con la ley y en absoluto respeto a la normatividad en la materia, por lo que no estamos de acuerdo con dichas declaraciones (del diputado del PBC), puesto que toda la información sobre este proceso está, y ha estado disponible para quien así lo solicite por los cauces y conductos establecidos”, indicó.

Rechazamos de manera categórica las aseveraciones del Diputado Jorge Núñez, en el sentido de que hubo alguna irregularidad, opacidad o actitud al margen de la ley, en cuanto al proceso de licitación llevado a cabo para la realización de la obra  Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo e Inteligencia, conocido como C5-I, reiteró el Poder Ejecutivo.

Cabe señalar que el proyecto vía Asociación Público Privada del Sistema de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia también había sido obtenido por la empresa Seguritech, en el que se le tenía que pagar mensualmente 17 millones 667 mil pesos por 22 años.

De vendedores de alarmas a contratistas predilectos

Seguritech fue creada en 1996 como compañía de venta de alarmas domiciliarias y botones de pánico, pero en forma vertiginosa se convirtió en una de las empresas más importantes del país en seguridad, telecomunicaciones, aeronáutica y construcción.

Además de los proyectos en Baja California y Guanajuato, Seguritech Privada y Architecture Engineering and Specialized Services obtuvieron el año pasado contratos para aplicar el mismo modelo en Hidalgo y Michoacán durante 2017.

En los 10 años recientes ha instalado gran parte de los centros de seguridad C-2, C-4 y C-5 en 22 entidades de la República. Sin embargo, de acuerdo con informaciones periodísticas, este año al menos cinco gobiernos estatales interpusieron demandas contra la firma mexicana por incumplimiento en la operación y el mantenimiento del equipo instalado o funcionamiento parcial, así como gastos de inversión sin comprobar.

“Urgía un cambio de estrategia”: Sosa Olachea

*El objetivo primordial es la prevención no el combate al narco, advirtió el recién nombrado Secretario de Seguridad Pública
Jorge Heras / Lindero Norte
Mexicali.- El Secretario de Seguridad Pública del Estado, Gerardo Sosa Olachea advirtió que “urgía un cambio de estrategia” para combatir la inseguridad , y con ello disminuir la comisión de delitos en los cinco municipios de Baja California.

Desde principios del segundo semestre del año, Baja California registró el número más alto en muertes violentas en la historia de la entidad, superando el 2008 y 2012 que significaron los años con más homicidios por la guerra entre los carteles del narcotráfico en esta región fronteriza; pero a tan solo un mes del quinto año del gobierno de Francisco Vega de Lamadrid se han cometido más de 2 mil asesinatos, de los cuales el 83 por ciento sucedieron en Tijuana.

Luego de una década al frente de la cooperación, el 26 de octubre el encargado de la seguridad pública en el Estado, Daniel de la Rosa Anaya presentó su renuncia para, casi dos meses después, asumir el cargo de Fiscal en Baja California Sur, por lo cual se nombró a Gerardo Sosa Olachea como nuevo titular de la SSPE.

El ex Subprocurador de Justicia en Tecate dijo a Lindero Norte que también se requerían cambios en la estructura de mandos operativos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) y reorientar los objetivos de la dependencia estatal.

Aunque reconoció que a su llegada la Secretaría de Seguridad Pública se encontraba con un ritmo de trabajo importante, Sosa Olachea señaló que los cambios de estrategia eran necesarios en muchas áreas.

Sosa Olachea destacó que a partir de que tomó el mando de todas las corporaciones de seguridad del Estado en materia de estrategia e inteligencia, los índices delictivos disminuyeron un 4 por ciento.

“Cuando yo entré a la Secretaría iba una tendencia hacia arriba, esto no se hizo en 2 meses sino en 10 meses, por eso yo pido que la expectativa que tenga la ciudadanía es de paciencia y confianza de que dentro de los próximos 8 meses esa tendencia se vaya a la media”, expresó.

Gerardo Sosa sostuvo que la percepción ciudadana sobre la violencia e inseguridad es un asunto muy importante, por ello, dijo, hay reuniones semanales en diferentes colonias en las que se entrevista directamente con empresarios y comerciantes y en algunas zonas de alta incidencia delictiva lo hace acompañado de la Directora de Prevención del Delito.

“El sentir de la gente al ver que los visita un funcionario (de la Secretaría de Seguridad Pública) es estar contentos porque nunca había ido uno… La dinámica es cambiar la perspectiva de que estamos más cerca de ellos, por eso el programa de policía modelo está en caminado a la aproximación con la ciudadanía”, puntualizó.

El Secretario de Seguridad en el Estado aseveró que el objetivo principal de esta nueva estrategia es la prevención del delito, “no es primordial ir por los cárteles (de la droga)”.

Tras 10 años en el cargo, De la Rosa deja la Secretaría de Seguridad Pública de BC

*Subprocurador de Justicia de Tecate asume el puesto en el año más violento de Baja California.

Jorge Heras / Lindero Norte
Mexicali.- En el último trimestre del año más violento en la historia de Baja California, con un promedio de 6 homicidios por día, el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Daniel de la Rosa Anaya presentó su renuncia al cargo que ocupó desde la anterior administración estatal.

Fuentes oficiales dijeron a Lindero Norte que De la Rosa justificó su renuncia por motivos personales y que la persona que tomará las riendas de esta dependencia ya tomó protesta en Tijuana en un acto protocolario encabezado por el gobernador, Francisco Vega de Lamadrid.

Se trata de Gerardo Manuel Sosa Olachea, quien hasta este miércoles fungía como Subprocurador de Justicia en Tecate.

Además de ser Notario Público en el Pueblo Mágico, Sosa Olachea fue presidente del Consejo Coordinador Empresarial y del Consejo Ciudadanod e Seguridad Pública de Tecate.

El presidente del Poder Judicial comentó que durante esta mañana fue notificado por personal del Ejecutivo, sobre el cambio de titular en la Secretaría de Seguridad Pública.

Daniel de la Rosa Anaya llevaba una década como encargado de la dependencia, toda vez que ocupó ese puesto durante todo el sexenio de José Guadalupe Osuna Millán.

Aunado al incremento en la incidencia de robos en todas su modalidades, durante el 2017 aumentaron los homicidios dolosos, al llegar a más de 1 mil 900 víctimas.

Cancelan 9 sitios y 12 permisos de comercios operados por el gremio de “Taxis Amarillos” en TJ

Lindero Norte
Tijuana.-El gobierno de Tijuana dio a conocer la cancelación definitiva de nueve sitios al gremio de taxis amarillos, ubicados en la línea internacional de esta ciudad fronteriza con San Ysidro, California.

Durante los últimos días, los taxistas han sido señalados de lanzar piedras a autobuses turísticos y agredir a usuarios de Uber.

Este fin de semana se registró una gresca donde resultó herido un hombre identificado como Eric Ibarra y cuatro de sus amigos que solicitaron los servicios de un taxi Uber al cruzar la frontera cuando un grupo de taxistas amarillos se les acercó para reclamarles que estaban en una zona exclusiva de esta organización perteneciente a la CROC.

Trascendió que Ibarra es familiar de un regidor panista del Cabildo de Tijuana e integrante de una familia de desarrolladores habitacionales. La administración municipal fue acusada de formar pare de este tinglado de repercusión mediática.

El Secretaria de gobierno de Tijuana, Raúl Felipe Luévano Ruiz, señaló sostuvo que el único compromiso del gobierno de la ciudad es con los usuarios de transporte público por lo que tras retirar decenas de unidades de la zona, se comprometió con los tijuanenses a garantizar la libertad de abordar los servicios de su preferencia, en el caso de autobuses, taxis libres y unidades de plataforma digital.

Luevano detalló que también fueron retirados 12 permisos de comercio ambulante que operaban en la zona y que eran explotados por el gremio de taxis amarillos.

El panista respondió al cuestionamiento sobre el retiro de concesiones de esta organización croquista que tiene 500 permisos al advertir que se tiene que ir aplicar mediante una orden judicial, no obstante que los permisos son de carácter municipal.

El secretario de Seguridad Pública, Marco Antonio Sotomayor, dijo que en el operativo participó un centenar de policías municipales y reiteró que visitantes extranjeros y tijuanenses pueden visitar la zona sin ningún temor.

A partir de este martes, la zona de la glorieta donde confluyen los peatones que cruzan la frontera en ambos lados fue pintada de roja que prohíbe el estacionamiento o carga de personas y carga.

Con contrato de APP, en agosto Gobierno de BC dotará de inteligencia al C4 generando deuda de 4 mil 600 mdp

Jorge Heras / Lindero Norte
Mexicali.- Uno de los contratos mediante la figura de Asociaciones Público Privadas (APP) que fueron aprobados antes del controvertido dictamen 62 (que incluye 11 contratos más para el 2017) en diciembre del año pasado, el gobierno del Estado días antes celebró un convenio bajo esta modalidad con la empresa líder a nivel nacional, Seguritech Privada, para elevar de categoría el C4 y convertirse en un centro de calidad e inteligencia denominado C5i.

Pese a la controversia que se ha generado por este tipo de contratos de inversión privada, el gobernador, Francisco Vega de Lamadrid anunció a principios del mes de mayo la confirmación de este proyecto y este lunes 13 de junio informó que entregó al Poder Legislativo el documento en el cual “se eleva de categoría” este sistema de seguridad pública estatal para convertirse en el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Calidad e Inteligencia.

En el evento en el cual los tres poderes públicos del Estado, ayuntamientos y organizaciones ciudadanas firmaron el acuerdo de la Cruzada por la Seguridad en Baja California, el mandatario estatal dio a conocer, sin detallar, que con este nuevo Centro de operaciones de seguridad pública se coordinarán todas las corporaciones policiacas y de procuración de justicia en un solo programa y sistema.

El 19 de agosto del 2016, autoridades del Gobierno del Estado, encabezadas por la secretarías de Infraestructura y Desarrollo Urbano y la de Seguridad Pública se reunieron por primera vez con la única empresa que participó en la de licitación número APP-2016-055, publicada un mes antes, para realizar el proyecto “Sistema Integral de Enlace y Monitoreo para el Estado de Baja California”.

El consorcio que a la postre ganó el concurso el 22 de diciembre del mismo año fue Seguritech Privada S.A. de C.V. en conjunto con Architecture Engineering an Specialized Services S. de R.L de C.V., quienes en la evaluación técnica obtuvieron 46 puntos y en la económica 50 (la puntuación mínima para que el proyecto sea considerado como técnicamente solvente es de 37.5 puntos).

La compañía líder en este tipo de sistemas de seguridad a nivel nacional será la encargada de “la elaboración del diseño, proyecto ejecutivo, construcción, conservación y mantenimiento del proceso de automatización de vigilancia en forma remota a través de cámaras, arcos de vigilancia, torres de comunicaciones para sistemas inalámbricos de voz, datos e imágenes con fibra óptica y antenas”.

El contrato asentado en el acuerdo APP-EXORD8-2016-01 establece que la conservación y mantenimiento se realizará durante 22 años, en los cuales el gobierno de Baja California se compromete a pagar mensualmente 17 millones 667 mil 590 pesos: 13 millones 700 mil pesos por tarifa fija de operación y mantenimiento y 3 millones 900 mil por tarifa de inversión.

El proyecto, operación y mantenimiento de este nuevo sistema costará a los bajacalifornianos durante cuatro sexenios (incluido el de dos años) 4 mil 664 millones 243 mil pesos.

Según declaró el Gobernador ante medios locales y la propia empresa que ganó la licitación en entrevista con la prensa nacional, la inversión del sistema de inteligencia será financiada en 100 por ciento por Seguritech, quien solamente destinará 500 millones de pesos para el equipamiento.

Se informó que en agosto comenzará la instalación de una red inalámbrica de 400 cámaras nuevas, miles de metros de fibra óptica, sistema de vigilancia urbana, equipamiento y construcción del C4 de Mexicali y arcos en las vías carreteras para detectar las placas de los vehículos y los automovilistas que ingresan a la entidad.

Además se anunció que serán distribuidos 10 mil botones de pánico que estarán conectados al sistema para brindar una respuesta inmediata, ya que estarán monitoreados todos los vehículos.

El titula del Poder Ejecutivo se convenció del C5i con su visita hace un mes al Estado de Guanajuato, en donde dijo que se emularía el mismo modelo y “las mejores prácticas”.

En aquella entidad del Bajío, la empresa Seguritech obtuvo el contrato por adjudicación directa para la instalación de 124 arcos carreteros, 2 mil 700 cámaras y 420 kilómetros de fibra óptica distribuidos en los 46 municipios, con un costo total de 2 mil 727 millones de pesos; este programa denominado “Escudo” está operando desde el 2014.

Crecimiento vertiginoso de la empresa

Además del proyecto en Baja California el consorcio de Seguritech y Architecture Engineering and Specialized Services obtuvieron el año pasado los convenios para implementar el mismo modelo de inteligencia de seguridad en los estados de Hidalgo y Michoacán durante el 2017.

La empresa con domicilio fiscal en Lago Bolsena número 277 en la Colonia Anáhuac, delegación Miguel Hidalgo, de la Ciudad de México reportó un crecimiento en el último lustro de cerca del 20 por ciento anual.

Seguritech fue creada en 1996 como una compañía de venta de alarmas domiciliares y botones de pánico, pero de forma vertiginosa se convirtió en la mayor compañía de de la industria de seguridad en materia de telecomunicaciones, aeronáutica y construcción.

En la última década ha instalado gran parte de los centros de seguridad C2, C4 y C5 en 22 entidades de la república. Es una de las empresas con mayor número de contratos en materia de seguridad durante el gobierno de Enrique Peña Nieto

Sin embargo, medios nacionales informan que en este año, al menos cinco gobiernos estatales iniciaron el proceso para demandar a la firma mexicana por incumplimiento en operación y mantenimiento del equipo instalado o funcionamiento parcial, así como gastos de inversión sin comprobar.

Una de las 11 oficinas regionales que tiene Seguritech se encuentra en Mexicali, siendo la única ubicada en la zona noroeste del país, las demás están ubicadas en Hermosillo, Acapulco, Culiacán, Monterrey, Morelia, Saltillo, Oaxaca, Silao, Toluca y Mérida.

 

 

Reconoce director de DSPM situación precaria de la corporación; 60% de policías no tiene chaleco antibalas

Jorge Heras / Lindero Norte
Mexicali.- La Dirección de Seguridad Pública de Mexicali requiere invertir en herramientas y artículos básico de trabajo para policías operativos, por lo que instrumentos y aplicaciones tecnológicas como cámaras y aparatos de geolocalización no están contemplados para este año, informó el titular de la corporación policíaca, Ulises Méndez.

El funcionario municipal comentó que este año la policía de Mexicali necesita abastecerse de pistolas, balas, sistema de radio móvil de frecuente, uniformes y chalecos antibalas.

Adelantó que van a proveerse de la indumentaria y equipo con recursos federales del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG), el cual presentó una disminución del 35 por ciento con respecto del año pasado, lo que representará una erogación de 78 millones de pesos.

Méndez reveló que los agentes tienen una situación complicada con el uso de los chalecos antibalas, ya que 1 mil 100 chalecos están vencidos

“Con el recorte de mil millones de pesos para los fondos de seguridad pública, debemos de aplicar una estrategia diferente, y por el momento las aplicaciones tecnológicas no son una prioridad”, puntualizó.

Asimismo, el director de la policía dio a conocer que de las  260 cámaras de vigilancia en las principales vialidades de la ciudad, solamente cuentan con 110 funcionado, lo que representa que más del 60 están en correctas condiciones.

Como parte de la planeación a corto y largo plazo de la corporación municipal, Ulises Méndez señaló que estarán trabajando en varias áreas: Creación y fortalecimiento de unidades especiales como la unidad ciclista y fortalecimiento a la Unidad K9; especialización en grupos táctico y operaciones especiales; capacitación y entrenamiento a nivel internacional; sistema de localización de unidades a través de GPS; Videograbadora en unidades policiales y Aplicaciones tecnológicas.

Acción policíaca en planta de PEMEX: siete policías y tres periodistas lesionados, 30 detenidos

*Al finalizar la protesta, un automóvil embistió a policías; hay siete agentes heridos

*Al menos tres reporteros entre los más de veinte lesionados

Antonio Heras y Jorge Heras
Lindero Norte, Playas de Rosarito, 7 de enero.- Más de veinte personas lesionadas, al menos treinta detenidos y siete agentes policiacos heridos es el saldo del desalojo que realizaron policías federales y estatales en el bloqueo que instalaron de nueva cuenta residentes de Playas de Rosarito y Tijuana en la principal Terminal de almacenamiento y Despacho de Petróleos Mexicanos (PEMEX) de la entidad.

De acuerdo al primer reporte que hicieron tanto manifestantes como autoridades policiacas, el número de lesionados y detenidos aún es impreciso por lo violento que resultó el desbloqueo de la planta de PEMEX, que por segunda ocasión fue obligada a suspender labores por los actos de protesta de ciudadanos contra el incremento del precio de combustible.

La madrugada del viernes la policía estatal y federal registraron una trifulca con los manifestantes en la que no se reportaron heridos; sin embargo durante esta mañana los agentes intensificaron la fuerza con el equipo antimotines, lo que ocasionó reacciones diversas entre los inconformes.

El despliegue de elementos de seguridad pública por uno de los accesos de la Terminal de Playas de Rosarito registró agresiones tras el uso de gas lacrimógeno y el arresto de varias personas que se negaban a retirarse.

Ante el paso de los agentes, los manifestantes se arrodillaron, cruzaron sus brazos por detrás de sus cabezas y entonaron el himno nacional, pero a diferencia de otras entidades de la república, la estrategia no funcionó y fueron desplazados con el uso de la fuerza.

Sillas, piedras, palos y cualquier objeto que se encontraba sobre la vía pública fue usado por ciudadanos que observaban como eran detenidas y lesionadas las personas que protestaban desde la madrugada.

A través de redes sociales, tres reporteros y un colaborador de un programa de radio informaron que fueron heridos por efectivos de las corporaciones policíacas cuando transmitían en vivo con sus celulares y tomaban fotografías del desalojo.

Asimismo varias personas que se encontraban en la manifestación reportaron su detención al comunicar desde las patrullas de la policía federal que no sabían a donde serían remitidos.

La protesta subió de tono cuando una persona a bordo de una camioneta pick up, propiedad de la empresa “Refaccionaria Del Valle” embistió al grupo de granaderos que hacía un bloque en la entrada principal de la planta.

El vehículo arrolló a siete policías (cuatro federales y tres estatales), uno de ellos fue reportado grave, y huyó por el bulevar principal con rumbo a la autopista escénica.

El área norte de Playas de Rosarito se encuentra bloqueado a la circulación por las manifestaciones contra el alza de gasolinas y la presencia de corporaciones policiacas.

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