Confirma consorcio que ganó licitación de desalinizadora intención por vender agua a EU

Jorge Heras / Lindero Norte
Mexicali.- Representantes del consorcio de tres empresas que ganaron la licitación para construir y operar la desalinizadora de Playas de Rosarito confirmó que el proyecto original contemplaba la posibilidad de vender y transportar agua a la Unión Americana pero aseguraron que el plan actual no lo tiene proyectado porque fueron advertidos por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que la Constitución se los impide.

Rubén Sánchez, Director del proyecto y Milton Rubio, Director de Asuntos Externos de la firma “Aguas de Rosarito” (recién creada para la edificación y operación de la desalinizadora) afirmaron que los documentos mostrados por el diputado del PES, Luis Moreno Hernández y un grupo de organizaciones civiles de Tijuana es “información real de hace 8 años”, en la que públicamente la empresa Consolidated Waters (CW) indica a sus accionistas e inversionistas que tienen planes de enviar agua de Playas de Rosarito, Baja California al condado del Sur de San Diego, California.

Sánchez explicó a Lindero Norte que el proyecto original de la desalinizadora planteaba tratar “el agua de rechazo”, considerada así porque no tenía dueño después de que había pasado por un proceso industrial de enfriamiento de la planta termoeléctrica de CFE de Rosarito; por ello y por las condiciones geográficas, aseguró, compraron un terreno contiguo a las instalaciones de la paraestatal desde hace tres años (dos años antes de que ganaran la licitación del gobierno estatal).

“El proyecto original tomaba esa agua antes de que cayera al canal de descarga de la Comisión Federal Electricidad, porque la CFE no tiene concesión de agua solamente de descarga, por eso tomaríamos el agua de los pozos de la CFE… En un escenario hipotético cabía la posibilidad de mandar esa agua a Estados Unidos”, explicó.

Sin embargo, el empresario aclaró que en 2012 se vieron truncadas sus intenciones cuando propusieron a Conagua el proyecto de exportar el líquido a Estados Unidos

“Conagua fue muy clara y tajante con nosotros, al decir que ni ustedes (el consorcio) ni el gobierno del estado pueden exportar el agua, ya que el manejo internacional del agua depende del gobierno federal, así de claro fue, y por eso en ese momento todas esas conversaciones que hubo se terminaron, y al acabarse el perro, se acabó la rabia”, sentenció.

Reiteró que actualmente el contrato de APP suscrito con la administración de Francisco Vega de Lamadrid el 22 de agosto del 2016, no contempla la posibilidad de exportar el agua.

No obstante, Milton Rubio confirmó que el Distrito de Agua de Otay en California recibió un permiso del gobierno estadunidense para construir y operar un acueducto transfronterizo, pero aseguró que fue un trámite interno ajeno a la empresa.

Sobre el terreno adquirido en 2014, los representantes de Aguas de Rosarito negaron que se trate de un conflicto de intereses, a pesar de que lo adquirieron antes de que se lanzara la convocatoria de la licitación de la desalinizadora.
Consideraron que se trató de “una inversión de riesgo” ya que trataron de asegurar un terreno para que el proyecto tuviera un soporte técnico suficientemente válido.

Las conversaciones del directivo de CW, Frederick MacTaggart, sostenidas con socios y analistas desde marzo de 2009 a agosto de 2017 se encuentran en el portal Seeking Alpha, un espacio destinado al análisis del mercado de valores y financiero de Estados Unidos, incluidas transcripciones de llamadas de ganancias, ideas de inversión y análisis de acciones de expertos financieros.

En las conversaciones se señala el interés del gobierno mexicano de vender agua a Estados Unidos, los avances del negocio en Baja California y hasta la aprobación de la ley de asociaciones publico privadas en el Congreso local.

El proyecto tiene un riesgo menor, y puede aguardar hasta el 2019

El Director del Proyecto y el de Asuntos Externos de Agua de Rosarito dieron a conocer que el contrato de la desalinizadora de Rosarito, integrado en el Dictamen 94 de la Comisión de Hacienda ya fue aprobado en diciembre del 2016 en el controvertido Decreto 57, pero que requiere ajustes por las modificaciones a ley de Disciplina Financiera.

“El tema está avanzado solo falta la autorización por parte del Congreso para que permita la cosntrucción” sostuvo Rubén Sánchez al tiempo de comentar que aunque existe un “riesgo menor” de no realizarse porque se encuentra estancado en el Poder Legislativo, el proyecto puede esperar su realización hasta finales del 2019.

Detalles técnicos de la Desalinizadora de Playas de Rosarito
De acuerdo a información proporcionada los representantes de Aguas de Rosarito , el consorcio de tres empresas que invertirán en la desalinizadora estִá conformado por la firma francesa Suez (antes Degremont), la filial en México de Consolidated Water y el organismo mexicano llamado Fondo de Inversión Blackboard.

Sostuvieron que NSC Agua fue creada en 2010 para encabezar el proyecto de la desalinizadora de Rosarito, que su único cliente es la Comisión Estatal del Agua de Baja California y que hasta el momento han invertido más de 50 millones de dólares en estudios socioeconómicos y biológicos, en el derecho de vía de 27 kilómetros del acueducto, en el Manifiesto de Impacto Ambiental y la mayor parte del recurso se ha destinado en la compra del terreno donde se instalará la planta.

La inversión en la planta será cercana a $500 millones de dólares que se sumarán a los 200 millones de dólares de la construcción del acueducto.
Como caracteristicas del contrato se encuentra la obligación de la empresa de diseñar, financiear, construir, operar y mantener la planta desalinizadora de agua de mar con capacidad de 4.4 m3 por segundo.

El plazo del contrato es de 40 años, 3 para construcción y 37 para operación, que se contempla tenga un inicio pactado para finales del 2019 y la segunda etapa para julio del 2024,” aunque éste se puede atrasar o adelantar en función de la demanda de agua”.

El financiamiento del proyecto esta asegurado a través de un fideicomiso de garantía para el pago de la contra prestación de 37 mil millones de pesos que pagarán los bajacalifornianos en gran parte con ajustes a la tarifa del agua.

El gobierno debe contratar deuda por 450 millones de pesos, para garantizar una inversión de 10 mil millones de pesos.
Estructura de la tarifa mensual

La tarifa total es de 149.3 millones: Electricidad 35.6%, Costo Variable 7.2%, Costo Fijo 12.9%, Accionistas 18.4%, Deuda Bancos 35.6%; lo que se traduce en 10.8 millones de metros cúbicos de agua potable mensuales a 13.8 pesos por metro cúbico.

La tarifa pagada incluye la amortización de la inversión y la operación de la planta para la entrega del agua.

La empresa considera que en Playas de Rosarito y Tijuana hay un déficit de agua de 1.5 metros cúbicos por segundo y con el crecimiento de la población en tres años el déficit crecerá a 2 metros cúbicos por segundo.

Decomisan en el Aeropuerto de Tijuana 6 toneladas de precursor de drogas sintéticas 

Antonio Heras

Tijuana.-Un cargamento de 6 toneladas de un precursor químico para la elaboración de drogas fue asegurado en el Aeropuerto Internacional de Tijuana.

Agentes de la Policía Federal decomisaron 240 costales con sosa cáustica escamosa que sirve para elaborar drogas sintéticas.

El destino final del cargamento era un domicilio de la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

Tras 10 años en el cargo, De la Rosa deja la Secretaría de Seguridad Pública de BC

*Subprocurador de Justicia de Tecate asume el puesto en el año más violento de Baja California.

Jorge Heras / Lindero Norte
Mexicali.- En el último trimestre del año más violento en la historia de Baja California, con un promedio de 6 homicidios por día, el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Daniel de la Rosa Anaya presentó su renuncia al cargo que ocupó desde la anterior administración estatal.

Fuentes oficiales dijeron a Lindero Norte que De la Rosa justificó su renuncia por motivos personales y que la persona que tomará las riendas de esta dependencia ya tomó protesta en Tijuana en un acto protocolario encabezado por el gobernador, Francisco Vega de Lamadrid.

Se trata de Gerardo Manuel Sosa Olachea, quien hasta este miércoles fungía como Subprocurador de Justicia en Tecate.

Además de ser Notario Público en el Pueblo Mágico, Sosa Olachea fue presidente del Consejo Coordinador Empresarial y del Consejo Ciudadanod e Seguridad Pública de Tecate.

El presidente del Poder Judicial comentó que durante esta mañana fue notificado por personal del Ejecutivo, sobre el cambio de titular en la Secretaría de Seguridad Pública.

Daniel de la Rosa Anaya llevaba una década como encargado de la dependencia, toda vez que ocupó ese puesto durante todo el sexenio de José Guadalupe Osuna Millán.

Aunado al incremento en la incidencia de robos en todas su modalidades, durante el 2017 aumentaron los homicidios dolosos, al llegar a más de 1 mil 900 víctimas.

Capturan a mexicalense y a dos estadunidenses con sendos cargamentos de droga

Antonio Heras

Mexicali.- En acciones por separado, agentes de la Patrulla Fronteriza decomisaron dos cargamentos de droga en las garitas internacionales de Calexico y Andrade, California, donde detuvieron a un mexicalense y a una pareja de estadunidenses de Phoenix, Arizona.

Ambos operativos se registraron durante el viernes 20 de octubre con un decomiso de más de media tonelada de mariguana, además de varios kilogramos de cocaína, metanfetamina y heroína con un valor de 12 millones de pesos en el mercado de droga de Estados Unidos.

El conductor de un tractocamión cruzó desde Mexicali un cargamento de 500 kilogramos de marihuana oculto en un compartimento de un remolque vacío. Agentes federales detectaron la droga cuando ingresó a la instalación de carga. El valor de la droga es de 8 millones de pesos.

El conductor es un residente de Mexicali de 37 años de edad y residente de Mexicali, Baja California, fue arrestado y entregado a la custodia de agentes de la Investigación de Seguridad Nacional para investigación.

El segundo operativo se produjo durante la noche de ese viernes en el puerto de entrada de Andrade cuando detuvieron para segunda revisión a un vehículo Nissan Armada que tripulaban un hombre y una mujer, ambos de 18 años de edad, residentes en Arizona, procedentes del poblado Los Algodones, al oriente de Mexicali.

En el tanque de gasolina se descubrieron 21 paquetes 20 kilos de metanfetamina, tres bolsas con 3 kilos 600 gramos de cocaína y dos envoltorios con cerca de 2 kilogramos de heroína con un valor en total de 4 millones de pesos.

Juez desacata amparo federal para desalojar de su casa a la poeta Elizabeth Cazessúz

Antonio Heras
Tijuana.- En desacato a una suspensión judicial, un juzgado civil de Tijuana desalojó a la escritora Elizabeth Cazessúz de la vivienda que adquirió hace dos décadas a través del programa Vivienda Magisterial de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Es la sexta víctima de residentes de la colonia Magisterial por parte del Juzgado Tercero de lo Civil que, sin notificación previa, violó una suspensión provisional del Poder Judicial de la Federación.

Cazessús, autora de los poemarios “Ritual y canto”, “Mujer de sal” y “La rebelión de las musas”, dio a conocer que cumplió con sus pagos hasta concluir sus adeudos enmedio de un conflicto entre la empresa constructora y la organización sindical.

A traves de un actuario, el juez Alfonso Fonseca procedió al desalojo de la casa situada en la calle Jesús Flores Valle donde le notificaron que no es la dueña toda vez que la empresa House NLP Inversiones adquirió la cartera vencida de ese fraccionamiento y respondió a un supuesto juicio de embargo.

La escritora y profesora señaló que al enterarse de los primeros desalojos solicitó y obtuvo un amparo contra todo acto judicial para resolver cualquier asunto que afecte a su patrimonio.

“Estamos siendo abusados por una imposición sin respeto a nuestro derecho a la vivienda y a una suspensión de una solicitud de amparo de un juez federal”, dijo Cazessúz al tiempo de exigir la intervención de las autoridades paravresiover este conflicto que lesiona a hombres y mujeres que han cumplido con el pago de su vivienda.

En tanto, dos hombres se mantienen en la casa desde la mañana del miércoles 18 de octubre cuando la maestra y escritora fue desalojada por instrucciones de un juez local contraviniendo un amparo federal.

Reprueban ciudadanos a Gustavo Sánchez y Juan Manuel Gastélum en seguridad pública

*De cada 100 habitabtes, 92 mexicalenses y 79 tijuanenses dicen que sus ciudades son inseguras.
Antonio Heras/Lindero Norte

Mexicali.- La Encuesta Nacional de Seguridad Urbana dio a conocer que 92 de cada 100 mexicalenses consideran que es inseguro vivir en la capital de Baja California.

Es un dato determinante para la seguridad pública que perciben los habitantes de Mexicali gobernado desde el 1 de diciembre de 2016 por el panista Gustavo Sanchez.

Solo el 8 por ciento dijo vivir en una ciudad segura, de acuerdo al levantamiento de encuestas realizado por personal del Instituto Nacional de Estadistica y Geografía durante septiembre de 2017, apenas 10 meses después de haber tomado posesión como alcalde el también senador suplente.

En junio se realizó la anterior ENSU donde 83.3 por ciento de los mexicalenses señalaron que habitaban en una ciudad insegura. En tres meses, aumentó la percepción de inseguridad en cerca de nueve puntos porcentuales.

Esta situación contrasta con Tijuana donde más de la mitad de delitos cometidos en Baja California y ocho de cada diez homicidios violentos: la cifra de asesinatos ya rebasó las mil 200 víctimas.

En junio, la ciudad de Tijuana reportó el 72.9 por ciento de inseguridad entre sus habitantes. En septiembre aumentó negativamente en cuatro puntos al reportar 77 por ciento de sus habitantes que aseguran vivir en una ciudad insegura, la cual es gobernada por el también panista Juan Manuel Gastélum Buenrostro, exdiputado local y federal.

Las ciudades con registros de mayor inseguridad de acuerdo a sus propios habitantes son Villahermosa (98%), Coatzacoalcos (97%), la región norte de la Ciudad de México (94%), Reynosa, Ecatepec y el oriente de la Ciudad de México (93%). Les sigue Mexicali.

A nivel nacional el 81.8 por ciento, la mayoría mujeres, siente inseguridad en los cajeros automáticos que se ubican en vía pública, el 74.6 por ciento en el transporte público, el 68 por ciento en las calles y el 67.7 en bancos.

Las dos ciudades bajacalifornianas medidad en esta encuesta nacional se encuentran por encima de la media nacional que señala un 76 por ciento es inseguro vivir en su ciudad.

Autoridades federales y estatales no dan “valor e importancia” al secuestro de migrantes en BC: ONGs

Jorge Heras / Lindero Norte
Mexicali.- Luego de darse a conocer que hay cinco carpetas de investigación de secuestro de migrantes en Mexicali, pero que no están registradas en las estadísticas de incidencia delictiva de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la Coalición Pro Defensa del Migrante aseguró que esta situación refleja “el poco valor e importancia que tienen las autoridades estatales y federales en la privación ilegal de la libertad de migrantes”.

El coordinador de esta agrupación de organizaciones de la sociedad civil de Mexicali y Tijuana,  José Moreno Mena dijo a Lindero Norte que a pesar de lo complicado que resulta investigar y darle seguimiento judicial a las denuncias de secuestro de connacionales que buscan ingresar de manera ilegal a Estados Unidos, la fiscalía del Estado y Federación no profundizan en inhibir este tipo de delito, pues consideró que no se han implementado los mecanismos y operativos necesarios.

“Es difícil saber si incrementó el secuestro de migrantes, ya que las autoridades no tienen coordinación ni siquiera en las cifras oficiales, además que la mayoría no se denuncia; pero regularmente siempre se registran este tipo de secuestros, nosotros lo constatamos con las historias que abundan en los albergues de la ciudad”, expresó el también investigador de la Universidad Autónoma de Baja California.

Comentó que una de las situaciones que prevalecen para que los migrantes no denuncien es la desconfianza que existe en las autoridades y el férreo deseo de cruzar la frontera sin importar las vejaciones que sufran por parte de policías y traficantes.

El coordinador de la Coalición Pro Migrante expuso que las acciones que proponen como organización es la creación de un número telefónico directo de denuncia al cual puedan recurrir los migrantes, y la elaboración de un formato único de denuncia para este tipo de delito.

Ambas propuestas, sostuvo, ayudarían a la Procuraduría de Justicia del Estado y a la policía municipal ha conocer la forma en que los “polleros” están operando en esta frontera, y se podría elaborar un reporte más ampliado del secuestro de migrantes.

Señaló que la autoridad debe ayudarse de las organizaciones que operan los albergues, porque cuentan con “una infraestructura social profesional, a la cual recurren los migrantes porque les tienen más confianza que a la policía”, puntualizó.

Mencionó que todas las denuncias de secuestro que recibe la Coalición en sus visitas a los albergues de migrantes son incluidas en un reporte que presenta anualmente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)

Modus Operandi de los “polleros” en Mexicali

Moreno Mena explicó que la forma más recurrente de secuestro en la capital del Estado inicia en la Central Camionera de la ciudad, en donde en base a engaños los llevan a una casa de seguridad en la Zona Centro de la ciudad o en el Valle de Mexicali para después golpearlos y hasta torturarlos con el fin de que proporcionen un número telefónico de un familiar que tengan en Estados Unidos para pedirles dinero por su liberación.

“La autoridad ya sabe que los enganchan desde la central de autobuses y los llevan al primer cuadro de la ciudad o al Valle; estando ahí les piden sus datos personal y el de sus familiares para consumar el secuestro”, apuntó.

El coordinador en Mexicali de la Coalición Pro Migrantes comentó que la cantidad que piden a los secuestradores a los familiares de las víctimas es de 5 mil a 10 mil dólares, los cuales exigen que sean depositados a cuentas de banco de tiendas departamentales como Elektra, WesterUnion, Banco Azteca y Coopel.

Enfatizó que los encargados de la seguridad pública y procuración de justicia conocen este modo de operar de los secuestradores, “pero parece que no quieren seguir investigando, ya que con este tipo de depósitos es posible seguir la huella del dinero, porque queda un registro del deposito bancario”.

De acuerdo a las cifras de Incidencia Delictiva de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, al mes de julio se han registrado  7 secuestros a migrantes, 6 de ellos  en Tijuana y 1 en Playas de Rosarito; sin embargo la PGJE indicó que hay 9 carpetas de investigación de privaciones ilegales de la libertad a migrantes cometidas en la entidad, de los cuales 5 se cometieron en Mexicali y 4 en Tijuana.